Las entidades y colectivos bajo firmantes mostramos nuestro rechazo a la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de salir adelante la compra de 22 Dispositivos Conductores de Energía (DCE), también conocidos como pistolas Taser, una arma potencialmente letal que, al menos, ya ha causado una muerte en Cataluña.

Los DCE son armas que provocan un efecto paralizante sobre el cuerpo mediante una descarga eléctrica contra una persona, con el fin de inmovilizarla momentáneamente. Desde el año 2000, se está generalizando su uso en los cuerpos policiales de muchos países y diferentes estudios han documentado sus efectos e impactos sobre la salud de las personas, incluyendo casos de muerte.

En consecuencia, estas armas presentan un peligro específico que es necesario tener en cuenta en la decisión de incorporarlas. Además del efecto letal inmediato como consecuencia de la corriente eléctrica emitida, hay que considerar los diversos efectos indirectos de la descarga en el cuerpo humano y su posible contribución al aumento del peligro de muerte o lesiones graves. Antes de tomar cualquier decisión, por lo tanto, Amnistía Internacional ha insistido en la importancia que las Administraciones evalúen el nivel de riesgo que es aceptable y en qué circunstancias lo es, de acuerdo con los fines perseguidos, atendiendo las recomendaciones internacionales existentes en la materia, así como las advertencias del fabricante del arma.

Sin embargo, la decisión de introducir esta arma en el cuerpo de la Guardia Urbana ha contado únicamente con un criterio policial, sin que se hayan hecho públicos indicadores e información técnica especializada que justifique su necesidad, y sin que se haya llevado a cabo un estudio independiente que evalúe sus impactos en el derecho a la salud y el ejercicio de derechos fundamentales.

Esta decisión evidencia, una vez más, la discrecionalidad de los Ayuntamientos en la hora de introducir nuevo armamento en sus respectivos cuerpos policiales, sin que sea sometida a un ejercicio transparente y democrático, así como en un debate público con información técnica independiente. A pesar de que el Ayuntamiento abrió una consulta pública, con carácter previo a la elaboración del proyecto normativo que tendrá que regular el uso de los DCE, hay que destacar que esta se hizo sin que la Administración la difundiera por sus canales y sin hacerla llegar a las entidades y organizaciones especializadas en la materia, impidiendo un proceso de participación efectiva. Así mismo, se han convocado reuniones con entidades de la sociedad civil en las que se ha excluido a varias organizaciones con conocimiento técnico en la materia, que en 2016 ya participaron en los debates sobre esta arma en el Parlamento de Cataluña, y que han señalado los riesgos que en compuerta su uso.

Es importante recordar que en 2009 el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas instó el Estado español a “considerar la posibilidad de abandonar el uso de armas eléctricas *Taser por parte de las policías locales, puesto que sus efectos en el estado físico y mental de las personas contra las que se utilizarían podrían conculcar los artículos 2 y 16 de la Convención” contra la Tortura. El Comité también ha considerado que estas armas no tienen que formar parte del equipo del personal de seguridad en las prisiones y a otros lugares de privación de libertad, incluidos los centros de salud mental.

Así mismo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Observación General Número 36 (2018) en relación al derecho en la vida, establece que los Estados tienen que “velar porque las armas menos letales sean sometidas en estrictas pruebas independientes y evaluar y vigilar los efectos en el derecho en la vida de armas tales como los dispositivos que generan contracciones musculares mediante descargas eléctricas (taser)”.

La poca información que ha transcendido sobre la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de hacer efectiva la compra de DCE se relaciona con la voluntad de emplear una nueva arma, a caballo entre la de fuego y la defensa personal, que permita hacer frente a episodios de agitación, alteración profunda de la persona o uso de armas blancas. En este sentido, atendiendo las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas y a las del propio fabricante de la empresa Axon, estas casuísticas son, precisamente, en las cuales se desaconseja su uso.

Entidades de salud mental catalanas han advertido en reiteradas ocasiones que el uso de pistolas Taser supone un riesgo altísimo para las personas psiquiatrizadas, dada el alta prevalencia de medicaciones, problemas cardíacos y momentos malinterpretados como de agitación por agentes sin la formación específica. Ante esta situación, recalcan que el uso de Taser estigmatiza y vulnera los derechos humanos de las personas con sufrimiento psíquico e insisten en alternativas que dignifiquen y acompañen a estas personas desde un abordaje sanitario, más humano, preventivo y flexible. Del mismo modo, organizaciones antirracistas advierten sobre su potencial uso en personas racializadas no blancas, en un contexto en que diferentes investigaciones han constatado que este colectivo sufre un mayor número de identificaciones y registros en relación con el resto de la población.

Por todo lo expuesto, las entidades adheridas en este comunicado pedimos en el Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona:

1- La suspensión inmediata de la compra de pistolas Taser.

2. La apertura de un proceso público y transparente, que justifique la demanda de introducir un nuevo armamento potencialmente letal y que aporte indicadores e información técnica especializada sobre su necesidad.

3. La realización de un análisis técnico independiente sobre la idoneidad de introducir este armamento en el cuerpo de la Guardia Urbana, atendiendo los criterios de uso esgrimidos por la Guardia Urbana, las recomendaciones internacionales de derechos humanos, las recomendaciones del fabricante y el respeto por el derecho a la salud y la garantía de derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía.

4. Convocar un espacio/grupo de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil con conocimientos técnicos en la materia para poder abordar las principales preocupaciones expuestas y garantizar el principio de participación efectiva.

ADHESIONES

1. Alerta Solidaria.

2. Asociación Catalana de Profesionales de Salud Mental (ACPSM) – Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN).

3. Centro Sir[a] de Atención a Víctimas de Maltrato y Tortura.

4. Centro Delàs de Estudios por la Pau.

5. Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Cataluña.

6. Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña.

7. Comisión de Defensa del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.

8. Federación Catalana de Entidades de Salud Mental en Primera Persona – Federación VOCES.

9. Federación Salud Mental Cataluña.

10. Instituto de Derechos Humanos de Cataluña – *IDHC.

11. Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos Humanos.

12. La Cabecera Barcelona.

13. Lafede.cat – Organizaciones por la Justicia Global.

14. Metzineres.

15. Novact – Instituto Internacional por la Acción Noviolenta.

16. Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos – *OSPDH.

