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La Vieja Ley de Extranjería cumple un año

SOS Racisme — Tue, 21 Dec 2010 17:44:37 +0000

En el Boletín Oficial del Estado del día 12 de diciembre de 2009 se publicaba la Ley Orgánica 2/2009 de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Y aunque sea una costumbre que el Gobierno incumpla los plazos que se marca, es obligado comenzar este artículo de valoración denunciando el retraso de más de seis meses que lleva la promulgación del reglamento de desarrollo de esta ley.
Traspasar cuatro directivas y reponer por mandato constitucional determinados derechos a las personas extranjeras irregulares que nunca debieron ser anulados., no justifica que se modifiquen más de sesenta artículos de los 71 que contiene la Ley; todo lo cual hace que tengamos que hablar no de una reforma sino de una nueva ley de extranjería. Sin embargo es una ley nueva en la forma pero no en el contenido. Y en aquellos aspectos novedosos el resultado tras un año de vigencia es cuestionable. En todo caso, que la anterior norma (Ley Orgánica 7/1985 de 1 de julio ), estuviera quince años sin modificar y que la actual Ley 4/2000 vaya camino de su cuarta reforma en nueve años desde su entrada en vigor en febrero del año 2000 es ya un dato que invita a la reflexión y que tiene que ver con el empeño del gobierno en querer regular la inmigración a través de la extranjería.
Un país con el 69,74% de la población extranjera, (la suma de permisos permanentes y comunitarios) disfrutando de una estabilidad en su situación administrativa y con un aumento creciente de solicitudes de reagrupación familiar lo que necesita es un buen plan de integración que establezca unos mínimos comunes entre las políticas de integración de las diferentes comunidades autónomas que en algunos casos son divergentes. Tenemos una inmigración con nacionalidades diversas desigualmente repartida territorialmente; en definitiva, inmigrantes que vienen a quedarse. Y tenemos una Ley que nos habla del “esfuerzo de integración” como resultado final de un proceso que no se regula y carente de recursos que hagan posible esa integración. Hace no muchos años el esfuerzo de la población inmigrante había contribuido a aumentar el PIB del país, aseguraba el relevo generacional y las cotizaciones a la Seguridad Social. Ahora el esfuerzo se mide en clave de integración coercitiva con riesgo de perder la regularidad si no se supera la prueba.
En definitiva, esta ley, lejos de ofrecer estabilidad alargando la duración de los permisos ha introducido nuevos obstáculos que a falta de desarrollo reglamentario ahonda las diferencias entre la población inmigrante y la autóctona en el plano de los derechos. Esta ley es una mala herencia para los hijos de los padres que hoy se ven sometidos a seguir demostrando que son “esforzados” trabajadores que se deben mostrar ante la sociedad como ejemplo del “buen inmigrante” (Javier de Lucas).
Las crisis económicas tienen unos ciclos diferentes a los que se precisan para evaluar el grado de integración de una población inmigrante que en los últimos años ha crecido de manera exponencial. Una política de inmigración realista debe tener una perspectiva temporal de largo alcance y con el panorama migratorio español debería aproximarse a ámbitos como el de la nacionalidad o el de los derechos políticos. Sin embargo, se apuesta por la extranjería en términos de temporalidad, control de flujos y retorno.
La crisis económica pasará pero los hijos de los inmigrantes a quienes se les aplica esta ley anacrónica se quedarán. Gestionar el temor a lo diferente en un contexto de escasez de recursos “metiendo miedo” al electorado puede traer consecuencias incalculables. Y aquí nos vamos a encontrar con uno de los problemas que el discurso populista y xenófobo está incubando. Las leyes, (aunque sean de extranjería), deben transmitir a las próximas generaciones que existen unas fronteras éticas y de dignidad humana que no pueden traspasarse. Si alguien se cree que tiene algún permiso especial para traspasar este límite que luego no se lamente cuando descubra que la paciencia también es limitada.
Lorenzo Cachón recupera una frase de Coetzee referida a los nativos de Sudáfrica: “Son hombres sin mujeres, sin niños, que llegan de ninguna parte y a los que se puede hacer regresar a ninguna parte”. La realidad migratoria española predominante no es esta fotografía, es la familia Alcántara en diferentes lenguas y colores. La Ley de Extranjería se ha centrado en la primera de las fotografías y nace ya vieja; el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración ha finalizado su vigencia sin que otro plan tome el relevo; los presupuestos generales para el 2011 reducen en más de un 50% los fondos destinados a políticas de integración y España sigue siendo uno de los pocos países que no ofrece datos sobre los llamados “delitos de odio”, a pesar de que ya se ha constituido el Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación. Hay muchas cosas por hacer en estos “tiempos de silencio” para la sensatez y la cordura.
21 de diciembre del 2010
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español

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ANÁLISIS DE LA LEY 2/2009 DE REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA: VIEJOS REMEDIOS PARA NUEVAS REALIDADES

SOS Racisme — Fri, 05 Feb 2010 15:50:34 +0000

Presentación del informe de la Federación de Asociaciones de SOS RACISMO en el Estado Español, sobre la Reforma de la Ley de Extranjería. Resumen de prensa en el 10º aniversario de los sucesos racistas de El Ejido.

