Entrevistamos a Cheikh Drame, presidente de SOS Racisme Catalunya, una asociación que trabaja en la defensa de los derechos humanos desde la acción antirracista y que actualmente tiene dificultades económicas porque “no hay una apuesta fuerte y seria” por esta lucha.

Cheikh Drame (Senegal, 1992) es activista antirracista y presidente de SOS Racisme Catalunya. La entidad, que fue fundada en 1989, atraviesa ahora “un momento difícil debido a problemas de financiamiento” y se ha visto obligada a “detener parcialmente su actividad“, con la esperanza de volver en septiembre con “las fuerzas renovadas” para fortalecer la estructura del equipo.

Drame llegó a Catalunya hace más de 20 años, pero aun así no puede votar porque no tiene la nacionalidad española. Según él, es “una de las consecuencias de la ley de extranjería” y es víctima del “racismo estructural” del país.

El activista dispone de un NIE y no está en una situación administrativa irregular, pero no tiene la nacionalidad porque tiene antecedentes penales. Drame fue acusado de atentar contra la autoridad después de sufrir una actuación policial abusiva a manos de seis agentes. Fue condenado a dos años de prisión, pero finalmente no ingresó y tuvo que pagar una multa. “En este país, los derechos de la gente como yo pueden ser vulnerados y, como consecuencia, somos criminalizados y oprimidos por las herramientas del sistema que nos elimina”, explica a Público antes de empezar la entrevista.

En el último comunicado que emitieron, explicaban que, desde 2020, los ingresos públicos destinados al Servicio de Atención y Denuncia de la entidad han disminuido un 15% mientras que han asumido un 31% más de casos. ¿Qué ha pasado con estos ingresos?

Quiero pensar que hay más agentes y entidades sobre el terreno, pero también creo que nunca ha habido una apuesta fuerte y real por un antirracismo potente y crítico que dé soluciones. Si nos llegan más casos, significa que el trabajo de SOS Racisme está bien hecho y que hay más gente que denuncia, pero la verdad es que hay mucha precariedad en general.

¿Reciben estos fondos públicos a través de subvenciones?

Trabajamos con financiamiento público de la Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona o la Diputación. También tenemos convenios, uno de los más importantes es con el Ayuntamiento de Terrassa, donde replicamos un Servicio de Atención y Denuncia. Las socias también nos hacen aportaciones y tenemos recursos de privados.

En abril iniciaron una campaña de micromecenazgo que ya ha terminado. ¿Hasta qué punto un servicio de carácter público debe pedir el apoyo económico de la ciudadanía y no reclamar más responsabilidad a la administración?

Lo que pasa con las subvenciones es que se reciben después de haber hecho el trabajo. Como entidad social, hacemos lo que debemos hacer y aun así tenemos dificultades y debemos pedir un crédito porque sabemos que no recibiremos el financiamiento hasta finales de año. No quiero cargar directamente contra las administraciones porque aún trabajamos con ellas y tenemos reuniones programadas, pero sí que echamos en falta esta apuesta seria.

“Nunca ha habido una apuesta fuerte y real por un antirracismo potente y crítico que dé soluciones”

Nos encontramos ante un nuevo gobierno que habla de un programa antirracista y por eso quiere acercarse a nosotros. Pero estamos precarizados, no tenemos manos. Lo que queremos es la garantía de que las cosas que ya funcionan lo sigan haciendo. No queremos que nos engañen, porque al final los partidos políticos quieren reconocimiento. La Oficina por la No Discriminación (OND) del Ayuntamiento de Barcelona nos deriva casos. Funcionamos, pero la lucha antirracista va muy retrasada e implica muchos niveles. El racismo es una violencia estructural que impregna todas las capas de nuestra sociedad.

¿Qué escenarios se plantean a partir de ahora?

Estamos con servicios mínimos, pero no hemos cerrado. SOS Racisme es una entidad pequeña y abarcamos toda Catalunya y, por tanto, no es fácil. Nadie entra a la entidad por el dinero que se gana, sino porque tiene un compromiso con la lucha. Cerrar no era una opción, pero si el volumen de trabajo es muy elevado no podremos atender con la misma calidad. Tenemos un solo abogado penalista con más de 100 casos.

Hemos terminado la microfinanciación, no hemos alcanzado el objetivo ideal, pero sí el mínimo. Hemos recibido el apoyo de la gente, unos 11.000 o 12.000 euros. En septiembre volveremos con las fuerzas renovadas para llegar a muchos otros espacios, hacer formaciones y fortalecer el equipo.

¿Ahora hay más casos o se denuncia más? ¿Se están volviendo a normalizar situaciones de racismo explícito?

Siempre hemos tenido racistas en este país, pero ahora se sienten más legitimados. Antes había un consenso social y actitudes que mediáticamente no se toleraban. En los medios de comunicación no se permitía decir barbaridades como las que dicen ahora cuando vinculan inmigración y delincuencia.

“En España siempre ha habido personas racistas, pero ahora se sienten legitimadas”

Cuando yo era pequeño, en las plazas de mi pueblo se gritaba “¡Viva Franco!” y “¡Fuera inmigrantes!“. Esto ya no pasa, pero la población migrante y racializada ha aumentado y el discurso racista está más legitimado. Este fenómeno no es gratuito, responde a la globalización, a cuestiones geopolíticas y a las relaciones de poder que existen entre colonizadores y antiguas colonias. No se está gestionando de la mejor manera y se está criminalizando la pobreza.

Nosotros trabajamos contra el racismo y no contra la xenofobia, porque tenemos casos de gente racializada que ha nacido aquí y que aún le dicen que “se vaya a su país”. Nacionalidades como la italiana, más numerosa en el territorio catalán, no tienen estas dificultades. Tenemos una problemática de justicia social y las élites han hecho creer a la población que la culpa es del que es pobre y diferente.

Tampoco podemos obviar las redes sociales, ya que los algoritmos favorecen la difusión de fake news y los creadores de contenido de derechas. Han distorsionado la línea que separa libertad de expresión y delito de odio, haciendo que el racismo se exprese de todas las maneras y que la sociedad continúe reforzando estereotipos reduccionistas.

En Europa se mantienen programas como Frontex, que militariza las fronteras para impedir la llegada de personas del Sur Global. Este tipo de políticas tienen consecuencias trágicas, como ocurre en el Mediterráneo o en Melilla… ¿Temen que con la deriva ideológica que está tomando el continente se endurezcan aún más estas medidas?

No nos da miedo porque ya nos lo esperamos. El Gobierno español ha estado trabajando con una legislación que criminalizaba a las ONG que rescataban personas que se ahogaban en el mar. Todo esto respondía a una lógica europea de fortalecer y enviar un mensaje claro.