17. SOS Racismo Cataluña.

18. Top manta Barcelona.

Barcelona, 14 de octubre de 2024

La entrada Comunicado por la suspensión de la compra de pistoles Taser en el cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona se publicó primero en SOS Racisme.

Si escribe para hacer una denuncia, por favor seguir los siguientes pasos:

• Explicar brevemente el motivo por el cual nos escribe, detallando fecha y lugar de los hechos.

• Adjuntar aquellos documentos que crea necesarios para que valoramos el caso y su urgencia.

• Indicarnos un número telefónico al cual comunicarnos.
• Correo: denuncia@sosracisme.org

* Durante el mes de agosto nuestro servicio se encuentra en modo guardia, por lo cual las respuestas pueden experimentar retraso.

Otras vías de contacto:

• Teléfono 93 301 05 97 [para mensajes de voz]

• WhatsApp 652 87 34 06 [escrito y audio]

* No podremos responder de manera inmediata, aunque estaremos atentas por cualquier urgencia.

Si el motivo NO es una denuncia, por favor comunicarse a través de las siguientes vías:

• Formación: formacio@sosracisme.org

• Comunicación, prensa, medios: comunicacio@sosracisme.org

• Administración: administracio@sosracisme.org

• Proyectos, requerimientos: planificacio@sosracisme.org, subvencions@sosracisme.org

• Cuestiones institucionales, comunicaciones oficiales: coordinacio@sosracisme.org

• Ninguna de las anteriores: sosracisme@sosracisme.org

Agradecemos la comprensión y por favor respetar los canales indicados. Si desea más información de la situación actual de la entidad, puede consultar nuestro comunicado.

Muchas gracias,

Equipo del Servicio de Atención y Denuncia

SOS Racisme Catalunya.

VERSIÓN EN CATALÁN AQUÍ

La entrada Aviso: Del 1 al 31 de agosto cerramos por vacaciones se publicó primero en SOS Racisme.

Barcelona, 18 de septiembre de 2023_ Los seis agentes del Área de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos d’Esquadra han reconocido ser culpables de los delitos por los cuales se les acusaba hoy en un juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Barcelona.

Los magistrados han condenado a los seis agentes por el delito de atentado grave contra la integridad moral con agravante de racismo (Art. 175 y 22.4 CP) a un año de prisión, que quedará suspendida durante los próximos 3 años. En este plazo, además, tendrán que participar en un programa sobre no discriminación e igualdad de trato. También han sido condenados por delito leve de lesiones e inhabilitados de sus funciones durante 6 meses y no podrán acercarse a la víctima durante 4 años.

SOS Racisme, en calidad de entidad representante de la acusación, solicitaba que los policías fueran condenados por delito de tortura (artículo 174.1 y 176 CP) y delito de lesiones (147.2), ambos con agravante de racismo y abuso de superioridad (artículos 22.4 y 22.2 del código penal). Las penas que pedimos son de 6 años de prisión para cada agente, 3 meses de multa y 12 años de inhabilitación.

«Era una situación muy delicada en la cual llevamos un proceso muy largo con muchas trabas a nivel procesal y la víctima ha decidido acabar hoy el procedimiento y no continuar esperando un posible recurso de la sentencia», según ha declarado la abogada de acusación Lorena Antón delante de la Audiencia Provincial.

«No significa que estemos de acuerdo o satisfechas con la pena impuesta», aclaró Antón, quien también subrayó que los seis agresores, reconocidos por ellos mismos, continúan trabajando desde 2019. «A día de hoy siguen en activo. Debemos esperar a ver qué decisión tomará la Generalitat. Desde el principio, hemos demandado los cargos de tortura. Lo que hizo la Generalitat fue separarlos. Continuamos exigiendo desde 2019 hasta ahora, casi 5 años después», añadió la abogada representante de SOS Racisme Catalunya.

La representación de la familia leyó un comunicado que decía: «Ahora que los agresores han reconocido los hechos y hay una sentencia condenatoria, es hora de depurar responsabilidades. La Generalitat de Catalunya debe tomar decisiones contundentes sobre el tipo de funcionarios que integran los cuerpos de seguridad. Mientras no haya cambios, el estado es cómplice en hechos como los vividos. Y el racismo institucional seguirá violentando a las personas racializadas».

Los hechos, que sucedieron en el Bages en enero de 2019, se pudieron probar gracias a una grabación que hizo la víctima durante la agresión. Los acusados le propinaron golpes en la cabeza y patadas en los costados mientras le proferían insultos racistas. Los acusados, con una clara motivación racista, infligieron un castigo físico y psíquico con el ánimo de intimidarle, vejarle y dañar su integridad.

Es una sentencia que parte de una situación difícil. Lamentablemente, para que las víctimas de racismo obtengan algo de reparación, a menudo deben aceptar sentencias que no son completamente reparadoras. La falta de confianza en el sistema es otro elemento de la revictimización al que se ven sometidas las personas que denuncian racismo. Ahora depende de la Generalitat de Catalunya que estos agentes no vuelvan a ejercer y garantizar la no repetición mediante la implementación de mecanismos de control independientes.

Hay que recalcar que la víctima no solo fue torturada, sino que durante el procedimiento judicial ha sufrido una revictimización constante: jefes de policía que encubren a los torturadores, resoluciones judiciales tardías que aceptan ruedas de reconocimiento con la cara tapada, y una Generalitat que mantiene en el cargo y protege a los autores de estos hechos.

Es una sentencia que parte de una situación difícil. Lamentablemente, para que las víctimas de racismo obtengan algo de reparación, muchas veces deben aceptar sentencias que no son cien por cien reparadoras. La falta de confianza en el sistema es un elemento más de la revictimización a la que se ven sometidas las personas que denuncian racismo. Queda en manos de la Generalitat de Catalunya las medidas necesarias para que estos agentes no vuelvan a ejercer y garantizar la no repetición mediante mecanismos de control independientes.

CATALÀ:

COMUNICAT

Els sis agents de l’ARRO es declaren culpables de l’agressió racista a un jove negre al Bages el 2019.

