Enllaç directe a l’entrevista a Cheikh Abdoul Khadre Drame, president de SOS Racisme Catalunya.

SOS Racisme Catalunya, entitat que treballa per la denúncia del racisme i l’acompanyament a qui el pateix, s’ha vist obligada a parar la seva activitat temporalment per falta de finançament.

Independència, denúncia, incidència i sensibilització. Aquests són, des de la seva creació l’any 1989, els pilars de SOS Racisme Catalunya, una entitat que treballa per la defensa dels drets humans des de l’acció antiracista. La seva tasca es concentra en campanyes de denúncia i sensibilització, formacions orientades a fomentar una consciència crítica respecte al racisme i el Servei d’Atenció i Denúncia (SAiD), obert a qualsevol persona que hagi patit o presenciat una situació racista i on s’ofereix acompanyament, representació judicial i intervenció directa i administrativa.

L’equip d’11 persones que formen part de SOS Racisme Catalunya va atendre 628 persones de fins a 83 municipis diferents durant l’any 2023. Ara, la tasca de l’entitat perilla i les treballadores s’han vist obligades a parar la seva activitat durant uns mesos. El 75% del seu finançament prové de l’administració pública i aquest s’ha vist reduït notablement els últims anys, afectant la qualitat del servei. És per això que han llançat una campanya de micromecenatge per obtenir suport econòmic d’altres vies i alhora fer una alerta sobre com la falta de finançament afecta el seu treball en l’acció antiracista.

La entrada Cheikh Drame: “No m’imagino una societat catalana sense SOS Racisme Catalunya” se publicó primero en SOS Racisme.

L’article segon de la Llei 35/1995 estipula que es podran beneficiar de les ajudes i de l’assistència, les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual a condició que siguin ciutadanes espanyoles o bé nacionals d’algun Estat membre de la Unió Europea. Addicionalment, també quan resideixin habitualment a Espanya, o bé siguin nacionals d’un altre Estat que reconegui ajudes anàlogues als espanyols en el seu territori.

Llei limita el seu camp d’actuació provocant que totes les persones que hagin estat víctimes d’algun delicte violent o contra la llibertat sexual i no siguin europees, no es beneficiaran de les ajudes econòmiques ni de cap mena de protecció o assistència. Consegüentment, hi ha una falta d’empara sobre les víctimes de delictes d’odi.

Fa uns anys un jove va ser agredit de forma violenta per un grup neonazi per motius racistes. Quan vam sol·licitar l’ajuda i assistència per a víctimes de delictes violents se li va negar l’accés pel fet de no ser Espanyol ni Europeu.

La desvictimització és el procés pel qual la víctima restitueix i repara el dany derivat del delicte i recupera novament el control de la seva vida. Quan algú és víctima d’un delicte d’odi, el procés de desvictimització s’alenteix pel fet que el dany ocasionat recau sobre un element inherent de la mateixa persona i que no pot canviar.

La Llei 35/1995 té per objectiu aconseguir una intervenció positiva de l’Estat dirigida a restaurar la situació vital de la persona abans de ser víctima del delicte, o almenys reduir els efectes. Des d’aquesta perspectiva, és imprescindible que en l’articulat de la llei s’inclogui a tota persona, independentment de la seva nacionalitat.

Per això exigim que:

• L’ordenament jurídic deixi de generar discriminacions i desigualtats d’accés en funció de si la víctima és o no espanyola o ciutadana europea.
• Es protegeixi i s’eviti la revictimització de les víctimes de delictes d’odi garantint l’accés a ajudes i assistència.

Si volem lluitar contra el racisme, el primer pas és combatre el racisme institucional. Per fer-ho, una de les accions ha de ser revisar el nostre ordenament jurídic i modificar aquella regulació que pugui tenir un contingut racista, com la Llei 35/1995.  

La entrada La llei 35/1995 d’ajudes i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual és racista se publicó primero en SOS Racisme.

Entrevistamos a Cheikh Drame, presidente de SOS Racisme Catalunya, una asociación que trabaja en la defensa de los derechos humanos desde la acción antirracista y que actualmente tiene dificultades económicas porque “no hay una apuesta fuerte y seria” por esta lucha.

