Desde enero de 2011, más de 1.000 migrantes han muerto ahogados tratando de llegar a la costa fortificada de la orilla sur de la Unión Europea, una embarcación con más de 500 personas se halla desaparecida frente a la costa libia, ante la indiferencia general.
La guerra contra los migrantes, que en una veintena de años ha matado a más de 10.000 personas, alcanza actualmente cotas inhumanas. En su edición del 8 de mayo, el diario británico The Guardian informa que a primeros de abril sesenta boat people murieron de hambre y sed tras permanecer a la deriva durante días a la vista de los embarcaciones de la coalición internacional implicada en Libia, y amenazados por las patrullas encargadas de impedir su llegada a las costas italianas y maltesas.
Una investigación imparcial debe determinar sin demora las responsabilidades del conjunto de actores que han incumplido su deber de asistir a las embarcaciones y personas en peligro, violando las leyes más elementales del derecho marítimo internacional.
Más allá de estos acontecimientos, sintomáticos de las contradicciones de una coalición garante de la “responsabilidad de protección” defendida por la comunidad internacional, es el conjunto de la política europea de inmigración y control de fronteras la que está en cuestión.
Desde inicios de la década de 2000, los países del norte de África juegan el papel de guardias de fronteras de Europa, persiguiendo y encerrando a personas que quieren poner en práctica su derecho a emigrar, incluidos sus propios ciudadanos (art. 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). La subcontratación de los controles migratorios a los regímenes dictatoriales se encuentra en el corazón de la política de vecindad de la UE. Frente a los acontecimientos históricos que movilizan al mundo árabe, la reacción de los países europeos ha sido presionar a las fuerzas políticas surgidas de los levantamientos populares (gobierno provisional de Túnez, consejo nacional de la transición libia) para que asuman plenamente el legado represivo y liberticida de los dictadores-socios de la UE.
Para evitar que unos pocos miles de personas aprovechen la oportunidad que ofrece el debilitamiento de los aparatos policiales para intentar llegar a Europa, Frontex ha desplegado sus medios militares (barcos, aviones, helicópteros…) en torno a la isla de Lampedusa y frente a las costas de Túnez y Libia. El objetivo de la operación Hermes es disuadir cualquier salida hacia el norte, despreciando la Convención de Ginebra de 1951 y el principio de no-devolución de solicitantes de asilo.
Los exiliados que parten del norte de África en busca de protección en Europa se ven hoy atrapados en un mecanismo mortífero. De un lado, el régimen libio les empuja a arrojarse al mar; del otro, los buques que enarbolan pabellones de países de la coalición internacional rechazan auxiliar a estos boat people en peligro.
Los Estados europeos y FRONTEX no pueden continuar violando impunemente las convenciones internacionales sobre salvamento marítimo y protección de refugiados. Una intervención solidaria de la UE en el Mediterráneo es posible y ha de acabar con la actitud inhumana de los países europeos respecto a los migrantes del norte de África. Mientras no cesen estas hostilidades, la coalición organizada en nombre de la “responsabilidad de proteger” continuará matando con desprecio del derecho internacional que se supone que representa.
SOS Racisme Catalunya
Com a entitat membre de Migreurop