Barcelona, 18 de setembre de 2023_ Els sis agents de l’Àrea de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d’Esquadra han reconegut ser culpables dels delictes pels quals se’ls acusava avui en un judici celebrat a l’Audiència Provincial de Barcelona. Els magistrats han condemnat els sis agents pel delicte d’atemptat greu contra la integritat moral amb l’agreujant de racisme (Art. 175 i 22.4 CP) a un any de presó, que quedarà suspesa durant els propers 3 anys. En aquest termini, a més, hauran de participar en un programa sobre no discriminació i igualtat de tracte. També han estat condemnats per delicte lleu de lesions i inhabilitats de les seves funcions durant 6 mesos i no podran acostar-se a la víctima durant 4 anys.

SOS Racisme, en qualitat d’entitat representant de l’acusació, demanava que els policies fossin condemnats per delicte de tortura (article 174.1 i 176 CP) i delicte de lesions (147.2), tots dos amb l’agreujant de racisme i abús de superioritat (articles 22.4 i 22.2 del codi penal). Les penes que demanem són de 6 anys de presó per a cada agent, 3 mesos de multa i 12 anys d’inhabilitació. «Era una situació molt delicada en la qual portem un procés molt llarg amb moltes traves a nivell processal i la víctima ha decidit acabar avui el procediment i no continuar esperant un possible recurs de la sentència», segons ha declarat l’advocada d’acusació Lorena Antón davant de l’Audiència Provincial. «No vol dir que estiguem d’acord o satisfetes amb la pena imposada», ha aclarit Antón, que també ha subratllat que els sis agressors, reconeguts per ells mateixos, continuen treballant des del 2019. «A dia d’avui continuen treballant. Hem de veure què farà la Generalitat. Hem exigit des de l’inici els càrrecs de tortura. La Generalitat el que va fer va ser separar-los. Continuem exigint des de 2019 fins ara, gairebé 5 anys més tard», ha afegit l’advocada representant de SOS Racisme Catalunya. La representació de la família va llegir un comunicat que deia: «Ara que els agressors han reconegut els fets i hi ha sentència condemnatòria, toca depurar responsabilitats. Que la Generalitat de Catalunya prengui decisions contundents sobre el tipus de funcionaris que integren els cossos de seguretat. Mentrestant no hi hagi canvis, l’estat és còmplice en fets com els viscuts. I el racisme institucional continuarà violentant les persones racialitzades». Els fets, que van succeir al Bages al gener de 2019, es van poder provar gràcies a una gravació que va fer la víctima durant l’agressió. Els acusats li van propinar cops al cap i puntades en els costats mentre li profanaven insults racistes. Els acusats, amb una clara motivació racista, van infligir un càstig físic i psíquic amb ànim d’intimidr-lo, vexar-lo i danyar la seva integritat. 

És una sentència que parteix d’una situació difícil. Lamentablement, perquè les víctimes de racisme obtinguin alguna reparació, sovint han de acceptar sentències que no són del tot reparadores. La manca de confiança en el sistema és un element més de la revictimització a la qual es veuen sotmeses les persones que denuncien racisme. Ara depèn de la Generalitat de Catalunya que aquests agents no tornin a exercir i garantir que no es repeteixin mitjançant mecanismes de control independientes. 

La entrada COMUNICADO:Los seis agentes de la ARRO se declaran culpables de la agresión racista a un joven negro en el Bages en 2019 se publicó primero en SOS Racisme.

La persona agredida se dirigía a casa en ese momento, sin haber interactuado previamente con los agresores. Cinco hombres se le acercaron de forma gratuita y comenzaron a insultarle con comentarios racistas y homófobos, seguidos de una grave agresión física. Los agresores derribaron a la víctima y le propinaron patadas por todo el cuerpo, causándole hematomas y excoriaciones, dejándole indefenso y sin posibilidad de defenderse. Uno de ellos incluso mostró una pistola eléctrica con la que había amenazado a los asistentes de la fiesta alternativa. De los cinco agresores, tres ya estaban siendo investigados judicialmente por agresiones anteriores, y uno de los agresores cuenta con numerosos antecedentes policiales, varios de ellos relacionados con la ideología fascista, y está vinculado a movimientos violentos y radicales de extrema derecha.

Frente a la extrema derecha, el antirracismo responde. Desataremos todos los nudos de la extrema derecha.

La sentencia condena a los agresores a un año y tres meses de prisión como autores de un delito de odio motivado por racismo y homofobia con agravante de abuso de superioridad.

Además tendrán que pagar una multa económica de 1.324 euros para cada uno de los agresores por sendos delitos de lesiones contra el agredido, al cual tendrán que indemnizar conjuntamente con 4.535 euros por daños físicos, materiales y morales.

Notícia de La Directa en la que se hace eco del caso.

La entrada COMUNICADO: Antirracismo contra la extrema derecha se publicó primero en SOS Racisme.

Comunicado conjunto de colectivas y organizaciones antirracistas ante las elecciones generales en el estado español.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2XfpQ73ohJYEPypioKxff9GtLcwayonXLiFVTcBLGewrmlA/viewform

Los movimientos antirracistas autoorganizados del Estado español nos reunimos con motivo del adelanto electoral para dar respuesta a la grave situación que vivimos actualmente. Por un lado, el preocupante crecimiento de la derecha en el ámbito institucional, y por otro, el discurso poco valiente de la izquierda para hacerle frente, que perpetúa de este modo la normalización de las necropolíticas coloniales, presentándose como un mal menor ante el avance precipitado de la ultraderecha, al que quedaremos expuestas las personas migrantes y/o racializadas en irregularidad administrativa o refugiadas.

Denunciamos que no existe un compromiso manifiesto de los partidos políticos, supuestamente aliados, con el antirracismo, y que en sus programas electorales no han asumido con responsabilidad, la defensa de los derechos de las personas migrantes y/o racializadas.

Las plataformas electorales llevan, con tibieza, algunas demandas genéricas que no tienen incidencia estructural en las políticas institucionales, y tampoco atienden a nuestras demandas y trabajos realizados a través de procesos participativos ciudadanos, como la ILP Regularización.

Encontramos en algunos programas electorales algunas referencias en materia de extranjería y atención a la migración que resultan retóricas y superficiales porque ignoran completamente la atención a la diversidad racial en este territorio o las relaciones internacionales que provocan violencia, muerte y desplazamientos masivos. Sin hacer alusión al saqueo y expolio de recursos en el sur global, a la  participación de España en el tráfico de armas o la gestión criminal de la frontera sur europea.

