Josep Granados, abogado antirracista de SOS Racisme, señala: «En nuestro país el racismo todavía es una forma de racionalidad del ciudadano medio y se establece como una forma normal de relacionarse con la realidad, también en los campos de fútbol. Si no, no se entendería el grado de aceptación que este tipo de insultos tienen en los campos de fútbol españoles (y en parte en la prensa deportiva), donde se ha llegado a minimizar y justificar la dimensión discriminatoria».

¿Por qué no se aplicó el protocolo contra el racismo? ¿Por qué el debate en los medios se deriva siempre a preguntarse si España es un país racista? Sabemos que España es un país racista, es hora superar esta pregunta y empezar a frenar estas violencias.

Noticia extraída de eldiario.es

Desde las gradas del estadio pudieron oírse descalificaciones como “puto moro”, “mena de mierda” o “a vender pañuelos a un semáforo”

LaLiga denunciará las “intolerables conductas racistas” contra los futbolistas del FC Barcelona Lamine Yamal y Raphinha por parte de algunos aficionados del Real Madrid presentes en el Santiago Bernabéu en el partido de fútbol que ambos equipos disputaron este sábado. Por su parte, el Real Madrid ha anunciado que adoptará “medidas disciplinarias y judiciales” contra los responsables de lo ocurrido.

Durante el partido de LaLiga en el estadio madridista, Lamine Yamal recibió insultos tras marcar el 0-3, cuando se pudieron escuchar expresiones ofensivas como “moro de mierda”, “puto negro”, “puto moro”, “mena de mierda” o “a vender pañuelos a un semáforo”.

“Ante los hechos ocurridos durante el transcurso del partido Real Madrid-FC Barcelona, en el que se observaron intolerables conductas racistas, LaLiga denunciará de forma inmediata los insultos y gestos racistas recibidos por los jugadores del FC Barcelona ante la Sección de Odio de la Brigada de Información de la Policía Nacional, informando de ello al Excelentísimo Fiscal de Sala Coordinador de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado”, ha señalado LaLiga en un comunicado.

Además, la patronal ha condenado “enérgicamente” estos hechos. “LaLiga continúa firme en su compromiso de erradicar cualquier tipo de conducta racista y odio dentro y fuera de los estadios. En el deporte no hay lugar para esta lacra”, apunta.

Por su parte, el Real Madrid también ha condenado los insultos racistas a los jugadores culés y anunciado medidas legales. “El Real Madrid condena de manera rotunda cualquier tipo de comportamiento que implique racismo, xenofobia o violencia en el fútbol y en el deporte, y lamenta profundamente los insultos que unos pocos aficionados profirieron anoche en uno de los córners del estadio”, subraya en un comunicado.

“El Real Madrid ha abierto una investigación a fin de localizar e identificar a los autores de estos lamentables y deleznables insultos, para poder adoptar las medidas disciplinarias y judiciales pertinentes”, concluye.

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Las entidades y colectivos bajo firmantes mostramos nuestro rechazo a la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de salir adelante la compra de 22 Dispositivos Conductores de Energía (DCE), también conocidos como pistolas Taser, una arma potencialmente letal que, al menos, ya ha causado una muerte en Cataluña.

Los DCE son armas que provocan un efecto paralizante sobre el cuerpo mediante una descarga eléctrica contra una persona, con el fin de inmovilizarla momentáneamente. Desde el año 2000, se está generalizando su uso en los cuerpos policiales de muchos países y diferentes estudios han documentado sus efectos e impactos sobre la salud de las personas, incluyendo casos de muerte.

En consecuencia, estas armas presentan un peligro específico que es necesario tener en cuenta en la decisión de incorporarlas. Además del efecto letal inmediato como consecuencia de la corriente eléctrica emitida, hay que considerar los diversos efectos indirectos de la descarga en el cuerpo humano y su posible contribución al aumento del peligro de muerte o lesiones graves. Antes de tomar cualquier decisión, por lo tanto, Amnistía Internacional ha insistido en la importancia que las Administraciones evalúen el nivel de riesgo que es aceptable y en qué circunstancias lo es, de acuerdo con los fines perseguidos, atendiendo las recomendaciones internacionales existentes en la materia, así como las advertencias del fabricante del arma.

Sin embargo, la decisión de introducir esta arma en el cuerpo de la Guardia Urbana ha contado únicamente con un criterio policial, sin que se hayan hecho públicos indicadores e información técnica especializada que justifique su necesidad, y sin que se haya llevado a cabo un estudio independiente que evalúe sus impactos en el derecho a la salud y el ejercicio de derechos fundamentales.

