Este 2025 se han reportado denuncias en el juzgado por palizas, quejas por insultos y malos tratos policiales, las mismas que describen diversos internos que han pasado por sus celdas

Acusado de opaco y poco transparente, el Centro de Internamiento de Emigrantes (CIE) de Barcelona está en el centro de las críticas de entidades sociales y algunos partidos políticos. Pero, ¿qué ocurre realmente en su interior? Solo en lo que llevamos de 2025, unas 250 personas han pasado por sus celdas y han vivido la angustia de una posible deportación.

La ley fija un máximo de 60 días de internamiento. Nadie está en el CIE por haber cometido un delito, sino por no tener la documentación en regla. El Ministerio del Interior insiste en que no se trata de una cárcel, pero los muros, las celdas y los horarios estrictos cuentan otra historia.

Tras un largo recorrido judicial, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) consiguió finalmente que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligara al Ministerio del Interior a hacer públicas las cifras de quejas presentadas por internos, familiares u otros agentes. Gracias a esa sentencia, hoy sabemos que en 2024, por el CIE de Barcelona pasaron 401 personas, y se registraron 79 quejas.

Los internos tienen la capacidad de expresar quejas, ya sea sobre su situación personal o sobre el trato recibido dentro del CIE. Si tienen un problema, deben rellenar un pequeño formulario llamado PQ (petición/queja) y depositarlo en el buzón del director, situado en el pasillo, a la vista del resto de internos y de los agentes. El director tiene la obligación de hacer llegar el mensaje a la jueza de control del CIE o a la autoridad competente. Pero el sistema presenta grietas.

El 6 de marzo de este año, Juan hacía gimnasia en el patio. Llevaba diez días en el CIE y todavía no entendía por qué. Hacía once años que vivía en Barcelona y había trabajado en distintos oficios. “No entiendo qué he hecho mal para estar aquí. Nunca he estado en prisión, he intentado hacer las cosas bien”, asegura en una conversación telefónica, mantenida durante su estancia en el centro.

Juan recuerda que, de repente, al fondo del patio, dos internos empezaron a gritarse. Todos corrieron hacia la disputa, también la policía, que, según relata este testimonio, sacó las porras. “Vi a un policía que venía enfurecido detrás de mí. Esquivé los primeros golpes, hasta que me dio varias veces con fuerza en el hombro”. Asegura que le provocó un enorme hematoma en la espalda que fue inmortalizado en unas fotografías a las que este medio ha tenido acceso. Ese mismo día escribió una denuncia, una PQ, esperando que su queja llegara a los juzgados, y la echó al buzón del director.

Al cabo de unos días, una pareja de voluntarios de la Fundación Migra Studium fue a verlo como hacen con cualquier interno que lo pida. Media hora más tarde, se despidió de ellos para volver a su habitación, como era habitual. Pero aquel día fue diferente: la policía lo condujo a una sala para cachearlo. Según recuerda Juan, la policía le ordenó que se desnudara y, durante veinte minutos, le revisaron la ropa y el pelo, buscando una posible droga que, supuestamente, le habrían pasado los voluntarios de la entidad jesuita. 

Este interno asegura que, una vez vestido, los agentes le mostraron su denuncia: la PQ que él había depositado en el buzón del director unos días antes. “Uno de los policías cogió un bolígrafo y escribió algo al final del formulario”, relata. Este medio ha podido ver una imagen de la denuncia; al final de la misma y en otro tipo de letra, se puede leer: “El interno no quiere seguir con el trámite anteriormente escrito”. Y, al final, la firma de Juan. Lo rubricó porque asegura que tenía miedo. Después de ese episodio, su abogada le recomendó que dejara de hablar con periodistas o voluntarios de entidades. Y así lo hizo. A día de hoy, se le ha perdido la pista. 

Los internos también pueden intentar presentar una denuncia a través de sus abogados, pero los letrados del turno de oficio a menudo no responden al teléfono. En ocasiones, tardan tanto que, cuando lo hacen, el interno ya ha sido expulsado. Al final, solo queda una opción: el buzón del director. Una caja blanca metálica, clavada en la pared y a la vista de todos, que se ofrece como una solución aparentemente perfecta. 

A preguntas de este medio, el Ministerio del Interior señala que en los CIE el juez competente recoge las peticiones y quejas que puedan plantear los internos “en cuanto afecten a sus derechos fundamentales” e insisten en que los Centros están “sometidos a autorización y control judicial”. El CIE es un espacio marcado por la ley: sentencias, informes policiales y órdenes definen el día a día de las personas retenidas. Sobre el papel, todo parece regulado. Pero los testimonios cuentan otra cosa. Y entonces surge la pregunta: ¿quién vigila a los vigilantes?

A día de hoy, esta responsabilidad recae en la jueza de instrucción número 1, Alejandra Gil Llima, y en la jueza de instrucción número 30, Zita Hernández Larrañaga. Las magistradas tienen sus despachos en los juzgados de instrucción, donde se encargan de todo tipo de casos delictivos. También hacen turnos de guardia y, además, ejercen como juezas de control del CIE. 

Sus ojos dentro del CIE son los buzones, de los cuales, según explica Hernández, recibe entre 15 y 20 quejas al año, una cifra muy baja si se tiene en cuenta la conflictividad que, según las entidades, se vive en el centro.

La otra vía para que la magistrada conozca las quejas de los internos es que las hagan llegar a las entidades. Y eso cada vez funciona mejor. Hernández ha presionado para que se faciliten las visitas al CIE por parte de las entidades y para que, al menos una vez al mes, pueda celebrarse una charla con los internos para conocer de primera mano su realidad dentro del centro. 

En 2025, Maria Morell, abogada, dio una de esas charlas: “Había un policía escuchando, pero a los internos les daba igual, la mayoría estaban muy enfadados, cuando acabó la sesión, empezaron a llamar a la centralita de Migra Studium para pedir que los visitaran y recoger toda la información”, asegura. 

Hernández reconoce que, en la carrera judicial, nadie les forma en “humanidad”. “Nos falta formación en extranjería, pero no en los libros, sino una formación más humana, más real”, reconoce. Eso no significa, sin embargo, que le tiemble la mano a la hora de dictar sentencia: “Si una persona tiene que ser expulsada, será expulsada. No puedo hacer más…”

Dos internos se abrazan tras conseguir la libertad frente al Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona J.T.P.

Denuncias que nunca llegan a los juzgados

“Debían ser las doce del mediodía. Un grupo de policías entró en mi celda para llevarme al consulado. Me negué. Un par de horas más tarde volvieron, esta vez eran diez. Tenía mucho miedo, no podía hacer nada. De malas maneras me obligaron a bajar a la entrada del CIE, a la zona de control. Había mucha tensión, gritos… mientras intentaban ponerme las esposas, caí al suelo y empecé a sangrar por la nariz sin parar. La sangre no se detenía. Se asustaron y desistieron. La enfermera me cosió la herida y me devolvieron a la habitación. Tengo mucho miedo…”.

Esta es la historia que un interno contó por teléfono al periodista que escribe este reportaje, quien solicitó una visita en el CIE para contrastar su relato, pero al día siguiente de la llamada ya no estaba: había sido expulsado.

Markus González Beilfuss, profesor de derecho que visita los CIE de todo el Estado, critica que no haya un mecanismo de investigación ágil y eficaz cuando se presenta una denuncia por malos tratos. “A menudo, cuando el juez llega a tener conocimiento del caso, la persona que presentó la denuncia o sus testigos ya han sido expulsados a otro país”, explica.

La cuestión, según apuntan diversos letrados, es que el trámite e investigación de la denuncia es mucho más lento que el proceso de expulsión. “Cuando llega una denuncia, el juzgado de guardia la reparte, el juez que la recibe cuestiona si es competente y la deriva a otro. Al final, cuando un juez se pone a investigar, el denunciante, los testigos y las pruebas de las lesiones ya han desaparecido”, explica Marta Vallverdú, abogada de Irídia.

La letrada pide que, cuando alguien presente una denuncia por malos tratos, se tomen “medidas urgentes, como evitar la expulsión o, en caso de que no sea posible, se cite a la persona denunciante para tomarle declaración, solicitar que no se borren las imágenes de las cámaras de seguridad y asegurar las entrevistas a los testigos”.