Siendo conscientes de esta situación queremos hacer un llamado popular a realizar un voto “responsable”, a todas las personas migrantes y aliadas, a los colectivos y comunidades, a frenar este avance de la derecha. Consideramos que el voto no es un bien individual, es una responsabilidad colectiva, asumiendo que somos muchas las personas que aún estamos al margen de todo proyecto político europeo establecido en un marco de acceso a Derechos.

Por esto, instamos a todas aquellas personas que cuentan con el privilegio de votar y no van a hacer ese uso, cedan su voto a quienes no tienen la posibilidad de hacerlo.

El Estado tiene que romper con la política de la diferencia y la clasificación de personas de primera y segunda categoría, garantizando el cumplimiento del artículo 14 de la Constitución Española, así como del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.

Desde nuestro recorrido militante en la lucha antirracista y en favor de los derechos de las personas migrantes, refugiadas y/o racializadas, hacemos públicas nuestras demandas y exigencias para las próximas elecciones:

1. Cierre de los CIE, fin de las deportaciones forzadas y derogación de la ley de extranjería.

Exhortamos a promover la derogación de las legislaciones, disposiciones y normativas referentes al control de fronteras directamente por el estado o indirectamente mediante acuerdos con países extracomunitarios, así como la legislación en materia de extranjería con el fin de garantizar igualdad de trato y no discriminación a las personas que transitan procesos migratorios y en virtud del derecho a la libre circulación recogido en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La ley de extranjería se creó el 1985 y se empezó a hablar de la figura del «extranjero en situación ilegal». Esto marcó el inicio de un sistema de control y expulsión. La burocracia marca el ritmo y el movimiento de las personas, y legitima la violencia institucional y policial. Acabemos con estos casi 40 años de infamia! Y, una vez conseguido esto, exigimos el inicio de un proceso de reparación a todas las personas que han sufrido las consecuencias de esta ley.

2. Hacer efectiva la demanda de la Iniciativa Legislativa Popular ¨Regularización ya¨ y simplificar el proceso de obtención de papeles y de su renovación. 

Reclamamos abolir la exigencia de tres años de residencia permanente en el estado para acceder a un permiso de residencia, exigencia que obliga a trabajar en la economía sumergida durante estos años. Las personas que han sido educadas en España tienen que obtener la nacionalidad de manera inmediata al cumplir la mayoría de edad o, cuando menos, los permisos de residencia y de trabajo. Las mujeres que llegan por reagrupación familiar también tienen que obtener el permiso de trabajo automáticamente. En general, es inadmisible que la renovación de los papeles dependa de un contrato laboral de jornada completa de un año de duración porque así el Estado promueve y empuja a la irregularidad sobrevenida.

3. Padrón  para todas y todos

El empadronamiento es un trámite fundamental para garantizar el ejercicio de derechos básicos reconocidos a toda la ciudadanía, incluida la población migrante y/o racializada, como son el acceso al sistema público de salud, a la escolarización infantil, a las prestaciones sociales básicas o para demostrar el arraigo social o acceder al reagrupamiento familiar. Sin embargo, son numerosos los casos de ayuntamientos que dificultan o deniegan el empadronamiento de las personas migrantes o en situación de vulnerabilidad.

Es imperativo acabar con esta práctica de racismo institucional que condena a la invisibilización y a la exclusión a personas que no ven reconocida su existencia y que se ven abocadas a la marginalidad y a ser víctimas de abusos y de atropellos. Instamos a las administraciones competentes a impulsar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la obligación de empadronar a todas las personas residentes en un municipio independientemente de su situación administrativa o residencial.

4. Sufragio Universal – Derecho a voto para todas las personas mayores de edad empadronadas en el Estado español.

Las personas migrantes e hijos/es de migrantes deben tener derecho a voto y derecho a ser elegidos/des en las elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas. El estado democrático debe garantizar que toda persona que viva en su territorio pueda escoger sus representantes políticos.

5. Acceso libre y sin restricciones a la sanidad pública, incluidos los derechos reproductivos y de afirmación de género, para todas las personas del territorio, independientemente de su situación administrativa.

Esto requiere de una formación obligatoria para el personal sanitario, a fin de desmontar rumores y evitar las malas praxis con la excusa del desconocimiento de los derechos en materia de salud de las personas migrantes. Aparte, se requieren servicios de traducción y mediación cultural eficientes en los centros de atención primaria.

6. Protección de la infancia migrante y/o racializada.

Exigimos un cambio de paradigma en el sistema de (des)protección de la infancia, donde ahora mismo prevalece el hecho de ser migrante sobre la condición de menor de edad. Es urgente erradicar prácticas violentas y abusivas como las pruebas médicas de determinación de edad en menores migrantes no acompañados y revisar los protocolos de acompañamiento de la infancia migrante en servicios de responsabilidad pública para garantizar su correcto desarrollo en plenitud e igualdad de trato y no discriminación.

La voz de la infancia y la juventud bajo protección institucional tiene que ser decisiva en el cambio de modelo de protección. Los hijos o hijas de familias pobres, sean migrantes o no, son a menudo institucionalizadas innecesariamente, sin intervención judicial, causando perjuicios emocionales, sociales y económicos graves a familias que ya son precarizadas. Especial protección de la adolescencia e infancia migrante y/o racializada en los entornos educativos. Reconocimiento y prevención del bullying por racismo. Protocolo específico de prevención y actuación ante estas situaciones de acoso y discriminación.

7. Eliminar las identificaciones por razón de perfil étnico, las cuales están prohibidas por la UE.

Condenamos la criminalización, persecución y violencia policial del estado hacia las personas racializadas, principalmente africanas, afrodescendientes, gitanas,“moras” y sexogénero disidentes mediante la perfilación racial, el abuso en dependencias policiales y la sobrerrepresentación de estas en centros penitenciarios por el trato desigual ante la justicia.

Exigimos mecanismos de control, sancion e inhabilitación para quienes, formando parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado cometan estas prácticas discriminatorias y abusivas que son habituales y actualmente gozan de impunidad.

8. Memoria histórica y reconocimiento de la diversidad etnico-racial

Ni España es solamente blanca, ni el racismo se circunscribe a la situación administrativa. Las comunidades gitanas, árabes, afrodescendientes y las personas sexogénero disidentes, forman históricamente parte de este territorio; las comunidades migrantes de las últimas décadas y sus descendientes también.

Es imprescindible emprender procesos de memoria histórica que reconozcan y reparen el impacto de las acciones coloniales e imperiales que han sido necesarias para la conformación del actual Estado español.

