• Los países del G5 han acordado, a propuesta española, limitar el número de visados por reagrupación familiar a la cifra de repatriaciones del país de origen. Esto supone que una persona que tenga su residencia estable en uno de estos países y quiera ejercer su derecho a vivir en familia no podrá hacerlo si no hay un número equivalente de personas expulsadas o expulsables de su mismo origen. Extrapolando el criterio, es como si a una pareja que quisiera casarse, al tramitar la solicitud en los juzgados, le dijeran que es imposible porque aún no se han divorciado suficientes matrimonios ese año. La medida muestra un total desprecio a los derechos, que dejan de ser algo inalienable para convertirse en moneda de cambio de un chantaje infame a los países emisores: aceptación de las expulsiones como condición para que los familiares de los inmigrantes puedan reunirse con ellos. La medida muestra también de la forma más descarnada los valores que guían la política europea de inmigración: la consideración de los extranjeros como mano de obra precaria y no como personas con sus múltiples dimensiones, la obstaculización del arraigo y del acceso a la ciudadanía de la mayoría que aspira a una residencia estable para mejorar su vida y la de sus hijos.
• Los países del G5 han acordado en segundo lugar, también a propuesta española, la organización de vuelos conjuntos para expulsar a extranjeros en situación irregular. Esta medida, que han realizado numerosas veces varios estados de la UE, ha sido contestada desde sus inicios: las garantías de un proceso individualizado disminuyen, el respeto a los derechos humanos durante los vuelos está en entredicho, y aún más cuando aterrizan en su país de origen o en otro, ya que en ocasiones la persona es expulsada al país desde el cual entró a la UE.
• Desde SOS Racismo vemos con preocupación el rumbo del proceso de comunitarización de la política de inmigración. Hasta ahora se han armonizado las políticas policiales, pero no las políticas de integración ni de derechos. Se trata la inmigración desde los ministerios de Interior, no desde otros ámbitos. Se pretende trasladar el control de las fronteras a los países de origen, lejos de la mirada pública, creando centros de internamiento y condicionando la cooperación a la admisión de expulsados. Se criminaliza a la inmigración irregular silenciando la ausencia de vías legales de entrada y de mecanismos permanentes de regularización. El texto del Tratado Constitucional sólo reconoce como ciudadanos europeos a los nacionales de los países miembros, y únicamente nombra a los extranjeros en el apartado de Justicia e Interior. Esperábamos que el gobierno del PSOE ejercería alguna oposición, un contrapeso a estas políticas marcadamente derechistas. Vemos, por el contrario, que no sólo las asume sino que las promueve y se convierte en su abanderado.

Continuaremos denunciando públicamente el retroceso en el respeto a los derechos humanos en la política europea de inmigración y asilo, en coordinación con otras organizaciones europeas junto a las que trabajamos desde hace tiempo. Iniciamos hoy los contactos para emprender conjuntamente acciones a nivel europeo.
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español
6 julio 2005

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