Esta decisión evidencia, una vez más, la discrecionalidad de los Ayuntamientos en la hora de introducir nuevo armamento en sus respectivos cuerpos policiales, sin que sea sometida a un ejercicio transparente y democrático, así como en un debate público con información técnica independiente. A pesar de que el Ayuntamiento abrió una consulta pública, con carácter previo a la elaboración del proyecto normativo que tendrá que regular el uso de los DCE, hay que destacar que esta se hizo sin que la Administración la difundiera por sus canales y sin hacerla llegar a las entidades y organizaciones especializadas en la materia, impidiendo un proceso de participación efectiva. Así mismo, se han convocado reuniones con entidades de la sociedad civil en las que se ha excluido a varias organizaciones con conocimiento técnico en la materia, que en 2016 ya participaron en los debates sobre esta arma en el Parlamento de Cataluña, y que han señalado los riesgos que en compuerta su uso.

Es importante recordar que en 2009 el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas instó el Estado español a “considerar la posibilidad de abandonar el uso de armas eléctricas *Taser por parte de las policías locales, puesto que sus efectos en el estado físico y mental de las personas contra las que se utilizarían podrían conculcar los artículos 2 y 16 de la Convención” contra la Tortura. El Comité también ha considerado que estas armas no tienen que formar parte del equipo del personal de seguridad en las prisiones y a otros lugares de privación de libertad, incluidos los centros de salud mental.

Así mismo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Observación General Número 36 (2018) en relación al derecho en la vida, establece que los Estados tienen que “velar porque las armas menos letales sean sometidas en estrictas pruebas independientes y evaluar y vigilar los efectos en el derecho en la vida de armas tales como los dispositivos que generan contracciones musculares mediante descargas eléctricas (taser)”.

La poca información que ha transcendido sobre la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de hacer efectiva la compra de DCE se relaciona con la voluntad de emplear una nueva arma, a caballo entre la de fuego y la defensa personal, que permita hacer frente a episodios de agitación, alteración profunda de la persona o uso de armas blancas. En este sentido, atendiendo las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas y a las del propio fabricante de la empresa Axon, estas casuísticas son, precisamente, en las cuales se desaconseja su uso.

Entidades de salud mental catalanas han advertido en reiteradas ocasiones que el uso de pistolas Taser supone un riesgo altísimo para las personas psiquiatrizadas, dada el alta prevalencia de medicaciones, problemas cardíacos y momentos malinterpretados como de agitación por agentes sin la formación específica. Ante esta situación, recalcan que el uso de Taser estigmatiza y vulnera los derechos humanos de las personas con sufrimiento psíquico e insisten en alternativas que dignifiquen y acompañen a estas personas desde un abordaje sanitario, más humano, preventivo y flexible. Del mismo modo, organizaciones antirracistas advierten sobre su potencial uso en personas racializadas no blancas, en un contexto en que diferentes investigaciones han constatado que este colectivo sufre un mayor número de identificaciones y registros en relación con el resto de la población.

Por todo lo expuesto, las entidades adheridas en este comunicado pedimos en el Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona:

1- La suspensión inmediata de la compra de pistolas Taser.

2. La apertura de un proceso público y transparente, que justifique la demanda de introducir un nuevo armamento potencialmente letal y que aporte indicadores e información técnica especializada sobre su necesidad.

3. La realización de un análisis técnico independiente sobre la idoneidad de introducir este armamento en el cuerpo de la Guardia Urbana, atendiendo los criterios de uso esgrimidos por la Guardia Urbana, las recomendaciones internacionales de derechos humanos, las recomendaciones del fabricante y el respeto por el derecho a la salud y la garantía de derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía.

4. Convocar un espacio/grupo de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil con conocimientos técnicos en la materia para poder abordar las principales preocupaciones expuestas y garantizar el principio de participación efectiva.

ADHESIONES

1. Alerta Solidaria.

2. Asociación Catalana de Profesionales de Salud Mental (ACPSM) – Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN).

3. Centro Sir[a] de Atención a Víctimas de Maltrato y Tortura.

4. Centro Delàs de Estudios por la Pau.

5. Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Cataluña.

6. Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña.

7. Comisión de Defensa del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.

8. Federación Catalana de Entidades de Salud Mental en Primera Persona – Federación VOCES.

9. Federación Salud Mental Cataluña.

10. Instituto de Derechos Humanos de Cataluña – *IDHC.

11. Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos Humanos.

12. La Cabecera Barcelona.

13. Lafede.cat – Organizaciones por la Justicia Global.

14. Metzineres.

15. Novact – Instituto Internacional por la Acción Noviolenta.

16. Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos – *OSPDH.