Reconocer la diversidad étnico-racial en el Estado es fundamental para garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las “minorías étnicas” en el Estado, a nivel individual y como comunidades. Garantizando así los derechos colectivos en igualdad a la del resto de la población del Estado español, la protección e impulso de las lenguas minorizadas como el romaní-caló y la igualdad de trato y no discriminacion en sanidad, educación, trabajo y vivienda.

Colectivas y organizaciones :
CNAACAT
t.i.c.t.a.c
Tanquem CIE
Movimiento RegularizaciónYa
CNAAM
Putas Indignadas
Asociación Encuentro Pazifico Barcelona
Colectivo Sirirí: Mujeres Migrantes Creando
La Tregua. Arte y transformación social
Colectivo Maloka
Asociacion Mujeres Migrantes Diversas
Periferia Cimarronxs
Associació migració i economia social i solidària -Migress,
Malas Hierbas
SOS Racisme Catalunya

Adhesiones (no publicamos nombres individuales ni partidos politicos):

Radical Books Coop
Resistencia Antirracista CdG
Iaioflautas Barcelona
Moolaadé
Mujeres afros en canarias
Marea Verde Barcelona
MVB
femiñetas
Gogara
EQUIS-MGF (Equipo de sensibilización sobre mutilación genital femenina)
Malas Hierbas
Huitaca Pacte per la vida i per la pau
Congreso de los pueblos Europa / red de hermandad y solidaridad por colombia REDHER
Afromurcia en Movimiento
Cnaae Murcia
Missex
Rocking Time Agency
Orain Arte! Asso.
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos ILSA
COMANDO SEÑORAS
La Xarxa
Asociación SEDOAC – Madrid
PAH
Asociación de Mujeres Tierra Matria
Accion fem
Apdha
Radia Cava-ret
Genera Red de Mujeres Feministas
soy persona individual
Movilidad Humana
Regularizacion Ya
Casa Retruco
RED MIGRANTES TENERIFE y PUENTE HUMANO
Las Lucis
La Xarxa
Aliadas
Festival Anticolonial
UASD
Associació Més que Cures
El Pekado
Maloka Madrid
Asociación Domitila Hernández. Por la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Colectivo de Prostitutas de Sevilla
Plataforma 8 M Granada
Nicaragua libre
ESCODE
Asociación de mujeres cuidadoras sin papeles de Igualeja, Malaga
Mar Onega Diaz
CREARSA SCCL
Associació Ateneu Candela
CooperAcció
Escola d’idiomes autogestionada Maan Yad F Yad
Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad
UBUNTU
Asamblea 8M zaragoza
col·lectiu feminista La Guerrilla dels Cossos Terradda
AfroFem Koop
Asamblea local de Terrassa ILP Regularización Ya
ACODEHGI
Bit Lab Cultural SCCL
Trobada+ Núcli Dissident de Nou Barris
Furia Mexicana
La Xarxa
Federacion de Asociaciones Africanas en Canarias FAAC
Asamblea de Solidaridad con México – País Valencià
Red de Mujeres Migradas y racializadas EH
Mujeres Supervivientes
Claudia alvarez
Colectivo Micaela
ACCOES
Fundació Guné
Lêgerîn Azadî
Unadikum – Brigadas Internacionales
LaSAL – suport i autonomia lesbofeminista
OLISTIS, SCCL
Alianza por la Solidaridad
Feministas Retiro
Kódigo Malva
Kemet Zaragoza
Asociación marroquí de derechos humanos
Asociación cultural La Vorágine Crítica
Colectivo Feminista Mujeres en el Encuentro de Tenerife
La Tertulia de las Comadres
CENTRO SOCIAL SMOLNY
Taula per Mèxic
Fundació Migra Studium
CASAL
Ververipen
ALANDAR
Asociación para la convivencia intercultural Amazonas
Mataró Acull
Cooperativa Rizoma
Raíces Solidarias
Particular
Asociación Musulmana por los Derechos Humanos
Valores Multicolor – Asociación para migrantes LGBTI+
Assemblea 8M | @assemblea8mcat
Pasaje Seguro
Extranjerxs por la regularización ya! Tenerife
Impuls Cooperatiu de Sants
Bidez Bide
Kim Jordan Creations/ KJC Dance & Movement Studio
Asociación Cultural «Els Fumats»
Fundació Bayt al-Thaqafa
Mujeres supervivientes
Soc persona individual
Donadanza
Grup d’Habitatge de Sants
Derechos y libertades 15 M Móstoles
COESPE coordinadora estatal defensa pensiones publicas
Ilp regularizacion ya Terrassa
Pah Parla Oficial
Asociación Andaluza de Antropología
Boreal
Col·lectiu Punt 6
Plataforma PLACA
Artemisa Migrantes y Refugiadas
Colectiva feminista Jarana
Colectiva feminista Jarana
Gimnàs Social Sant Pau SCCL
Mujeres, voces y resistencias
AFROCOLECTIVA
Associació Atzavara-arrels
Mika Sororidad Internacionalista

La Xarxa
Asamblea Antirracista de Madrid
Plataforma per una educació antiracista
Assemblea de Barri de Sants
Andiara Asociación
Balears Diversa
Ongi Etorri Errefuxiatuak Markina-Xemein
Irungo Harrera Sarea/Red apoyo migrantes Irún
Sindicat de Llogateres Terrassa
MALEN ETXEA (Euskal Herria)
After Perdices
European Sex Workers Rights Alliance (ESWA)
Creación Positiva
Som regularización
Plataforma per una educació antiracista
FUTBOL CLUB DARNA
La Parceria
Colectiva Antirracista MIRERA ( Cantabria)
Xarxa Feminista
Ricarda Editorial
Asociación Sembrar: Incidencia para la Transformación Social
La Selva Coop
AIETI
EMAKUME MIGRATU FEMINISTAK CUIDADORAS SOCIOSANITARIAS
Associació Espai Democràtic Intercultural
Cooperativa La Eroteca
Cooperativa la Raíz
Rebelión o Extinción Asturies
Red feminista chilenas bcn
After Perdices
Plataforma Cero
CSA Can vies
Mujeres del maiz
Foro Galego da Inmigración
Impuls Cooperatiu de Sants
Amarantas – colectiva feminista y antiracista
Associació Cultural Companyia Llavors
Psicoopera
Migrar con Apoyo
La Conxita
Entrepobles (Barcelona)
Asociación Mujeres de La Otra Orilla
Plataforma Somos Migrantes
Festival Antirracista Sevilla
ASSOCIACIÓ HÈLIA
Colectivo Hache
Desenruna
Frente Feminista
Caravana Abriendo Fronteras
Asociación Kellys Unión Cataluña
Ongi Etorri Errefuxiatuak
Asamblea antirracismo UAB
AMHER SOS Racismo
La Víbria Intercultural
Conciencia Afro