Beilfuss, que también fue director general de Inmigración del Estado en 2010, conoce de primera mano las diferencias en la respuesta institucional ante las denuncias de malos tratos. En las comisarías de policía, si se denuncia un caso de torturas, se activa inmediatamente un dispositivo judicial. “Hay una serie de organismos que obligan a iniciar una investigación rápida de los hechos”, explica el jurista. 

En cambio, en los CIE, el mecanismo es muy diferente: “Aquí se abre la puerta de la expulsión y, de golpe, se corta o se dificulta la investigación penal. No hay suficientes garantías para asegurar la defensa de los internos”, resume. Desde 2015 hasta ahora, el colectivo Irídia ha interpuesto quince procedimientos judiciales, pero la expulsión de las personas implicadas y de los testigos ha impedido que ninguno llegara a juicio.

Falta de atención psicológica en el CIE

“Le ponen algo en la comida. Cuando me dan la comida, la separo en dos platos y la mezclo con agua para que no me haga efecto… Por las noches no puedo dormir. Algo que no se puede ver con los ojos me agarra de los tobillos. Quiero salir de aquí con vida”. Quien habla es Velkan; es rumano y padece una psicosis crónica con delirios y alucinaciones. El último informe médico, al que tuvo acceso este medio, emitido antes de su internamiento, recomendaba un seguimiento en la unidad de salud mental de referencia, una unidad que no existe dentro del CIE.

El Defensor del Pueblo, la Fiscalía de Extranjería, Cruz Roja, Migra Studium, Irídia… Son diversas las instituciones que coinciden en la necesidad urgente de incorporar un servicio de psicología en el centro. Tal es el quórum, que la jueza de instrucción número 30, consciente de que “el internamiento puede generar problemas de salud mental”, dictó una interlocutoria solicitando la creación de un servicio de asistencia psicológica. 

Aunque sus resoluciones pueden ser de obligado cumplimiento, en este caso reconoce que la decisión depende del presupuesto disponible. “Yo puedo ordenar que mañana haya un psicólogo, pero si nadie destina recursos, ¿de qué sirve? Si no fuera una cuestión económica, podría ser más contundente”, lamenta la magistrada.

González Beilfuss también se muestra seguro de que el internamiento empeora la salud mental, pero lamenta que no hay manera de estar seguro. “Es como si no quisieran mejorar la situación ni permitir la investigación. En las prisiones hay estudios de cualquier cosa, pero en el CIE no sabemos nada”.

Diversas investigaciones han demostrado que la prisión provoca problemas de salud mental en la mayoría de los reclusos. De hecho, el reglamento del CIE establece que las personas vulnerables no deberían ser internadas. Y en derecho internacional se utiliza el concepto fit to fly (apto para volar): “Si quieres expulsar a alguien, debes asegurarte de que está en condiciones de soportar la expulsión tanto física como mentalmente”, resume Josetxo Ordóñez, abogado experto en extranjería y durante más de diez años responsable del equipo jurídico de Migra Studium.

Entonces, ¿por qué hay personas como Velkan internadas? La respuesta la da Ordóñez: “El juez que ordena el ingreso en el CIE no sabe que están enfermos”. Cuando la policía detiene a una persona inmigrante sin papeles, la lleva a comisaría mientras espera que un juez decida sobre su ingreso en el CIE. La ley establece que debe hacerse un juicio, pero a menudo este se reduce a una breve declaración de pie ante el escritorio del funcionario del juzgado de guardia. 

El abogado de oficio quizás acaba de conocer a la persona detenida, que muchas veces ni siquiera comprende qué está pasando. “Mi experiencia es que podría contar con los dedos de la mano las veces que ha habido encuentros reales con jueces”, afirma Ordóñez.

Una refugiada trans en el CIE: cuando las alertas no funcionan

Sara es una mujer trans que llegó a España engañada por una red de trata que la mantuvo secuestrada durante siete años. Permaneció encerrada en una casa hasta que consiguió escapar. “Estaba sometida a todo, a todo”, recuerda.

Consiguió llegar a Barcelona, pero su situación no mejoró: tuvo que vivir en la calle y se vio obligada a ejercer la prostitución para sobrevivir. “Trabajar en un restaurante o en un bar es complicado. El único trabajo que podemos hacer es putear”, dice. Tampoco podía volver a su país porque, durante ese tiempo, tres familiares suyos fueron asesinados y ella misma recibió amenazas de muerte. 

Para Sara, paradójicamente, el CIE fue una salvación, porque la sacó de la calle. Pero, a su vez, suponía que, en pocas semanas, estaría tomando un avión de vuelta a un país al que no podía regresar. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Qué juez dictó su expulsión? ¿Qué informe policial justificó su internamiento? ¿Por cuántas manos pasó el expediente de una mujer que había vivido toda una vida de maltratos?

Según Cel Far Sicart, responsable del proyecto de visitas al CIE de la Fundación Migra Studium, el ingreso en el centro se ordena “a partir de un informe policial, tras el cual se solicita la medida al juez. El expediente pasa por policías, abogados, fiscal y juez, pero el trámite es rápido y mecánico”.

La trayectoria de Sara es una sucesión de vulneraciones: desde pequeña, maltratada por su condición sexual como persona trans —todavía tiene marcas en las muñecas—, después explotada sexualmente y, finalmente, condenada a vivir con la amenaza constante de morir si volvía a su antiguo hogar. 

Finalmente, tras mucho esfuerzo, Sara salió del CIE y obtuvo la tarjeta roja, el documento que acredita la condición de solicitante en trámite de protección internacional. Un documento que, de haber obtenido antes, le habría ahorrado la experiencia de pasar por el CIE. Es un permiso provisional, pero le permite trabajar. “Quiero traer a mi hermana y a mi madre; me gustaría darles la vida que se merecen”, explica en una entrevista pocos días después de salir del centro. Ahora vive bajo el amparo de una ONG en un municipio cercano a Barcelona.

Algunos de los nombres han sido modificados a petición de los protagonistas para proteger su intimidad.

La entrada Cuatro historias de abusos dentro del CIE de Barcelona: “No entiendo qué he hecho mal para estar aquí” se publicó primero en SOS Racisme.

Volem agrair a totes les persones i col·lectives antiracistes que van assistir i van formar part d’aquestes reflexions conjuntes.

És imprescindible continuar treballant de manera col·lectiva per a unificar les nostres lluites i abordar el racisme com a eix principal de les opressions sistemàtiques exercides pel sistema.

Agraïments:

• Taller ‘Dol Migratori’ realitzat per: Col·lectiu Micaela @colectivo_micaela. Un taller l’objectiu del qual va ser brindar un espai segur, reflexiu i solidari en el qual les dones migrades puguin identificar, comprendre i treballar els dols vinculats al seu procés migratori.

• Ponències:
  • Guadalupe Begazo: Ser migrant queer en un món amb llei d’estrangeria. | És jurista, membre de la xarxa jurídica antiracista-fundada en 2020, ha escrit i investigat sobre temes d’asil queer i vulnerabilitat des d’un punt de vista jurídic. Amb la xarxa jurídica antiracista (projecte l’associació T.I.C T.A.C, brinda assessoria jurídica en temes d’estrangeria.
    • Resum ponència: El fet de viure en països considerats progressistes en temes LGBTIQ+ no té garantits tots els drets, des d’un punt legal, s’agreguen diferents capes de discriminació/alteritat que fan de la vida d’aquestes persones un món encara més complex dins del que significa navegar en situacions plenes de burocràcies, contradiccions i moltes vegades desconeixement per part de l’administració que les va crear. La suposada benvinguda i acolliment que se li dona a la gent migrant queer no sol presentar-se ni acceptar-se tan fàcilment en espais considerats segurs o imparcials. De fet, moltes vegades, són dits els espais els que actuen com a agents hostils. Tot això, encara que vist des d’un punt legal, pot clarament, aplicar-se a la vida quotidiana.
  • iki açai pinya narváes: L’abraçada dels manglars: tranny tranny house | Cimarrona-del Carib en la diàspora, investigadora i educadora popular, explora en les seves obres i treballs les dissidències de gènere i sexualitats transcestrales, les memòries negres-cimarronas del carib, arxius i pràctiques anticolonials. Promou processos comunitaris de construcció col·lectiva de futuridades, imaginació radical travestí i fabulacions crítiques com a tecnologia ancestral de sanació, autopreservació col·lectiva i fugida.
    • Resum ponència: Com ens sostenim vitalment els cossos de les diàspores? Quins són els camins que ens porten a cuidar-nos?, com construir llocs d’existències fora de les patologies clíniques i metgesses. Com fugir als diagnòstics i a pràctiques neoliberals d’una autocura atomitzada i individualista? No soc terapeuta i no desitjo ser-ho. Penso comunitàriament i busquem generar vincles comunitaris sòlids com l’abraçada dels manglars.
  • Chebi Bouroncle: Paraules que ens fan. | Psicòloga de professió, migra per designació, escriptora per necessitat i altres coses.
    • Resum ponència: Tracta sobre com l’escriptura es va transformar des d’una eina professional fins a una font de metamorfosi personal després de viure diferents transicions.
  • Moderació de daniela núñez garcía: Travestí, escriptora i cimarrona centreamericana. daniela núñez garcía és una travestí guanacasteca que articula la seva vida com una pràctica radical de pensament, escriptura i afecte. Camps que entrellaça amb la seva experiència situada com a prostituta, migrant, artista i cimarrona de les resistències travestís a Centreamèrica.

