Darrerament estem assistint a una campanya de criminalització de les persones sense papers des dels diferents nivells de l’administració pública, així com a la propagació del discurs dur que vincula la immigració als problemes de la nostra societat, com pot ser la delinqüència.

Aquesta campanya s’està duent a terme en un context de crisi econòmica en el que és molt fàcil fomentar la xenofòbia a partir de canalitzar el descontent i la preocupació social en la culpabilització de les persones immigrades. Assistim al retorn del terme “Bandes llatines“als mitjans de comunicació i en boca de polítics i càrrecs policials.

El terme correcte seria “Bandes juvenils”, però els mitjans de comunicació massius opten per “llatines”. Una vegada més, exercint la seva funció de senyalament de certes comunitats.

Albert Batlle es suma (no és la primera vegada) a la propagació del discurs alarmista i racista que vincula la immigració a la delinqüència. Un discurs que ve acompanyat per actuacions que alimenten el racisme institucional i institucionalitzat d’un consistori que defensa un model de seguretat que no respecta, ni protegeix ni garanteix els drets de les veïnes i els veïns.

El problema de la delinqüència és independent al fet migratori. No s’ha de buscar les causes en l’origen nacional de les persones, sinó en aspectes socials i de marginalitat en el cas dels petits robatoris i de la corrupció en el cas de la gran delinqüència.

En aquest mateix nivell, l’exhibició  de dades per part del Ministerio de Interior només parlant dels delinqüents immigrants en situació irregular, són una altra forma de continuar la campanya de criminalització i consolidar encara més el binomi immigració-delinqüència.

De fet, entre l’any 2000 i el 2014 va haver un increment exponencial de la població immigrant, arribant a representar un 10% del total de la població segons dades del INE. Aquest augment de població immigrant no s’ha acompanyat d’un increment de les taxes de criminalitat. La taxa de delinqüència a Espanya ha descendit lleugerament, sent Espanya el tercer país europeu camb menor taxa de delinqüència segons dades d’Eurostat.Durant el temps que la població immigrant ha crescut considerablement l’Espanya, la delinqüència ha baixat.

Si es volgués abordar la qüestió de les bandes juvenils s’hauria d’anar a l’origen del problema: la seguretat dels joves en termes d’accés a drets.

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Este 13 de noviembre de 2022 se han cumplido 30 años del asesinato de Lucrecia Pérez a manos de un Guardia Civil de extrema derecha. Pérez era una mujer dominicana que llevaba un mes viviendo en Madrid, cuando el 13 de noviembre del 1992 Luis Merino, de 25 años, junto a dos compañeros de 16, la mataron a tiros e hirieron a otro hombre dominicano. Según se relató en el juició, Merino llamó a los otros dos chicos a disparar con la frase  “Vamos a dar un susto a esos negros para que entiendan que deben marcharse de España”.

A pesar de que este no fue el primer crimen racista de la historia de España, sí es el más conocido por ser la primera condena en el país por crimen de motivación racista. Este asesinato golpeó con fuerza a una gran parte de la sociedad, que hasta entonces se había sentido ajena a la lucha antirracista y desde el día siguiente se convocaron manifestaciones en rechazo del racismo y ofrendas florales en el lugar de los hechos.

Por aquel entonces, SOS Racisme Catalunya tan solo llevaba tres años constituida y no fue hasta aquel momento que se entendió la necesidad que la sociedad se organizara y luchara contra el odio racial. Así, los hechos llevaron la unión de diferentes sectores contra el racismo: sindicatos, partidos políticos, asociaciones, mundo de la cultura y ciudadanía en general salieron a la calle en la manifestación antirracista más grande nunca vivida en la ciudad de Barcelona, como en otras ciudades españolas. 

No son hechos aislados

Pero como siempre ocurre cuando hay un asesinato racista, es necesario analizar el hecho como una consecuencia de todo un sistema y una sociedad que está reproduciendo violencia racista para entender cómo se ha llegado hasta aquí. Ese caso tampoco fue un hecho anecdótico. Tal como se relata en la crónica publicada por el Diario.es, aquella plaza era  “La plaza de la Corona Boreal, el lugar de reunión los jueves y domingos de la colonia de migrantes de República Dominicana, en su mayoría mujeres que estaban organizadas y que habían reclamado al ayuntamiento en varias ocasiones que les ofreciera soluciones como un local. Después llegaron las pintadas de ‘stop inmigrantes’, ‘negros fuera’, ‘españoles primero’ y los pasquines por el barrio”.