Cheikh Drame (Senegal, 1992) es activista antirracista y presidente de SOS Racisme Catalunya. La entidad, que fue fundada en 1989, atraviesa ahora “un momento difícil debido a problemas de financiamiento” y se ha visto obligada a “detener parcialmente su actividad“, con la esperanza de volver en septiembre con “las fuerzas renovadas” para fortalecer la estructura del equipo.

Drame llegó a Catalunya hace más de 20 años, pero aun así no puede votar porque no tiene la nacionalidad española. Según él, es “una de las consecuencias de la ley de extranjería” y es víctima del “racismo estructural” del país.

El activista dispone de un NIE y no está en una situación administrativa irregular, pero no tiene la nacionalidad porque tiene antecedentes penales. Drame fue acusado de atentar contra la autoridad después de sufrir una actuación policial abusiva a manos de seis agentes. Fue condenado a dos años de prisión, pero finalmente no ingresó y tuvo que pagar una multa. “En este país, los derechos de la gente como yo pueden ser vulnerados y, como consecuencia, somos criminalizados y oprimidos por las herramientas del sistema que nos elimina”, explica a Público antes de empezar la entrevista.

En el último comunicado que emitieron, explicaban que, desde 2020, los ingresos públicos destinados al Servicio de Atención y Denuncia de la entidad han disminuido un 15% mientras que han asumido un 31% más de casos. ¿Qué ha pasado con estos ingresos?

Quiero pensar que hay más agentes y entidades sobre el terreno, pero también creo que nunca ha habido una apuesta fuerte y real por un antirracismo potente y crítico que dé soluciones. Si nos llegan más casos, significa que el trabajo de SOS Racisme está bien hecho y que hay más gente que denuncia, pero la verdad es que hay mucha precariedad en general.

¿Reciben estos fondos públicos a través de subvenciones?

Trabajamos con financiamiento público de la Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona o la Diputación. También tenemos convenios, uno de los más importantes es con el Ayuntamiento de Terrassa, donde replicamos un Servicio de Atención y Denuncia. Las socias también nos hacen aportaciones y tenemos recursos de privados.

En abril iniciaron una campaña de micromecenazgo que ya ha terminado. ¿Hasta qué punto un servicio de carácter público debe pedir el apoyo económico de la ciudadanía y no reclamar más responsabilidad a la administración?

Lo que pasa con las subvenciones es que se reciben después de haber hecho el trabajo. Como entidad social, hacemos lo que debemos hacer y aun así tenemos dificultades y debemos pedir un crédito porque sabemos que no recibiremos el financiamiento hasta finales de año. No quiero cargar directamente contra las administraciones porque aún trabajamos con ellas y tenemos reuniones programadas, pero sí que echamos en falta esta apuesta seria.

“Nunca ha habido una apuesta fuerte y real por un antirracismo potente y crítico que dé soluciones”

Nos encontramos ante un nuevo gobierno que habla de un programa antirracista y por eso quiere acercarse a nosotros. Pero estamos precarizados, no tenemos manos. Lo que queremos es la garantía de que las cosas que ya funcionan lo sigan haciendo. No queremos que nos engañen, porque al final los partidos políticos quieren reconocimiento. La Oficina por la No Discriminación (OND) del Ayuntamiento de Barcelona nos deriva casos. Funcionamos, pero la lucha antirracista va muy retrasada e implica muchos niveles. El racismo es una violencia estructural que impregna todas las capas de nuestra sociedad.

¿Qué escenarios se plantean a partir de ahora?

Estamos con servicios mínimos, pero no hemos cerrado. SOS Racisme es una entidad pequeña y abarcamos toda Catalunya y, por tanto, no es fácil. Nadie entra a la entidad por el dinero que se gana, sino porque tiene un compromiso con la lucha. Cerrar no era una opción, pero si el volumen de trabajo es muy elevado no podremos atender con la misma calidad. Tenemos un solo abogado penalista con más de 100 casos.

Hemos terminado la microfinanciación, no hemos alcanzado el objetivo ideal, pero sí el mínimo. Hemos recibido el apoyo de la gente, unos 11.000 o 12.000 euros. En septiembre volveremos con las fuerzas renovadas para llegar a muchos otros espacios, hacer formaciones y fortalecer el equipo.

¿Ahora hay más casos o se denuncia más? ¿Se están volviendo a normalizar situaciones de racismo explícito?