17. SOS Racismo Cataluña.

18. Top manta Barcelona.

Barcelona, 14 de octubre de 2024

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¿Qué es el Pla Endreça para SOS Racisme?

Para SOS Racisme, el Pla Endreça es una estrategia de marketing político, para dar un discurso y una forma coherente y discursiva a la aplicación de normativas ya existentes que siempre han sido usadas para discriminar, excluir y restringir los derechos de ciertos colectivos que son vistos como no-personas-elegibles para usar el espacio público.

El Pla Endreça es una muestra más de la institucionalización del racismo, de su inclusión en discursos políticos y en prácticas municipales, que deviene en una cultura securitaria racista, discriminatoria y violenta.

El uso del “civismo” como eje central y regulador de las políticas tiene como consecuencia criminalizar, estigmatizar y excluir a ciertos colectivos, que no entran en una visión higienista blanca de lo que es el espacio público compartido. Promueve un discurso racista, clasista y xenófobo que determina quién puede usar el espacio público y cómo. Por lo tanto, deslegitima a un grueso de la población, vulnerando sus derechos fundamentales.

Nos preguntamos, bajo el Pla Endreça ¿Quién tiene permiso para existir en Barcelona?

La consecuencia que más nos preocupa es la persecución racista y clasista de ciertas personas a través del propio aparato institucional represivo, punitivo y de control. Ahora bien, este Pla Endreça no es un asunto policial nuevo, no es una invención novedosa, al contrario, se siguen reproduciendo las lógicas de control y represión que SOS Racisme viene denunciando desde hace años, a través de normativa ya existente.

El Pla Endreça crea un discurso de pánico moral, alarmista y de expulsión del espacio público. Esto prueba lo que los movimientos antirracistas llevan señalando años: la izquierda y la derecha son racistas por igual. Estas medidas racistas, punitivas, euroblancas no cambian con los diferentes partidos políticos gobernantes. Podemos poner como ejemplo el eslogan de Albiol, de un partido de derecha, que proclama “limpiar Badalona”.

Sin embargo, lo que sí que ha hecho esta izquierda es instrumentalizar a un hombre afrodescendiente, usándolo en el tríptico de las fiestas del barrio del Besos y Maresme, donde se anuncia el Pla Endreça a través de esta imagen. No quieren a los colectivos en el espacio público, pero sí en publicidades y difusiones para dar cuenta de su “inclusión”, palabra cuestionada por el antirracismo por las connotaciones que tiene.  Estas personas no son objetos al servicio de intereses políticos, son personas con derechos y libertades.

¿Dónde queda Barcelona Ciutat de Drets en este plan?

Desde SOS Racisme hemos registrado denuncias de personas que señalan una actitud racista en el uso y la puesta en marcha del Pla Endreça. Hemos podido conocer un testimonio en el que a un grupo formado por personas españolas y latinoamericanas con NIE fueron multados por la policía secreta por hacer ruido en la puerta de un bar mientras salían a fumar. No obstante, la sanción únicamente llegó a las personas con NIE.

Por lo tanto, cuando las instituciones llevan a cabo medidas más restrictivas, a quienes les afecta directamente es a los cuerpos racializados no blancos.

¿Hasta dónde será capaz de llegar el racismo institucional?

Desde SOS Racismo llevamos registrando actitudes racistas en el marco de ordenanzas municipales de civismo desde hace años. Nos preocupa el control policial sobre cuerpos racializados no blancos. Lo que el Plan Endreça ha logrado ha sido pulir el discurso en un marco higienista. Por lo tanto, las prácticas denunciadas por SOS Racisme ahora cuentan con la legitimidad política y el apoyo discursivo cultural.

Insistimos en que en los casos que nos llegan a nosotras, las personas sancionadas son personas racializadas no blancas, tengan DNI, NIE u otro documento. Las personas blancas no son objeto de persecución policial ni de actuaciones arbitrarias. Por lo tanto, nuestra valoración del Pla Endreça es que sigue la línea de unas prácticas informales instauradas en las instituciones públicas.

Lo que más nos preocupa es la difusión moderna, cuidada e higiénica que se está haciendo del Plan y cómo este mensaje va calando en la sociedad, ya afectada por discursos de odio racista y xenófobo, y por lo tanto, especialmente permeable a este tipo de contenido.

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Barcelona, 18 de septiembre de 2023_ Los seis agentes del Área de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos d’Esquadra han reconocido ser culpables de los delitos por los cuales se les acusaba hoy en un juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Barcelona.