A més, volem agrair a l’espai Cafè de Mar, cedit per la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró.

Us deixem algunes de les fotografies que realitzem durant la jornada.

_______ CASTELLANO______

El pasado 11 de octubre realizamos una Jornada Antirracista, de Disidencias LGBTIQA+ y de curas. Un espacio para compartir saberes, escucharnos y fortalecer comunidad desde el colectivo, para encontrarnos desde las curas y las memorias migrantes.

Queremos agradecer a todas las personas y colectivas antirracistas que asistieron y formaron parte de estas reflexiones conjuntas.

Es imprescindible continuar trabajando de manera colectiva para unificar nuestras luchas y abordar el racismo como eje principal de las opresiones sistemáticas ejercidas por el sistema.

Agradecimientos:

• Taller ‘Duelo Migratorio’ realizado por: Colectivo Micaela @colectivo_micaela. Un taller el objetivo del cual fue brindar un espacio seguro, reflexivo y solidario en el cual las mujeres migradas puedan identificar, comprender y trabajar los lutos vinculados en su proceso migratorio.
  
• Ponencias:
  – Guadalupe Begazo: Ser migrante queer en un mundo con ley de extranjería. | Es jurista, miembro de la red jurídica antirracista-fundada en 2020, ha escrito e investigado sobre temas de asilo queer y vulnerabilidad desde un punto de vista jurídico. Con la red jurídica antirracista (proyecto la asociación T.I.C T.A.C, brinda asesoría jurídica en temas de extranjería. Resumen ponencia: El hecho de vivir en países considerados progresistas en temas *LGBTIQ+ no tiene garantizados todos los derechos, desde un punto legal, se agregan diferentes capas de discriminación/alteridad que hacen de la vida de estas personas un mundo todavía más complejo dentro del que significa navegar en situaciones llenas de burocracias, contradicciones y muchas veces desconocimiento por parte de la administración que las creó. La supuesta bienvenida y acogida que se le da a la gente migrando *queer no suele presentarse ni aceptarse tan fácilmente en espacios considerados seguros o imparciales. De hecho, muchas veces, son dichos los espacios los que actúan como agentes hostiles. Todo esto, aunque viste desde un punto legal, puede claramente, aplicarse en la vida cotidiana.
  – iki açai piña narváes: El abrazo de los manglares: tranny tranny house | Cimarrona-del Caribe en la diáspora, investigadora y educadora popular, explora en sus obras y trabajos las disidencias de género y sexualidades transcestrales, las memorias negras-cimarronas del caribe, archivos y prácticas anticoloniales. Promueve procesos comunitarios de construcción colectiva de futuridades, imaginación radical travesti y fabulaciones críticas como tecnología ancestral de sanación, autopreservación colectiva y fuga. Resumen ponencia: Cómo nos sostenemos vitalmente los cuerpos de las diásporas? Cuáles son los caminos que nos llevan a cuidarnos?, como construir lugares de existencias fuera de las patologías clínicas y médicas. Cómo huir a los diagnósticos y a prácticas neoliberales de un autocuidado atomizado e individualista? No soy terapeuta y no deseo serlo. Pienso comunitariamente y buscamos generar vínculos comunitarios sólidos como el abrazo de los manglares.
  – Chebi Bouroncle: Palabras que nos hacen. | Psicóloga de profesión, migra por designación, escritora por necesidad y otras cosas. Resumen ponencia: Trata sobre como la escritura se transformó desde una herramienta profesional hasta una fuente de metamorfosis personal después de vivir diferentes transiciones.
  – Moderación de daniela núñez garcía: Travesti, escritora y cimarrona centroamericana. daniela núñez garcía es una travesti guanacasteca que articula su vida como una práctica radical de pensamiento, escritura y afecto. Camps que entrelaza con su experiencia situada como prostituta, migrante, artista y cimarrona de las resistencias travestis en Centroamérica.
  Además, queremos agradecer en el espacio Café de Mar, cedido por la Fundación Unión de Cooperadores de Mataró.

Os dejamos algunas de las fotografías que realizamos durante la jornada.

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Repost de @alokvmenon

Mientras algunas culturas alrededor del mundo previamente habían dividido la sociedad entre hombres y mujeres, el desarrollo científico de aquel periodo específico, permitió a los científicos de las sociedades occidentales que la diferencia del sexo (que había sido considerada una cuestión de energías), era anatómica (referente a diferencias esqueléticas, cerebrales, del sistema nervioso…). Así, el dualismo del sexo, entendido como los dos lados de una misma moneda, empezó a ser visto como una dicotomía entre dos cosas distintas y opuestas.

Los científicos occidentales de aquel tiempo concluyeron que las personas blancas eran superiores debido a su capacidad única diferenciarse visiblemente entre hombres y mujeres. A su vez, a las personas negras, indígenas, y otras personas racializadas (BIPOC,  en sus siglas en inglés), se las calificó de “sexo indistinguible”. Así, cuando se usaba el término ‘mujer’ los científicos se referían exclusivamente a la mujer blanca. 

Términos como ‘razas inferiores’ se usaban sin hacer alusión al sexo, ya que los científicos creían que no había diferencias de sexo significativas en las comunidades BIPOC.En 1886, el sexólogo alemás, Krafft- Ebbing escribió: “ Como más evolucionada es una raza, más diferencias hay entre hombres y mujeres”. En 1897, William Thomas, amplio que: “ Como menos civilizada es una raza, menos diferencias entre sexos”.

Los científicos no creían que hombres y mujeres de diferentes razas compartieran la misma naturaleza. En cambio, sostenían que el sexo era específico de cada raza.

La creencia era que, a medida que las sociedades progresaban de la “salvajismo” hacia la “civilización” con el tiempo, la distinción física entre hombres y mujeres aumentaba.

Las personas blancas eran vistas como evolucionando constantemente hacia convertirse en la civilización suprema en la Tierra, pero las personas negras (en particular) eran vistas como atrapadas en la primitivización/animalidad, incapaces de lograr diferenciación sexual.

Las diferencias sexuales físicas fueron consideradas como productos evolutivos de los roles sociales de cada sexo. Según el darwinista social Herbert Spencer, la razón por la cual las mujeres blancas se veían tan diferentes de los hombres blancos, es porque a diferencia de sus contrapartes ‘primitivas’, ellas eran amas de casa. El entendimiento era que si la ‘civilización’ (normas de género binarias) se llevaba a los pueblos ‘primitivos’, entonces eventualmente desarrollarían diferencias sexuales con el tiempo. Este ‘conocimiento científico’ estaba muy extendido e informaba la política pública. Incluso las feministas blancas del siglo XIX veían la feminidad como ‘un estado avanzado de especialización mental, fisiológica, emocional y anatómica solo logrado por las civilizadas’

La Dra. Mary Walker, cirujana, definió la feminidad por los genitales y la capacidad reproductiva porque “la vagina servía como el vínculo entre el cuerpo y la raza” (108). La vagina fue discutida como uno de los últimos vestigios de animalidad en la raza blanca que tenía que ser gestionado por las mujeres para el futuro de la raza. Debido a que otros orificios (como la boca y el ano) no estaban vinculados a la reproducción racial, el sexo oral y anal fueron desestimados como incivilizados. Los científicos hicieron referencia a diferencias sexuales recientemente sustanciadas (como el tamaño del cerebro y de la pelvis) como evidencia de que las mujeres eran inherentemente hiperemocionales y los hombres inherentemente racionales. Justificaron negar derechos a las mujeres blancas, argumentando que su único papel era ser conductos raciales y dar a luz niños.

