Los procesos de securitización (Kundnani, 2014) de las personas musulmanas en los contextos nacionales y global responden a un coninuum histórico de la islamofobia o de los procesos de racialización y deshumanización de los sujetos construidos y entendidos como musulmanes a lo largo de la Modernidad. Sin embargo, la vinculación que se suele hacer entre securitización e islamofobia es de causa-efecto. Esto es, las leyes y mecanismos securitarios en el marco de la “guerra contra el terror” producen islamofobia o están basados en prejuicios y estereotipos islamófobos. Nuestra investigación sobre dichas leyes y mecanismos, su impacto en la población musulmana y las respuestas o la falta de ellas que se pueden dar, nos enseña que hay que entenderlos como dispositivos de esa islamofobia sistémica y estructural que descansa sobre procesos de racialización y deshumanización del otro mediante mecanismos institucionales y epistémicos (Sayyid, 2014; Kundnani, 2016). Es por ello que en este informe queremos partir de qué entendemos por islamofobia, atendiendo a sus dimensiones estructurales e institucionales y como se muestran estas en el entramado del antiterrorismo. Lo haremos a través de las preguntas que han ido surgiendo durante el trabajo de campo acerca de la naturaleza y el origen de la islamofobia. A menudo se ha dicho que la islamofobia no puede ser una forma de racismo, porque los musulmanes no son una raza, o bien que no puede ser solo racismo porque incluye muchas otras dimensiones. Ambas posiciones operan con una comprensión del racismo y lo racial muy limitada y eurocéntrica, que impide ver los diferentes marcadores del racismo, en el contexto global y en los contextos nacionales. En las siguientes líneas, esbozaremos algunos de los puntos de parida a este respecto que hemos utilizado para esta investigación.

No entraremos en profundidad en dichos debates, pero sí que es interesante nombrarlos y esbozarlos mínimamente ya que en el proceso de esta investigación algunos de los puntos clave de esas discusiones académicas-acivistas han supuesto puntos de inflexión para los activismos, ya sea desde las organizaciones de la sociedad civil o desde la respuesta institucional a la islamofobia.

Estos debates sobre el origen, la naturaleza y el objeto/sujeto de la islamofobia se han movido entre: “los musulmanes no son una raza” y, por lo tanto, no puede ser racismo; la islamofobia es un invento de los musulmanes porque “están intentando que no se pueda criticar el Islam” y su acepción más desacomplejada “la islamofobia es deseable y recomendable porque el Islam es un peligro” o “la islamofobia es consecuencia del 11S (o del atentado x)” y, por lo tanto, es responsabilidad de los propios musulmanes.

Como decía un líder comunitario musulmán en uno de los grupos de discusión, “el hecho de que se esté constantemente preguntando sobre qué es y qué no es la islamofobia es una forma de islamofobia”. La cuestión importante, para nosotros, es quien hace la pregunta y para qué. Y, sobre todo, dónde busca la respuesta y cuál es esa respuesta.

En el contexto español y catalán partimos de una negación de la existencia de la islamofobia como violencia y como concepto válido para la academia y para las políticas públicas, lo cual es especialmente relevante, ya que no se investiga, ni se denuncia ni se lucha contra algo que no existe. Recordemos que hasta el año 2019 la Comisión Europea ni siquiera había aceptado y tipificado la islamofobia como forma de discriminación y en España consta solo como agravante dentro de los delitos de odio.

Más allá de la aceptación o negación institucional de una violencia racial que denuncian las personas y comunidades musulmanas, es especialmente relevante responder a algunas preguntas clave, como en qué cuerpos impacta la islamofobia, qué condiciones materiales produce y cuáles son los dispositivos y mecanismos que la hacen posible. Por lo tanto, habrá que pensar estrategias para su desmantelamiento. Igual de importante es tener detectado quién produce la islamofobia y, sobre todo, qué relación guarda quien la produce con los mecanismos de denuncia y reparación con los que cuentan las personas musulmanas en cada momento y contexto. Este es nuestro punto de parida para este trabajo.

Explicar la islamofobia como las discriminaciones y prejuicios surgidos como respuesta a los atentados es especialmente problemático, invisibiliza prácticas islamófobas anteriores, apunta solo a la dimensión individual y excepcional dejando
fuera la dimensión institucional y el carácter estructural y sistémico. Además, no tienen en cuenta los contextos históricos y las genealogías raciales concretas de cada esta donación en la que se da y apuntala el paradigma securitario, que es el dispositivo de deshumanización más extendido en la actualidad.

En cuanto al origen, apuntar hacia la historia larga de la islamofobia, inherente a la construcción de occidente a través de la construcción de oriente y a su dimensión estructural nos sitúa en un marco de análisis que nos permite entenderla como forma de racismo, institucional y estructural, donde el proceso de racialización del otro musulmán se sitúa en el centro. Un análisis que nos permite idenificar quién produce la islamofobia, para qué y cómo se imbrica con otros sistemas de opresión como el sistema sexo-género o la clase, entre otros.

Más allá de lo que se ha querido comprender como islamofobia en el contexto español, el campo de estudio de la misma en otros contextos ha tendido a complejizar tanto la comprensión como el nivel analítico de la islamofobia. Los análisis se han movido entre una explicación del fenómeno contemporáneo o de su genealogía larga, o bien en entender su naturaleza colonial-racial y las diferentes dimensiones que la integran (Meer y Modood, 2008; Sayyid y Vakil, 2010; Hajjat y Muhammad, 2013; Selod y Garner, 2015).

La islamofobia como fenómeno de principios del siglo XX, tal como se entiende en los espacios políticos de la población musulmana británica -la mayoría de origen surásiático- (Meer y Modood, 2008; Allen, 2010) atiende sobre todo a la experiencia vivida de la discriminación y la violencia de esas comunidades en un momento político clave para el antirracismo de ese país (Sivanandhan, 2019) y viene a darles nombre y categoría analítica, también como herramienta política. Todo ello, teniendo en cuenta los debates en el interior de dichos movimientos por señalar las diferentes formas de racismo que estaban operando en el contexto británico, que se explican, por sus relaciones coloniales y postcoloniales con unos sujetos concretos.

No se puede entender estas propuestas analíticas al margen del contexto político en el que surgen, y de los sujetos que las ponen en marcha. Lo mismo sucede en el resto de contextos nacionales europeos en los que se va articulando el discurso y análisis alrededor de la islamofobia y los musulmanes. En el contexto español y catalán hay que entender la islamofobia y los discursos que la vienen a confrontar desde la misma óptica y teniendo en cuenta los diferentes agentes que las ponen en marcha, así como los debates que se dan entre ellos en el campo político y académico-activista.

En la actualidad, este anclaje en las experiencias concretas y vividas la encontramos en la mayoría de los análisis sobre los diversos mecanismos y dispositivos de la islamofobia. Vakil y Sayyid, por ejemplo, han apostado por una definición surgida de su trabajo de campo con personas y grupos de musulmanes, especialmente de organizaciones de la sociedad civil, llegando a la conclusión de que “Islamophobia is rooted in racism and is a type of racism that targets expressions of Muslimness or perceived Muslimness” (2019). Esta “musulmaneidad percibida” responde a la necesidad de situar también el hecho de que la islamofobia pueda afectar a personas como los sikh, percibidos como musulmanes. Se podría ampliar esta idea a personas con orígenes o vínculos con países de mayoría musulmana, pero que no lo son.

Se trata de un concepto interesante porque pretende entender la islamofobia de forma útil para las políticas y activismos, desde una perspectiva social y relacionada con el racismo, que entiende que el racismo crea las razas y no al revés, y que da la opción a los musulmanes para entender y nombrar sus experiencias de opresión en su contexto y articular respuestas y resistencias.