Mujeres Superivientes

Putxs en Lucha 

L’Eixam. Associació feminista d’Algemesí 

Sos Racismo Navarra

ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK

Juntucha Colectiva

La Vorágine Cultura Crítica

Red interlavapies

Territorio doméstico 

Asociacion Colectivo Agar espacio de investigación y encuentro desde la diversidad 

Asociacion Senda de Cuidados

Cooperativa Brotes ( L’Hospitalet. Bcn )

Espacio Colaborativo La Atenea de Móstoles

Ndank ndank elkartea

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Destaquem especialment les detencions, atestats policials, acusacions i processos judicials sense garanties que es produeixen cap al col·lectiu de venedors ambulants. És alarmant que qualsevol persona dins d’aquest col·lectiu pugui ser detinguda per accions d’uns altres. Aquestes actuacions es duen a terme en procediments plens d’errors i no tenen en compte el racisme estructural existent, el qual afecta el reconeixement i perpetua la discriminació. La nostra preocupació es deu al fet que aquestes recerques policials poden derivar en un procediment penal que impactarà en totes les esferes de la vida diària de la persona acusada i especialment en la seva llibertat.

Amb sort, el procés finalitzarà amb una sentència absolutòria que reconegui els greus errors en les identificacions i detencions policials, o qüestioni imputacions l’única prova de les quals són les paraules d’un agent de policia. Davant aquestes injustícies ens preguntem qui es farà responsable de la reparació de la persona que ha sofert una acusació injusta. D’això, fins ara, ningú es fa responsable. 

Desgraciadament també coneixem molt de prop casos que acaben en sentències condemnatòries. Aquestes es basen en la reafirmació de l’atestat i la identificació realitzada pels agents en el judici, sense cap altra prova, la qual cosa fa que la paraula dels agents valgui més que mil imatges. També és gravíssim que les identificacions policials puguin ser realitzades per particulars sense cap garantia, arribant aquests mateixos a donar testimoniatge enfront del jutge d’haver estat induïts per la policia a identificar a dues persones perquè «donaven amb el perfil» i «a algun trobarem», demostrant – després d’haver passat 2 mesos a la presó- que eren completament innocents.

Reafirmem el nostre compromís en la lluita contra el racisme en les recerques policials. Instem les autoritats competents a establir un major control i supervisió de les recerques dels agents de policia en la seva cerca d’autors de delictes, evitant biaixos basats en el racisme estructural i institucional. És fonamental que es prenguin mesures concretes i efectives per a evitar que persones que ja són afectades per racisme, tinguin majors probabilitats de ser detingudes i d’enfrontar procediments penals injustos. Instem les autoritats pertinents a promoure una cultura de transparència, rendició de comptes i promoció de mecanismes de control dels cossos de seguretat pública. 

És necessari i urgent fomentar la sensibilització sobre la discriminació racial en els cossos de seguretat i garantir que els procediments d’identificació siguin imparcials, justos i lliures de racisme.

Per a finalitzar, rebutgem la discriminació racial en les recerques policials i ens comprometem a continuar lluitant per una societat més justa i equitativa. Per aquest motiu, fem una anomenada a tota la societat civil, les institucions i l’administració pública per a continuar lluitant contra el racisme en totes les seves formes, ja sigui als carrers, en els metres i també en els jutjats.

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Cuando hablamos de racismo no hablamos de cuestiones de personas buenas y personas malas, tampoco de odio, ni de ignorancia. Tampoco de la extrema derecha. Hablamos de una larga historia de racialización y criminalización que parte de un proceso histórico muy extenso de violencia colonial. 

Bajo la idea de ‘raza’ un grupo dominante construido como ‘blanco’ es beneficia de los privilegios, mientras que otros grupos sociales construido como ‘no-blancos- están subordinados, explotados y violentados. Cuando hablamos de racismo, hablamos de una violencia estructural que se ha legitimado con procesos como (por ejemplo) la esclavitud. Estas violencias, este racismo estructural, es vigente hoy en día en todos los ámbitos de la sociedad actual, y por eso tenemos que hablar del pasado esclavista, de colonización, neocolonización, extractivismo en los países del Sur global, necropolítica, CIES, racismo institucional y policial.

Así pues, no dejaremos de hablar y profundizar sobre la participación en la colonización de Cataluña, de señalar que gran parte de la riqueza de este país es gracias a la explotación de cuerpos negros, que el blackface en las cabalgatas es racismo, que los gigantes negros son racistas.

A pesar de que una gran parte de la sociedad se niegue a afrontar estas realidades.

Queremos señalar también, que cuando estos análisis los hacen personas blancas en calidad ‘de expertas’ las reacciones son mucho menos beligerantes. ¿Pero qué pasa cuando los análisis los hace una mujer negra con relevancia pública?

Pues que es el objetivo de una oleada de acoso racista y machista. Todo el apoyo a la compañera Basha. Si tocan a una, nos tocan a todas.

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Barcelona, 7 de febrero de 2023- SOS Racismo Cataluña acompaña como acusación particular a la familia que fue víctima de la agresión racista de un conductor de autobús de TMB. La empresa también está acusada como responsable civil subsidiaria.

La agresión ocurrió el mayo de 2020 en un autobús que cubre la línea V, desde la plaza de Alfonso Comín hasta la Barceloneta. Tal como se relata en el escrito de Fiscalía «El acusado, en aquel tiempo conductor del autobús por cuenta de la empresa Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) había reparado en la procedencia de la familia cuando se dirigieron a él desde la zona de validación de billetes a causa de un problema suscitado con el título de transporte de uno de los menores». Entonces es cuando el acusado, «decidió ridiculizarlos por razón de su origen, que desprecia. 

