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• La existencia de lugares de concentración de posibles inmigrantes es, en si mismo, una vulneración de derechos individuales que los propios países de la Unión Europea reconocen a sus ciudadanos. La sospecha de inmigración, que en muchos casos no pasará de una mera sospecha, no da derecho a ningún país a socavar el principio de territorialidad de sus propias leyes ni a aplicar decisiones a ciudadanos que se encuentren en otros. Parece en este punto, que extendiendo las leyes de la guerra que algunos países están poniendo en vigor, se olvidan de fundamentos del derecho internacionales y estatal que son garantías democráticas de todos, incluidos ciudadanos no comunitarios.
• Ningún órgano de Unión Europea podrá garantizar el respeto a los derechos de quienes, fuera de su territorio, son confinados en campos de acogida que no quedan bajo su tutela. Ciertamente, no es una conclusión precipitada hablar de estos campos de acogida, como poco, de campos de refugiados y finalmente, y en muchos casos, de inevitables campos de concentración. Determinados caminos conducen siempre a metas ineludibles, tanto por el número posible de “acogidos” como por los recursos que se van a utilizar y el control del acogimiento.
• La legalidad de cada país debe ser, en todo caso, defendida con los recursos legales y las garantías procesales y judiciales que tal país tiene establecidas, si se trata de un país democrático. Arbitrar ahora medios administrativos que llevan, sin un examen y un debate parlamentario, a situaciones ajenas a la ley vigente y que afectan a personas y sus derechos, es una desviación grave de los principios democráticos.
• La medida que se propone si pone algo de manifiesto, es el fracaso de la Unión Europea a la hora de adoptar medidas que regulen y ordenen la inmigración, una realidad que tiene su origen en las diferencias insolidarias entre pueblos y personas y en las necesidades perentorias de quienes padecen la miseria , la persecución o el maltrato. Lo que la UE debería plantearse, lejos de iniciativas estrictamente represoras, como ésta, son políticas solidarias de ayuda, desarrollo y de integración efectivas, todavía ausentes.

Por todo ello, SOS Racismo llama la atención de la sociedad española sobre la gravedad de esta iniciativa que se pretende adoptar, con la creación de “campos de acogida” para inmigrados, fuera de las fronteras europeas, y pide el Gobierno español que se oponga a tal propuesta de forma explícita e inequívoca.
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español
30 septiembre 2004

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