Para la mayoría de estudiosos de la islamofobia, ésta es una forma de racismo que utiliza el marcador de la religión (Bazian, 2018; Vakil, 2010; Mignolo, 2008) y se imbrica con otros marcadores según cada contexto. Además, no se puede entender la islamofobia fuera de los contextos postcoloniales en los que surge, ya que la relación que guarda cada estado-nación con la población musulmana que vive en su territorio (sea una minoría o una mayoría, sea proveniente de la migración o con una historia larga, etc.) determinará la forma en que se presente y también los cuerpos y comunidades a las que sitúe en el foco, aunque su impacto tenga cierta capacidad expansiva a otros grupos. En este punto, el poder utilizará otros marcadores distintos de racialización: culturales, políticos, étnico-raciales. Sin embargo, estarán siempre vinculados al marcador religioso. Esta imbricación es clave para entender cómo opera y en qué cuerpos y subjetividades se inscribe la islamofobia en cada contexto.

Sirin Adlbi Sibai advierte que «el racismo cultural va a utilizar elementos culturales como marca de inferioridad y superioridad, reproduciendo la misma jerarquía colonial/ racial de la expansión colonial europea. Es una forma de racismo que, sin embargo, no va a estar desvinculada de su forma biológica anterior, ya que naturalizará y esencializará las culturas de los colonizados, ahora tercermundistas, subdesarrollados, antidemocráticos y finalmente terroristas».

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Col·lectius antiracistes reclamen transparència i responsabilitats després de la mort a trets d’un jove negre de 22 anys a dependències policials. Critiquen la falta de comunicació i la narrativa oficial instaurada.

Diferents col·lectius antiracistes de Catalunya han emès un comunicat arran de la mort de Mahamedi, un jove negre de 22 anys, veí de Montornès del Vallès i fill de pares gambians, mort sota custòdia de la Policia Local el passat 24 de juliol.

Denuncien que el succés no és un fet aïllat, sinó part d’“una maquinària de persecució i criminalització de les nostres comunitats migrants i racialitzades” a l’Estat Espanyol i Catalunya, i critiquen que les administracions i mitjans hagin imposat una narrativa criminalitzadora, descrivint a Mahamedi com un “home armat” abatut, sense explicar detalls sobre l’ús d’armes de foc ni informar respectuosament a la família.

L’Ajuntament de Montornès del Vallès va emetre un comunicat institucional que qualificava els fets com a “un incident” a la comissaria, sense detallar les circumstàncies del tret que va causar la mort ni la naturalesa de la ferida patida per un agent involucrat. Els col·lectius exigeixen transparència en el procés, reclamant saber quants trets es van efectuar, a quina part del cos van impactar i perquè no es va comunicar immediatament la mort a la família.

Així mateix, criden els mitjans a evitar reproduir les versions policials que criminalitzen i deshumanitzen al jove, especialment en un context d’augment dels discursos d’odi contra les comunitats racialitzades i migrants.

Finalment, les organitzacions firmants reclamen un tracte digne per a la família i responsabilitats clares que permetin accés a la veritat, la justícia i la reparació sobre aquest cas. Destaquen que la mort de Mahamedi reflecteix una problemàtica sistèmica que requereix un abordatge integral davant el racisme institucional i la violència policial.

També assenyalen que “sindicats” policials van demanar més recursos per la policia davant d’aquest fet, sense mencionar la víctima en cap moment, fet que consideren que posa en relleu quines són les prioritats dels lobbys policials sobre la qüestió.

Fonts coneixedores del context de la víctima i les circumstàncies dels fets afirmen que Mahamedi feia mesos que patia la pressió policial i que el dia en què va morir sota les bales de la policia “no funcionaven les càmeres de seguretat”. Les mateixes fonts denuncien que mentre els mitjans van atribuir al jove la ferida del mosso, en realitat va ser el seu propi company qui va ferir l’agent.

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El negre té nom, dirigido por Fèlix Colomer. No es fácil de ver, pero sí necesario. Es incómodo, sí. Pero es imprescindible para comprender el racismo estructural que ha atravesado —y sigue atravesando— nuestra sociedad.

Este documental cuenta la historia de Molawa VIII, un hombre africano que fue secuestrado, disecado y expuesto durante casi un siglo en el Museu Darder de Banyoles, como si fuera un animal. Durante más de 80 años, miles de personas lo contemplaron sin escándalo. Lo llamaban “el negro de Banyoles”, sin cuestionarse que detrás de ese cuerpo había una vida, una comunidad, una historia.

El negre té nom no solo denuncia esa violencia, sino que también la repara: restituye su nombre, su dignidad y su humanidad. Porque no era una pieza de museo, ni un objeto colonial, ni una curiosidad antropológica. Era una persona.

El documental también destaca la valentía del médico haitiano Alphonse Arcelin, que en los años 90 se negó a aceptar esta barbarie como parte del “folklore local”. Fue gracias a él que Molawa VIII fue finalmente retirado y repatriado en el año 2000. Pero la oposición a su retirada evidencia otra verdad dolorosa: en Catalunya, también se defienden los privilegios coloniales con una ferocidad disfrazada de tradición.

Ver este documental debería ser obligatorio en escuelas, museos y hogares. Porque negar el racismo estructural, solo perpetua el silencio que lo sostiene.

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Noticia extraída de El Salto | Berta Camprubí Pàmies

El catalán era la lengua más hablada en Cataluña hasta el año 2002, desde entonces el castellano le ha pasado por delante, y cada vez por más diferencia. Según la Encuesta de Usos Lingüísticos del Instituto de Estadística de Cataluña, actualmente solo el 33% de la población catalana habla habitualmente el catalán. En 1930 era el 90%.

En la última década, gracias al crecimiento demográfico que ha significado la migración, el número de hablantes de catalán ha aumentado en 267.000. Sin embargo, el 46% de la población habla en su día a día el castellano y el 12% otras lenguas. Dadas las circunstancias, la administración catalana y sus especialistas en sociolingüística tienen el gran reto de facilitar que las personas migrantes que llegan a este territorio encuentren una oportunidad en el aprendizaje de la lengua de Mercè Rodoreda. Un reto que, por ahora, presenta obstáculos y debilidades.

La polémica tras la presentación de la obra Esas Latinas, protagonizada por mujeres migrantes latinoamericanas, que tanto ha sacudido la opinión pública catalana durante la pasada semana, ha circunvalado los debates sobre la lengua y las condiciones de aprendizaje de la misma sin abordar la cuestión fundamental de cómo hacer compatibles a la vez la defensa del catalán y la defensa de los derechos de las personas migrantes.

Racismo estructural y una lengua minorizada

El permiso de residencia y trabajo requiere concretamente de un informe de esfuerzo de integración regulado por el artículo 127 del nuevo reglamento de extranjería que dice que “hay que demostrar el aprendizaje de las lenguas oficiales del territorio”. Pero, “eso no se pide por igual a todas las personas extranjeras que llegan a Catalunya, en la práctica se pide solo a las que están en situaciones más vulnerables y esto es una muestra más del racismo estructural en el que habitamos, que nos conforma como sociedad”, explica la abogada especializada en extranjería Laia Costa Gay.

Para quienes acceden a la residencia a través de su patrimonio —por medio de las conocidas golden visa— o a través del matrimonio o pareja de hecho con una persona con nacionalidad española, este módulo de acogida desaparece. Igual que desaparece también el requisito de saber catalán e incluso la necesidad de entenderlo en el caso de los expats y nómadas digitales que gentrifican barrios y ciudades y logran comunicarse en inglés u otras lenguas en su día a día.

El catalán era la lengua más hablada en Cataluña hasta el año 2002, desde entonces el castellano le ha pasado por delante, y cada vez por más diferencia. Según la Encuesta de Usos Lingüísticos del Instituto de Estadística de Cataluña, actualmente solo el 33% de la población catalana habla habitualmente el catalán. En 1930 era el 90%.