Las personas que se dedican a rescatar me contaban que una vez tenían frente a sí dos embarcaciones de migrantes que naufragaban y un gran barco de Frontex con todas sus herramientas y recursos que no movió un dedo. Y cuando les preguntaron por qué no ayudaron, respondieron que hacían trabajos concretos de detección de terrorismo. No hay una voluntad real y el mundo geopolíticamente se está moviendo.

“Europa nunca ha querido la emancipación del Sur Global, porque le interesa poder seguir explotando sus recursos”

Europa nunca ha querido la emancipación del Sur Global, en este caso del continente africano, porque le interesa poder seguir explotando sus recursos. No quieren que se rompa la relación de poder que deriva del colonialismo porque hay muchos tratados, como el de pesca entre España y Senegal. Desde el movimiento antirracista pedimos verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

Frontex es la máxima expresión de poder del supremacismo blanco. La Guardia Civil patrulla aguas de Senegal para evitar inmigración irregular, pero si fuera al revés, habría una guerra. Nos hablan de mafias, pero los compañeros de Top Manta y de venta ambulante que se habían dedicado a la pesca nos lo explican.

¿Qué cuentan?

No puede ser que en la embajada de España en Senegal haya un cartel que diga que ni cumpliendo todos los requisitos se garantiza un visado. Y si te lo niegan, no te devuelven el dinero y tu pasaporte no sirve para nada. Debes hacerte uno nuevo si quieres pedir el visado otra vez.

El discurso de los políticos es que no están en contra de la inmigración, pero que debe ser legal y ordenada. Se están pidiendo vías seguras, pero tal vez a una persona que ha presentado todos los requisitos legales para huir de la guerra se le está negando el visado.

La lucha antirracista pide la derogación de la ley de extranjería. ¿Qué implica y por qué consideran que debe derogarse?

Apostamos por la derogación, pero hay que puntualizar que nosotros nos sumaremos a todo lo que pueda conllevaruna mejora para las condiciones de vida de las personas migradas. Consideramos que la ley de extranjería es injusta y que atenta contra el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a migrar dentro de un territorio y a migrar fuera de las fronteras de su estado y regresar a su país de origen.

Es una ley perversa que explica muchas de las situaciones que podemos ver en la calle. Aunque las competencias de extranjería son estatales, podemos ver cómo el Ayuntamiento de Jaume Collboni vuelve a sacar a la Guardia Urbana a las Ramblas de Barcelona para golpear a las personas que se dedican a la venta ambulante.

Es cierto que prácticamente ya no hay manteros.

Durante muchos años, los manteros han sufrido deshumanización y criminalización gratuita. Se decía que los problemas de inseguridad eran culpa de los manteros, que hacían competencia desleal, había un discurso que justificaba toda esta brutalidad. Ha habido casos de asesinatos, como el del hombre que tiraron en Montjuïc. El racismo mata y con el gobierno de Ada Colau tuvieron una tregua porque se hizo mucho trabajo en la defensa del derecho a la vida.

“Durante muchos años, los manteros han sufrido deshumanización y criminalización gratuita”

Hablemos de los centros de internamiento de extranjeros (CIE).

En los CIE se interna a personas sin haber cometido ningún delito. Entrar en España de forma irregular es una falta administrativa, no un delito. En las prisiones hay culpables de crímenes horribles, pero mínimamente se les garantizan unos derechos. En un CIE, no. Hemos visto palizas, no entran cámaras. Idrissa Diallo fue un joven que pidió asistencia médica en un CIE, se le negó y murió por una negligencia institucional. El Estado intentó taparlo de una forma muy indigna.”Entrar en España de forma irregular es una falta administrativa, no un delito”

Si por suerte te escapas de ir a un CIE, eres una persona de Senegal y buscas trabajo, lo primero que te dicen es que necesitas los papeles. Pero ¿qué haces si tienes que estar dos años en el estado español para poder regularizarte mediante el arraigo? No quiero vender drogas, no he encontrado a nadie que me explote en el campo sin contrato. Entonces me voy a las naves de Badalona, compro productos y me dedico a la venta ambulante. Si el problema es que hay una gran operación de falsificación, que inspeccionen el puerto, pero aquí entran dinámicas capitalistas que no interesan.

En el caso de los menores, que tienen la etiqueta de MENA [Menores Extranjeros No Acompañados], se fijan en el hecho de que sean extranjeros y los derechos de la infancia quedan en un segundo plano. La ley de extranjería vulnera derechos de forma flagrante.

¿Podría concretar aún más?

No nos permiten votar, no nos permiten opositar, no nos permiten hacer muchas cosas. Ahora mismo tengo un NIE autorizado para trabajar, pero he tenido otros que no. ¿De qué te sirve tener eso y no estar autorizado para trabajar? Te están condenando a una situación de precariedad.

No puedo votar porque no tengo nacionalidad. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la lógica colonial de nuestros estados? Yo y toda persona procedente del continente africano necesitamos vivir aquí diez años mínimo para poder optar a la nacionalidad. Una persona latinoamericana quizás en uno o dos años ya tiene derecho.

Cuando dicen “sin papeles”, el imaginario colectivo de la población catalana y española piensa en alguien como yo o un magrebí saltando la valla o viniendo en patera, cuando la realidad es completamente diferente. La población negra representa el 1% de la inmigración irregular en el estado

¿Qué impacto tendría la aprobación de la ILP de regularización de inmigrantes que permitiría legalizar a medio millón de personas que viven en España desde antes del 1 de noviembre de 2021?

Hay victorias simbólicas que no podemos dejar de lado. Esto no significa que queramos ser instrumentalizados o que no seamos conscientes del juego político. Todo el proceso de organizar la recogida de firmas, involucrar a tanta gente y apelar al privilegio blanco y a las personas racializadas que son españolas ―en una ILP solo pueden votar las personas que tienen nacionalidad― ha sido muy importante.”Tenemos una izquierda acomplejada que no es capaz de decir que la migración aporta mucho más de lo que se lleva”

Que se apruebe a trámite también es una victoria simbólica. En un estado de derecho con cierta conciencia antirracista, deberían ser los mismos políticos los que regulen todo esto, sin esperar que la sociedad se autoorganice y lo pida. Y hago un paréntesis: tenemos una derecha muy consciente de lo que quiere en materia de migración y una izquierda acomplejada que no es capaz de decir abiertamente que la migración en este país aporta mucho más de lo que se lleva.

Ahora está la oportunidad de ver cómo se posicionan los partidos de izquierdas, qué discursos tienen, y ver si llegaremos a la aprobación. Ha sido muy bonita la lucha que se ha llevado a cabo en diferentes territorios estatales, sobre todo en Catalunya, y que población con diferentes grados de privilegio y de opresión entienda que esta regulación es necesaria porque estamos hablando de la vida.

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Entitats antiracistes i testimonis en primera persona reclamen que s’anul·len els procediments d’expulsió per estança irregular de les víctimes de delictes que acudisquen a una comissaria a denunciar, o d’aquelles que hi van per realitzar un tràmit administratiu.