Este sábado 6 de febrero se cumplen diez años de los más graves hechos racistas de Europa de la segunda mitad del siglo XX, en el Ejido. Ese mismo día en el 2000, en el Mercado de Santa María del Águila, una pedanía de El Ejido, un joven marroquí de 22 años con trastornos mentales apuñaló a una mujer, causándole la muerte en el acto; arrancaba así una ola de violencia contra la población de origen extranjero que dio la vuelta al mundo. Esta explosión de racismo social no surgió de la nada sino que fue fruto de una política local fundamentada en una política de segregación hacia la población inmigrante, la mayoría de origen marroquí, a la que solo se admitía como mano de obra barata pero no como vecinos y vecinas. El todavía alcalde de este municipio Juan Enciso se hizo tristemente famoso con frases como “A las ocho de la mañana todos los inmigrantes son pocos. A las ocho de la noche, sobran todos.” Este racismo institucional perpetrado desde la política local se sumaba al ya consolidado a partir de la ley de extranjería que fomentaba la existencia de un colectivo de trabajadores sin papeles y sin derechos. De estos hechos que suponen las manifestaciones racistas más graves ocurridas en el estado español hasta la fecha nadie ha sido condenado. Apenas un mes antes entraba en vigor la ley 4/2000 que modificaba la antigua Ley de extranjería del año 1985. Los incidentes de El Ejido sirvieron al Partido Popular para proclamar en campaña electoral mano dura contra la inmigración y legitimó la reforma de la ley que realizó al llegar al gobierno.
Diez años después las condiciones de las personas que trabajan en los invernaderos continúan siendo precarias y la política en el levante almeriense poco ha cambiado. A pesar de ello en estos diez años han sido muchas las iniciativas locales que han contarrestado las consecuencias de una nefasta política de extranjería, pero desde hace unos meses asistimos a ver como algunos políticos resucitan fantasmas fabricando artificialmente debates y otros ayuntamientos directamente defienden los postulados xenófobos de partidos de extrema derecha y sus políticas discriminatorias correspondientes como es la restricción del empadronamiento de las personas inmigrantes. Este giro en la política local es un claro ejercicio de irresponsabilidad política con consecuencias imprevisibles.
El pasado 19 de diciembre de 2008, se aprobaba la Ley Orgánica 2/2009 de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, publicada en el Boletín Oficial del Estado del día 12 de diciembre. La reforma de la actual Ley de Extranjería supera los motivos que justifican dicho cambio, (incorporar las sentencias del tribual Constitucional, incorporar Directivas europeas y adaptar la ley a la nueva “realidad migratoria”). Modificar más de 60 artículos de los 71 que contiene la Ley e introducir apartados y artículos que antes no existían hace que tengamos que hablar no de una reforma sino de una nueva ley de extranjería. Sin embargo es una ley nueva en la forma pero no en el contenido que continua siendo en esencia segregador y paradigma del racismo institucional.
Y sin embargo, la realidad migratoria en la que se promulga esta ley sí es diferente a la existente hace diez años. Hoy en día, al margen del sustancial aumento de la población inmigrante, es palpable la existencia de una población inmigrante asentada y que tiene un proyecto para vivir y trabajar aquí, tengan o no regularizada su situación administrativa. Más de un millón de personas extranjeras tienen un permiso permanente que les autoriza a residir prácticamente de forma indefinida y más de dos millones de extranjeros están en el régimen comunitario, a esto hemos de añadir las reagrupaciones familiares con sus hijos e hijas nacidos o no aquí que serán los ciudadanos del futuro. En definitiva, la reforma supone ofrecer viejos remedios para nuevas realidades:

Este panorama migratorio no se corresponde con la reforma de una ley que sigue insistiendo en el reforzamiento del control de la frontera, en la sanción a la inmigración irregular y que lejos de reforzar los mecanismos de integración para quienes ya están aquí, añade todavía más dificultades.
Por primera vez la materia de integración adquiere rango de ley de orgánica, aunque la misma queda reducida a un artículo que de manera genérica expresa una idea de integración más cercana al Pacto de Inmigración y Asilo que a los Principios Básicos Comunes. A la vez no deja de ser una incongruencia promover la integración desde una ley por definición discriminatoria.
En todo caso, la integración no puede llevarse a cabo sin el reconocimiento efectivo de derechos. Y en este punto el balance final es negativo. Exceptuando las correcciones que en materia de reconocimiento de derechos se introducen por las sentencias del Tribunal Constitucional, se aprecia un claro retroceso en el acceso a la vivienda, la reagrupación familiar o las prestaciones sociales.
El reconocimiento de derechos a determinados colectivos, (menores, mujeres víctimas de violencia de género y mujeres víctimas de trata) ofrece un balance igualmente contradictorio, con algunos avances pero también con retrocesos, en especial en lo relativo a menores por lo que en la práctica no solucionará ninguna de las problemáticas que acompañan a estos colectivos.
Sobre los diferentes tipos de permiso y la manera de obtenerlos, esta nueva ley crea nuevas autorizaciones e incluye a las Comunidades Autónomas en la concesión de permisos iniciales. Con todo ello el sistema de permisos es más complejo y sobre todo se amplía la distancia entre un grupo de inmigrantes “escogidos”, (trabajadores altamente cualificados, investigadores, etc) frente a otro grupo de inmigrantes “no deseados”, (irregulares, extranjeros que no superen el “esfuerzo de integración”, etc).
La migración ordenada sigue siendo el sistema ideado para venir a trabajar. Sin embargo, la realidad nos habla de una migración desordenada que obedece a causas globales. Admitir esta realidad supone admitir que la ley deviene en un instrumento inservible para regular los flujos y los mecanismos legales de control y contratación se convierten en ficciones jurídicas totalmente superadas por la realidad. Se mantiene la ceguera ante la irregularidad administrativa que la misma ley provoca.
Esta ley tiene el triste privilegio de ser la primera ley de extranjería de la Unión Europea en trasponer la Directiva 2008/115 de retorno, más conocida como Directiva de la vergüenza. Además la introducción de nuevas infracciones que suponen una auténtica invasión del derecho de extranjería en ámbitos del derecho civil y administrativo, (el matrimonio, el empadronamiento, etc) provocan situaciones de discriminación respecto a las personas de nacionalidad española, pero además produce otro efecto: relativizar cada vez más la condición de extranjero en la aplicación del apartado sancionador de la ley ya que la nuevas sanciones nos afectan en gran medida a todas y todos.

Por todo esto, desde SOS Racismo exigimos un modelo de política migratoria acorde con la heterogeneidad de la inmigración y respetuoso con los Derechos Humanos. El modelo basado en la ley de Extranjería además de provocar exclusión, racismo y explotación laboral ya ha demostrado no responder a las necesidades de un mundo cada vez más globalizado, ni a los cambios sociales que la inmigración, entre otros hechos, ha suscitado. Ya basta de viejos remedios para nuevas realidades.
Documento de análisis íntegro en versión para descargar: “Viejos remedios para nuevas realidades”
5 de febrero del 2010
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español

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Ante las declaraciones de los portavoces políticos en el Senado durante el debate de la reforma de la Ley de Extranjería