En la última década, gracias al crecimiento demográfico que ha significado la migración, el número de hablantes de catalán ha aumentado en 267.000. Sin embargo, el 46% de la población habla en su día a día el castellano y el 12% otras lenguas. Dadas las circunstancias, la administración catalana y sus especialistas en sociolingüística tienen el gran reto de facilitar que las personas migrantes que llegan a este territorio encuentren una oportunidad en el aprendizaje de la lengua de Mercè Rodoreda. Un reto que, por ahora, presenta obstáculos y debilidades.

La polémica tras la presentación de la obra Esas Latinas, protagonizada por mujeres migrantes latinoamericanas, que tanto ha sacudido la opinión pública catalana durante la pasada semana, ha circunvalado los debates sobre la lengua y las condiciones de aprendizaje de la misma sin abordar la cuestión fundamental de cómo hacer compatibles a la vez la defensa del catalán y la defensa de los derechos de las personas migrantes.

Racismo estructural y una lengua minorizada

El permiso de residencia y trabajo requiere concretamente de un informe de esfuerzo de integración regulado por el artículo 127 del nuevo reglamento de extranjería que dice que “hay que demostrar el aprendizaje de las lenguas oficiales del territorio”. Pero, “eso no se pide por igual a todas las personas extranjeras que llegan a Catalunya, en la práctica se pide solo a las que están en situaciones más vulnerables y esto es una muestra más del racismo estructural en el que habitamos, que nos conforma como sociedad”, explica la abogada especializada en extranjería Laia Costa Gay.

Para quienes acceden a la residencia a través de su patrimonio —por medio de las conocidas golden visa— o a través del matrimonio o pareja de hecho con una persona con nacionalidad española, este módulo de acogida desaparece. Igual que desaparece también el requisito de saber catalán e incluso la necesidad de entenderlo en el caso de los expats y nómadas digitales que gentrifican barrios y ciudades y logran comunicarse en inglés u otras lenguas en su día a día.

En ese marco, “es fundamental insertar una lectura de clase social porque solo analizarlo en términos de identidad, de culturas y de naciones, nos impide ver la dimensión socioeconómica”, asegura Del Valle. La dimensión socioeconómica española y también catalana, según afirmaba el diario El País en abril de 2024, es que “España necesitará 24 millones de inmigrantes para mantener la relación entre trabajadores y pensionistas”, un titular que claramente reduce la migración a mera mano de obra. “Pues resulta que esa fuerza laboral son seres humanos y eso conlleva una serie de responsabilidades para una sociedad democrática que se pretende igualitaria como la nuestra”, explicita Del Valle.

Esta deshumanización de las vidas de las personas migrantes las desvincula de sus experiencias y caminos migratorios, a menudo atravesados por la violencia. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones se les está exigiendo hablar una lengua nueva incluso antes de poder acceder a algo tan básico como un trabajo o una casa. Quizá aprobar la ILP para la Regularización de medio millón de personas migrantes sería también una buena política lingüística.

Más allá de la realidad social, hay que ver cómo está la práctica institucional, ya que “es responsabilidad de quienes están a cargo de la política lingüística el pensar democráticamente y en términos de justicia social la imposición de obligatoriedades, que debe estar siempre ligada al acceso a los recursos para que se pueda cumplir con esas obligatoriedades”, explica el sociolingüista Del Valle.

Falta de acceso al catalán

El requisito del catalán, como hemos visto, no es para todos igual y por lo tanto no incorpora la perspectiva interseccional que la mayoría de políticas públicas de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona proclaman y que asimismo exigen en sus convocatorias para subvenciones y convenios públicos. Se trata de un requerimiento reservado solo a las personas sin capital patrimonial o social, consideradas mano de obra, que buscan acceder a los derechos básicos que la regularización administrativa ofrece en el Estado español o luchan por acceder al mercado laboral, sobre todo en el caso de ciertos sectores. “En definitiva, si tienes dinero sí que puedes llegar sin saber catalán, ni castellano”, afirma Laia Costa Gay.

“Para mí, acceder a los cursos del Consorcio fue un auténtico dolor de cabeza”, asegura Jorge Romón, psicólogo e integrador social especializado en acogida y derechos humanos, de origen venezolano

Tampoco cuenta con una perspectiva interseccional el modelo de acceso a los cursos de los distintos niveles de catalán facilitados por el Consorcio para la Normalización Lingüística de Catalunya (CPNL). Distintas organizaciones de personas migrantes, como el sindicato de manteros Top Manta con esta campaña, denuncian desde hace tiempo que el CPNL no ofrece suficientes plazas en sus cursos ni garantiza horarios compatibles con el trabajo o la conciliación. “Para mí, acceder a los cursos del Consorcio fue un auténtico dolor de cabeza”, asegura Jorge Romón, psicólogo e integrador social especializado en acogida y derechos humanos, de origen venezolano, quien vive en Barcelona desde 2022.

“Yo siempre he manejado un discurso de defensa lingüística del catalán, el euskera, el galego etc. y lo sigo manejando, pero después de mi experiencia personal en Cataluña, se ha convertido en una defensa solamente ideológica, teórica, porque la vivencia ha sido compleja”, relata. Para el caso de Romón, el catalán se convirtió en un requisito imprescindible para su inserción laboral dado que el tercer sector, donde tiene más experiencias, en Barcelona se desarrolla principalmente en catalán.

“A pesar de que yo migré a Cataluña en una situación de mucho privilegio, vengo con una racialización latina y soy leído como latino y lo que me pasó es que toda mi experiencia laboral de repente no valía, aparentemente, porque no sabía catalán”, relata el psicólogo. Jorge Romón envió más de cien currículums a distintas entidades del sector social, asegurando que estaba aprendiendo el catalán y lo seguiría haciendo, pero no recibió ninguna llamada. “Claro, eso es frustrante de por sí, pero es que si no consigues trabajo no puedes seguir viviendo en Catalunya y por lo tanto no puedes seguir aprendiendo catalán, es un pez que se muerde la cola”, relata el psicólogo venezolano. “Pero necesitaba salir adelante así que llegué a tomar la decisión de irme de Cataluña por ese motivo, pero acabé trabajando en sectores laborales que no son los míos para poder continuar”. Y mientras tanto siguió estudiando catalán para llegar a trabajar de lo suyo.

Para obtener el informe de arraigo que hay que presentar para solicitar la residencia española se debe realizar el curso A1 o A2, los más básicos. En el caso del mundo laboral, en muchas ocasiones en Cataluña se exige el nivel C, de bastante dificultad. Jorge Romón empezaba desde 0 y iba a por el C. “La primera vez que lo intenté me quedé sin plaza, cuando logré entrar al A1 me di cuenta que no estaban ni mínimamente habilitados para personas que no hablaban el español, que hablaban wolof o mandinga, era altamente complejo para un nivel tan básico”, continúa Romón, “y luego me encontré profesores que nos llegaron a decir que si habíamos elegido vivir en Catalunya teníamos que aprender catalán”, desconociendo la realidad de miles de personas que no eligen llegar a Cataluña, que después de ser desplazadas forzadamente de sus territorios, llegan por ejemplo a Barcelona a través de redes de apoyo, vínculos familiares u opciones laborales a las que poder agarrarse.

‘Esas Latinas’ y la falta de empatía

La experiencia de Jorge Romón, como la de otras 15 personas migrantes consultadas para este reportaje, acabó por convertir el catalán en un obstáculo en su proceso ya de por sí complejo de estabilizarse en un nuevo territorio.

Y es de este tipo de vivencias personales que hablaba la obra de teatro Esas Latinas, protagonizada por mujeres migrantes latinoamericanas, que tanto ha sacudido la opinión pública catalana durante la pasada semana. Esta expresión artística, representada desafortunadamente en la presentación de un informe sobre discriminaciones en el que se evidencia que tanto el racismo como la discriminación a las personas catalanohablantes son dos de las principales problemáticas en Barcelona, ha sido rápidamente categorizada como transmisora de “catalanofobia”.