“Vaig anar per reclamar els meus drets i vaig acabar retingut al calabós”, respon amb ràbia a l’altra banda de la línia telefònica Carlos Augusto Bossa, qui malgrat estar en llibertat ha carregat sobre les seues espatlles una ordre d’expulsió del territori espanyol arran d’anar voluntàriament a la comissaria del Cos Nacional de Policia (CNP) de l’àrea de Castelló.

“Ha sigut un malson del qual encara no m’he pogut despertar”, assegura aquest home originari de Cartagena de Indias (Colòmbia), per relatar el llarg periple burocràtic al qual s’ha enfrontat durant gairebé set anys. Des que va aplegar a l’Estat espanyol, tenia com a meta aconseguir el permís de residència, condició que ha aconseguit temporalment després de sobreviure tot aquest temps en situació administrativa irregular i sota l’amenaça de ser expulsat en qualsevol moment.

L’amenaça de l’expulsió

Dimarts 3 de gener de 2023, va ser aleshores la primera ocasió que va aplegar a la comissaria de Castelló a denunciar una estafa, fruit d’una compra que havia fet per internet.”La primera volta que em van prendre la denúncia no va haver-hi cap problema”, assegura Bossa. Segons relata, es va identificar amb el passaport, malgrat que l’agent que el va atendre va tramitar la denúncia registrant el NIE (Número d’Identitat Estranger), el qual li van assignar fa sis anys quan va sol·licitar l’asil polític després de fugir de Colòmbia.

La segona ocasió que va tornar, però, el va atendre una altra funcionària policial i, en comprovar que li havien denegat l’asil i estava en estança irregular, l’agent va endur-se el passaport a una altra sala. Una hora més tard, va tornar acompanyada d’un altre agent. El motiu: incoar-li un procediment “preferent” d’expulsió. A més, segons el relat de Carlos Augusto, el van recloure “almenys sis hores més en un calabós”, fins que va poder demanar una advocada d’ofici. “La policia anava a sol·licitar-li a un jutge la meua expulsió”, explica atemorit. Si bé no entenia per què la primera vegada que hi va anar no li va passar res, i la segona volien expulsar-lo, sí que recorda una frase de l’agent: “El meu company no va voler fer la seua feina, però jo sí que vull fer-la”.

El colombià Carlos Augusto Bossa va anar voluntàriament a una comissaria del CNP per denunciar una estafa i va sortir d’allà amb una ordre d’expulsió del territori espanyol

A més, apunta que en l’expedient policial l’agent no detalla que va saber que l’home estava en “situació irregular” quan va anar a preguntar per la denúncia. Tanmateix, però, aquest fet s’atribueix a “la identificació del servei de vigilància i control portat a terme al carrer Rio Sella número 5”, la ubicació de la comissaria. Actualment, Subdelegació de Govern ha revocat la seua ordre d’expulsió després que se li concedira l’arrelament per formació, aconseguint un permís de residència d’almenys un any. “Això ha estat un lleu alleujament, encara falta el més complicat i pel que sembla sempre falta una mica més”, sospira.

A la tardor del 2021, l’Amalia Sánchez (nom fictici emprat per no revelar la seua identitat real), veïna de Barcelona i originària del Brasil, també afirma que va acudir pel seu propi peu a una comissaria de la Guàrdia Urbana, ubicada en la zona de la Rambla, a l’alçada de l’estàtua de Cristòfol Colom. Segons el seu testimoni, arran de la pèrdua del passaport va anar a interposar una denúncia, tal com li van demanar des del consolat brasiler. “Jo en el consolat vaig explicar que no era una bona idea anar”. La resposta del consol va ser: “Si vostè vol el seu passaport, ha de presentar-me una denúncia, li estic fent un favor”.

L’endemà, es va presentar a les dependències de la Guàrdia Urbana. Un cop a les instal·lacions, Sánchez recorda que, quan van comprovar les seues dades, no van deixar-la marxar. Van veure que tenia una ordre d’expulsió vigent sense executar, arran de no tenir el permís de residència. Circumstància sobre la seua situació jurídica que, assegura, desconeixia.

Amalia Sánchez va anar a una comissaria de la Guàrdia Urbana a denunciar la pèrdua del seu passaport i els agents la van entregar a la Policia Nacional per tal de ser deportada

Siga com siga, una hora més tard van traslladar-la en cotxe a les dependències de la Policia Nacional espanyola ubicada al carrer Guipúscoa. “La Guàrdia Urbana no pot fer aquest tipus de coses”, postil·la enfurismada. La distància del trajecte en cotxe per moure’s a la comissaria havia de durar al voltant de vint minuts. “Van pegar voltes, no sé per què, són sàdics!”, exclama. Dels nervis vaig bossar en el cotxe patrulla”, etziba impactada. “Em van traumatitzar, avui dia encara necessite anar a teràpia”.

Al complex del CNP va continuar retinguda un parell d’hores més. “Realment no sabien què anaven a fer”, assevera. El motiu: com encara hi havia restriccions a causa de la pandèmia de la Covid-19, havien de comprovar que la frontera del país estranger estigués oberta. “Mai vaig saber com exactament, però la frontera del Brasil estava tancada, m’havia de quedar”, conta mentre se li escapa una rialla d’alegria. Sota l’amenaça de ser deportada, assenyala que “encara poden executar-me la condemna en suspens durant un temps”. A més, conclou que “el pitjor és que no només et deporten, sinó que no pots tornar al país ni a cap altre de l’espai Schengen durant anys”.

Una llei que desempara víctimes de delictes

Rocío Llopis, advocada especialitzada en estrangeria i membre de la junta de l’entitat antiracista València Acull, explica que és “necessari que les persones ‘extracomunitàries’ que romanen a Espanya durant llargues estades disposen d’un permís de residència, un permís d’estada o una sol·licitud d’asil en tràmit. Si les persones no han tramitat permisos, la Llei orgànica d’estrangeria impedeix i sanciona la seua permanència en l’Estat espanyol”, postil·la la lletrada. Certament, la llei d’estrangeria estructura aquestes infraccions en lleus, greus o molt greus. “No tindre permís de residència o d’estada constitueix una infracció greu”, afirma Llopis. Per tant, les sancions previstes són multes de diferents quanties o l’expulsió del territori, amb la prohibició d’entrada a l’Estat espanyol els anys posteriors.

Els expedients d’expulsió, normalment, els incoa o inicia la Policia Nacional, tot i que alguns poden ser incoats per Inspecció de Treball i la Seguretat Social quan té relació amb el treball. A més, quan la policia inicia un expedient sancionador, “ha de ponderar si imposa la sanció de multa o d’expulsió, en funció de la gravetat i les circumstàncies del cas, ja que l’expulsió és una sanció molt més greu, amb conseqüències irreversibles”, prossegueix.