El señalamiento, la criminalización de la población migrante, así como la falta total de políticas públicas, es decir, la violencia que ejerce el racismo institucional sobre las personas racializadas y/o migrantes, fueron en el caso de Lucrecia el caldo de cultivo para que se pudiera dar el asesinato. A pesar de que hoy en día el movimiento antirracista en el país está más fuerte y mejor organizado, los poderes fácticos ( medios de comunicación, sistema judicial, fuerzas de seguridad del estado,  e instituciones) siguen ejerciendo unos niveles altísimos de violencia racista. Ahora además, ciertos  discursos de odio, especialmente promovidos por la extrema derecha y replicados por los medios de comunicación, han vuelto a ponerse sobre la mesa de debate. 

Racismo policial

Más grave es la situación cuando se observan los preocupantes vínculos de algunos sectores policiales con la extrema derecha. En los últimos años se han organizado en sindicatos como Jusapol,  muy afines a VOX. En este punto cabe destacar que Luis Merino, el asesino de Lucrecia Pérez era un Guardia Civil.

Desde SOS Racismo llevamos años desarrollando un trabajo exhaustivo contra el racismo policial. Antes de los casos de violencia física, que representan tan solo la punta del iceberg de todo un sistema de prácticas policiales orientadas a criminalizar a la población racializada y migrada. Estas prácticas empiezan cuando la policía sobre-identifica (y en consecuencia detiene en mayor número) a unas determinadas poblaciones basándose en marcadores raciales. A esto se le llama perfilación racial. Es una práctica discriminatoria, racista, clasista e ilegal, puesto que choca frontalmente tanto con los Derechos Humanos como con las leyes vigentes. Aun así, los cuerpos de seguridad públicos, la justifican como una acción necesaria para la efectividad de su tarea *securitària. Aun así, según datos oficiales, más del 74% de las personas identificadas no ha cometido ningún delito.

La lucha sigue

Este marcador racial es un campo abierto para todo tipo de violencias y discriminaciones y no solo se usa por las fuerzas de seguridad del estado. Los medios de comunicación , el sistema judicial y las instituciones políticas son poderes que siguen usando los marcadores raciales como herramienta para marginalizar, criminalizar y vulnerabilizar a ciertas comunidades. La Ley de Extranjería, los CIES, siguen condenando a la otredad, la marginalidad y la precariedad , y en definitiva al racismo a las personas racializadas y migradas del Sur Global.

Por eso, para que no sigan ocurriendo asesinatos como el de Lucrecia Pérez, el único camino es la lucha frontal contra el racismo estructural e institucional.

El racismo es transversal y es la primera causa de delitos de odio en el estado. Por Lucrecia y todas las personas afectadas por el racismo. Pero, sobre todo, por todas las personas que queremos vivir en una sociedad justa, sin racismo, seguimos trabajando cada día.

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Pasado compuesto

En los momentos en los que escribo estas líneas, el activista Mohamed Said Badaoui está internado en una cárcel para migrantes, más concretamente en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Zona Franca, ciudad de Barcelona. A mucha gente le sorprende que, después de treinta años en Catalunya, Badaoui esté recluido en un CIE, pero sus apellidos y su origen pesan, en el contexto del Estado español y Europa, más que cualquier testimonio de arraigo. Son la justificación perfecta para poder encerrarle sin otorgarle su derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo en el que poder defenderse del delirante proceso que le ha llevado hasta aquí. La cuestión, sin embargo, va mucho más allá de los muros del CIE de Zona Franca. Podríamos decir que todo comenzó cuando, a mediados del pasado mes de junio de 2022, Mohamed Said recibió la chocante noticia: su solicitud de nacionalidad española, iniciada en el año 2020, había sido denegada. En la explicación de la causa por parte de la administración competente, se alegaba un supuesto proceso de “radicalización” y “proselitismo”. Desconcertados y sin perder tiempo alguno, Mohamed Said y su abogado solicitaron una explicación detallada de la denegación de nacionalidad española y pruebas que demostraran de forma acreditada y concreta una acusación de tal calibre para un musulmán en suelo europeo. Hasta el momento actual, nunca han llegado.