Así, al llegar a la parada de Paseo de San Juan, empezó a vocear: “Os gusta vivir gratis en este país”, invitándolos al hecho que abandonaran el mismo y provocando la adhesión de algunos pasajeros a tales consignas. Además, tanto la agresión como los insultos fueron vitoreados por algunos pasajeros del autocar. 

La familia tuvo que bajar del vehículo y una vez en la calle, con el autobús parado, el conductor siguió insultándolos y fue cuando agredió a los menores, que habían salido en defensa de la madre.

SOS Racismo pide un año de prisión más la compensación económica

Tanto la fiscalía como la acusación particular de SOS Racismo pedimos la condena del conductor por tres delitos leves de lesiones -uno por cada una de las agresiones que sufrieron las menores- y un delito de odio del arte. 510.2 del Código Penal, para lesionar la dignidad de la familia por motivos racistas. Por este último delito la fiscalía solicita una pena de prisión de 10 meses y 1 año por parte de la acusación particular de SOS Racismo. Así mismo, también se le pide una multa económica, por el mismo delito de odio y las lesiones leves. Por otro lado, las acusaciones reclaman una indemnización por las lesiones físicas que sufrieron las menores, además desde SOS Racismo pedimos la cuantía de 1000 Euros por cada una de los 4 miembros de la familia por los daños morales sufridos, en el caso de la fiscalía, solicita 500 euros por cada una. Ambas acusaciones solicitan la responsabilidad civil subsidiaria por parte de *TMB al producirse los hechos cuando el agresor desarrollaba trabajos de conductor de autobús.

El juicio se ha celebrado el pasado martes 7 de febrero en las 11 horas a la Audiencia Provincial de Barcelona, y ahora queda a la espera de sentencia.

Denuncias de racismo al transporte público

Desde SOS Racismo queremos señalar que este no es el primer caso de agresiones racistas a los servicios de transporte público que llega al Servicio de Atención y Denuncia de SOS Racismo Cataluña, que normalmente no cuentan con la acción de la empresa de la ciudad responsable. De hecho, concretamente de TMB a SAID nos han llegado varios casos en los cuales se denuncia a responsables de la seguridad privada de la empresa.

Invisibilització de nuestro trabajo

Desde hace más de dos años desde SAID estamos acompañando a la familia como acusación particular después de que la OND nos lo derivó. Nos parece bien que este y otros casos de racismo se pueden difundir siempre y cuando las personas víctimas estén de acuerdo, preparadas y los representantes informados, pero es fundamental a nivel político que cuando lo tenga, el trabajo de la sociedad civil organizada no se invisibilice.

Este caso llega a la OND, que lo deriva a SOS Racismo. Durante estos años hemos estado acompañando a la familia en el proceso. Aun así, hemos notado que ni desde la Regiduria de Barcelona, como en todas las notas que ha publicado la prensa, no ha aparecido nuestra participación como acusación particular en este caso. Lo cual nos parece grave puesto que se invisibiliza el trabajo que basura como entidad acompañante a los procesos judiciales y psicológicos en casos de racismo en toda Catalunya. Esta, es un trabajo árdua, que llevamos a cabo un equipo de solo 10 personas.

Agradecemos por lo tanto, que rectifiquen se tanto todas las publicaciones como la nota de prensa, puesto que se ha traslado a todos los medios esta información errónea y sin participación de las personas agredidas.

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[CATALÁ]
Desde los movimientos migrantes, colectivas antirracistas y colectivos de defensa del barrio, Suport Casa África y Resistim al Gòtic, condenamos el desalojo militarizado de la Casa África, el pasado miércoles 6 de abril, en calle Canuda 37 donde vivían, desde noviembre del 2019, 30 vecinos y hermanos migrantes.
Este desahucio ha sido promovido por la propiedad del edificio, el Centro de Estudios de Hotelería y Turismo CETT-UB, adscrito a la Universidad de Barcelona. Y ha sido ejecutado mediante un dispositivo policial absolutamente desproporcionado, con 11 furgonas de la ARRO de Mossos de Esquadra, utilizando elementos represivos poco vistos en anteriores desahucios, como “drones”. Al empezar el despliegue policial, además, los Mossos d’Esquadra intentaron expulsar del cordón a los periodistas y medios que cubrían el desahucio.
Al llegar el dispositivo policial, alrededor de las 8h de la mañana, las personas que se encontraban en situación irregular ya habían abandonado el inmueble, para no ser identificadas. Este hecho dejó todavía más en evidencia el ridículo del operativo montado para dicho desahucio. Más allá de ello, estos operativos tan desproporcionados y violentos comportan serias consecuencias. Una de las personas habitantes de la casa, con una patología cardíaca, sufrió una crisis de ansiedad y, a pesar de la negativa de los Mossos d’Esquadra, requirió asistencia médica. Por otro lado, el dispositivo ha supuesto la identificación de 23 personas solidarias, que se enfrentan a acusaciones en el marco de la Ley Mordaza, que el Departamento de interior se ha comprometido hace varios meses a no aplicar.

Antecedentes:

La Casa África de Barcelona se conformó como un proyecto de autoorganización de personas migrantes africanas, que llegaron a la Estación del Nord en el año 2018, recibidos por el colectivo Emergencia Frontera Sur. Juntos, han sobrevivido a diversos intentos de desahucios. El primero, en la hasta ahora tapiada Teixonera del Poblenou, donde contaron con el apoyo de vecinas y de colectivos como la Flor de Maig, y desde donde han formado parte de la vida social y asociativa del barrio. Posteriormente, sobrevivieron a un incendio en un segundo edificio del mismo barrio, que todavía está en obras, y del cual el Ajuntament de Barcelona también intentó desalojarlos. Después de ser acogidos provisionalmente en Can Batlló y poco antes del inicio de la pandemia, ocuparon el edificio del carrer
Canuda 37, en el barrio Gòtic. Un edificio que hacía muchos años que estaba sin uso, propiedad del CETT-UB, del cual fueron desahuciados el pasado miércoles sin recibir ninguna alternativa
habitacional por parte de la Administración.
Casa África ha sido, durante todos estos años, un proyecto de vivienda, pero también de acogida de y para inmigrantes procedentes del continente africano. Un espacio que permitía a los jóvenes migrantes que huyen de sus países en conflicto, y que no reciben ningún soporte institucional, encontrar refugio, recursos y orientación para poder sobrevivir. Casa África, además, ha participado del tejido social del barrio, en las redes de apoyo mutuo durante la pandemia y ha arraigado en un territorio que necesita
de proyectos como este.
Actualmente, muchos de los integrantes de Casa Àfrica se encuentran todavía en situación administrativa irregular y sobreviven como pueden, sometidos por la Ley de Extranjería, realizando trabajos precarios como riders o chatarreros. La violencia diaria, sistémica que padecen se ha visto todavía más reforzada por el violento desahucio que han sufrido el miércoles, en plena celebración del ramadán.

