• El contenido alarmista y xenófobo que se trasluce en el planteamiento de esta Instrucción, al hablarse en varias ocasiones de “avalancha de menores”, de una “gravedad del problema” no acreditada o de “incontrolada avalancha de inmigrantes clandestinos menores de edad”, generando una alarma social que no es tal y en relación a personas menores de edad, con lo que de injusto y lamentable que tiene este hecho, en particular, cuando proviene de una Institución judicial y en principio independiente.
• La vulneración que con esta Instrucción se produce de la normativa internacional de protección de menores, en especial, de la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño de 1989, ratificada por España en 1990, al seguir hablándose de inmigración cuando se trata de menores, los cuales, por aplicación de la Convención, tienen los mismos derechos.
• La interpretación maliciosa que se hace del artículo 172 del Código Civil, al hablarse de “desamparo” en estos casos, cuando se considera que un extranjero mayor de 16 años, por el hecho de estar en otro país, tiene una “vida independiente”, violándose de nuevo la normativa internacional y estatal de protección, y cerrando los ojos a la problemática familiar y social que viven estos menores en su país de origen, y en territorio español.
• No se puede hablar de saturación de los recursos sociales para menores en el Estado, achacando además estas carencias a los menores extranjeros y generando con ello xenofobia, cuando los presupuestos y recursos son cada vez menores y sin ninguna preparación para esta particular realidad.
• La exigencia de informes motivados a los Fiscales-Jefes y de dar cuentas a los Fiscales que se opongan a lo dispuesto en esta Instrucción, la consideramos una intimidación para la independencia de estos organismos, propia de países alejados del Estado de derecho.

Por todas estas razones y por el lamentable lenguaje que se utiliza en esta nueva Instrucción, exigimos su retirada y anunciamos la puesta de conocimiento de estos hechos a las Instituciones internacionales y estatales de defensa del Menor, a quienes requerimos para que adopten las medidas necesarias para evitar la aplicación de esta nueva normativa.
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español
27 octubre 2003

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