Este texto continúa la discusión sobre cómo la ciencia del siglo XIX fue utilizada para justificar la opresión de género y racial, específicamente enfocándose en cómo se conceptualizó el cuerpo femenino en relación con la “pureza racial” y la reproducción.

Las sufragistas que se organizaban por el derecho al voto enfrentaron una resistencia formidable porque su campaña desafiaba la separación sexual de esferas (la idea de que las mujeres debían permanecer en el ámbito privado y los hombres en el ámbito público), una característica considerada como un logro civilizacional único de la raza blanca. Los hombres blancos temían que otorgar a las mujeres blancas el derecho al voto causaría la “feminización de los hombres y la masculinización de las mujeres”, y que esta difuminación del binario sexual llevaría a “la raza civilizada a deslizarse hacia atrás en la línea temporal evolutiva de vuelta al primitivismo” .

Este texto continúa explicando cómo los conceptos de género y raza estaban entrelazados en el pensamiento del siglo XIX, mostrando cómo se utilizaron argumentos pseudocientíficos para oponerse al sufragio femenino.

El lagado de aquellas narrativas sigue vigente a día de hoy. En lugar de luchar junto a las personas trans/no binarias/intersex, el feminismo mainstream continúa negando esta historia y depende de un marco binario de masculino o femenino. No hay nada feminista sobre el binarismo sexual, una herramienta que fue creada para naturalizar el sexismo y el racismo.

La entrada La binaridad del género: una historia de racismo se publicó primero en SOS Racisme.

Los procesos de securitización (Kundnani, 2014) de las personas musulmanas en los contextos nacionales y global responden a un coninuum histórico de la islamofobia o de los procesos de racialización y deshumanización de los sujetos construidos y entendidos como musulmanes a lo largo de la Modernidad. Sin embargo, la vinculación que se suele hacer entre securitización e islamofobia es de causa-efecto. Esto es, las leyes y mecanismos securitarios en el marco de la “guerra contra el terror” producen islamofobia o están basados en prejuicios y estereotipos islamófobos. Nuestra investigación sobre dichas leyes y mecanismos, su impacto en la población musulmana y las respuestas o la falta de ellas que se pueden dar, nos enseña que hay que entenderlos como dispositivos de esa islamofobia sistémica y estructural que descansa sobre procesos de racialización y deshumanización del otro mediante mecanismos institucionales y epistémicos (Sayyid, 2014; Kundnani, 2016). Es por ello que en este informe queremos partir de qué entendemos por islamofobia, atendiendo a sus dimensiones estructurales e institucionales y como se muestran estas en el entramado del antiterrorismo. Lo haremos a través de las preguntas que han ido surgiendo durante el trabajo de campo acerca de la naturaleza y el origen de la islamofobia. A menudo se ha dicho que la islamofobia no puede ser una forma de racismo, porque los musulmanes no son una raza, o bien que no puede ser solo racismo porque incluye muchas otras dimensiones. Ambas posiciones operan con una comprensión del racismo y lo racial muy limitada y eurocéntrica, que impide ver los diferentes marcadores del racismo, en el contexto global y en los contextos nacionales. En las siguientes líneas, esbozaremos algunos de los puntos de parida a este respecto que hemos utilizado para esta investigación.

No entraremos en profundidad en dichos debates, pero sí que es interesante nombrarlos y esbozarlos mínimamente ya que en el proceso de esta investigación algunos de los puntos clave de esas discusiones académicas-acivistas han supuesto puntos de inflexión para los activismos, ya sea desde las organizaciones de la sociedad civil o desde la respuesta institucional a la islamofobia.

Estos debates sobre el origen, la naturaleza y el objeto/sujeto de la islamofobia se han movido entre: “los musulmanes no son una raza” y, por lo tanto, no puede ser racismo; la islamofobia es un invento de los musulmanes porque “están intentando que no se pueda criticar el Islam” y su acepción más desacomplejada “la islamofobia es deseable y recomendable porque el Islam es un peligro” o “la islamofobia es consecuencia del 11S (o del atentado x)” y, por lo tanto, es responsabilidad de los propios musulmanes.

Como decía un líder comunitario musulmán en uno de los grupos de discusión, “el hecho de que se esté constantemente preguntando sobre qué es y qué no es la islamofobia es una forma de islamofobia”. La cuestión importante, para nosotros, es quien hace la pregunta y para qué. Y, sobre todo, dónde busca la respuesta y cuál es esa respuesta.

En el contexto español y catalán partimos de una negación de la existencia de la islamofobia como violencia y como concepto válido para la academia y para las políticas públicas, lo cual es especialmente relevante, ya que no se investiga, ni se denuncia ni se lucha contra algo que no existe. Recordemos que hasta el año 2019 la Comisión Europea ni siquiera había aceptado y tipificado la islamofobia como forma de discriminación y en España consta solo como agravante dentro de los delitos de odio.

Más allá de la aceptación o negación institucional de una violencia racial que denuncian las personas y comunidades musulmanas, es especialmente relevante responder a algunas preguntas clave, como en qué cuerpos impacta la islamofobia, qué condiciones materiales produce y cuáles son los dispositivos y mecanismos que la hacen posible. Por lo tanto, habrá que pensar estrategias para su desmantelamiento. Igual de importante es tener detectado quién produce la islamofobia y, sobre todo, qué relación guarda quien la produce con los mecanismos de denuncia y reparación con los que cuentan las personas musulmanas en cada momento y contexto. Este es nuestro punto de parida para este trabajo.

Explicar la islamofobia como las discriminaciones y prejuicios surgidos como respuesta a los atentados es especialmente problemático, invisibiliza prácticas islamófobas anteriores, apunta solo a la dimensión individual y excepcional dejando
fuera la dimensión institucional y el carácter estructural y sistémico. Además, no tienen en cuenta los contextos históricos y las genealogías raciales concretas de cada esta donación en la que se da y apuntala el paradigma securitario, que es el dispositivo de deshumanización más extendido en la actualidad.

En cuanto al origen, apuntar hacia la historia larga de la islamofobia, inherente a la construcción de occidente a través de la construcción de oriente y a su dimensión estructural nos sitúa en un marco de análisis que nos permite entenderla como forma de racismo, institucional y estructural, donde el proceso de racialización del otro musulmán se sitúa en el centro. Un análisis que nos permite idenificar quién produce la islamofobia, para qué y cómo se imbrica con otros sistemas de opresión como el sistema sexo-género o la clase, entre otros.

Más allá de lo que se ha querido comprender como islamofobia en el contexto español, el campo de estudio de la misma en otros contextos ha tendido a complejizar tanto la comprensión como el nivel analítico de la islamofobia. Los análisis se han movido entre una explicación del fenómeno contemporáneo o de su genealogía larga, o bien en entender su naturaleza colonial-racial y las diferentes dimensiones que la integran (Meer y Modood, 2008; Sayyid y Vakil, 2010; Hajjat y Muhammad, 2013; Selod y Garner, 2015).

La islamofobia como fenómeno de principios del siglo XX, tal como se entiende en los espacios políticos de la población musulmana británica -la mayoría de origen surásiático- (Meer y Modood, 2008; Allen, 2010) atiende sobre todo a la experiencia vivida de la discriminación y la violencia de esas comunidades en un momento político clave para el antirracismo de ese país (Sivanandhan, 2019) y viene a darles nombre y categoría analítica, también como herramienta política. Todo ello, teniendo en cuenta los debates en el interior de dichos movimientos por señalar las diferentes formas de racismo que estaban operando en el contexto británico, que se explican, por sus relaciones coloniales y postcoloniales con unos sujetos concretos.