Siempre hemos tenido racistas en este país, pero ahora se sienten más legitimados. Antes había un consenso social y actitudes que mediáticamente no se toleraban. En los medios de comunicación no se permitía decir barbaridades como las que dicen ahora cuando vinculan inmigración y delincuencia.

“En España siempre ha habido personas racistas, pero ahora se sienten legitimadas”

Cuando yo era pequeño, en las plazas de mi pueblo se gritaba “¡Viva Franco!” y “¡Fuera inmigrantes!“. Esto ya no pasa, pero la población migrante y racializada ha aumentado y el discurso racista está más legitimado. Este fenómeno no es gratuito, responde a la globalización, a cuestiones geopolíticas y a las relaciones de poder que existen entre colonizadores y antiguas colonias. No se está gestionando de la mejor manera y se está criminalizando la pobreza.

Nosotros trabajamos contra el racismo y no contra la xenofobia, porque tenemos casos de gente racializada que ha nacido aquí y que aún le dicen que “se vaya a su país”. Nacionalidades como la italiana, más numerosa en el territorio catalán, no tienen estas dificultades. Tenemos una problemática de justicia social y las élites han hecho creer a la población que la culpa es del que es pobre y diferente.

Tampoco podemos obviar las redes sociales, ya que los algoritmos favorecen la difusión de fake news y los creadores de contenido de derechas. Han distorsionado la línea que separa libertad de expresión y delito de odio, haciendo que el racismo se exprese de todas las maneras y que la sociedad continúe reforzando estereotipos reduccionistas.

En Europa se mantienen programas como Frontex, que militariza las fronteras para impedir la llegada de personas del Sur Global. Este tipo de políticas tienen consecuencias trágicas, como ocurre en el Mediterráneo o en Melilla… ¿Temen que con la deriva ideológica que está tomando el continente se endurezcan aún más estas medidas?

No nos da miedo porque ya nos lo esperamos. El Gobierno español ha estado trabajando con una legislación que criminalizaba a las ONG que rescataban personas que se ahogaban en el mar. Todo esto respondía a una lógica europea de fortalecer y enviar un mensaje claro.

Las personas que se dedican a rescatar me contaban que una vez tenían frente a sí dos embarcaciones de migrantes que naufragaban y un gran barco de Frontex con todas sus herramientas y recursos que no movió un dedo. Y cuando les preguntaron por qué no ayudaron, respondieron que hacían trabajos concretos de detección de terrorismo. No hay una voluntad real y el mundo geopolíticamente se está moviendo.

“Europa nunca ha querido la emancipación del Sur Global, porque le interesa poder seguir explotando sus recursos”

Europa nunca ha querido la emancipación del Sur Global, en este caso del continente africano, porque le interesa poder seguir explotando sus recursos. No quieren que se rompa la relación de poder que deriva del colonialismo porque hay muchos tratados, como el de pesca entre España y Senegal. Desde el movimiento antirracista pedimos verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

Frontex es la máxima expresión de poder del supremacismo blanco. La Guardia Civil patrulla aguas de Senegal para evitar inmigración irregular, pero si fuera al revés, habría una guerra. Nos hablan de mafias, pero los compañeros de Top Manta y de venta ambulante que se habían dedicado a la pesca nos lo explican.

¿Qué cuentan?

No puede ser que en la embajada de España en Senegal haya un cartel que diga que ni cumpliendo todos los requisitos se garantiza un visado. Y si te lo niegan, no te devuelven el dinero y tu pasaporte no sirve para nada. Debes hacerte uno nuevo si quieres pedir el visado otra vez.

El discurso de los políticos es que no están en contra de la inmigración, pero que debe ser legal y ordenada. Se están pidiendo vías seguras, pero tal vez a una persona que ha presentado todos los requisitos legales para huir de la guerra se le está negando el visado.

La lucha antirracista pide la derogación de la ley de extranjería. ¿Qué implica y por qué consideran que debe derogarse?

Apostamos por la derogación, pero hay que puntualizar que nosotros nos sumaremos a todo lo que pueda conllevaruna mejora para las condiciones de vida de las personas migradas. Consideramos que la ley de extranjería es injusta y que atenta contra el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a migrar dentro de un territorio y a migrar fuera de las fronteras de su estado y regresar a su país de origen.