La asociación Hablamos español y otros grupos e individualidades representantes de la derecha “tabarniana” —del nacionalismo español afincado en Cataluña— ha aprovechado la polémica para sostener su agenda contra la lengua catalana. Las protagonistas de la obra, ajenas por completo a ese espectro político, han sido violentamente atacadas en redes sociales y medios de comunicación, en una constatación del racismo estructural y el clasismo del que hablan las fuentes citadas en este artículo.

La violencia con la que se ha recibido esta polémica no permite enunciar las preguntas adecuadas ni debatir con más profundidad la situación con un objetivo transformador, que busque la manera de hacer compatibles a la vez la defensa del catalán y la defensa de los derechos de las personas migrantes. ¿Este tipo de vivencias atravesarían también a un joven catalán que va a Noruega a vivir y trabajar? ¿A una mujer de Países Bajos que va a Madrid? ¿Cómo de importante sería la clase social o la raza de esa neerlandesa? Esas personas serían leídas como migrantes o extranjeras? Sin una mirada interseccional no lo podríamos analizar.

Y una pregunta que está en la cabeza de muchos catalanes estos días: si el catalán fuera una lengua mayoritaria como lo es el español en Madrid, ¿se darían estas situaciones con personas migrantes castellanohablantes? “El peligro de la cultura y la lengua minorizada no es la migración”, aseguraba la escritora Brigitte Vasallo respondiendo a la cuestión con un vídeo en Instagram, “la migración es un proceso global de injusticia social donde quien peor lo pasa son los territorios que expulsan gente y la población migrante, no la población que los recibe”, aclaraba.

“Creo que la mejor forma de que las personas migrantes se entusiasmen con la idea de aprender el catalán es desde el reconocimiento mutuo, no desde la exigencia” asegura María Ignacia Ibarra

Las reacciones agresivas que han dado más visibilidad aún a la obra de la compañía Teatro Sin Papeles ponen de manifiesto la existencia de este racismo estructural —expresado en catalán, en euskera, en castellano o en inglés— y de un sistema de acogida y un marco legal —la Ley de Extranjería y la Ley de Asilo— que no ponen en el centro los derechos y la vida de las personas migrantes sino el mercado laboral español. El diálogo está siendo muy difícil, si no imposible.

“El arte es un medio de expresión y un catalizador importantísimo para hablar de las vivencias propias, sin limitaciones siempre y cuando mantenga el respeto hacia los demás, y en este caso es imprescindible respetar las vivencias de unas mujeres que están expresando situaciones con las que yo, por ejemplo, me sentí reflejado y que ahora están recibiendo odio por ello”, asegura el psicólogo Jorge Romón. Además, muestra su convencimiento de que el arte es una manera de gestionar todo el impacto psicológico que genera el proceso migratorio y también la frustración de la barrera lingüística que las personas que nunca han migrado quizás no puedan imaginar.

“Creo que la mejor forma de que las personas migrantes se entusiasmen con la idea de aprender el catalán es desde la empatía y el reconocimiento mutuo, no desde la exigencia ni el castigo” asegura María Ignacia Ibarra. “Quizá en lugar de exigir el catalán como requisito para acceder a derechos o empleos, podríamos multiplicar los espacios gratuitos y accesibles para aprenderlo: en bibliotecas, centros de barrio, casales o incluir horas de formación lingüística dentro de la jornada laboral. Hoy más que nunca necesitamos cuestionar las estructuras y relaciones de poder históricamente impuestas para vincular y construir una lucha común entre el movimiento catalanista y el antirracista”, concluye Ibarra.

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El dia 26 de juny a les 8.00h és la data fixada pel Jutjat de Primera Instància número 4 de Badalona per procedir al llençament forçós de l’immoble situat a Antoni Bori, 35. Es tracta d’una de les diferentes naus que estaven buides sense ús industrial i han estat ocupades per diferents col·lectius, especialment subsaharians que es dediquen a la recollida de ferralla per sobreviure. També hi ha persones que mantenen una feina en condicions normals i que han estat expulsades del mercat d’habitatge sense altra alternativa que trobar cobert a la nau pel desequilibri entre els ingressos salarials i el cost del preu de l’habitatge.  En aquests moments, es tractaria d’un col·lectiu d’unes quaranta persones que hi viuen, o malviuen, i ha de quedar lliure de tots els elements com matalassos o mobiliari i de tots els estris que hi hagi acumulats a l’interior abans del dia 26. El que quedi a dins, s’interpretarà com a abandonat.

Aquesta data fixa el segon pas, i més definitiu, situat en els darrers sis mesos del 2025, per tornar la nau a la seva possessió, el Banc Santander. L’anunci, que ja coneixen les persones d’aquest assentament, està forçant, progressivament, a un èxode cap a l’edifici del B-9. La seu de l’antic institut de Sant Roc concentra ara les persones que han anat marxat d’altres espais recuperats per a la seva propietat o que van ser subjecte d’un perillós incendi el desembre del 2021.

Com dèiem, la primera acció que va provocar el flux va consistir en el tall de la connexió elèctrica a finals de febrer. Des de llavors, moltes de les persones inicialment instal·lades a Antoni Bori s’hi desplaçaven al B-9 a pernoctar buscant escalfor. Va ser a finals de febrer quan tècnics d’Elecnor, empresa proveïdora de serveis d’Endesa, va anul·lar el subministrament elèctric en aquella illa d’Antoni Bori per, posteriorment, verificar d’entre tots els immobles del sector quin client disposava d’un contracte en vigor d’acord a normativa i quins espais estaven “enganxats”. Com va ser el cas de la nau d’Antoni Bori, 35 que tenia “la llum punxada”. L’anunci del desallotjament del B-9 ha estat anunciada en diferents ocasions per part del govern del PP, però encara no hi ha una data en ferm, amb el dispositiu que aquesta operació requerirà.

No és la primera vegada que s’anuncia aquesta acció, que sempre ha estat avortada a darrera hora per diferents motius. Sembla que aquesta seria la definitiva. També es troba en un moment en què hi ha menys persones pernoctant-ne.

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Crisi de l’habitatge, crisi climàtica i racisme | Publicació del 13 de gener del 2024

El desembre passat es van complir tres anys des de l’incendi el 2021 de la nau de Badalona on malvivien més de 150 persones, principalment senegaleses, que va provocar la mort de 3 persones identificades en primera instància, més tard la d’una quarta persona i una cinquena persona desapareguda que no s’ha arribat a identificar avui dia. Aquest episodi és un dels molts que s’han repetit en infrahabitatges i assentaments en tot Catalunya, on persones forçades a viure en la marginalitat i la pobresa subsisteixen en condicions indignes.

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La jutgessa considera que Brian Ríos hauria d’haver restat en observació després de ser sedat al CUAP de Rubí, però els Mossos d’Esquadra se’l van endur al calabós pràcticament inconscient. La plataforma Justicia para Brian Ríos celebra la decisió però exigeix que també s’investigui els policies locals.

La jutgessa que instrueix el cas de la mort de Brian Ríos ha trobat indicis d’incongruència en el relat d’un dels metges del CUAP de Rubí que va atendre el jove colombià la mitjanit del 21 d’agost de 2022. La magistrada considera que el que explica el facultatiu J.V.C.F es contradiu amb les proves que s’han aportat durant la instrucció judicial, tant des de Mossos d’Esquadra, com des de la Policia Local de la localitat vallesana, com dels infermers que van assistir al doctor mentre Ríos va estar al centre mèdic.