SOS Racisme — Fri, 13 Nov 2009 18:37:23 +0000

La Federación de Asociaciones de SOS Racismo del estado español quiere hacer llegar su opinión ante las declaraciones de algunos líderes políticos en el marco del debate en el Senado de la reforma de la ley de Extranjería.
Las declaraciones del Partido Popular por parte del Sr. Gonzálvez proponiendo un cambio de nombre, son una muestra más de la xenofobia que acompaña todas las declaraciones de este partido en su análisis de la política de inmigración. El PP sabe de sobra que la ley de extranjería ya es de por si una restricción de derechos y una lista de deberes añadidos a la población inmigrante. A pesar de ello pretende mostrar su “mano dura” contra la inmigración cambiando el nombre de “derechos y libertades” por “derechos y obligaciones”, lo que representa profundizar en la estigmatización de la población inmigrada y la consolidación de un modelo de apartheid jurídico en el que se apuesta por no reconocer como ciudadanos a una parte de la población, cuestionando el hecho de que toda persona tiene inherentemente unos derechos y unas libertades.
Al mismo tiempo, declarar en una intervención en el Senado que los inmigrantes irregulares son delincuentes es una afirmación más a las que ya nos tiene acostumbrados el Partido Popular, proclamando así su racismo más explícito. A pesar de ello, no podemos dejar pasar afirmaciones de este tipo, más viendo la situación en Italia donde Berlusconi ha equiparado la irregularidad a delito. En el Estado español, las personas que se encuentran en situación irregular cometen una falta administrativa. No son delincuentes sino víctimas del marco legal de extranjería y no deberían ser tratados como tal, aunque lamentablemente se hace continuamente. Afirmaciones como estas promueven la criminalización de la población inmigrante y atizan el fuego de la xenofobia, el racismo y la crispación social.
No es menos preocupante la actuación de los partidos que han votado a favor de esta ley. El PSOE que, en un ejemplo mayúsculo de cinismo, intenta encubrir como garantías y avances de los derechos el aumento del período de retención en los CIES y las limitaciones al reagrupamiento familiar. Y Convergència i Unió, que acepta la vulneración de los Derechos Humanos en nombre del consenso político.
La próxima reforma no solo conllevará un retroceso claro en derechos de las personas inmigradas sino que viene acompañada de unos discursos claramente xenófobos en el peor de los casos y de pura demagogia. Desde SOS Racismo nos preguntamos donde está el discurso alternativo y responsable.
13 de noviembre del 2009
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español

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SOS Racismo denuncia el anuncio de un nuevo endurecimiento de la ley de Extranjería

SOS Racisme — Sat, 20 Dec 2008 18:39:29 +0000

SOS Racismo denuncia la pretensión de un nuevo endurecimiento de esta ley absurda e inhumana. La cuarta reforma en los últimos 8 años.
Una vez más la regulación de los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas extrangeras se encuentra a merced de las decisiones electoralistas y demagogas de los partidos políticos mayoritarios, convirtiéndose en objeto de políticas xenófobas y discriminatorias.
Valorando con cautela la información aparecida en la prensa, SOS Racismo denuncia:

La ampliación del plazo de detención en los centros de internamiento de extranjeros/as cuando estamos ante auténticas cárceles de cuyo régimen de funcionamiento y respeto de los derechos de las personas tenemos numerosos testimonios sobre la violación de los derechos más fundamentales.
El recorte, aún más, de los derechos fundamentales, que tienen carácter universal y reconocimiento internacional para todas las personas sea cual sea su situación administrativa.
Por otro lado, señalar que el derecho a la asistencia jurídica gratuita ya se encuentra reconocido hace mucho, por lo que no es ninguna novedad, y no hay mejora alguna.
La restricción de la reagrupación familiar, de forma que atenta contra el derecho a la vida familiar, al dificutlar aún más la convivencia con sus ascendientes director, que ya está de por sí muy limitada. Incidiendo en el desarraigo familiar, una de las consecuencias más duras del proceso migratorio.
Por otro lado, en el caso de reagrupación para chicos y chicas mayores de 16 años, se condiciona su venida a la obtención del permisos de trabajo como única posibilidad, no permitiéndose su normal desarrollo como jóvenes y como estudiantes.
El endurecimiento de los castigos para quien, al no quedarle más remedio por no dejar que se regularice su situación, queda condenado a la economía sumergida.

Por todo ello SOS Racismo exige:

El fin de una política migratoria que cronifica la situación de las personas en situación irregular y que impide de facto la contratación en origen en razón de una práctica administrativa absurda y abusiva.
El cierre de los Centros de Internamiento de extranjeros ante los numerosos testimonios sobre las violaciones de derechos cometidos.
El final de un discurso político y miediático que niega de forma constante los derechos de los ciudadanos extranjeros sea cual sea su situación administrativa.

POR TODO ELLO, UNA VEZ MÁS SOS RACISMO PIDE LA REVOCACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA Y EL CIERRE DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO. CONSTRUYAMOS UNA SOCIEDAD QUE NO SIGA DIVIDIENDO ENTRE “ELLOS” Y “NOSOTROS”, ENTRE “ELLAS” Y “NOSOTRAS”. BUSQUEMOS DE FORMA CONJUNTA, SIN MÁS DISCRIMINACIONES, ALTERNATIVAS A LOS PROBLEMAS SOCIALES QUE A TODOS/AS NOS ACUCIAN.
19 de Diciembre del 2008
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español

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REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA: CORBACHO QUIERE ENDURECERLA AÚN MÁS