Malgrat que en reiterades ocasions el Tribunal Suprem ha establert que la sanció per trobar-se en situació irregular ha de ser preferiblement la multa, “en moltes ocasions la policia continua posant l’ordre d’expulsió de manera quasi automàtica i sense ponderar la gravetat de la infracció i les circumstàncies de la infractora”, etziba la lletrada d’estrangeria.

El Defensor del Poble ha formulat sengles recomanacions a la Direcció General de Policia i a la Secretaria d’Estat perquè les persones en situació administrativa irregular puguen denunciar delictes i realitzar tràmits en comissaria sense por de ser expulsades

Bruno Maestro, advocat del Servei d’Atenció i Denúncia de SOS Racisme Catalunya, apunta que “la detenció preventiva d’acord amb la llei d’estrangeria només la pot acordar l’agent de Policia Nacional que instrueix el procediment sancionador un cop aquest s’ha incoat, no abans”. Per tant, si algú va a una comissaria dels Mossos d’Esquadra a denunciar com a víctima d’un delicte i s’identifica, “no el poden traslladar a la comissaria de la Policia Nacional per obrir-li un expedient sancionador d’expulsió”, tot i que és l’únic cos policial que té competències en matèria d’estrangeria.

Amb tot, el Defensor del Poble ha formulat sengles recomanacions a la Direcció General de Policia i a la Secretaria d’Estat perquè les persones estrangeres en situació administrativa irregular puguen denunciar delictes i realitzar tràmits en comissaria sense por de ser expulsades. “No s’ha obtingut resposta per part dels cossos policials per evitar-ho”, critica l’advocat.

En definitiva, “considerem que es tracta d’una pràctica que no té emparament legal i és clarament discriminatòria, va en contra dels drets de la víctima i en contra la persecució efectiva de fets delictius, perquè clarament el risc a ser expulsat del territori inhibeix a les persones estrangeres en situació irregular a formular denúncies”, afirmen des de l’entitat.

Així mateix, el lletrat aclareix que es van produir “modificacions per evitar procediments d’expulsió amb relació a les víctimes de tràfic d’éssers humans i de violència de gènere, encara que sempre condicionada a les resolucions del procés penal i, en els casos de tràfic, a la col·laboració de la víctima en la investigació dels fets”, subratlla el lletrat de l’entitat antiracista.

Paco Simón, coordinador del servei d’igualtat i no discriminació de l’entitat València Acull, assegura que Grande-Marlaska, “va ometre deliberadament que existeix legislació que estableix expressament la protecció jurídica de totes les víctimes”

Paco Simón, coordinador del servei d’igualtat i no discriminació de l’entitat València Acull, incideix que les víctimes en situació irregular de la resta de delictes -incloses les que han patit delicte d’odi- poden acabar amb una proposta d’expulsió si acudeixen a una comissaria. Per la seua banda, Simón recorda el 3 de maig de 2019, quan una dona d’Hondures va acudir a la comissaria de la Policia Nacional espanyola de Xirivella (València) a denunciar agressions i amenaces d’un home: “en lloc de rebre protecció i empara, va eixir de la comissaria sense haver pogut interposar la denúncia i amb un procediment obert per estada irregular”, relata el coordinador del servei.

La resposta del Govern va ser inversament proporcional al clam de la ciutadania. “Si bé la Delegació del Govern va arxivar la proposta d’expulsió, la causa de l’arxiu no va ser que prevalguera el seu dret com a víctima d’un delicte enfront de l’aplicació de la llei d’estrangeria, sinó que la policia no li va permetre formular la denúncia”, reflexiona. El Ministeri de l’interior va ignorar les recomanacions del Defensor del Poble, on es reitera que als Cossos i Forces de Seguretat els correspon, entre les seues funcions, l’aplicació de la normativa en vigor, en aquest cas, la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats de les persones estrangeres i la seua integració social.

De fet, segons Simón, la resposta del Departament que dirigeix Grande-Marlaska, “va ometre deliberadament que existeix altra legislació amb la mateixa força jurídica que avala la reivindicació del Defensor i estableix expressament la protecció jurídica de totes les víctimes sense tenir en conte l’estatut de residència”. És a dir, la mateixa llei de l’estatut de la víctima, la Directiva Europea 2012/29/UE sobre protecció de les víctimes i la recomanació general de la Comissió Contra el Racisme i la Intolerància (ECRI, per les seues sigles en anglés).

La por d’alçar la veu

Tal com apunta la Xarxa Acull (confederació d’entitats socials a l’Estat espanyol), el Consell per a l’Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica ha constatat, a través del servici d’assistència i orientació a víctimes, que es dona, per múltiples raons, “una alta taxa d’infradenúncia entre els grups més desfavorits”. En la seua memòria anual, menciona que “quan es tracta de víctimes de discriminació estrangeres en situació administrativa irregular, una barrera important és la por a que la denúncia puga fer evident la seua situació i originar l’obertura d’un expedient d’expulsió”.

Per la seua part, la Fiscalia General de l’Estat, en la seua memòria de 2023, assenyala “les barreres a les quals s’enfronten les persones en situació administrativa irregular per fer valdre els seus drets en els tribunals, constituint la major d’elles la por de ser expulsades als seus països d’origen, la qual els impedeix denunciar les condicions abusives que pateixen”.

“Aquest temor a denunciar de les persones estrangeres en situació irregular ens la trobem a la pràctica diària de l’entitat”, expliquen des de SOS Racisme

Les entitats consultades coincideixen: “Aquest temor a denunciar de les persones estrangeres en situació irregular ens la trobem a la pràctica diària de l’entitat”, expliquen des de SOS Racisme. I afegeixen que “moltes d’elles així ens ho manifesten indicant que no volen ‘tenir problemes’ fins no disposar d’autorització de residència, temor a denunciar que encara s’incrementa molt més quan l’agressor és membre dels cossos policials que abusen de la seva situació de poder”.

“Tots aquests obstacles per a poder realitzar una denúncia segura no sols provoquen temor i desconfiança cap als qui haurien de vetllar per la seguretat de totes les persones, sinó que generen indefensió en les víctimes davant greus abusos que impedeixen l’accés a drets bàsics per la mateixa por de realitzar aquests tràmits”, complementen des de la Xarxa Acull.

Arran aquestes situacions, “les organitzacions socials vam començar a fer campanyes per advertir del risc que corren les persones migrants en situació irregular si xafen una comissaria”, expliquen des de València Acull. En cas que estigues en situació administrativa irregular, recomanen interposar les denúncies en els jutjats de guàrdia, acompanyats d’un advocat, i delegar algú amb permís de residència per a realitzar tràmits davant la policia. Per això reclamen “la necessitat urgent d’una nova reforma legislativa de la llei d’estrangeria, per a eximir de sancions d’estada irregular als qui acudeixen davant les Forces i Cossos de Seguretat a formular una denúncia, sol·licitar informació o gestionar qualsevol mena de tràmit administratiu”, conclouen des de València Acull.