Segons la declaració de J.V.C.F, els policies locals van portar el jove al CUAP fora de si, “com un mïura”, a les 00.24 hores. Allà, el metge acusat d’imprudència professional, juntament amb un altre doctor, van subministrar-li una primera dosi d’un fàrmac sedant anomenat Midazolam de 0,05 miligrams. Com que no va fer efecte, va indicar J.V.C.F en la seva declaració, al cap de poc se li va administrar una segona dosi de 0,05 mg. Veient que aquestes dues dosis tampoc feien l’efecte volgut, el doctor li va administrar 0,25 mg de Sinogan, un altre medicament sedant.

Les metgesses forenses consideren que després d’administrar-li els dos fàrmacs sedants, els metges haurien d’haver deixat a Ríos en observació.

Tal com va indicar una metgessa forense en seu judicial, quan a un pacient se li administren dosis com les que Ríos va rebre d’ambdós fàrmacs “és altament recomanable una observació posterior o derivació a centre assistencial de referència”. Així mateix, una altra experta forense va assenyalar que era “poc recomanable” combinar els dos medicaments i va afegir que els efectes d’aquesta mena de fàrmacs poden començar-se a veure noranta minuts després de ser administrats.

Tanmateix, J.V.C.F en el seu relat dels fets va assenyalar que va deixar que el jove marxés del CUAP perquè el va veure plenament conscient. Aquesta afirmació, però, es contradiu amb el que van captar les càmeres de seguretat del CUAP i de la comissaria dels Mossos. “Consten enregistraments de les càmeres de seguretat, en primer lloc, del CUAP, on es veu sortir el senyor Ríos en cadira de rodes aparentment adormit”, indica la jutgessa en la seva interlocutòria. “També s’han aportat per part dels Mossos d’Esquadra enregistraments de l’entrada a la guàrdia policial, on clarament pot apreciar-se com quatre agents treuen a pes del cotxe patrulla al senyor Ríos agafant-lo de braços i cames”, afegeix. Així mateix, un dels dos infermers que va assistir la sedació assegura que el jove colombià “es va adormir a la poca estona d’administrar-se-li el medicament”.

Tot i que el metge que el va atendre afirma que Ríos va marxar del CUAP conscient, les càmeres el mostren aparentment adormit

Finalment, la jutgessa també s’ha mostrat sorpresa per la declaració de J.V.C.F pel que fa a la seva participació i responsabilitat professional en la intervenció. Si bé el doctor acusat d’homicidi per imprudència greu va firmar el comunicat mèdic, en la seva declaració va indicar que, en realitat, va ser un segon facultatiu qui va portar la veu cantant de la intervenció, el doctor A.H., “en ser un doctor de més experiència”. Amb tot, la jutgessa considera que “crida poderosament l’atenció, el fet que el comunicat d’intervenció mèdica el firmi exclusivament el doctor J.V.C.F”, i lamenta que el facultatiu no recordi “quant de temps va transcórrer entre una dosi i una altra, al·ludint al fet que se li va donar l’alta en el moment en què se’l va veure més tranquil”. Sigui com sigui, el segon metge que va intervenir en la intervenció de Ríos va morir uns mesos més tard i mai va poder testificar en el judici.

És per tot això que, segons queda reflectit en l’escrit de la jutgessa, hi ha indicis que J.V.C.F hauria comès un delicte d’homicidi per imprudència greu, en modalitat d’imprudència professional que té una pena d’entre un a quatre anys de presó i pot comportar la d’inhabilitació per un període de tres a sis anys.

Responsabilitat policial

A mitjan maig, la jutgessa feia declarar els agents de Mossos d’Esquadra que van custodiar Brian Ríos des que va sortir del CUAP de Rubí fins que va arribar a la comissaria del cos i va morir. En aquest sentit, la magistrada considera que els policies no van tenir responsabilitat en la mort del jove perquè sempre van actuar segons protocol.

Així mateix, la jutgessa ha tornat a denegar la compareixença en qualitat d’investigats dels agents de la Policia Local de Rubí que van detenir Ríos en considerar que no tenen responsabilitat.

La jutgessa ha tornat a denegar la compareixença en qualitat d’investigats dels agents de la Policia Local de Rubí que van detenir Ríos en considerar que no tenen responsabilitat en la seva mort

“Tal com es desprèn del total de les proves analitzades, la causa motivadora de la defunció del senyor Ríos es va produir presumiblement arran de la seva intervenció mèdica en el CUAP i no amb caràcter previ, és a dir, en la intervenció policial”, diu l’escrit de la jutgessa. En aquest sentit, la magistrada considera que les mesures de contenció que els agents de policia local van fer servir per reduir Ríos eren “necessàries per evitar tant que es fes mal a si mateix, com als mateixos agents”.

En aquest sentit, des de la plataforma Justicia para Brian Ríos continuen exigint saber “què va passar durant la detenció del Brian” i consideren que aquesta es va fer pel seu “perfil ètnic”. A més, exigeixen saber què va passar durant el trasllat amb cotxe de patrulla, i per això consideren necessari que declarin els policies locals. “Denunciem de nou el tracte deshumanitzat amb el qual es tracta a Brian durant aquests 30 minuts de contenció física en el CUAP i celebrem que el cas avanci i que hi hagi judici”, sentencien.

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Noticia del Público

El Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid ha declarado que la detención de un joven migrante de 26 años el pasado miércoles en el madrileño barrio de Lavapiés fue ilegal, ya que los agentes de la Policía Municipal “se extralimitaron en su actuar”, por lo que ha acordado su puesta en libertad.

Así se recoge en el auto, remitido a los medios por la Fundación Raíces, en el que el juez estima el habeas corpus interpuesto por una abogada de esta entidad para revisar la legalidad de la detención y acuerda también que se investiguen “los delitos que pudieran haberse cometido por los agentes partícipes en la detención”.

El auto se apoya en las grabaciones realizadas por los vecinos y el del entorno del detenido, aportadas por la defensa y que, según el escrito, “coinciden con las manifestaciones del detenido”.

Según han precisado a EFE fuentes de la entidad que han ejercido la defensa del joven, se trata de un chico de 26 años que llegó a Canarias en 2017 desde su país de origen, del África Occidental, como menor migrante no acompañado y en los últimos años ha trabajado como metre en un restaurante y como modelo.

De acuerdo a un comunicado remitido por la entidad, el joven se encontraba junto a otras personas grabando una identificación policial a otros ciudadanos y cuando los agentes se dieron cuenta que estaban grabando, intervinieron para que este parara.

Tras una conversación en la que “el joven se mostró en todo momento tranquilo y respetuoso”, estos le sujetaron las manos a la espalda y procedieron a llevarlo detenido y, aunque el arrestado “no opuso en ningún momento resistencia, fue violentamente reducido” contra el suelo, por lo que perdió el conocimiento y quedó tendido en plena calle y llevado, en estado inconsciente, al furgón de la Policía. El activista y exdiputado madrileño Serigne Mbaye publicaba en X el momento de la detención. 

El joven fue puesto en libertad a última hora de este jueves y se dirigió al hospital porque aún presentaba fuertes dolores, dificultad respiratoria y una limitación total de la movilidad de un brazo, que requería tratamiento médico.

La abogada del detenido, Carmen Ordóñez, ha lamentado, a través del comunicado, que en Fundación Raíces reciben “constantemente” relatos de menores y jóvenes que han sufrido actuaciones desproporcionadas por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“Desgraciadamente no es una práctica aislada y se dirige en mayor medida contra una parte muy concreta y vulnerable de la población, siempre bajo excusas preventivas de seguridad, pero que, en realidad, no están legitimadas”, ha señalado la letrada.

La presidenta de la entidad, Lourdes Reyzábal, ha denunciado que es “terrible” que este joven, “después de todo lo sufrido en su país de origen” y “esforzarse tanto para tener un futuro en España”, “casi pierde la vida por el racismo y la brutal violencia ejercida” por los agentes.