No se puede entender estas propuestas analíticas al margen del contexto político en el que surgen, y de los sujetos que las ponen en marcha. Lo mismo sucede en el resto de contextos nacionales europeos en los que se va articulando el discurso y análisis alrededor de la islamofobia y los musulmanes. En el contexto español y catalán hay que entender la islamofobia y los discursos que la vienen a confrontar desde la misma óptica y teniendo en cuenta los diferentes agentes que las ponen en marcha, así como los debates que se dan entre ellos en el campo político y académico-activista.

En la actualidad, este anclaje en las experiencias concretas y vividas la encontramos en la mayoría de los análisis sobre los diversos mecanismos y dispositivos de la islamofobia. Vakil y Sayyid, por ejemplo, han apostado por una definición surgida de su trabajo de campo con personas y grupos de musulmanes, especialmente de organizaciones de la sociedad civil, llegando a la conclusión de que “Islamophobia is rooted in racism and is a type of racism that targets expressions of Muslimness or perceived Muslimness” (2019). Esta “musulmaneidad percibida” responde a la necesidad de situar también el hecho de que la islamofobia pueda afectar a personas como los sikh, percibidos como musulmanes. Se podría ampliar esta idea a personas con orígenes o vínculos con países de mayoría musulmana, pero que no lo son.

Se trata de un concepto interesante porque pretende entender la islamofobia de forma útil para las políticas y activismos, desde una perspectiva social y relacionada con el racismo, que entiende que el racismo crea las razas y no al revés, y que da la opción a los musulmanes para entender y nombrar sus experiencias de opresión en su contexto y articular respuestas y resistencias.

Para la mayoría de estudiosos de la islamofobia, ésta es una forma de racismo que utiliza el marcador de la religión (Bazian, 2018; Vakil, 2010; Mignolo, 2008) y se imbrica con otros marcadores según cada contexto. Además, no se puede entender la islamofobia fuera de los contextos postcoloniales en los que surge, ya que la relación que guarda cada estado-nación con la población musulmana que vive en su territorio (sea una minoría o una mayoría, sea proveniente de la migración o con una historia larga, etc.) determinará la forma en que se presente y también los cuerpos y comunidades a las que sitúe en el foco, aunque su impacto tenga cierta capacidad expansiva a otros grupos. En este punto, el poder utilizará otros marcadores distintos de racialización: culturales, políticos, étnico-raciales. Sin embargo, estarán siempre vinculados al marcador religioso. Esta imbricación es clave para entender cómo opera y en qué cuerpos y subjetividades se inscribe la islamofobia en cada contexto.

Sirin Adlbi Sibai advierte que «el racismo cultural va a utilizar elementos culturales como marca de inferioridad y superioridad, reproduciendo la misma jerarquía colonial/ racial de la expansión colonial europea. Es una forma de racismo que, sin embargo, no va a estar desvinculada de su forma biológica anterior, ya que naturalizará y esencializará las culturas de los colonizados, ahora tercermundistas, subdesarrollados, antidemocráticos y finalmente terroristas».

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Col·lectius antiracistes reclamen transparència i responsabilitats després de la mort a trets d’un jove negre de 22 anys a dependències policials. Critiquen la falta de comunicació i la narrativa oficial instaurada.

Diferents col·lectius antiracistes de Catalunya han emès un comunicat arran de la mort de Mahamedi, un jove negre de 22 anys, veí de Montornès del Vallès i fill de pares gambians, mort sota custòdia de la Policia Local el passat 24 de juliol.

Denuncien que el succés no és un fet aïllat, sinó part d’“una maquinària de persecució i criminalització de les nostres comunitats migrants i racialitzades” a l’Estat Espanyol i Catalunya, i critiquen que les administracions i mitjans hagin imposat una narrativa criminalitzadora, descrivint a Mahamedi com un “home armat” abatut, sense explicar detalls sobre l’ús d’armes de foc ni informar respectuosament a la família.

L’Ajuntament de Montornès del Vallès va emetre un comunicat institucional que qualificava els fets com a “un incident” a la comissaria, sense detallar les circumstàncies del tret que va causar la mort ni la naturalesa de la ferida patida per un agent involucrat. Els col·lectius exigeixen transparència en el procés, reclamant saber quants trets es van efectuar, a quina part del cos van impactar i perquè no es va comunicar immediatament la mort a la família.

Així mateix, criden els mitjans a evitar reproduir les versions policials que criminalitzen i deshumanitzen al jove, especialment en un context d’augment dels discursos d’odi contra les comunitats racialitzades i migrants.

Finalment, les organitzacions firmants reclamen un tracte digne per a la família i responsabilitats clares que permetin accés a la veritat, la justícia i la reparació sobre aquest cas. Destaquen que la mort de Mahamedi reflecteix una problemàtica sistèmica que requereix un abordatge integral davant el racisme institucional i la violència policial.

També assenyalen que “sindicats” policials van demanar més recursos per la policia davant d’aquest fet, sense mencionar la víctima en cap moment, fet que consideren que posa en relleu quines són les prioritats dels lobbys policials sobre la qüestió.

Fonts coneixedores del context de la víctima i les circumstàncies dels fets afirmen que Mahamedi feia mesos que patia la pressió policial i que el dia en què va morir sota les bales de la policia “no funcionaven les càmeres de seguretat”. Les mateixes fonts denuncien que mentre els mitjans van atribuir al jove la ferida del mosso, en realitat va ser el seu propi company qui va ferir l’agent.

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El negre té nom, dirigido por Fèlix Colomer. No es fácil de ver, pero sí necesario. Es incómodo, sí. Pero es imprescindible para comprender el racismo estructural que ha atravesado —y sigue atravesando— nuestra sociedad.

Este documental cuenta la historia de Molawa VIII, un hombre africano que fue secuestrado, disecado y expuesto durante casi un siglo en el Museu Darder de Banyoles, como si fuera un animal. Durante más de 80 años, miles de personas lo contemplaron sin escándalo. Lo llamaban “el negro de Banyoles”, sin cuestionarse que detrás de ese cuerpo había una vida, una comunidad, una historia.

El negre té nom no solo denuncia esa violencia, sino que también la repara: restituye su nombre, su dignidad y su humanidad. Porque no era una pieza de museo, ni un objeto colonial, ni una curiosidad antropológica. Era una persona.

El documental también destaca la valentía del médico haitiano Alphonse Arcelin, que en los años 90 se negó a aceptar esta barbarie como parte del “folklore local”. Fue gracias a él que Molawa VIII fue finalmente retirado y repatriado en el año 2000. Pero la oposición a su retirada evidencia otra verdad dolorosa: en Catalunya, también se defienden los privilegios coloniales con una ferocidad disfrazada de tradición.

Ver este documental debería ser obligatorio en escuelas, museos y hogares. Porque negar el racismo estructural, solo perpetua el silencio que lo sostiene.

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Noticia extraída de El Salto | Berta Camprubí Pàmies

El catalán era la lengua más hablada en Cataluña hasta el año 2002, desde entonces el castellano le ha pasado por delante, y cada vez por más diferencia. Según la Encuesta de Usos Lingüísticos del Instituto de Estadística de Cataluña, actualmente solo el 33% de la población catalana habla habitualmente el catalán. En 1930 era el 90%.

En la última década, gracias al crecimiento demográfico que ha significado la migración, el número de hablantes de catalán ha aumentado en 267.000. Sin embargo, el 46% de la población habla en su día a día el castellano y el 12% otras lenguas. Dadas las circunstancias, la administración catalana y sus especialistas en sociolingüística tienen el gran reto de facilitar que las personas migrantes que llegan a este territorio encuentren una oportunidad en el aprendizaje de la lengua de Mercè Rodoreda. Un reto que, por ahora, presenta obstáculos y debilidades.

La polémica tras la presentación de la obra Esas Latinas, protagonizada por mujeres migrantes latinoamericanas, que tanto ha sacudido la opinión pública catalana durante la pasada semana, ha circunvalado los debates sobre la lengua y las condiciones de aprendizaje de la misma sin abordar la cuestión fundamental de cómo hacer compatibles a la vez la defensa del catalán y la defensa de los derechos de las personas migrantes.