Es una ley perversa que explica muchas de las situaciones que podemos ver en la calle. Aunque las competencias de extranjería son estatales, podemos ver cómo el Ayuntamiento de Jaume Collboni vuelve a sacar a la Guardia Urbana a las Ramblas de Barcelona para golpear a las personas que se dedican a la venta ambulante.

Es cierto que prácticamente ya no hay manteros.

Durante muchos años, los manteros han sufrido deshumanización y criminalización gratuita. Se decía que los problemas de inseguridad eran culpa de los manteros, que hacían competencia desleal, había un discurso que justificaba toda esta brutalidad. Ha habido casos de asesinatos, como el del hombre que tiraron en Montjuïc. El racismo mata y con el gobierno de Ada Colau tuvieron una tregua porque se hizo mucho trabajo en la defensa del derecho a la vida.

“Durante muchos años, los manteros han sufrido deshumanización y criminalización gratuita”

Hablemos de los centros de internamiento de extranjeros (CIE).

En los CIE se interna a personas sin haber cometido ningún delito. Entrar en España de forma irregular es una falta administrativa, no un delito. En las prisiones hay culpables de crímenes horribles, pero mínimamente se les garantizan unos derechos. En un CIE, no. Hemos visto palizas, no entran cámaras. Idrissa Diallo fue un joven que pidió asistencia médica en un CIE, se le negó y murió por una negligencia institucional. El Estado intentó taparlo de una forma muy indigna.”Entrar en España de forma irregular es una falta administrativa, no un delito”

Si por suerte te escapas de ir a un CIE, eres una persona de Senegal y buscas trabajo, lo primero que te dicen es que necesitas los papeles. Pero ¿qué haces si tienes que estar dos años en el estado español para poder regularizarte mediante el arraigo? No quiero vender drogas, no he encontrado a nadie que me explote en el campo sin contrato. Entonces me voy a las naves de Badalona, compro productos y me dedico a la venta ambulante. Si el problema es que hay una gran operación de falsificación, que inspeccionen el puerto, pero aquí entran dinámicas capitalistas que no interesan.

En el caso de los menores, que tienen la etiqueta de MENA [Menores Extranjeros No Acompañados], se fijan en el hecho de que sean extranjeros y los derechos de la infancia quedan en un segundo plano. La ley de extranjería vulnera derechos de forma flagrante.

¿Podría concretar aún más?

No nos permiten votar, no nos permiten opositar, no nos permiten hacer muchas cosas. Ahora mismo tengo un NIE autorizado para trabajar, pero he tenido otros que no. ¿De qué te sirve tener eso y no estar autorizado para trabajar? Te están condenando a una situación de precariedad.

No puedo votar porque no tengo nacionalidad. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la lógica colonial de nuestros estados? Yo y toda persona procedente del continente africano necesitamos vivir aquí diez años mínimo para poder optar a la nacionalidad. Una persona latinoamericana quizás en uno o dos años ya tiene derecho.

Cuando dicen “sin papeles”, el imaginario colectivo de la población catalana y española piensa en alguien como yo o un magrebí saltando la valla o viniendo en patera, cuando la realidad es completamente diferente. La población negra representa el 1% de la inmigración irregular en el estado

¿Qué impacto tendría la aprobación de la ILP de regularización de inmigrantes que permitiría legalizar a medio millón de personas que viven en España desde antes del 1 de noviembre de 2021?

Hay victorias simbólicas que no podemos dejar de lado. Esto no significa que queramos ser instrumentalizados o que no seamos conscientes del juego político. Todo el proceso de organizar la recogida de firmas, involucrar a tanta gente y apelar al privilegio blanco y a las personas racializadas que son españolas ―en una ILP solo pueden votar las personas que tienen nacionalidad― ha sido muy importante.”Tenemos una izquierda acomplejada que no es capaz de decir que la migración aporta mucho más de lo que se lleva”

Que se apruebe a trámite también es una victoria simbólica. En un estado de derecho con cierta conciencia antirracista, deberían ser los mismos políticos los que regulen todo esto, sin esperar que la sociedad se autoorganice y lo pida. Y hago un paréntesis: tenemos una derecha muy consciente de lo que quiere en materia de migración y una izquierda acomplejada que no es capaz de decir abiertamente que la migración en este país aporta mucho más de lo que se lleva.