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Aquest diumenge, el Sindicat de Venedors Ambulants de Barcelona organitza la Primera Cursa Antiracista. Quin treball feu a SOS Racisme sobre la persecució policial a venedors ambulants?

El cas més sonat és el de Salou, on va morir una persona, Mor Sylla, arran de l’entrada policial de matinada al seu pis. Anys després a Montjuïc, un guàrdia urbà va provocar la mort d’una persona i va dir que havia estat fugint de la policia. Actualment portem el cas d’una persona que es dedica a la venda ambulant, que va estar acusada de fotre una pallissa a la policia, amb la prova de la gravació d’una càmera de seguretat, però tenim la gravació d’una altra càmera que demostra que era en un altre municipi en aquell moment.

El racisme policial, la violència i la brutalitat policial existeixen. SOS Racisme ha atès gent de Sabadell que ha patit tortures. Tenim una aplicació per denunciar les aturades policials per perfil racial, per donar eines per defensar-se d’aquesta situació. Jo mateix tinc antecedents per un delicte d’atemptat contra l’autoritat, després que em fotessin una pallissa.

Hi ha molt de racisme a Catalunya?

Catalunya és racista; vivim en una societat racista. Hem de fer moltíssima feina de formació antiracista amb perspectiva històrica i desvincular el racisme de la moral. Hem entès que vivim en una societat patriarcal, que puc ser molt bona persona, però reproduir comportaments masclistes, perquè és la forma en què aprenem a socialitzar-nos. Amb el racisme passa exactament el mateix.

Tot Europa té un passat colonial, i Catalunya no se n’escapa. Aquí hem tingut zoos humans a les exposicions universals, que servien per contraposar l’avenç de la societat occidental respecte a l’estat evolutiu inferior de les terres conquerides. Aquí tenim molt el discurs que era l’Estat espanyol, però… i la relació de Catalunya amb Guinea Equatorial i amb Cuba?

Quan en un camp de futbol es crida “mico” a una persona, això no és gratuït. Hi ha hagut una narrativa històrica del racisme: l’opressió i el saqueig de recursos naturals al Sud global generen unes relacions de poder que encara duren avui. Hi ha una interiorització de la jerarquització racial que ve del colonialisme.

Quan parlem de racisme, de què parlem? Quines formes té el racisme a Catalunya?

A l’informe anual de SOS Racisme, el de 2024, la tipologia de casos de racisme més denunciada eren les disputes entre particulars (baralles entre veïns o al carrer); la segona era la discriminació en l’accés a drets socials, i la tercera, la repressió per part de cossos de seguretat pública. Des de la pandèmia, aquestes tres són les tipologies més denunciades. En aquestes disputes entre particulars, s’hi observa molt de discurs d’odi racista.

“La policia t’identifica sense cap sospita; no és un problema de xenofòbia: és de racisme”

A vegades es parla del racisme com si fos una qüestió de comportaments individuals, però a SOS Racisme insistiu que és un problema estructural. Quines són les estructures que sostenen el racisme a Catalunya?

El racisme no té a veure amb les característiques personals de la població que el reprodueix: té a veure amb com s’ha configurat la societat, com hem estat socialitzats. Hi ha moltes estructures que el sostenen. Les institucions deriven d’un passat colonial que no es qüestionen. Tenim estàtues que per a una part de la població són herois i per a una altra part representen figures d’opressió. Això com es cura? Compartint una història. Existeixen estructures neocolonials. Molts manters expliquen que eren pescadors i que han hagut de pujar a una pastera per l’acord de pesca de la Unió Europea amb el Senegal, que beneficia els vaixells bascos i gallecs.

Pel que fa al racisme policial, tot i que puguis ser català, sempre hi haurà un policia que, per un estereotip, pensarà que haurà d’identificar-te, sense cap sospita. Això no els passa a les persones blanques, encara que siguin migrants i estiguin en situació administrativa irregular. No tenim un problema de xenofòbia: tenim un problema de racisme.

En el camp de l’educació, la Reial Acadèmia Espanyola (RAE) continua mantenint una definició de població gitana com a trapaceros (‘timadors’). La comunitat gitana fa segles que és aquí, són d’aquí, i encara pateixen segregació i exclusió. Vam viure un genocidi, hauríem de saber tots què va ser la Gran Batuda de l’any 1749.

Esteu percebent un increment del racisme relacionat amb la pujada electoral de l’extrema dreta?

El racisme a Catalunya està augmentant, hi ha una legitimació dels discursos d’odi. Abans, certes idees feien vergonya, però la batalla cultural de l’extrema dreta —sobretot a les xarxes socials— està legitimant discursos retrògrads en racisme, feminisme i en relació amb el col·lectiu LGBTIQ+, i ho fa disputant els consensos que teníem sobre drets humans.

Potser no surten amb esvàstiques com quan jo era jove; els qui abans eren neonazis ara vesteixen d’una altra manera i parlen de llibertat per intentar colar el seu missatge. Però el racisme no es tracta només de l’extrema dreta.

“La gent d’esquerres s’ha de formar més: el racisme és un sistema d’opressió, no una discriminació interpersonal”

L’extrema dreta s’ha organitzat; fa temps que treballa. No és un ressorgir gratuït: està perfectament vinculada amb les oligarquies i tenen molts recursos. Això és internacional, no és de Catalunya o d’Espanya. A Catalunya, tots aquests discursos no són nous, però abans eren dirigits cap a la població migrant d’altres territoris d’Espanya o cap a la població gitana. Per la incapacitat dels polítics de fer polítiques que dignifiquin la vida de les classes populars, ens veiem en dinàmiques de l’últim contra el penúltim, en benefici de les elits capitalistes. Som en un moment en què la vida no és fàcil per a les classes populars i, al final, som un boc expiatori.

Per què penses que està creixent tant l’extrema dreta? Què pot fer l’esquerra contra l’ascens dels discursos racistes?

L’extrema dreta sap allò que vol. La gent d’esquerres s’ha de formar més. El racisme és un sistema d’opressió, no una discriminació interpersonal. Les relacions de poder entre els estats també es donen a la societat. En relació amb la immigració, mai hi ha hagut una esquerra forta que defensi la llibertat de moviments. L’esquerra, depenent del moment i dels interessos electorals, és més dura o menys dura… pot generar la sensació que no sabem què volem o que som hipòcrites. Per a la gent que se sent amenaçada, és més fàcil culpar els qui considerem vulnerables.

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Entre les principals accions del Pla Endreça es troben:

• Augment d’inspeccions en l’espai públic.
• Control intensificat de la venda ambulant.
• Desplegament ampliat de patrulles policials.
• Enduriment de l’aplicació d’ordenances sobre ús de l’espai públic.
• Persecució i fustigació sistemàtica a manters i venedors ambulants.

El Pla Endreça suposa un atac directe contra venedors ambulants, persones en situació de carrer, migrants en situació administrativa irregular i persones racialitzades. Aquests col·lectius, ja per si mateix sotmesos a una precarització extrema, són els principals afectats per les polítiques de criminalització de la pobresa i l’exclusió social.

Aquest augment de la pressió en la persecució dels col·lectius ja marginalitzats i criminalitzats, per descomptat, té una relació també amb l’augment de la sobre vigilància sobre les comunitats no blanques, especialment migrants que es dediquen a la venda ambulant o en situació de carrer. D’aquesta manera, ens trobem en un context en el qual, lluny que les institucions estiguin tractant d’aplicar bones pràctiques, els cossos policials encara poden intensificar les pràctiques de perfilació racial sota l’empara del Pla Endreça.

Perfils racials i sobre vigilància a Catalunya

L’informe “Pareu de parar-me” és una recerca duta a terme per SOS Racisme, que aborda la pràctica de les identificacions policials basades en el perfil racial a Catalunya. Aquestes identificacions, que es realitzen sense una justificació objectiva i es basen en marcadors com el color de pell, l’aparença ètnica o l’origen nacional, constitueixen una forma de discriminació racial i vulneren drets fonamentals.