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El dilluns 24 de juny es compleixen dos anys d’impunitat des de la massacre a Melilla, dels crims, violència policial i desaparicions forçades perpetrades per l’Estat espanyol i l’Estat marroquí. 

Almenys 37 germans migrants i refugiats van ser assassinats per les forces de seguretat del Marroc i Espanya. Es van disparar gasos i bales de goma des d’ambdós costats del pas fronterer. Centenars de cossos de germans negres apallissats van ser abandonats sense assistència.

El Govern “més progressista de la història” va felicitar les actuacions dels cossos de seguretat i el principal responsable Grande-Marlaska segueix a càrrec del Ministeri d’Interior. A Barcelona ens concentrem per a exigir justícia i la fi de la impunitat.

Data: Dilluns 24 de juny 18.30 h

Localització: Plaça de Correus (Via Laietana)

#MassacreMelilla #2AnysdImpunitat #NoOblidem

El lunes 24 de junio se cumplen dos años de impunidad desde la masacre en Melilla, y  sobre los crímenes, violencia policial y desapariciones forzadas, perpetradas por el Estado español y el Estado marroquí. 

Al menos 37 hermanos migrantes y refugiados fueron asesinados por las fuerzas de seguridad de Marruecos y España. Se dispararon gases y balas de goma desde ambos lados del paso fronterizo. Cientos de cuerpos de hermanos negros apalizados fueron abandonados sin asistencia.

El Gobierno más progresista de la historia felicitó las actuaciones y el principal responsable Grande-Marlaska continua a cargo del Ministerio de Interior. En Barcelona nos concentramos para exigir justicia y el fin de la impunidad.

Fecha: Lunes 24 de junio 18.30 h

Localización: Plaza de Correos (Vía Laietana)

#MasacreMelilla #2AñosDeImpunidad #NoOlvidamos

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El racismo policial en España deja un expediente lleno de violencia, sesgos y cargas contra las minorías étnicas

Las personas migrantes tienen tres veces más posibilidades de ser paradas en la vía pública que el resto de la población, según un estudio de la Universitat de València

La organización Mapping Police Violence calcula que 1.176 personas, más de la mitad de ascendencia negra, fueron asesinadas por la Policía estadounidense a lo largo de 2022. El dato es escalofriante y supone una media de tres muertos al día. En Londres, un informe independiente de 363 folios tachaba hace un año de “racista, misógina y homófoba” a la Policía Metropolitana. La población británica ha perdido la confianza en los agentes a raíz de los escándalos y las múltiples “cargas desproporcionadas“, según el mismo estudio. La violencia policial contra las personas racializadas también campa por España, pero la falta de transparencia y la poca conciencia social frustran la visibilización del problema. 

2. Racismo en el deporte – Noticia extraída de Público.es

El mundo al revés: sancionado el jugador que se encaró con quienes le llamaron “negro de mierda”

Cheikh Sarr, portero del Rayo Majadahonda, equipo madrileño de la Primera División RFEF (tercera categoría del fútbol español) saltó a los titulares de prensa el pasado sábado tras encararse con un grupo de aficionados que le profirieron graves insultos racistas durante el partido que enfrentaba a su equipo contra el Sestao. “¡Puto negro de mierda!” y “¡Eres un puto mono”, le gritaron desde la grada. “No podía aguantar. Era horrible. Un día que nunca viví en el fútbol”, explicó tres días después este jugador originario de Senegal. Sarr terminó expulsado pese a sus airadas protestas al árbitro y su equipo, en solidaridad con él, abandonó el partido antes de que terminara.

3. Delitos de odio – Noticia extraída de Diari ARA – Gerard Pruna

Los delitos de odio por racismo se disparan en Cataluña

El año pasado los Mossos d’Esquadra detuvieron a un hombre en Barcelona por las amenazas que hacía desde su domicilio con una escopeta a personas que iban al oratorio por el Ramadán. Éste es sólo uno de los 270 casos de delitos de odio por motivos étnicos denunciados ante los Mossos d’Esquadra durante 2023, un curso en el que los casos de discriminación por cuestiones raciales o de nacionalidad han crecido un 18,9% respecto a 2022 Entonces la cifra ya había subido hasta los 227 casos, muy por encima de las 141 denuncias de 2021, el récord hasta entonces. En dos años, por tanto, las denuncias por este tipo de casos prácticamente se han doblado.

4. Delitos de odio – Noticia extraída de Catalunya Diari – Antonio Ramos

Denuncien insults xenòfobs i racistes a una menor de 13 anys al metro de Barcelona

Els Mossos d’Esquadra estan investigant el cas d’una menor que va rebre insults xenòfobs i racistes al metro de Barcelona, segons ha informat la policia catalana a través de les xarxes socials. Els fets haurien tingut lloc el passat dimarts, al voltant de dos quarts de cinc de la tarda, a la parada de Bac de Roda, segons va denunciar el germà de la víctima en una piulada a Twitter.

Segons el relat de l’Ahmed, la seva germana, de 13 anys i que tornava a casa després de l’institut, «va patir un episodi d’islamofòbia i racisme al metro de BCN (insults i assetjament)». En la mateixa publicació, assegura que li consta que algunes persones la van defensar i demana material gràfic i testimonis dels fets.

En aquest sentit, els Mossos d’Esquadra han confirmat que la menor ha presentat la corresponent denúncia sobre l’episodi aquest mateix divendres al matí.

«Mora de merda. Ves-te’n al teu país»

5. Racismo institucional – Noticia extraída de Amnistía Internacional – Alberto Senante (@asenante)

¿Qué paso en la masacre de Melilla?

El 24 de junio de 2022 alrededor 2.000 personas, en su mayoría de origen sudanés, trataron de cruzar la frontera entre España y Marruecos por el puesto fronterizo de Barrio Chino. Tras la intervención de las fuerzas policiales a ambos lados de la frontera, al menos 37 personas fallecieron y el número de desaparecidas sería al menos 76.

La policía española devolvió al menos a 470 personas de forma sumaria y sin garantías a Marruecos, como acredita la investigación del Defensor del Pueblo. Durante horas, cientos de personas heridas permanecieron en el puesto fronterizo, sin recibir ningún tipo de asistencia sanitaria, y a pesar de que al menos una ambulancia de Cruz Roja estaba en la zona, no se requirió que interviniese. En el lado marroquí, las ambulancias no llegaron hasta dos horas después de todo lo sucedido. Algunas de las personas heridas permanecieron allí hasta 10 horas sin recibir ningún tipo de atención médica o sanitaria.