Racismo estructural y una lengua minorizada

El permiso de residencia y trabajo requiere concretamente de un informe de esfuerzo de integración regulado por el artículo 127 del nuevo reglamento de extranjería que dice que “hay que demostrar el aprendizaje de las lenguas oficiales del territorio”. Pero, “eso no se pide por igual a todas las personas extranjeras que llegan a Catalunya, en la práctica se pide solo a las que están en situaciones más vulnerables y esto es una muestra más del racismo estructural en el que habitamos, que nos conforma como sociedad”, explica la abogada especializada en extranjería Laia Costa Gay.

Para quienes acceden a la residencia a través de su patrimonio —por medio de las conocidas golden visa— o a través del matrimonio o pareja de hecho con una persona con nacionalidad española, este módulo de acogida desaparece. Igual que desaparece también el requisito de saber catalán e incluso la necesidad de entenderlo en el caso de los expats y nómadas digitales que gentrifican barrios y ciudades y logran comunicarse en inglés u otras lenguas en su día a día.

El catalán era la lengua más hablada en Cataluña hasta el año 2002, desde entonces el castellano le ha pasado por delante, y cada vez por más diferencia. Según la Encuesta de Usos Lingüísticos del Instituto de Estadística de Cataluña, actualmente solo el 33% de la población catalana habla habitualmente el catalán. En 1930 era el 90%.

En la última década, gracias al crecimiento demográfico que ha significado la migración, el número de hablantes de catalán ha aumentado en 267.000. Sin embargo, el 46% de la población habla en su día a día el castellano y el 12% otras lenguas. Dadas las circunstancias, la administración catalana y sus especialistas en sociolingüística tienen el gran reto de facilitar que las personas migrantes que llegan a este territorio encuentren una oportunidad en el aprendizaje de la lengua de Mercè Rodoreda. Un reto que, por ahora, presenta obstáculos y debilidades.

La polémica tras la presentación de la obra Esas Latinas, protagonizada por mujeres migrantes latinoamericanas, que tanto ha sacudido la opinión pública catalana durante la pasada semana, ha circunvalado los debates sobre la lengua y las condiciones de aprendizaje de la misma sin abordar la cuestión fundamental de cómo hacer compatibles a la vez la defensa del catalán y la defensa de los derechos de las personas migrantes.

Racismo estructural y una lengua minorizada

El permiso de residencia y trabajo requiere concretamente de un informe de esfuerzo de integración regulado por el artículo 127 del nuevo reglamento de extranjería que dice que “hay que demostrar el aprendizaje de las lenguas oficiales del territorio”. Pero, “eso no se pide por igual a todas las personas extranjeras que llegan a Catalunya, en la práctica se pide solo a las que están en situaciones más vulnerables y esto es una muestra más del racismo estructural en el que habitamos, que nos conforma como sociedad”, explica la abogada especializada en extranjería Laia Costa Gay.

Para quienes acceden a la residencia a través de su patrimonio —por medio de las conocidas golden visa— o a través del matrimonio o pareja de hecho con una persona con nacionalidad española, este módulo de acogida desaparece. Igual que desaparece también el requisito de saber catalán e incluso la necesidad de entenderlo en el caso de los expats y nómadas digitales que gentrifican barrios y ciudades y logran comunicarse en inglés u otras lenguas en su día a día.

En ese marco, “es fundamental insertar una lectura de clase social porque solo analizarlo en términos de identidad, de culturas y de naciones, nos impide ver la dimensión socioeconómica”, asegura Del Valle. La dimensión socioeconómica española y también catalana, según afirmaba el diario El País en abril de 2024, es que “España necesitará 24 millones de inmigrantes para mantener la relación entre trabajadores y pensionistas”, un titular que claramente reduce la migración a mera mano de obra. “Pues resulta que esa fuerza laboral son seres humanos y eso conlleva una serie de responsabilidades para una sociedad democrática que se pretende igualitaria como la nuestra”, explicita Del Valle.

Esta deshumanización de las vidas de las personas migrantes las desvincula de sus experiencias y caminos migratorios, a menudo atravesados por la violencia. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones se les está exigiendo hablar una lengua nueva incluso antes de poder acceder a algo tan básico como un trabajo o una casa. Quizá aprobar la ILP para la Regularización de medio millón de personas migrantes sería también una buena política lingüística.

Más allá de la realidad social, hay que ver cómo está la práctica institucional, ya que “es responsabilidad de quienes están a cargo de la política lingüística el pensar democráticamente y en términos de justicia social la imposición de obligatoriedades, que debe estar siempre ligada al acceso a los recursos para que se pueda cumplir con esas obligatoriedades”, explica el sociolingüista Del Valle.

Falta de acceso al catalán

El requisito del catalán, como hemos visto, no es para todos igual y por lo tanto no incorpora la perspectiva interseccional que la mayoría de políticas públicas de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona proclaman y que asimismo exigen en sus convocatorias para subvenciones y convenios públicos. Se trata de un requerimiento reservado solo a las personas sin capital patrimonial o social, consideradas mano de obra, que buscan acceder a los derechos básicos que la regularización administrativa ofrece en el Estado español o luchan por acceder al mercado laboral, sobre todo en el caso de ciertos sectores. “En definitiva, si tienes dinero sí que puedes llegar sin saber catalán, ni castellano”, afirma Laia Costa Gay.

“Para mí, acceder a los cursos del Consorcio fue un auténtico dolor de cabeza”, asegura Jorge Romón, psicólogo e integrador social especializado en acogida y derechos humanos, de origen venezolano

Tampoco cuenta con una perspectiva interseccional el modelo de acceso a los cursos de los distintos niveles de catalán facilitados por el Consorcio para la Normalización Lingüística de Catalunya (CPNL). Distintas organizaciones de personas migrantes, como el sindicato de manteros Top Manta con esta campaña, denuncian desde hace tiempo que el CPNL no ofrece suficientes plazas en sus cursos ni garantiza horarios compatibles con el trabajo o la conciliación. “Para mí, acceder a los cursos del Consorcio fue un auténtico dolor de cabeza”, asegura Jorge Romón, psicólogo e integrador social especializado en acogida y derechos humanos, de origen venezolano, quien vive en Barcelona desde 2022.

“Yo siempre he manejado un discurso de defensa lingüística del catalán, el euskera, el galego etc. y lo sigo manejando, pero después de mi experiencia personal en Cataluña, se ha convertido en una defensa solamente ideológica, teórica, porque la vivencia ha sido compleja”, relata. Para el caso de Romón, el catalán se convirtió en un requisito imprescindible para su inserción laboral dado que el tercer sector, donde tiene más experiencias, en Barcelona se desarrolla principalmente en catalán.

“A pesar de que yo migré a Cataluña en una situación de mucho privilegio, vengo con una racialización latina y soy leído como latino y lo que me pasó es que toda mi experiencia laboral de repente no valía, aparentemente, porque no sabía catalán”, relata el psicólogo. Jorge Romón envió más de cien currículums a distintas entidades del sector social, asegurando que estaba aprendiendo el catalán y lo seguiría haciendo, pero no recibió ninguna llamada. “Claro, eso es frustrante de por sí, pero es que si no consigues trabajo no puedes seguir viviendo en Catalunya y por lo tanto no puedes seguir aprendiendo catalán, es un pez que se muerde la cola”, relata el psicólogo venezolano. “Pero necesitaba salir adelante así que llegué a tomar la decisión de irme de Cataluña por ese motivo, pero acabé trabajando en sectores laborales que no son los míos para poder continuar”. Y mientras tanto siguió estudiando catalán para llegar a trabajar de lo suyo.

Para obtener el informe de arraigo que hay que presentar para solicitar la residencia española se debe realizar el curso A1 o A2, los más básicos. En el caso del mundo laboral, en muchas ocasiones en Cataluña se exige el nivel C, de bastante dificultad. Jorge Romón empezaba desde 0 y iba a por el C. “La primera vez que lo intenté me quedé sin plaza, cuando logré entrar al A1 me di cuenta que no estaban ni mínimamente habilitados para personas que no hablaban el español, que hablaban wolof o mandinga, era altamente complejo para un nivel tan básico”, continúa Romón, “y luego me encontré profesores que nos llegaron a decir que si habíamos elegido vivir en Catalunya teníamos que aprender catalán”, desconociendo la realidad de miles de personas que no eligen llegar a Cataluña, que después de ser desplazadas forzadamente de sus territorios, llegan por ejemplo a Barcelona a través de redes de apoyo, vínculos familiares u opciones laborales a las que poder agarrarse.