Segons dades recopilades en l’informe, per cada persona espanyola identificada a Catalunya, s’identifiquen 7,4 persones estrangeres. A més, el 80% de les persones racialitzades enquestades han estat detingudes més d’una vegada, sent les que presenten un fenotip magrebí o àrab les més afectades. La correlació entre les identificacions per perfil racial i la sobrerepresentació de la vigilància sobre la població no blanca a Catalunya evidencia un patró de racisme institucional. Aquestes pràctiques no sols perpetuen estereotips negatius, sinó que també generen desconfiança cap a les institucions i vulneren els drets de les persones no blanques.

Llistat de casos de persecució, repressió i morts de manters a Espanya:

1. Mort de Mor Sylla (Salou, 2015): L’11 d’agost de 2015, Mor Sylla, un venedor ambulant senegalès, va morir després de caure des d’un balcó durant una batuda policial a Salou, Tarragona. Les circumstàncies de la seva mort van generar protestes i denúncies d’abús policial.
2. Mort de Mame Mbaye (Madrid, 2018): El 15 de març de 2018, Mami Mbaye, un manter senegalès, va morir d’un infart en el barri de Lavapiés després d’una persecució policial. La seva mort va provocar manifestacions i debats sobre la criminalització de la venda ambulant i el racisme institucional.
3. Mort de Ilyas Tahiri (Almeria, 2019): Encara que no era manter, la mort de Ilyas Tahiri, un jove d’origen marroquí, en un centre de menors d’Almeria després de ser immobilitzat per diversos agents, va posar en relleu l’ús excessiu de la força i la vulnerabilitat de les persones migrants davant la repressió institucional.
4. Mort de Mamour bakhoum, manter, a Sevilla (2021): L’abril de 2021, un venedor ambulant senegalès va morir a Sevilla després de sofrir un infart mentre fugia d’una batuda policial. Aquest incident va revivar les crítiques sobre la pressió policial i la falta d’alternatives laborals per als migrants.

Casos d’accions repressives contra manters a Barcelona:

1. Batuda violenta en Plaza Catalunya (juliol de 2020): Desenes d’agents de la Guàrdia Urbana van efectuar una operació repressiva contra manters, utilitzant porres i perseguint-los pels carrers. Es van registrar testimoniatges de violència policial i decomisos arbitraris de mercaderia.
2. Agressió a un manter a la Barceloneta (2018): Un grup de policies va agredir brutalment a un venedor ambulant en ple carrer, mentre aquest suplicava que deixessin de colpejar-lo. L’agressió va ser gravada i difosa en xarxes socials, generant indignació i protestes.
3. Operació de la Guàrdia Urbana en el passeig de Gràcia (2022): Un grup de manters va ser perseguit violentament per agents de la Guàrdia Urbana que van utilitzar mètodes agressius per a requisar mercaderies. Va haver-hi detencions i denúncies d’abús policial.
4. Desallotjament forçat en l’estació de Sants (2019): Diversos manters van ser expulsats amb violència de l’estació de tren de Sants, on solien vendre els seus productes. Es van registrar incidents d’agressió i tracte degradant per part de les autoritats.
5. Dispositiu policial en el Port Vell (2023): Amb l’excusa del Pla Endreça, es va desplegar un operatiu massiu contra venedors ambulants en la zona del Port Vell. La repressió va incloure persecucions, decomisos arbitraris i un increment de la presència policial en la zona per a evitar la reorganització dels manters.

La criminalització de la venda ambulant és un símptoma d’un problema més gran: racisme estructural, falta de drets laborals i polítiques que castiguen la pobresa en comptes d’erradicar-la.

És urgent que les institucions reconeguin aquesta realitat i adoptin mesures per a garantir els drets humans de totes les persones, sense discriminació.

N’hi ha prou de criminalitzar la pobresa i la migració. N’hi ha prou de racisme institucional. 

Castellano ___________________________________________________________________________________________________________

Persecución y perfilación policial en España

En el año 2023, el actual ejecutivo de la ciudad de Barcelona activó el dispositivo “Pla Endreça”), bajo el pretexto de “poner orden en el espacio público, mejorar la seguridad y dotar a la policía de recursos mejorados”. En la práctica, esto se ha traducido en un incremento de la presencia policial en las calles y en una intensificación de las políticas de represión y criminalización de las personas más vulnerabilizadas de la ciudad.

Entre las principales acciones del Pla Endreça se encuentran:

• Aumento de inspecciones en el espacio público.
• Control intensificado de la venta ambulante.
• Despliegue ampliado de patrullas policiales.
• Endurecimiento de la aplicación de ordenanzas sobre uso del espacio público.
• Persecución y hostigamiento sistemático a manteros y vendedores ambulantes.

El Pla Endreça supone un ataque directo contra vendedores ambulantes, personas en situación de calle, migrantes en situación administrativa irregular y personas racializadas. Estos colectivos, ya de por sí sometidos a una precarización extrema, son los principales afectados por las políticas de criminalización de la pobreza y la exclusión social.

Este aumento de la presión en la persecución de los colectivos ya marginalizados y criminalizados, por supuesto, tiene una relación también con el aumento de la sobre vigilancia sobre las comunidades no blancas, especialmente migrantes que se dedican a la venta ambulante o en situación de calle. De esta manera, nos encontramos en un contexto en el que, lejos de que las instituciones estén tratando de aplicar buenas prácticas, los cuerpos policiales aún pueden intensificar las prácticas de perfilación racial bajo el amparo del Pla Endreça.

Perfiles raciales y sobre vigilancia en Cataluña

El informe “Pareu de parar-me” es una investigación llevada a cabo por  SOS Racisme, que aborda la práctica de las identificaciones policiales basadas en el perfil racial en Cataluña. Estas identificaciones, que se realizan sin una justificación objetiva y se basan en marcadores  como el color de piel, la apariencia étnica o el origen nacional, constituyen una forma de discriminación racial y vulneran derechos fundamentales.

Según datos recopilados en el informe, por cada persona española identificada en Cataluña, se identifican 7,4 personas extranjeras. Además, el 80% de las personas racializadas encuestadas han sido detenidas más de una vez, siendo las que presentan un fenotipo magrebí o árabe las más afectadas. La correlación entre las identificaciones por perfil racial y la sobrerrepresentación de la vigilancia sobre la población no blanca en Cataluña evidencia un patrón de racismo institucional. Estas prácticas no solo perpetúan estereotipos negativos, sino que también generan desconfianza hacia las instituciones y vulneran los derechos de las personas no blancas.

Listado de casos de persecución, represión y muertes de manteros en España:

1. Muerte de Mor Sylla (Salou, 2015): El 11 de agosto de 2015, Mor Sylla, un vendedor ambulante senegalés, falleció tras caer desde un balcón durante una redada policial en Salou, Tarragona. Las circunstancias de su muerte generaron protestas y denuncias de abuso policial.
2. Muerte de Mame Mbaye (Madrid, 2018): El 15 de marzo de 2018, Mame Mbaye, un mantero senegalés, murió de un infarto en el barrio de Lavapiés tras una persecución policial. Su muerte provocó manifestaciones y debates sobre la criminalización de la venta ambulante y el racismo institucional.
3. Muerte de Ilyas Tahiri (Almería, 2019): Aunque no era mantero, la muerte de Ilyas Tahiri, un joven de origen marroquí, en un centro de menores de Almería tras ser inmovilizado por varios agentes, puso de relieve el uso excesivo de la fuerza y la vulnerabilidad de las personas migrantes ante la represión institucional.
4. Muerte de Mamour bakhoum, mantero, en Sevilla (2021): En abril de 2021, un vendedor ambulante senegalés falleció en Sevilla tras sufrir un infarto mientras huía de una redada policial. Este incidente reavivó las críticas sobre la presión policial y la falta de alternativas laborales para los migrantes.