Los magistrados han condenado a los seis agentes por el delito de atentado grave contra la integridad moral con agravante de racismo (Art. 175 y 22.4 CP) a un año de prisión, que quedará suspendida durante los próximos 3 años. En este plazo, además, tendrán que participar en un programa sobre no discriminación e igualdad de trato. También han sido condenados por delito leve de lesiones e inhabilitados de sus funciones durante 6 meses y no podrán acercarse a la víctima durante 4 años.

SOS Racisme, en calidad de entidad representante de la acusación, solicitaba que los policías fueran condenados por delito de tortura (artículo 174.1 y 176 CP) y delito de lesiones (147.2), ambos con agravante de racismo y abuso de superioridad (artículos 22.4 y 22.2 del código penal). Las penas que pedimos son de 6 años de prisión para cada agente, 3 meses de multa y 12 años de inhabilitación.

«Era una situación muy delicada en la cual llevamos un proceso muy largo con muchas trabas a nivel procesal y la víctima ha decidido acabar hoy el procedimiento y no continuar esperando un posible recurso de la sentencia», según ha declarado la abogada de acusación Lorena Antón delante de la Audiencia Provincial.

«No significa que estemos de acuerdo o satisfechas con la pena impuesta», aclaró Antón, quien también subrayó que los seis agresores, reconocidos por ellos mismos, continúan trabajando desde 2019. «A día de hoy siguen en activo. Debemos esperar a ver qué decisión tomará la Generalitat. Desde el principio, hemos demandado los cargos de tortura. Lo que hizo la Generalitat fue separarlos. Continuamos exigiendo desde 2019 hasta ahora, casi 5 años después», añadió la abogada representante de SOS Racisme Catalunya.

La representación de la familia leyó un comunicado que decía: «Ahora que los agresores han reconocido los hechos y hay una sentencia condenatoria, es hora de depurar responsabilidades. La Generalitat de Catalunya debe tomar decisiones contundentes sobre el tipo de funcionarios que integran los cuerpos de seguridad. Mientras no haya cambios, el estado es cómplice en hechos como los vividos. Y el racismo institucional seguirá violentando a las personas racializadas».

Los hechos, que sucedieron en el Bages en enero de 2019, se pudieron probar gracias a una grabación que hizo la víctima durante la agresión. Los acusados le propinaron golpes en la cabeza y patadas en los costados mientras le proferían insultos racistas. Los acusados, con una clara motivación racista, infligieron un castigo físico y psíquico con el ánimo de intimidarle, vejarle y dañar su integridad.

Es una sentencia que parte de una situación difícil. Lamentablemente, para que las víctimas de racismo obtengan algo de reparación, a menudo deben aceptar sentencias que no son completamente reparadoras. La falta de confianza en el sistema es otro elemento de la revictimización al que se ven sometidas las personas que denuncian racismo. Ahora depende de la Generalitat de Catalunya que estos agentes no vuelvan a ejercer y garantizar la no repetición mediante la implementación de mecanismos de control independientes.

Hay que recalcar que la víctima no solo fue torturada, sino que durante el procedimiento judicial ha sufrido una revictimización constante: jefes de policía que encubren a los torturadores, resoluciones judiciales tardías que aceptan ruedas de reconocimiento con la cara tapada, y una Generalitat que mantiene en el cargo y protege a los autores de estos hechos.

Es una sentencia que parte de una situación difícil. Lamentablemente, para que las víctimas de racismo obtengan algo de reparación, muchas veces deben aceptar sentencias que no son cien por cien reparadoras. La falta de confianza en el sistema es un elemento más de la revictimización a la que se ven sometidas las personas que denuncian racismo. Queda en manos de la Generalitat de Catalunya las medidas necesarias para que estos agentes no vuelvan a ejercer y garantizar la no repetición mediante mecanismos de control independientes.

CATALÀ:

COMUNICAT

Els sis agents de l’ARRO es declaren culpables de l’agressió racista a un jove negre al Bages el 2019.

Barcelona, 18 de setembre de 2023_ Els sis agents de l’Àrea de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d’Esquadra han reconegut ser culpables dels delictes pels quals se’ls acusava avui en un judici celebrat a l’Audiència Provincial de Barcelona. Els magistrats han condemnat els sis agents pel delicte d’atemptat greu contra la integritat moral amb l’agreujant de racisme (Art. 175 i 22.4 CP) a un any de presó, que quedarà suspesa durant els propers 3 anys. En aquest termini, a més, hauran de participar en un programa sobre no discriminació i igualtat de tracte. També han estat condemnats per delicte lleu de lesions i inhabilitats de les seves funcions durant 6 mesos i no podran acostar-se a la víctima durant 4 anys.