Posteriormente, alrededor de 500 personas fueron trasladadas en autobuses a zonas remotas de Marruecos, donde las despojaron de sus posesiones y las abandonaron al borde de la carretera sin atención médica. Algunas de ellas habrían sido trasladadas por la fuerza a más de 1.000 kilómetros de la frontera.

6. Racismo en la escuela – Noticia extraída del Salto Diario – Sara Plaza Casares

Racismo en la escuela: asignatura pendiente

Mamá, me he dado cuenta de que la gente va a utilizar mi color de piel para hacerme daño, pero no les voy a dejar”. Camila, de mirada intensa y templada, lleva soportando expresiones malsonantes que hacen alusión a su cantidad de melanina, como “negra de mierda”, desde que cumplió tres años. Sentada en una mesa, escucha aparentemente ausente cómo su madre describe estos nueve años de acoso vividos en el CEIP Cardenal Herrera Oria de Madrid. Y, aunque pareciera entretenida en otras cosas, está atenta y sonríe cuando su madre parafrasea las sabias conclusiones a las que ha llegado con tan solo 12 años: “Camila es una niña muy fuerte y nos ha dado muchas lecciones. A pesar de lo vivido, ya está bien y ahora ya puede escuchar esta historia”, explica Petra Ferreyra, mamá de esta pequeña.

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Cafè d’Idees – rtve play

Entrevista a Cheikh Drame, president de SOSRacisme, veu com l’extrema dreta ha posat la immigració al centre de la diana. “Ho visc amb dolor, ho visc amb ràbia. Se’ns està criminalitzant i hi ha un fort component de deshumanització”. En una entrevista al Cafè d’idees amb Gemma Nierga, Drame assegura que la policia no els representa: “Som una població que veiem la policia com a agressora”. I creu que les esquerres tenen molta responsabilitat davant a manca d’abordatge de la immigració: “L’antiracisme no dona vots”. El representant de l’entitat que lluita contra el racisme demana que es reconegui la immigració: “Sense immigració Espanya es cau”. I diu que té esperança de qui hi hagi millores, però no creu que vegi la fi del racisme: “Ni els nostres fills, ni nets”.

Cheikh Drame: “A Lucrècia Pérez la va assassinar un guàrdia civil fora de servei al crit de “negra de merda” en el 1992, per tant, el que vull dir és que no tenim un problema de xenofòbia en aquesta societat, tenim un problema de racisme pur i dur”.

Programa senser en rtve play, al programa Cafè d’idees.

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Set de cada deu casos que arriben a l’entitat acaben sense ser denunciats, segons el darrer informe anual de l’associació

SOS Racisme alerta d’una pujada “alarmant” dels casos de racisme als centres escolars catalans. Actualment, l’entitat està portant deu casos de situacions racistes en l’àmbit educatiu, de les quals la meitat s’han donat només en l’últim any. Marilda Sueiras, del Servei d’Atenció i Denúncia (SAiD) de l’entitat, apunta que en la majoria d’aquests casos l’escola com a institució és o bé l’agent discriminador o bé un agent permissiu davant d’aquestes discriminacions. Unes situacions de racisme que en la majoria dels casos acaben sense denúncia: en set de cada deu casos que es comuniquen a SOS Racisme no es denuncien els fets. Tot i això, en l’actualitat l’entitat està assumint l’acompanyament de 280 denúncies per casos de racisme, dels quals 110 van tenir lloc el 2022 i 170 corresponen a processos d’anys anteriors que encara estan en marxa, segons les dades del darrer informe anual InVisibles. L’estat del racisme a Catalunya.

El fill de la Grisel Almeida va ser expulsat del col·legi internacional on estudiava sense cap expedient sancionador que expliqués els motius d’aquesta decisió. Abans d’això, aquest estudiant de 12 anys va ser convocat a un claustre disciplinari per un conflicte amb un altre alumne on ell havia sigut l’agredit. Se’l castigava per no voler reconèixer que, suposadament, ell havia provocat l’agressió. Després d’aquests fets va arribar l’expulsió, que la família va denunciar davant del Síndic de Greuges i la Fiscalia com a delicte d’odi, ja que consideraven que hi havia una motivació racista darrere del maltractament i els abusos rebuts pel seu fill per part de l’escola i dels seus companys. No obstant això, encara avui en dia la família no ha aconseguit reparació per aquests danys. 

Tot i que Almeida reconeix l’esforç del Síndic de Greuges d’arribar “fins al final de l’assumpte”, la Inspecció d’Educació va considerar que el centre educatiu tenia tot el dret d’expulsar l’alumne només pel fet de tenir tres faltes lleus —una de les quals era arribar tard a una classe— i la Fiscalia va acabar arxivant el cas i va qüestionar el fet que hi hagués discriminació. Finalment, Almeida va decidir acudir al Servei d’Atenció i Denúncia (SAiD) d’SOS Racisme per intentar reobrir el cas i que es reconegui la discriminació racista que ha patit el seu fill. “El greuge que li han fet al nostre fill és irreparable. És la nostra responsabilitat denunciar-ho perquè no li passi a cap altre infant”, assenyala la mare. 

El d’Almeida és un dels 110 casos que l’entitat ha assumit l’últim any, dels quals un 17% té a veure amb situacions de discriminació en l’accés i el gaudi de drets socials com poden ser l’habitatge, la tutela judicial efectiva o l’educació. Una tipologia de situacions discriminatòries que, com assenyala Sueiras, ha tingut un increment sostingut en els últims anys a Catalunya: dels 21 casos identificats per l’entitat el 2017 s’ha passat als 69 que es van notificar el 2022. No obstant això, encara que SOS Racisme acabi identificant-les, la majoria d’aquestes situacions de racisme acaben sense ser denunciades, un 72%. De fet, en general, de les 337 situacions de racisme que va identificar l’entitat el 2022, set de cada deu van acabar sense denúncia. Paula Rossi, membre de l’equip del SAiD, explica que els motius que poden portar a una persona a no denunciar un incident racista són molt diversos, però en un 28% dels casos és la mateixa víctima qui renuncia a fer la denúncia, en la majoria dels casos per por o temor a represàlies.

De la infradenúncia als casos judicials exitosos

Dels casos que sí que acaben en denúncia i que SOS Racisme acaba assumint, aquest 2022 la majoria han tingut a veure amb discriminacions i abusos per part dels cossos de seguretat pública, un 22%. Es tracta del primer cop en els 30 anys de funcionament del SAiD que les denúncies relacionades amb la policia superen aquelles que tenen a veure amb els conflictes entre particulars (que el 2022 van suposar el 19% dels casos). No obstant això, encara que les denúncies contra els cossos de seguretat són les més nombroses entre els casos assumits per l’entitat, Sueiras destaca que aquest 2022 s’ha detectat el percentatge més alt d’infradenúncia dels últims anys: només un 35% dels casos on l’agressor és un agent policial s’acaben denunciant. Segons Sueiras això es deu al fet que hi ha una “impunitat generalitzada dels cossos de seguretat” i a què en l’àmbit judicial hi ha una presumpció de veracitat respecte als testimonis dels agents policials que fa molt difícil portar les denúncies per la via judicial. 