Casos de acciones represivas contra manteros en Barcelona:

1. Redada violenta en Plaza Catalunya (julio de 2020): Decenas de agentes de la Guardia Urbana realizaron una operación represiva contra manteros, utilizando porras y persiguiéndolos por las calles. Se registraron testimonios de violencia policial y decomisos arbitrarios de mercadería.
2. Agresión a un mantero en la Barceloneta (2018): Un grupo de policías agredió brutalmente a un vendedor ambulante en plena calle, mientras este suplicaba que dejaran de golpearlo. La agresión fue grabada y difundida en redes sociales, generando indignación y protestas.
3. Operación de la Guardia Urbana en el paseo de Gràcia (2022): Un grupo de manteros fue perseguido violentamente por agentes de la Guardia Urbana que utilizaron métodos agresivos para requisar mercancías. Hubo detenciones y denuncias de abuso policial.
4. Desalojo forzado en la estación de Sants (2019): Varios manteros fueron expulsados con violencia de la estación de tren de Sants, donde solían vender sus productos. Se registraron incidentes de agresión y trato degradante por parte de las autoridades.
5. Dispositivo policial en el Port Vell (2023): Con la excusa del Pla Endreça, se desplegó un operativo masivo contra vendedores ambulantes en la zona del Port Vell. La represión incluyó persecuciones, decomisos arbitrarios y un incremento de la presencia policial en la zona para evitar la reorganización de los manteros.

La criminalización de la venta ambulante es un síntoma de un problema más grande: racismo estructural, falta de derechos laborales y políticas que castigan la pobreza en vez de erradicarla.

Es urgente que las instituciones reconozcan esta realidad y adopten medidas para garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación.

Basta de criminalizar la pobreza y la migración. Basta de racismo institucional.

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El racismo policial en España deja un expediente lleno de violencia, sesgos y cargas contra las minorías étnicas

Las personas migrantes tienen tres veces más posibilidades de ser paradas en la vía pública que el resto de la población, según un estudio de la Universitat de València

La organización Mapping Police Violence calcula que 1.176 personas, más de la mitad de ascendencia negra, fueron asesinadas por la Policía estadounidense a lo largo de 2022. El dato es escalofriante y supone una media de tres muertos al día. En Londres, un informe independiente de 363 folios tachaba hace un año de “racista, misógina y homófoba” a la Policía Metropolitana. La población británica ha perdido la confianza en los agentes a raíz de los escándalos y las múltiples “cargas desproporcionadas“, según el mismo estudio. La violencia policial contra las personas racializadas también campa por España, pero la falta de transparencia y la poca conciencia social frustran la visibilización del problema. 

2. Racismo en el deporte – Noticia extraída de Público.es

El mundo al revés: sancionado el jugador que se encaró con quienes le llamaron “negro de mierda”

Cheikh Sarr, portero del Rayo Majadahonda, equipo madrileño de la Primera División RFEF (tercera categoría del fútbol español) saltó a los titulares de prensa el pasado sábado tras encararse con un grupo de aficionados que le profirieron graves insultos racistas durante el partido que enfrentaba a su equipo contra el Sestao. “¡Puto negro de mierda!” y “¡Eres un puto mono”, le gritaron desde la grada. “No podía aguantar. Era horrible. Un día que nunca viví en el fútbol”, explicó tres días después este jugador originario de Senegal. Sarr terminó expulsado pese a sus airadas protestas al árbitro y su equipo, en solidaridad con él, abandonó el partido antes de que terminara.

3. Delitos de odio – Noticia extraída de Diari ARA – Gerard Pruna

Los delitos de odio por racismo se disparan en Cataluña

El año pasado los Mossos d’Esquadra detuvieron a un hombre en Barcelona por las amenazas que hacía desde su domicilio con una escopeta a personas que iban al oratorio por el Ramadán. Éste es sólo uno de los 270 casos de delitos de odio por motivos étnicos denunciados ante los Mossos d’Esquadra durante 2023, un curso en el que los casos de discriminación por cuestiones raciales o de nacionalidad han crecido un 18,9% respecto a 2022 Entonces la cifra ya había subido hasta los 227 casos, muy por encima de las 141 denuncias de 2021, el récord hasta entonces. En dos años, por tanto, las denuncias por este tipo de casos prácticamente se han doblado.

4. Delitos de odio – Noticia extraída de Catalunya Diari – Antonio Ramos

Denuncien insults xenòfobs i racistes a una menor de 13 anys al metro de Barcelona

Els Mossos d’Esquadra estan investigant el cas d’una menor que va rebre insults xenòfobs i racistes al metro de Barcelona, segons ha informat la policia catalana a través de les xarxes socials. Els fets haurien tingut lloc el passat dimarts, al voltant de dos quarts de cinc de la tarda, a la parada de Bac de Roda, segons va denunciar el germà de la víctima en una piulada a Twitter.

Segons el relat de l’Ahmed, la seva germana, de 13 anys i que tornava a casa després de l’institut, «va patir un episodi d’islamofòbia i racisme al metro de BCN (insults i assetjament)». En la mateixa publicació, assegura que li consta que algunes persones la van defensar i demana material gràfic i testimonis dels fets.

En aquest sentit, els Mossos d’Esquadra han confirmat que la menor ha presentat la corresponent denúncia sobre l’episodi aquest mateix divendres al matí.

«Mora de merda. Ves-te’n al teu país»

5. Racismo institucional – Noticia extraída de Amnistía Internacional – Alberto Senante (@asenante)

¿Qué paso en la masacre de Melilla?

El 24 de junio de 2022 alrededor 2.000 personas, en su mayoría de origen sudanés, trataron de cruzar la frontera entre España y Marruecos por el puesto fronterizo de Barrio Chino. Tras la intervención de las fuerzas policiales a ambos lados de la frontera, al menos 37 personas fallecieron y el número de desaparecidas sería al menos 76.

La policía española devolvió al menos a 470 personas de forma sumaria y sin garantías a Marruecos, como acredita la investigación del Defensor del Pueblo. Durante horas, cientos de personas heridas permanecieron en el puesto fronterizo, sin recibir ningún tipo de asistencia sanitaria, y a pesar de que al menos una ambulancia de Cruz Roja estaba en la zona, no se requirió que interviniese. En el lado marroquí, las ambulancias no llegaron hasta dos horas después de todo lo sucedido. Algunas de las personas heridas permanecieron allí hasta 10 horas sin recibir ningún tipo de atención médica o sanitaria.

Posteriormente, alrededor de 500 personas fueron trasladadas en autobuses a zonas remotas de Marruecos, donde las despojaron de sus posesiones y las abandonaron al borde de la carretera sin atención médica. Algunas de ellas habrían sido trasladadas por la fuerza a más de 1.000 kilómetros de la frontera.

6. Racismo en la escuela – Noticia extraída del Salto Diario – Sara Plaza Casares

Racismo en la escuela: asignatura pendiente

Mamá, me he dado cuenta de que la gente va a utilizar mi color de piel para hacerme daño, pero no les voy a dejar”. Camila, de mirada intensa y templada, lleva soportando expresiones malsonantes que hacen alusión a su cantidad de melanina, como “negra de mierda”, desde que cumplió tres años. Sentada en una mesa, escucha aparentemente ausente cómo su madre describe estos nueve años de acoso vividos en el CEIP Cardenal Herrera Oria de Madrid. Y, aunque pareciera entretenida en otras cosas, está atenta y sonríe cuando su madre parafrasea las sabias conclusiones a las que ha llegado con tan solo 12 años: “Camila es una niña muy fuerte y nos ha dado muchas lecciones. A pesar de lo vivido, ya está bien y ahora ya puede escuchar esta historia”, explica Petra Ferreyra, mamá de esta pequeña.

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