SOS Racisme, en qualitat d’entitat representant de l’acusació, demanava que els policies fossin condemnats per delicte de tortura (article 174.1 i 176 CP) i delicte de lesions (147.2), tots dos amb l’agreujant de racisme i abús de superioritat (articles 22.4 i 22.2 del codi penal). Les penes que demanem són de 6 anys de presó per a cada agent, 3 mesos de multa i 12 anys d’inhabilitació. «Era una situació molt delicada en la qual portem un procés molt llarg amb moltes traves a nivell processal i la víctima ha decidit acabar avui el procediment i no continuar esperant un possible recurs de la sentència», segons ha declarat l’advocada d’acusació Lorena Antón davant de l’Audiència Provincial. «No vol dir que estiguem d’acord o satisfetes amb la pena imposada», ha aclarit Antón, que també ha subratllat que els sis agressors, reconeguts per ells mateixos, continuen treballant des del 2019. «A dia d’avui continuen treballant. Hem de veure què farà la Generalitat. Hem exigit des de l’inici els càrrecs de tortura. La Generalitat el que va fer va ser separar-los. Continuem exigint des de 2019 fins ara, gairebé 5 anys més tard», ha afegit l’advocada representant de SOS Racisme Catalunya. La representació de la família va llegir un comunicat que deia: «Ara que els agressors han reconegut els fets i hi ha sentència condemnatòria, toca depurar responsabilitats. Que la Generalitat de Catalunya prengui decisions contundents sobre el tipus de funcionaris que integren els cossos de seguretat. Mentrestant no hi hagi canvis, l’estat és còmplice en fets com els viscuts. I el racisme institucional continuarà violentant les persones racialitzades». Els fets, que van succeir al Bages al gener de 2019, es van poder provar gràcies a una gravació que va fer la víctima durant l’agressió. Els acusats li van propinar cops al cap i puntades en els costats mentre li profanaven insults racistes. Els acusats, amb una clara motivació racista, van infligir un càstig físic i psíquic amb ànim d’intimidr-lo, vexar-lo i danyar la seva integritat. 

És una sentència que parteix d’una situació difícil. Lamentablement, perquè les víctimes de racisme obtinguin alguna reparació, sovint han de acceptar sentències que no són del tot reparadores. La manca de confiança en el sistema és un element més de la revictimització a la qual es veuen sotmeses les persones que denuncien racisme. Ara depèn de la Generalitat de Catalunya que aquests agents no tornin a exercir i garantir que no es repeteixin mitjançant mecanismes de control independientes. 

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El derecho al voto, activo y pasivo, es decir, a elegir y ser elegido, en el marco del derecho a participar de la vida política de la sociedad, forma parte indisociable del conjunto de derechos civiles y políticos, así lo recoge el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966:

Todos los ciudadanos disfrutan, sin ninguna distinción de las mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a. De participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes elegidos libremente. b. De votar y escoger en elecciones periódicas y auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por votación secreta que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

c. De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Pero el propio redactado ya supone una restricción cuando se refiere a los ciudadanos, dado que la condición de ciudadano viene otorgada por cada Estado solo a sus connacionales. Se trata de una aplicación selectiva y una contradicción evidente ante los principios de igualdad y no discriminación.

La restricción del derecho a voto a las personas con nacionalidad extranjera supone, entre otras:

• La vulneración de un derecho fundamental motivada en el origen nacional de las personas y por tanto una muestra, más, del racismo institucional.

• La debilidad democrática: un Estado que deniega el derecho de voto a una parte de la población nunca será plenamente democrático.

• Mayor impunidad a la aparición de discursos y propuestas racistas durante las campañas electorales, donde las personas con nacionalidad extranjera se convierten en un chivo expiatorio por quien busca ganar y/o no perder votos.

Por eso, una vez más manifestamos que:

El derecho al voto activo y pasivo no tiene que estar ligado a la nacionalidad. Tiene que ser inherente a la persona y, en todo caso, vinculado a la residencia reconocida mediante el empadronamiento, es decir, a la ciudadanía entendida como pertenencia en la comunidad donde vive.
El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene que ser interpretado entendiendo que la ciudadanía se refiere e incluye también en todas las personas residentes en un Estado, independientemente de su nacionalidad.
Todas las personas residentes en un Estado tienen que disfrutar del derecho a voto activo y pasivo, a elegir y ser elegidas por sufragio en todas las elecciones que se celebren a cualquier nivel.

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