Dos meses después, concretamente el 5 de agosto, Mohamed Said Badaoui recibió una “notificación de acuerdo de iniciación de procedimiento administrativo de expulsión del territorio nacional con tramitación preferente”, es decir, una orden de expulsión que podía ser firmada y ejecutada en cualquier momento. No es casualidad que el mensaje llegara un viernes por la tarde, en pleno verano, con tan solo 48 horas de margen para presentar un recurso. En dicha notificación se amplificaban las anteriores acusaciones llevándolas hacia un extremo inimaginable, pero para el asombro de los juristas y del propio Badaoui, seguían sin aportarse pruebas concretas. Aprovechando el marco opaco, sin garantía de derechos, establecido por la Ley de Extranjería, se legitimaba la notificación en base a una posible infracción administrativa de expulsión prevista en el artículo 54.1.a) de la L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social^[1]: “Son infracciones muy graves: A) Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana”.

El buen hacer de Mohamed Said Badaoui le ha hecho ganarse el cariño y el respeto de la inmensa mayoría de la gente de a pie de la provincia de Tarragona

La caracterización de Mohamed Said Badaoui por parte de la notificación horrorizó a la inmensa mayoría de la sociedad civil de su localidad, Reus, donde su labor y su persona son bien conocidas desde hace décadas por movimientos sociales de índole diversa, por todas las entidades de Defensa de los Derechos Humanos, por asociaciones de migrantes, por representantes de partidos políticos como la CUP, Esquerra Republicana, PSC, Junts per Catalunya y Ara Reus, así como por ONGs, administración y Ayuntamiento. A todo ello se sumaba una acreditada y estrecha colaboración mantenida con colegios, institutos y universidades públicas por medio de las que el activista había servido de catalizador para una posibilidad de acercamiento y solidaridad entre la comunidad musulmana y la sociedad mayoritaria de su entorno local. Mediar en conflictos entre jóvenes, favorecer la convivencia y la cohesión, defender los derechos humanos de la comunidad musulmana, etc. El buen hacer de Mohamed Said Badaoui en este sentido, lo que incluye haber servido de enlace reconocido entre las mezquitas de la localidad y el ayuntamiento, le ha hecho ganarse el cariño y el respeto de la inmensa mayoría de la gente de a pie de la provincia de Tarragona y más allá. Estos sí son hechos demostrados, concretos y ampliamente acreditados. Y es eso lo que explica el apoyo social y político recibido, especialmente desde que el pasado 18 de octubre, aproximadamente a las 17:20h., fuera detenido en la puerta de su casa sin poder ni tan siquiera avisar personalmente a su familia.

Presente imperfecto

Después de ser detenido, fue llevado, junto a Amarouch Azbir –vecino de Vilanova i la Geltrú que fue acusado en los mismos términos–, a la comisaría de la Verneda, Barcelona. Sin embargo, antes de que se celebrase la concentración convocada por el Grupo de Apoyo en la puerta de la comisaría, Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir habían sido trasladados a Madrid para ser directamente deportados. La situación era muy grave. 48 horas después de haber sido retenidos, nadie tenía noticias de ellos. Nadie sabía dónde estaban, ni en qué estado. Ni sus familias, ni su abogado. Toda la información al respecto llegaría, con cuentagotas, durante las angustiosas horas posteriores. Finalmente, gracias a la presión de los movimientos sociales y políticos, las expulsiones fueron detenidas y los acontecimientos sufrieron un giro inesperado de 180 grados. Mohamed había sido trasladado de vuelta al juzgado de guardia de Reus y Amarouch al de Vilanova i la Geltrú. Los dos esperaban que el juez de turno decidiera su destino. El resto es ya conocido. Badaoui fue internado en un CIE esa misma noche. Mientras, Azbir fue puesto en libertad la tarde del día siguiente a espera de un posible procedimiento judicial que esclarezca qué sucederá con sus órdenes de expulsión, todavía vigentes.

Durante estos días, la ofensiva reaccionaria por parte de la extrema derecha ha inundado las redes sociales. A través de bulos sobre declaraciones falsas de Badaoui, insultos y amenazas de muerte, los bots a sueldo, los perfiles falsos filofascistas, islamófobos y abiertamente racistas de Twitter han hecho lo único que saben hacer: mentir y sembrar el odio. Gracias a determinados artículos de opinión aparecidos en medios sensacionalistas de la derecha en los que, de nuevo sin concreción, se amplifica el relato policial e incluso se añaden gravísimas acusaciones igualmente infundadas, pero de cosecha propia, la estrategia ultraderechista ha adquirido ropajes “periodísticos”. Por supuesto que toda esta deriva ha sido monitoreada por los parlamentarios neofranquistas. Nada nuevo en los últimos tiempos para quienes se enfrentan a la islamofobia, al racismo o a cualquier otra forma de opresión e injusticia. En este caso, el hombre con barba y la mujer con hijab sirven, como han servido desde hace siglos en la Europa de las cruzadas y en la España de la (re)conquista, de exaltación de una forma de histeria colectiva convertida en poder vertical por determinados sectores del Estado e instrumentalizada por la extrema derecha.