SOS Racisme — Thu, 02 Oct 2008 17:55:53 +0000

Desde la Federación de asociaciones de SOS Racismo denunciamos una vez más la existencia de una Ley de Extranjería, un marco legal que origina el apartheid jurídico del que son víctimas las personas de origen inmigrante. Una ley, absurda e inhumana, que en contra de lo que debería ser el Estado de Derecho, legitima y potencia la desigualdad, y que existan ciudadanos de primera de segunda y hasta de tercera clase, en función de su origen. Una ley que quiere ser endurecida aún más, de nuevo.
El ministro Corbacho anunciaba ayer que presentará una reforma de la Ley de extranjería diciendo que es para acabar con algunas de sus contradicciones. La perspectiva de una reforma es alarmante en un contexto en el que el Gobierno parece que haya tomado como medida, para hacer frente a la crisis económica y a todo problema que no sabe resolver, culpabilizar a las personas inmigrantes que ya forman parte de esta sociedad, insinuando que sobran.
Existe el peligro de que las acciones anunciadas últimamente (retorno de trabajadores; una brigada policial especial para perseguir extranjeros, limitar a cero la contratación en origen, dificultar al máximo la reagrupación de las familias, invitar al retorno “voluntario”, aumentar el tiempo de encierro en centros de internamiento, etc ), junto con los discursos que las acompañan, generen una corriente de opinión que potencia los sentimientos de competencia, rechazo y xenofobia. Quiere así legitimar, a través de un discurso xenófobo las reformas más restrictivas de la ley de extranjería.
Hemos de exigir soluciones reales para el conjunto de la población. No podemos dejar que planeen el endurecimiento del trato a un grupo de personas que forman parte de esta sociedad, como cortinas de humo que buscan un chivo expiatorio, culpabilizando a la población inmigrante de todos los problemas sociales y económicos.
Las medidas en las que ayer el Ministro ponía el acento dejan entrever la óptica utilitarista del hecho migratorio:

El ministro anunció la intención de ampliar a cinco años el plazo para la reagrupación familiar ascendente, vinculándolo a la residencia permanente. Hace años que desde diferentes sectores sociales trabajamos para que las personas inmigradas sean reconocidas como ciudadanos. En vez de avanzar, vemos como este Gobierno socialista, no sólo no avanza en este sentido, sino que apuesta por reducir aun más los pocos derechos reconocidos. (el derecho a vivir en familia es un derecho reconocido, entre otras normas, en la constitución)
Por otra parte anunció la necesidad que los menores entre 16 y 18 años puedan trabajar. Le interesan sólo si traban, llegando a decir que si no trabajan “el único destino que tiene inmediato es estar en la calle o en una plaza”. Corbacho olvida la importancia de continuar los estudios para evitar la desigualdad de oportunidades en el futuro, e insulta a todas las madres y padres, y a las y los chavales, generalizando y estigmatizando gratuitamente con una imagen de dejación de las familias y de incapacidad para hacer algo que no sea trabajar.
A su vez anuncia la obligación de reformar la ley para incorporar directivas europeas, olvidando aclarar que lo que quiere incluir es la llamada “directiva de la vergüenza”, que este gobierno ha defendido, pese a ser denunciada tanto en nuestro entorno, como a nivel internacional, por cualquiera que defienda los derechos humanos.
– Como colofón habla también de la obligación, que no voluntad, de reformar lo que el tribunal constitucional declaro inconstitucional (derechos de sindicación, reunión, asociación y educación). El problema es que el tribunal dejo en sus manos regular muchos de estos derechos y libertades, y viendo lo que hace, lo que dice, y su falta de voluntad, posiblemente regule del peor modo posible lo que se debe garantizar.

Todo esto se une a un discurso que proyecta culpabilizar de la crisis, dado que no sabe que hacer con ella, a la población inmigrante, en un demagógico y peligroso discurso xenófobo. Su pretensión de “impedir que vengan más inmigrantes, porque hay españoles en paro”, obviando conscientemente que no son la causa ni la solución de la crisis, y que el paro de un obrero de Cáceres no se resuelve impidiendo que se contrate a una empleada de hogar interna en Toledo, ya ha sido puesta en practica, de hecho, con la publicación ayer mismo del “catalogo de puestos de difícil cobertura”, es decir, el listado que hace el gobierno sobre que puestos se pueden ofrecer a extranjeros-as que quieran venir o regularizar su situación. Lo que se impide no es que vengan, sino que vengan y estén de modo regular. Desapareciendo de este listado las profesiones que actualmente cubre la población migrada, impedirá que alguien vuelva a su país para intentar regularizar su situación, potenciando y cronificando aun más la irregularidad (caldo de la explotación laboral), dificultando enormemente la normalización de la vida y el trabajo de quien ya trabaja aquí, y de quien necesita contratarle.
No hay nada más lejos de la “migración ordenada” de la que hablan, que cerrar los ojos a la realidad de la economía, de la migración, de los problemas sociales, y de las personas, condenado a la clandestinidad a lo que realmente existe, y que seguirá existiendo.
Desde SOS Racismo exigimos:

Tener en cuenta que la ley de extranjería entra en contradicción con las normas y acuerdos internacionales de defensa de los derechos humanos, y que se reformen las normativas para que estos sean plenamente respetados.
Responsabilitat política al Govern local i a l’oposició per tal de vetllar per la convivència al municipi.
El restablecimiento de vías permanentes de entrada y de acceso a la regularidad, de modo que no quede como única alternativa viajes más caros y peligrosos para quien viene, y la vida y el trabajo en la clandestinidad para quien ya está aquí.
El reconocimiento de los derechos civiles y políticos, que normalicen la aplicación de los derechos humanos, y la integración efectiva de todas las personas que formamos parte de esta sociedad.
El cese de los discursos que fomentan la xenofobia y esta visión utilitarista del hecho migratorio, que trata a las personas extranjeras como “trabajadoras de usar y tirar” , a la vez que las estereotipa como problema.

En definitiva exigimos responsabilidad política, y que esta reforma de la ley de extranjería no sirva para ahondar en el recorte de derechos de la población inmigrante, con el objetivo de instrumentalizarlos y alejarlos cada vez más del estatus de ciudadanos y ciudadanas, y de la normalidad, la integración y la igualdad.
2 d’octubre del 2008
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE SOS RACISMO

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El Tribunal Supremo falla a favor del recurso presentado por SOS Racismo contra el cierre del regimen general acordado por el Gobierno del PP en diciembre del 2001

SOS Racisme — Thu, 27 May 2004 10:48:34 +0000

El consejo de Ministros del anterior Gobierno estableció el cierre del regimen general, mecanismo contemplado en la propia ley de extanjería que permitía acceder a ofertas de empleo nominativas a los inmigrantes que se encuentrasen en territorio español y que de esta forma podían solicitar el permiso de trabajo y residencia.
La Federación de asociaciones de SOS Racismo del Estado español junto con otras ONG (CEAR, VOMADE; ATIME, MPDL; ARI Perú, Federación de Mujeres Progresistas, Asamblea de Cooperación por la Paz y Asociación Rumiñahui) presentamos un recurso contra dicho acuerdo.
Ayer miércoles 26 de mayo, el Tribunal Supremo dictó sentencia a nuestro favor.
Ante esta noticia positiva SOS Racismo quiere expresar:

El cierre del regimen General es una de las causas más importantes del incremento de ciudadanos inmigrantes en situación irregular en los últimos años. El PP es el máximo responsable de conducir a un millón de personas a la exclusión social y a la explotación laboral.
La sentencia fija la nulidad del acuerdo y por tanto implica la revisión de todas las solicitudes presentadas y que fueron inadmitidas a trámite.
La sentencia permite al nuevo Gobierno, si hay voluntad política, asumir estos criterios para abordar la política migratoria desde otra perspectiva y para la elaboración del Reglamento.

Desde SOS RACISMO valoramos muy positivamente la noticia que pone en evidencia la injusticia y el fracaso de la política migratoria del anterior Gobierno.
Es necesario y urgente reconducir la situación y dar un giro de 180º a la política migratoria: crear vias reales de entrada y apostar por la igualdad de derechos, el nuevo Gobierno tiene este deber y responsabilidad, y debería tomar la lucha contra el racismo y la discriminación como un eje prioritario de su política.
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español
27 mayo 2004

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Pacto sobre la reforma de la ley de extranjería

SOS Racisme — Fri, 12 Sep 2003 10:11:47 +0000

SOS Racismo denuncia una vez más el acuerdo al que han llegado gobierno y PSOE de pacto sobre la reforma de la Ley de Extranjería. La apertura de diálogo entre los dos partidos mayoritarios solo ha servido para consensuar una propuesta que endurecerá aún más la actual ley: restringiendo derechos fundamentales, el derecho de asilo, la reagrupación familiar, el arraigo, manteniendo cerrado en la práctica el régimen general y proponiendo más medidas de control y ninguna propuesta a favor de la integración.
Desde SOS Racismo denunciamos:

La esencia y núcleo de la reforma, basada en un retroceso en los derechos de las personas inmigradas propuesta por el Gobierno se mantiene por completo.
La reforma fomentará aún más la inmigración irregular pues no se abre ninguna vía real de entrada legal.
No se da respuesta a las 700.000 personas en situación irregular que hay en nuestro país.
Se mantiene la apuesta del contingente como única vía de entrada legal al país, conociéndose de sobra el fracaso del año pasado cuando de las 32000 ofertas, cifra irrisoria por otro lado, solo se cubrieron la mitad y la mayoría fueron de carácter temporal. Ahora a ese caos se le suma de forma propagandística un visado de búsqueda de empleo por tres meses gestionado dentro del contingente: ¿qué número de visados se expedirán, mas allá de los concedidos a los hijos y nietos de inmigrantes españoles? ¿bajo que criterios?, ¿para qué tipo de empleos? ¿A que países?.

La oposición ha perdido una ocasión única de ofrecer un discurso alternativo sobre política migratoria basado en la igualdad de derechos. ¿Como se puede consensuar una reforma que vulnera aspectos fundamentales de un estado de derecho?
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español
12 septiembre 2003

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Reforma de la ley de extranjería

SOS Racisme — Thu, 11 Sep 2003 10:04:10 +0000

El Gobierno español, lejos de avanzar en una política de integración y de garantizar la protección plena y efectiva de los derechos humanos de los inmigrantes, reformara la Ley de Extranjería, por tercera vez en dos años.
La reforma elimina prácticamente las escasas vías legales de entrada y de regularización que aún se mantienen en la actualidad, por lo que es la ley la que está fomentando la inmigración irregular. El resultado de este racismo institucional ya lo conocemos: muertes en el mar, aumento del negocio de las redes de transporte clandestino, mas de setecientas mil personas en situación irregular…
Después de un verano lleno de trágicos episodios de llegadas de pateras, de los problemas con los trabajadores temporeros en situación irregular de Lleida o del desalojo del campamento de inmigrantes irregulares de Ceuta, episodios que muestran la cara más amarga del fracaso de la política migratoria, nos enfrentamos a una reforma que agudiza este modelo injusto e ineficaz.
SOS Racismo denuncia las consecuencias de esta reforma:

Refuerzo del control de entrada: El Gobierno exige que las compañías de transporte actúen como policía de aduanas, delegando en la practica la responsabilidad del control de fronteras en las compañías de transporte. Esto comportara restricciones al derecho de asilo ya que las compañías, ante una posible multa, denegarán el embarque a potenciales solicitantes, que usualmente huyen sin la documentación exigida y un mayor enriquecimiento de las redes de transporte clandestino, al convertirse prácticamente en la única vía de entrada.
Modificaciones que facilitan el procedimiento de expulsión: Estos cambios están vinculados a las modificaciones realizadas en el Código Penal, a fin de unir inmigración y delincuencia.Estas medidas violan el derecho a la presunción de inocencia de las personas inmigradas dejándolas ante una indefensión jurídica, arbitrariedad y falta de garantías en todo el proceso, además de violar la independencia judicial ya que el juez sólo tendrá tres días para parar la expulsión si considera que existen circunstancias excepcionales (no aclaradas por la nueva ley).
Endurecimiento del control policial a través del control de los censos municipales: El Gobierno pretende reformar la Ley de Bases de Régimen Local (que regula el empadronamiento) y la Ley de Procedimiento Administrativo, para establecer un régimen distinto y discriminatorio de los extranjeros con respecto al resto de ciudadanos. Las consecuencias son de extrema gravedad en un Estado de derecho: vulneración del derecho a la asistencia sanitaria y de otros derechos básicos de los extranjeros en situación irregular( ya que necesitan estar empadronados para poder ejercerlos, y este control policial les va a intimidar y retraer a registrarse), vulneración de la autonomía de los Ayuntamientos y de la Ley de Protección de Datos y segregación jurídica e indefensión de los extranjeros ante la Administración.
Incumplimiento por el gobierno de las decisiones del Tribunal Supremo: en marzo del 2003 el Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que anuló varios artículos del Reglamento de Extranjería, por vulnerar la legalidad. En su reforma, en vez de acatar la sentencia, el Gobierno convierte en ley los puntos anulados. Se trata de un auténtico fraude jurídico, que muestra una falta de respeto al funcionamiento democrático y a las instituciones judiciales.
Cambios en los trámites administrativos de los extranjeros: la reforma se ha querido justificar como una simplificación de los trámites para los extranjeros, ya que el visado de entrada es un permiso de residencia que autoriza a trabajar. Sin embargo la realidad es otra ya que el extranjero está obligado a solicitar personalmente la tarjeta de residencia en el plazo de un mes desde su llegada a España, el visado de trabajo se deberá solicitar personalmente en el país de origen y no se van a admitir a trámite (ni se van a valorar) las solicitudes de permiso de quienes estén en situación irregular.Por tanto persiste el incremento de las colas y de los retrasos en las oficinas de extranjería, al exigirse ir personalmente y se agrava la imposibilidad de regularización para quien no tiene papeles y se encuentra en España, aunque tenga una oferta de trabajo.