‘Esas Latinas’ y la falta de empatía

La experiencia de Jorge Romón, como la de otras 15 personas migrantes consultadas para este reportaje, acabó por convertir el catalán en un obstáculo en su proceso ya de por sí complejo de estabilizarse en un nuevo territorio.

Y es de este tipo de vivencias personales que hablaba la obra de teatro Esas Latinas, protagonizada por mujeres migrantes latinoamericanas, que tanto ha sacudido la opinión pública catalana durante la pasada semana. Esta expresión artística, representada desafortunadamente en la presentación de un informe sobre discriminaciones en el que se evidencia que tanto el racismo como la discriminación a las personas catalanohablantes son dos de las principales problemáticas en Barcelona, ha sido rápidamente categorizada como transmisora de “catalanofobia”.

La asociación Hablamos español y otros grupos e individualidades representantes de la derecha “tabarniana” —del nacionalismo español afincado en Cataluña— ha aprovechado la polémica para sostener su agenda contra la lengua catalana. Las protagonistas de la obra, ajenas por completo a ese espectro político, han sido violentamente atacadas en redes sociales y medios de comunicación, en una constatación del racismo estructural y el clasismo del que hablan las fuentes citadas en este artículo.

La violencia con la que se ha recibido esta polémica no permite enunciar las preguntas adecuadas ni debatir con más profundidad la situación con un objetivo transformador, que busque la manera de hacer compatibles a la vez la defensa del catalán y la defensa de los derechos de las personas migrantes. ¿Este tipo de vivencias atravesarían también a un joven catalán que va a Noruega a vivir y trabajar? ¿A una mujer de Países Bajos que va a Madrid? ¿Cómo de importante sería la clase social o la raza de esa neerlandesa? Esas personas serían leídas como migrantes o extranjeras? Sin una mirada interseccional no lo podríamos analizar.

Y una pregunta que está en la cabeza de muchos catalanes estos días: si el catalán fuera una lengua mayoritaria como lo es el español en Madrid, ¿se darían estas situaciones con personas migrantes castellanohablantes? “El peligro de la cultura y la lengua minorizada no es la migración”, aseguraba la escritora Brigitte Vasallo respondiendo a la cuestión con un vídeo en Instagram, “la migración es un proceso global de injusticia social donde quien peor lo pasa son los territorios que expulsan gente y la población migrante, no la población que los recibe”, aclaraba.

“Creo que la mejor forma de que las personas migrantes se entusiasmen con la idea de aprender el catalán es desde el reconocimiento mutuo, no desde la exigencia” asegura María Ignacia Ibarra

Las reacciones agresivas que han dado más visibilidad aún a la obra de la compañía Teatro Sin Papeles ponen de manifiesto la existencia de este racismo estructural —expresado en catalán, en euskera, en castellano o en inglés— y de un sistema de acogida y un marco legal —la Ley de Extranjería y la Ley de Asilo— que no ponen en el centro los derechos y la vida de las personas migrantes sino el mercado laboral español. El diálogo está siendo muy difícil, si no imposible.

“El arte es un medio de expresión y un catalizador importantísimo para hablar de las vivencias propias, sin limitaciones siempre y cuando mantenga el respeto hacia los demás, y en este caso es imprescindible respetar las vivencias de unas mujeres que están expresando situaciones con las que yo, por ejemplo, me sentí reflejado y que ahora están recibiendo odio por ello”, asegura el psicólogo Jorge Romón. Además, muestra su convencimiento de que el arte es una manera de gestionar todo el impacto psicológico que genera el proceso migratorio y también la frustración de la barrera lingüística que las personas que nunca han migrado quizás no puedan imaginar.

“Creo que la mejor forma de que las personas migrantes se entusiasmen con la idea de aprender el catalán es desde la empatía y el reconocimiento mutuo, no desde la exigencia ni el castigo” asegura María Ignacia Ibarra. “Quizá en lugar de exigir el catalán como requisito para acceder a derechos o empleos, podríamos multiplicar los espacios gratuitos y accesibles para aprenderlo: en bibliotecas, centros de barrio, casales o incluir horas de formación lingüística dentro de la jornada laboral. Hoy más que nunca necesitamos cuestionar las estructuras y relaciones de poder históricamente impuestas para vincular y construir una lucha común entre el movimiento catalanista y el antirracista”, concluye Ibarra.

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El dia 26 de juny a les 8.00h és la data fixada pel Jutjat de Primera Instància número 4 de Badalona per procedir al llençament forçós de l’immoble situat a Antoni Bori, 35. Es tracta d’una de les diferentes naus que estaven buides sense ús industrial i han estat ocupades per diferents col·lectius, especialment subsaharians que es dediquen a la recollida de ferralla per sobreviure. També hi ha persones que mantenen una feina en condicions normals i que han estat expulsades del mercat d’habitatge sense altra alternativa que trobar cobert a la nau pel desequilibri entre els ingressos salarials i el cost del preu de l’habitatge.  En aquests moments, es tractaria d’un col·lectiu d’unes quaranta persones que hi viuen, o malviuen, i ha de quedar lliure de tots els elements com matalassos o mobiliari i de tots els estris que hi hagi acumulats a l’interior abans del dia 26. El que quedi a dins, s’interpretarà com a abandonat.

Aquesta data fixa el segon pas, i més definitiu, situat en els darrers sis mesos del 2025, per tornar la nau a la seva possessió, el Banc Santander. L’anunci, que ja coneixen les persones d’aquest assentament, està forçant, progressivament, a un èxode cap a l’edifici del B-9. La seu de l’antic institut de Sant Roc concentra ara les persones que han anat marxat d’altres espais recuperats per a la seva propietat o que van ser subjecte d’un perillós incendi el desembre del 2021.

Com dèiem, la primera acció que va provocar el flux va consistir en el tall de la connexió elèctrica a finals de febrer. Des de llavors, moltes de les persones inicialment instal·lades a Antoni Bori s’hi desplaçaven al B-9 a pernoctar buscant escalfor. Va ser a finals de febrer quan tècnics d’Elecnor, empresa proveïdora de serveis d’Endesa, va anul·lar el subministrament elèctric en aquella illa d’Antoni Bori per, posteriorment, verificar d’entre tots els immobles del sector quin client disposava d’un contracte en vigor d’acord a normativa i quins espais estaven “enganxats”. Com va ser el cas de la nau d’Antoni Bori, 35 que tenia “la llum punxada”. L’anunci del desallotjament del B-9 ha estat anunciada en diferents ocasions per part del govern del PP, però encara no hi ha una data en ferm, amb el dispositiu que aquesta operació requerirà.

No és la primera vegada que s’anuncia aquesta acció, que sempre ha estat avortada a darrera hora per diferents motius. Sembla que aquesta seria la definitiva. També es troba en un moment en què hi ha menys persones pernoctant-ne.

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Crisi de l’habitatge, crisi climàtica i racisme | Publicació del 13 de gener del 2024

El desembre passat es van complir tres anys des de l’incendi el 2021 de la nau de Badalona on malvivien més de 150 persones, principalment senegaleses, que va provocar la mort de 3 persones identificades en primera instància, més tard la d’una quarta persona i una cinquena persona desapareguda que no s’ha arribat a identificar avui dia. Aquest episodi és un dels molts que s’han repetit en infrahabitatges i assentaments en tot Catalunya, on persones forçades a viure en la marginalitat i la pobresa subsisteixen en condicions indignes.

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La jutgessa considera que Brian Ríos hauria d’haver restat en observació després de ser sedat al CUAP de Rubí, però els Mossos d’Esquadra se’l van endur al calabós pràcticament inconscient. La plataforma Justicia para Brian Ríos celebra la decisió però exigeix que també s’investigui els policies locals.