Desde octubre hasta hoy:

Hace unos meses, en octubre de 2021, los vecinos de Casa África recibieron la primera orden de desahucio. En aquel momento, y viendo la actitud beligerante de la propiedad, desde colectivos de
soporte interpelamos al Ajuntament de Barcelona y a la Universidad de Barcelona para que forzaran al CETT-UB a parar el lanzamiento y sentarse a negociar. Gracias a dicha presión conseguimos un período de 4 meses, que se alargaba hasta el 28 de febrero de 2022, en el cual se abría una negociación entre Ajuntament, propiedad y habitantes de la Casa África, para encontrar soluciones que no pasaran por un desahucio sin alternativa.
Durante estos 4 meses, tanto el CETT-UB como el Ajuntament han dejado pasar el tiempo sin hacer absolutamente nada. A los primeros ya les iba bien, porque nunca han querido negociar nada más que no fuese el desahucio forzoso, pero es destacable la falta de implicación y esfuerzos de los segundos. Todo y ante los reiterados avisos y recordatorios desde Casa África y las colectivas de soporte, el Ajuntament no se puso a negociar de manera más o menos seria hasta el pasado 14 de febrero, cuando tan solo faltaban 15 días para la finalización del período de 4 meses de negociación. El CETT-UB, por su lado, se ha negado desde el principio a hablar con los y las vecinas de la finca, y se ha evadido en todo momento de cualquier responsabilidad sobre sus habitantes, mostrando nula empatía por la situación y priorizando, sobre todo, su negocio particular. El 1 de marzo, finalizado el período de la supuesta negociación, el CETT-UB reactivó el proceso de desahucio, y el Juzgado fijó el 6 de abril como nueva fecha de desalojo. Dicha fecha fue notificada a los habitantes de Casa África el pasado 16 de marzo, quienes inmediatamente la notificaron también al Ajuntament.
Desde noviembre de 2021, los miembros de Casa Àfrica han recibido numerosas visitas tanto de Serveis Socials como del servicio de Sipho. Visitas que, como se ha comprobado el pasado miércoles, no han servido absolutamente de nada. El Ajuntament conocía desde hacía meses (sino años) la situación de Casa Àfrica. Conocía desde el 16 de marzo, también, la fecha de desahucio fijada. Y así y todo no tenían preparada ninguna alternativa habitacional. Una vez ejecutado el desalojo, pudimos comprobar la evidente falta de previsión. El personal del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona, el CUESB, se presentó sin ningún traductor, sin informes previos, sin información. En una situación traumática y en medio de la calle, los compañeros tuvieron que explicar de nuevo, y desde el inicio, toda su situación. La primera pregunta del CUESB, ante la sorpresa e indignación de todos, fue “si tenían amigos o familiares que les
pudieran acoger”.
El CUESB se ha retiró finalmente ofreciendo nada más que una pensión temporal para la familia con menores. Para el resto de habitantes tan solo una noche de albergue, que la mayoría han rechazado por dignidad, y una cita al día siguiente con el SAIER, sabiendo que este organismo NO cuenta con recursos habitacionales.
Una vez más, fue la solidaridad y la autoorganización vecinal la que dio respuesta a una situación de emergencia que es, en el caso de Casa África, la tercera vez que se repite. Si los compañeros no han dormido en la calle es gracias, únicamente, a la solidaridad vecinal y antirracista.

Denunciamos:

● Al CETT-UB, por la violencia en el trato, la falta de empatía, la falta de humanidad y la falta
de voluntad de diálogo ante una situación que, en definitiva, es un reflejo de los conflictos a
nivel global. Una institución supuestamente educativa que esconde, en realidad, una única
voluntad de negocio y explotación.
● Al Gobierno del Estado, por la Ley de Extranjería que hace la vida imposible a nuestras
compañeras y hermanos migrantes, y todos los protocolos de acogida racistas y selectivos.
● Al Departament d’Interior y los Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, por el
despliegue policial violento y desproporcionado contra las vecinas.
● Al Ajuntament de Barcelona, por la desídia, la falta de previsión y la dejadez de funciones a
la hora de encontrar alternativas para los habitantes y el proyecto de Casa África

Finalmente, exigimos:

● A todas las Instituciones, un sistema de acogida que incluya a TODAS las personas refugiadas
y migrantes, independientemente de su origen. No hay excusas. Se ha demostrado que, si hay
voluntad política, se puede acoger a todas.
● A el Ajuntament de Barcelona, la aceleración de una solución habitacional digna para todos
los habitantes de Casa África y una solución también para el proyecto colectivo,
imprescindible para tantas personas migrantes.
● A la Generalitat de Catalunya, el fin de estos dispositivos policiales desproporcionados,
destinados a vulnerar los derechos más básicos de las personas.
● A la Universidad de Barcelona, un posicionamiento público sobre la actitud y la actuación de
su centro adscrito, el CETT-UB. Una institución pública como la Universidad no puede restar
importancia a una actuación como esta, en contra de los derechos humanos.
en Barcelona, a 8 de abril de 2022
Suport Casa Àfrica
Resistim al Gòtic
 
Dan apoyo, inicialmente:
Tras La Manta
Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona
Tanquem els CIEs
Movimiento #RegularizaciónYa
CNAACAT. Comunitat Negra Africana i Afrodescendent a Catalunya
Emergencia Frontera Sur
Bloque Anticolonial de Barcelona
Colectiva Katari
La Negreta, Espai Social del Gòtic
Associació de Veïnes i Veïns del barri Gòtic
Espai La Tregua de Gràcia
Arte Sin Fronteras
Red Feminista Chilenas BCN
Mujeres Pa’lante
Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans
SOS Racisme Catalunya

La entrada Comunicado sobre el desahucio violento de Casa África por parte del CETT-UB, y sobre la falta de respuestas de la Administración se publicó primero en SOS Racisme.