Todo lo demás se consigue hurgando con morbosidad y mala saña en la vida personal de Mohamed Said Badaoui, inventando fábulas, mostrando fotos de la cara de su hija con hijab. Llamándole con desprecio, por enésima vez, “salafista”, “islamista”. No saben muy bien qué es lo que están diciendo. No saben nada sobre él, ni le conocen. Pero el ruido preponderante y la ignorancia proverbial en torno al islam y a los musulmanes de carne y hueso hacen su efecto. La atmósfera creada juega en su contra. No saben muy bien qué dicen, advertíamos, pero sí saben perfectamente por qué: una vez pronunciado en voz alta el epíteto, la persona musulmana que lo recibe se convierte en una amenaza. Se acabó el debate. Su testimonio vital deja de tener credibilidad, por lo tanto, puede ser castigado, como lo está siendo Mohamed Said.

Futur(ibles) imperativos

Badaoui está un CIE por haberse movilizado, de forma democrática, para defender su imagen y sus derechos

¿Por qué está Mohamed Said Badaoui en un CIE? No hay ningún riesgo de fuga. Por otra parte, no existe amenaza a la seguridad nacional, quimera neurótica, sin fundamentos reales, que el propio Parlament de Catalunya, a través de una declaración de la Junta de Portavoces el 19 de octubre, deshace considerando su caso como un procedimiento de expulsión irregular. La respuesta es entonces simple: por no haberse resignado. Quizás, Badaoui está un CIE por haberse movilizado, de forma democrática, para defender su imagen y sus derechos como lo hizo desde el primer momento, gracias a la invitación de la Comisión de Estudio sobre el Racismo Institucional y Estructural (CERIE) del Parlament de la Generalitat de Cataluña (ERC, JxCat, CUP y ECP). O porque ha recibido el amplio respaldo de los políticos catalanes de la izquierda, hecho instrumentalizado, de nuevo, por la extrema derecha para matar dos pájaros de un tiro: hacer resurgir el españolismo rancio anti-catalán y reafirmar el papel de los musulmanes como chivo expiatorio.

Las alarmantes preguntas de rigor son demasiadas: ¿Qué pasa con determinados sectores de la Policía Nacional, como el recientemente cesado por el propio Ministerio de Interior en Valencia, vinculado a España 2000? ¿Qué sucede con la Ley de Extranjería y, en este caso, con sus artículos 54 y 57, que permiten la expulsión por vía administrativa sin el derecho a un juicio justo? ¿Dónde están las demostraciones materiales y racionales de acusaciones como las recibidas por Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir? O, como los mismos Badaoui y Azbir han preguntado en las movilizaciones de las últimas semanas: ¿Si eran un peligro para la seguridad nacional desde hacía años por qué se les pretende expulsar justo cuando piden la nacionalidad española?

Lo que está en juego con el caso paradigmático de Mohamed Said Badaoui y tantos otros activistas vinculados a otras causas en la actualidad del Estado español, es la salud ética de nuestras demandas de justicia. De nuevo, ¿por qué está Mohamed Said recluido en un CIE? Quienes están utilizando la idea de un Badaoui conservador en términos religiosos para justificar su detención, su incomunicación por casi 72 horas, su internamiento en una cárcel para migrantes y su expulsión, deberían preguntarse: en el caso de que esto fuese así, ¿una persona es un peligro nacional porque viva su vida según una interpretación íntima conservadora de la práctica religiosa? ¿Es así para los cristianos? Ni siquiera hay que compartir cosmovisión y valores íntimos con alguien para denunciar la vulneración de sus derechos humanos y civiles. Sólo en un contexto verdaderamente democrático, los propios musulmanes pueden crear sus espacios en los que debatirlo absolutamente todo, incluida su percepción del islam y su enfoque de la práctica religiosa. Pero no se engañen. Quienes están apoyando a Mohamed Said Badaoui lo saben: el activista está en un CIE por ser una persona de origen migrante y musulmana políticamente activa en la defensa de los derechos humanos.

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