A banda, la major part de l’infradenúncia té a veure amb les situacions de discriminació que es donen entre particulars, ja que només un 27% acaben en denúncia encara que continuen sent la tipologia de casos més nombrosa de totes les que identifica SOS Racisme. Només el 2022 es van identificar 77 situacions de discriminació racial entre particulars, de les quals 21 les ha assumit l’entitat i han acabat en denúncia. Suerias remarca que en aquests casos és molt difícil fer intervencions per la via penal, ja que és molt difícil aportar proves dels fets, i per aquest motiu l’entitat està explorant mecanismes com la mediació o la intermediació directa del SAiD. En aquest sentit, l’advocat encarregat de la part penal d’SOS Racisme, Bruno Alegre Maestro, subratlla que un dels principals problemes que hi ha en el sistema penal és la revictimització. “El sistema penal instrumentalitza la víctima a la recerca de fets i sancions, però no es fixa en la reparació del patiment”, subratlla. 

Tot i això, l’advocat de l’entitat destaca que SOS Racisme ha aconseguit dos èxits judicials l’últim any, amb condemnes per delictes d’odi en fets que havien tingut lloc al carrer. Un d’ells és la condemna a una dona a Lleida que va agredir i intentar arrencar-li el vel del cap a una altra dona al carrer. El segon d’aquests èxits judicials és el de la condemna a un conductor de TMB per agredir també a una dona que portava el vel a l’autobús i que va tenir un problema tècnic amb els bitllets de transport d’una de les seves filles. En aquest darrer cas, Alegre Maestro subratlla el fet que la sentència ha sigut per a sis mesos de presó i nou mesos de multa per delictes d’odi i que s’ha establert una indemnització de 4.000 euros per a les víctimes —la dona i les seves filles— per danys morals, la qual anirà a càrrec de TMB si el condemnat no se’n fa càrrec (tenint en compte que els fets s’han donat mentre ell estava treballant). 

El SAiD arriba al 30è aniversari

En els 30 anys de funcionament del SAiD, l’entitat ha arribat a atendre un total d’11.837 persones. Segons les dades del darrer informe anual d’SOS Racisme —InVisibles. L’estat del racisme a Catalunya—, el 2022 l’entitat va atendre més de 580 persones en 98 municipis diferents, una xifra que per segon any consecutiu és més del doble de la mitjana anual de casos identificats. D’aquestes persones, 414 era la primera vegada que s’adreçaven a SOS Racisme i tot i que hi ha un 19% d’aquestes consultes que tenien a veure amb qüestions administratives —com rebre informació sobre els processos de regularització o com accedir a certs recursos, per exemple—, quatre de cada cinc van ser identificades com a situacions constitutives de racisme. 

Rossi remarca que aquest 2022 ha sigut el primer any en la història del SAiD en què hi ha una majoria de dones denunciants que homes: un 55% de persones que s’identifiquen com a dona enfront d’un 44% que ho fan com a homes. A més, també ha sigut la primera vegada en els trenta anys de funcionament del servei que en la majoria de casos nous atesos les víctimes són persones estrangeres en situació regular (un 50%), quan normalment les persones amb nacionalitat espanyola eren la majoria en els anys anteriors (un 35% aquest 2022). Tot i això, Rossi assenyala que encara queda molta feina per fer per arribar a les persones que es troben en situació irregular, ja que només un 10% de les persones ateses es trobaven en aquesta situació. “Denunciar és un privilegi”, remarca la membre del SAiD. 

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Información extraída de las redes sociales de las Marchas por la Dignidad.

Cada mes de febrero desde hace 10 años se celebra la Marcha por la Dignidad sobre el suceso en el Tarajal. ¿Qué pasó el 6 de febrero de 2024? La madrugada del 6 febrero, centenares de personas fueron bombardeadas en el espigón que separa Ceuta de Marruecos. La policía, en vez de velar por la seguridad de estas personas, lanzó gases lacrimógenos, pelotas de goma y salvas detonadoras.

Esa misma mañana a las 7.40 h ya habían arrebatado la vida de 14 jóvenes y realizaron 23 devoluciones en caliente. La tragedia tuvo lugar en la playa Ceutí del Tarajal. Este suceso fue un punto de inflexión que definió la política migratoria del Estado español y dejó en evidencia el racismo Institucional que se ejerce hacia la población migrante procedente del Sur Global.

Desde el año 2014, se realizan las Marchas por la Dignidad, la primera se realizó días después de la masacre. Es un acto que denuncia la vulneración de los Derechos Humanos de las personas migrantes y, además, exige verdad, justicia, reparación y vela porque esta masacre no vuelva a suceder. 

#10añostarajal
#tarajalnoolvidamos
#ceuta #fronterasur
#marchaporladignidad

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El consistori encapçalat per Sílvia Orriols té 20 dies per remetre el document, on ha de constar com es tramiten els expedients, quins requisits s’exigeixen i quins són els terminis

El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carles Prieto, ha demanat explicacions a l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, sobre la gestió de l’empadronament al municipi. Ho ha fet després de les informacions aparegudes en els darrers dies a El Periódico i que apunten que la batllessa hauria modificat el procés i els protocols per dilatar-lo al màxim.

El Govern espanyol ha donat 20 dies hàbils al consistori perquè presenti un informe sobre com s’està exercint aquesta competència i com s’estan complint la normativa estatal vigent. També ha sol·licitat dades sobre com s’estan tramitant aquests expedients, quins requisits s’exigeixen i quin és el termini de resolució de les peticions.

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Colectivos antirracistas y antirrepresivos denuncian el “uso desproporcionado” de la fuerza contra un hombre que portaba una vara de hierro mientras los sindicatos policiales dicen que era “un delincuente que intentó asesinar a un Policía Nacional”.

La Policía Nacional asesinó este lunes a tiros a un hombre migrante de 35 años que, según el relato policial, había estado golpeando con una barra de hierro cristales de vehículos en una gran avenida en la ciudad gallega de A Coruña, con la supuesta intención de obtener algo de dinero. Siempre según el relato policial, después de “desobedecer” los primeros avisos de los agente y debido a su actitud “muy violenta”, los agentes habrían utilizado sin éxito una pistola táser antes de dispararle con un arma de fuego y causarle la muerte.

El asesinato a tiros en el polígono de A Grela del hombre armado solamente con una barra de hierro ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre la violencia policial y la desproporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Estaban los agentes implicados lo suficientemente formados para reducir a la persona fallecida empleando la superioridad numérica y no causándole la muerte? En caso de cumplirse la presunta y todavía no contrastada necesidad de abrir fuego contra él, ¿los agentes estaban capacitados para ejecutar disparos a zonas no vitales que contuviesen a la víctima pero que no acabasen con su vida de forma inmediata? ¿Ha influido en la decisión de matarlo que fuese una persona racializada?