La jutgessa que instrueix el cas de la mort de Brian Ríos ha trobat indicis d’incongruència en el relat d’un dels metges del CUAP de Rubí que va atendre el jove colombià la mitjanit del 21 d’agost de 2022. La magistrada considera que el que explica el facultatiu J.V.C.F es contradiu amb les proves que s’han aportat durant la instrucció judicial, tant des de Mossos d’Esquadra, com des de la Policia Local de la localitat vallesana, com dels infermers que van assistir al doctor mentre Ríos va estar al centre mèdic.

Segons la declaració de J.V.C.F, els policies locals van portar el jove al CUAP fora de si, “com un mïura”, a les 00.24 hores. Allà, el metge acusat d’imprudència professional, juntament amb un altre doctor, van subministrar-li una primera dosi d’un fàrmac sedant anomenat Midazolam de 0,05 miligrams. Com que no va fer efecte, va indicar J.V.C.F en la seva declaració, al cap de poc se li va administrar una segona dosi de 0,05 mg. Veient que aquestes dues dosis tampoc feien l’efecte volgut, el doctor li va administrar 0,25 mg de Sinogan, un altre medicament sedant.

Les metgesses forenses consideren que després d’administrar-li els dos fàrmacs sedants, els metges haurien d’haver deixat a Ríos en observació.

Tal com va indicar una metgessa forense en seu judicial, quan a un pacient se li administren dosis com les que Ríos va rebre d’ambdós fàrmacs “és altament recomanable una observació posterior o derivació a centre assistencial de referència”. Així mateix, una altra experta forense va assenyalar que era “poc recomanable” combinar els dos medicaments i va afegir que els efectes d’aquesta mena de fàrmacs poden començar-se a veure noranta minuts després de ser administrats.

Tanmateix, J.V.C.F en el seu relat dels fets va assenyalar que va deixar que el jove marxés del CUAP perquè el va veure plenament conscient. Aquesta afirmació, però, es contradiu amb el que van captar les càmeres de seguretat del CUAP i de la comissaria dels Mossos. “Consten enregistraments de les càmeres de seguretat, en primer lloc, del CUAP, on es veu sortir el senyor Ríos en cadira de rodes aparentment adormit”, indica la jutgessa en la seva interlocutòria. “També s’han aportat per part dels Mossos d’Esquadra enregistraments de l’entrada a la guàrdia policial, on clarament pot apreciar-se com quatre agents treuen a pes del cotxe patrulla al senyor Ríos agafant-lo de braços i cames”, afegeix. Així mateix, un dels dos infermers que va assistir la sedació assegura que el jove colombià “es va adormir a la poca estona d’administrar-se-li el medicament”.

Tot i que el metge que el va atendre afirma que Ríos va marxar del CUAP conscient, les càmeres el mostren aparentment adormit

Finalment, la jutgessa també s’ha mostrat sorpresa per la declaració de J.V.C.F pel que fa a la seva participació i responsabilitat professional en la intervenció. Si bé el doctor acusat d’homicidi per imprudència greu va firmar el comunicat mèdic, en la seva declaració va indicar que, en realitat, va ser un segon facultatiu qui va portar la veu cantant de la intervenció, el doctor A.H., “en ser un doctor de més experiència”. Amb tot, la jutgessa considera que “crida poderosament l’atenció, el fet que el comunicat d’intervenció mèdica el firmi exclusivament el doctor J.V.C.F”, i lamenta que el facultatiu no recordi “quant de temps va transcórrer entre una dosi i una altra, al·ludint al fet que se li va donar l’alta en el moment en què se’l va veure més tranquil”. Sigui com sigui, el segon metge que va intervenir en la intervenció de Ríos va morir uns mesos més tard i mai va poder testificar en el judici.

És per tot això que, segons queda reflectit en l’escrit de la jutgessa, hi ha indicis que J.V.C.F hauria comès un delicte d’homicidi per imprudència greu, en modalitat d’imprudència professional que té una pena d’entre un a quatre anys de presó i pot comportar la d’inhabilitació per un període de tres a sis anys.

Responsabilitat policial

A mitjan maig, la jutgessa feia declarar els agents de Mossos d’Esquadra que van custodiar Brian Ríos des que va sortir del CUAP de Rubí fins que va arribar a la comissaria del cos i va morir. En aquest sentit, la magistrada considera que els policies no van tenir responsabilitat en la mort del jove perquè sempre van actuar segons protocol.

Així mateix, la jutgessa ha tornat a denegar la compareixença en qualitat d’investigats dels agents de la Policia Local de Rubí que van detenir Ríos en considerar que no tenen responsabilitat.

La jutgessa ha tornat a denegar la compareixença en qualitat d’investigats dels agents de la Policia Local de Rubí que van detenir Ríos en considerar que no tenen responsabilitat en la seva mort

“Tal com es desprèn del total de les proves analitzades, la causa motivadora de la defunció del senyor Ríos es va produir presumiblement arran de la seva intervenció mèdica en el CUAP i no amb caràcter previ, és a dir, en la intervenció policial”, diu l’escrit de la jutgessa. En aquest sentit, la magistrada considera que les mesures de contenció que els agents de policia local van fer servir per reduir Ríos eren “necessàries per evitar tant que es fes mal a si mateix, com als mateixos agents”.

En aquest sentit, des de la plataforma Justicia para Brian Ríos continuen exigint saber “què va passar durant la detenció del Brian” i consideren que aquesta es va fer pel seu “perfil ètnic”. A més, exigeixen saber què va passar durant el trasllat amb cotxe de patrulla, i per això consideren necessari que declarin els policies locals. “Denunciem de nou el tracte deshumanitzat amb el qual es tracta a Brian durant aquests 30 minuts de contenció física en el CUAP i celebrem que el cas avanci i que hi hagi judici”, sentencien.

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Noticia del Público

El Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid ha declarado que la detención de un joven migrante de 26 años el pasado miércoles en el madrileño barrio de Lavapiés fue ilegal, ya que los agentes de la Policía Municipal “se extralimitaron en su actuar”, por lo que ha acordado su puesta en libertad.

Así se recoge en el auto, remitido a los medios por la Fundación Raíces, en el que el juez estima el habeas corpus interpuesto por una abogada de esta entidad para revisar la legalidad de la detención y acuerda también que se investiguen “los delitos que pudieran haberse cometido por los agentes partícipes en la detención”.

El auto se apoya en las grabaciones realizadas por los vecinos y el del entorno del detenido, aportadas por la defensa y que, según el escrito, “coinciden con las manifestaciones del detenido”.

Según han precisado a EFE fuentes de la entidad que han ejercido la defensa del joven, se trata de un chico de 26 años que llegó a Canarias en 2017 desde su país de origen, del África Occidental, como menor migrante no acompañado y en los últimos años ha trabajado como metre en un restaurante y como modelo.

De acuerdo a un comunicado remitido por la entidad, el joven se encontraba junto a otras personas grabando una identificación policial a otros ciudadanos y cuando los agentes se dieron cuenta que estaban grabando, intervinieron para que este parara.

Tras una conversación en la que “el joven se mostró en todo momento tranquilo y respetuoso”, estos le sujetaron las manos a la espalda y procedieron a llevarlo detenido y, aunque el arrestado “no opuso en ningún momento resistencia, fue violentamente reducido” contra el suelo, por lo que perdió el conocimiento y quedó tendido en plena calle y llevado, en estado inconsciente, al furgón de la Policía. El activista y exdiputado madrileño Serigne Mbaye publicaba en X el momento de la detención. 

El joven fue puesto en libertad a última hora de este jueves y se dirigió al hospital porque aún presentaba fuertes dolores, dificultad respiratoria y una limitación total de la movilidad de un brazo, que requería tratamiento médico.

La abogada del detenido, Carmen Ordóñez, ha lamentado, a través del comunicado, que en Fundación Raíces reciben “constantemente” relatos de menores y jóvenes que han sufrido actuaciones desproporcionadas por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“Desgraciadamente no es una práctica aislada y se dirige en mayor medida contra una parte muy concreta y vulnerable de la población, siempre bajo excusas preventivas de seguridad, pero que, en realidad, no están legitimadas”, ha señalado la letrada.

La presidenta de la entidad, Lourdes Reyzábal, ha denunciado que es “terrible” que este joven, “después de todo lo sufrido en su país de origen” y “esforzarse tanto para tener un futuro en España”, “casi pierde la vida por el racismo y la brutal violencia ejercida” por los agentes.

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