Frente a esta contradicción flagrante con la universalidad de los derechos humanos, la mayoría de los partidos de la oposición no han presentado una enmienda a la totalidad del proyecto perdiendo una oportunidad única de dar un discurso alternativo basado en la igualdad de derechos. Ahora pactando enmiendas parciales e incluso en algún caso caso queriendo llegar a un “pacto de Estado “sobre extranjería son cómplices del discurso y la política xenófoba impuesta por el PP.
Desde SOS Racismo volvemos a denunciar una vez mas este ataque contra el Estado de Derecho y alertamos de como esta ley provocará mas de lo mismo: exclusión social, explotación laboral y racismo.
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español
11 septiembre 2003

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Endurecimiento en las políticas de extranjería

SOS Racisme — Thu, 06 Jun 2002 09:45:39 +0000

Ante las últimas declaraciones del gobierno que anuncian un endurecimiento en las políticas de extranjería, la Federación Estatal de SOS Racismo quiere dejar constancia de:

La actual Ley de Extranjería que recorta derechos fundamentales y está basada en medidas discriminatorias y policiales fue anunciada como propuesta para luchar contra las redes de tráfico ilegal de personas y evitar el efecto llamada, la realidad es que la población en situación irregular ha aumentado y se encuentra desprotegida y al merced de estas redes y de la explotación laboral.
Mantener el planteamiento político de recortar derechos fundamentales y cerrar cualquier mecanismo de regularización como son el Régimen General o como es la Regularización por Arraigo solo llevará a crear una mayor bolsa de personas en situación irregular, no solo compuesta por los recién llegados, que seguirán viniendo, sino alimentada por aquellos ciudadanos que inevitablemente caen en la irregularidad sobrevenida por los impedimentos que el gobierno pone a las renovaciones y tramitaciones desde el Estado Español.
La estrategia que el Gobierno mantiene en políticas de extranjería se basa en fomentar la irregularidad de las personas inmigradas como fórmula de mantener la viabilidad de sectores económicos que explotan y esclavizan la bolsa de mano de obra barata que alimenta el propio Gobierno.
Las nuevas medidas propuestas, así como el discurso sobre inmigración del PP coinciden con la derechización de su política y con un auge del racismo institucional a nivel europeo, que fomenta la desigualdad y el racismo social.

Desde SOS Racismo hacemos un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y sociales y a la ciudadanía para denunciar la actual política de extranjería y exigir una alternativa basada en la justicia social, igualdad de derechos y la comprensión global del hecho migratorio.
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español
6 junio 2002

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Recurso contra el contingente de trabajadores extranjeros

SOS Racisme — Tue, 12 Mar 2002 09:35:52 +0000

SOS Racismo junto con otras asociaciones ha presentado hoy en el Tribunal Supremo un Recurso Contencioso Administrativo contra la Resolución del 11 de enero del 2002 de la subsecretaria del Ministerio de la Presidencia por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de diciembre del 2001 que determina el contingente de trabajadores extranjeros de régimen no comunitario. Este Acuerdo suspende la aplicación del Régimen General, mecanismo ordinario estipulado en la Ley de Extranjería para acceder a través de una oferta de trabajo nominativa al Permiso de Trabajo y Residencia.
Entendemos que es una vulneración del principio de jerarquía normativa ya que contradice lo dispuesto en la Ley 8/200 de Extranjería referente a la contratación y acceso a la regularización de las personas inmigradas.
Esta resolución impide a las personas inmigradas en situación irregular cualquier posibilidad de regularización, provocando una situación que:

Vulnera el derecho fundamental al trabajo.
Fomenta la explotación laboral.
Condena a miles de personas que viven en el estado Español a la marginalidad sin opciones de promoción social.
Se niega la libertad de contratación a los empresarios.

SOS Racismo considera que el Gobierno pretende aplicar una política de inmigración cero, con un contingente que se retrasará por la ineficacia del Ministerio del Interior en tramitar ágilmente las solicitudes y el bloqueo de cualquier otra vía de regularización.
Por todo ello se presenta este Recurso pidiendo que se adopten las medidas cautelares pertinentes.
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español
12 marzo 2002

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