Sobre esta actuación policial, la principal organización de defensa de los derechos humanos centrada en el racismo y la xenofobia, SOS Racismo Galicia, tiene claro que ha sido “una actuación totalmente desproporcionada”. “A primera hora del día [ayer, lunes], la causa del fallecimiento era que le habían disparado a las piernas y que tras revolverse, lo matan fortuitamente”, critica Esther Lora, de SOS Racismo. “Ahora, la versión ha cambiado totalmente para decir que el hombre le iba a pegar a un policía con una barra de hierro en la cabeza”, explica Lora. La diferencia entre ambas versiones, emitidas por los sindicatos y las fuentes policiales a través de los medios de comunicación de masas de Galicia, es fundamental: “Si la primera es la correcta, ¿quieren decir que han matado a un hombre que se escapaba para pararlo? Es gravísimo”. 

En el propio baile de versiones que ha habido en las últimas 24 horas, parecía quedar claro que la persona asesinada por la Policía Nacional solamente habría roto las ventanillas de varios coches y causado desperfectos en cajeros automáticos de algunas sucursales bancarias. “Es muy peligroso normalizar disparar a una persona que se estaba escapando”, matiza Esther Lora. Algo que comparten plenamente desde el colectivo Coruña Antifa: “Si esto no se esclarece, puede sentar un precedente terrible de impunidad para otros agentes en futuras actuaciones”.

Ambas organizaciones exigen que se abra una investigación que esclarezca los hechos: “No es lo mismo disparar por la espalda a una persona que esta huyendo y matarlo, que dispararle supuestamente a zonas no vitales porque iba a atacar a un agente y matarlo también. En ambas versiones creemos que es un actuación intolerable”, argumentan desde SOS Racismo. El gran número de agentes personados en la zona también es un agravante para los y las integrantes de sendos colectivos: “Fue en un descampado. ¿Realmente era necesario llegar a eso?”. Y la otra pregunta clave: “¿Hubiesen actuado de la misma manera si la persona no hubiese sido un hombre negro? La hemeroteca y las estadísticas nos dicen que no”, recalcan en SOS Racismo.

Desde Coruña Antifa inciden también en una potencial voluntad de la Policía Nacional de “encubrir una posible negligencia” que, a su juicio, también abona el campo para la aparición de “un racismo extremo” en las redes sociales: “Cualquiera puede echar un ojo a todas las manifestaciones racistas y xenófobas ayer en los comentarios de redes de las noticias en prensa”. Algo que ellos y ellas atribuyen a la legitimación durante el último lustro de los partidos de extrema derecha españoles y la “radicalización a la que ha llevado a los cuerpos policiales”.

Deshumanización en la prensa gallega

Tanto SOS Racismo como Coruña Antifa reprueban sin matices la actuación de los grandes medios de comunicación gallegos que solamente han dado la versión del Sindicato Unificado de Policía, “aunque esto significases ir cambiándola sobre la marcha y caer en contradicciones en apenas horas de diferencia”. Además, el enfoque en radios, televisiones y prensa escrita ha tratado de despersonalizar y deshumanizar lo ocurrido. “La Policía abate”, “Un hombre violento muere”… “¿Estamos hablando de un ciervo o de una persona? ¿Se ven en la necesidad de explicar una y otra vez que era supuestamente violento para legitimar el asesinato? Es intolerable esa falta de profesionalidad”, se pregunta Esther Lora, de SOS Racismo. 

Los sindicatos policiales piden “más seguridad”

La versión ofrecida por el Sindicato Unificado de Policía se centra ahora en que el hombre “intentó asesinar” a un agente de la Policía Nacional, hasta que este lo mató en las inmediaciones del polígono de A Grela, en un descampado junto a las antiguas vías del tren de A Coruña. Según esa versión, los agentes tuvieron que pedir refuerzos a los policías municipales, algo que aprovecharon para pedir “medidas en la ciudad” sobre seguridad. 

En la versión policial, siempre difundida a través de la prensa, también se ha bailado en el relato de la utilización de una pistola táser previa al uso del arma de fuego. En unos primeros testimonios, la pistola táser no habría funcionado porque el hombre “era muy corpulento”, en las últimas versiones, lo que limitó el efecto fue “las capas de ropa” que llevaba. “La violencia no puede medirse en abstracto, tiene que traducirse en algo concreto y, por ahora, no ha habido ninguna prueba que hay trascendido de que eso fue así. Es muy necesario que se investigue de manera independiente”, rematan desde SOS Racismo. 

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Avui rebem la notícia que per fi s’hagi fet efectiva l’expulsió dels sis Mossos d’Esquadra condemnats per tortures i agressió racista. Així i tot, lamentem profundament que hagi de ser la societat civil la que faci la labor d’exercir pressió i seguiment perquè la Generalitat de Catalunya faci la seva feina. El Departament d’Interior de Catalunya no només ha sigut partícip en les estratègies de corporativisme policial que han fet més difícil per a la víctima tot el procés judicial; sinó que no s’ha dignat a fer efectiva l’expulsió quan tocava, amb una sentència ferma que es va ratificar el setembre passat. Han hagut de passar quatre mesos en els quals aquests agents seguien als seus llocs de treball, amb el perill per a la població que implica que uns policies torturadors estiguessin en actiu, perquè, i NOMÉS DESPRÉS DE LA PRESSIÓ EXERCIDA PEL MOVIMENT ANTIRACISTA, la institució reaccionés.

Les raons que al·leguen per justificar la demora de l’expulsió -que no havien rebut el document- són totalment falses. L’expulsió es podria haver fet el mateix setembre, quan el mateix tribunal va expressar que la sentència era ferma. A més, ni SOS Racisme Catalunya, ni la víctima hem rebut cap notificació oficial, ni cap resposta per part del Departament d’Interior de Catalunya. Tota la informació la tenim a través dels mitjans de comunicació. Aquest és un cas exemplificador de la falta de voluntat política per abordar el racisme institucional i policial i de com és d’important un moviment antiracista fort que faci pressió a les institucions.

Destaquem també que en aquest procés, la victima sempre ha estat al capdavant de la denuncia, fins i tot en els moments més durs i humiliants. Sempre ha reivindicant que una agressió així no podia quedar impune,sobretot perquè no li passi mai més a ningú. És important entendre que ha sigut un procés molt dur i revictimitzador en el qual la víctima hi ha hagut de suportar coses horribles que no tothom n’és capaç. D’aquesta manera, continuem treballant i lluitant contra el racisme i reivindiquem de nou, l’enorme importància de denunciar el racisme. Sense una denúncia aquesta agressió hagués quedat impune i els sis agents racistes encara seguirien en actiu.

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