Ahora está la oportunidad de ver cómo se posicionan los partidos de izquierdas, qué discursos tienen, y ver si llegaremos a la aprobación. Ha sido muy bonita la lucha que se ha llevado a cabo en diferentes territorios estatales, sobre todo en Catalunya, y que población con diferentes grados de privilegio y de opresión entienda que esta regulación es necesaria porque estamos hablando de la vida.

La entrada Cheikh Drame (SOS Racisme): “Frontex es la máxima expresión de poder del supremacismo blanco” se publicó primero en SOS Racisme.

Entitats antiracistes i testimonis en primera persona reclamen que s’anul·len els procediments d’expulsió per estança irregular de les víctimes de delictes que acudisquen a una comissaria a denunciar, o d’aquelles que hi van per realitzar un tràmit administratiu.

“Vaig anar per reclamar els meus drets i vaig acabar retingut al calabós”, respon amb ràbia a l’altra banda de la línia telefònica Carlos Augusto Bossa, qui malgrat estar en llibertat ha carregat sobre les seues espatlles una ordre d’expulsió del territori espanyol arran d’anar voluntàriament a la comissaria del Cos Nacional de Policia (CNP) de l’àrea de Castelló.

“Ha sigut un malson del qual encara no m’he pogut despertar”, assegura aquest home originari de Cartagena de Indias (Colòmbia), per relatar el llarg periple burocràtic al qual s’ha enfrontat durant gairebé set anys. Des que va aplegar a l’Estat espanyol, tenia com a meta aconseguir el permís de residència, condició que ha aconseguit temporalment després de sobreviure tot aquest temps en situació administrativa irregular i sota l’amenaça de ser expulsat en qualsevol moment.

L’amenaça de l’expulsió

Dimarts 3 de gener de 2023, va ser aleshores la primera ocasió que va aplegar a la comissaria de Castelló a denunciar una estafa, fruit d’una compra que havia fet per internet.”La primera volta que em van prendre la denúncia no va haver-hi cap problema”, assegura Bossa. Segons relata, es va identificar amb el passaport, malgrat que l’agent que el va atendre va tramitar la denúncia registrant el NIE (Número d’Identitat Estranger), el qual li van assignar fa sis anys quan va sol·licitar l’asil polític després de fugir de Colòmbia.

La segona ocasió que va tornar, però, el va atendre una altra funcionària policial i, en comprovar que li havien denegat l’asil i estava en estança irregular, l’agent va endur-se el passaport a una altra sala. Una hora més tard, va tornar acompanyada d’un altre agent. El motiu: incoar-li un procediment “preferent” d’expulsió. A més, segons el relat de Carlos Augusto, el van recloure “almenys sis hores més en un calabós”, fins que va poder demanar una advocada d’ofici. “La policia anava a sol·licitar-li a un jutge la meua expulsió”, explica atemorit. Si bé no entenia per què la primera vegada que hi va anar no li va passar res, i la segona volien expulsar-lo, sí que recorda una frase de l’agent: “El meu company no va voler fer la seua feina, però jo sí que vull fer-la”.

El colombià Carlos Augusto Bossa va anar voluntàriament a una comissaria del CNP per denunciar una estafa i va sortir d’allà amb una ordre d’expulsió del territori espanyol

A més, apunta que en l’expedient policial l’agent no detalla que va saber que l’home estava en “situació irregular” quan va anar a preguntar per la denúncia. Tanmateix, però, aquest fet s’atribueix a “la identificació del servei de vigilància i control portat a terme al carrer Rio Sella número 5”, la ubicació de la comissaria. Actualment, Subdelegació de Govern ha revocat la seua ordre d’expulsió després que se li concedira l’arrelament per formació, aconseguint un permís de residència d’almenys un any. “Això ha estat un lleu alleujament, encara falta el més complicat i pel que sembla sempre falta una mica més”, sospira.

A la tardor del 2021, l’Amalia Sánchez (nom fictici emprat per no revelar la seua identitat real), veïna de Barcelona i originària del Brasil, també afirma que va acudir pel seu propi peu a una comissaria de la Guàrdia Urbana, ubicada en la zona de la Rambla, a l’alçada de l’estàtua de Cristòfol Colom. Segons el seu testimoni, arran de la pèrdua del passaport va anar a interposar una denúncia, tal com li van demanar des del consolat brasiler. “Jo en el consolat vaig explicar que no era una bona idea anar”. La resposta del consol va ser: “Si vostè vol el seu passaport, ha de presentar-me una denúncia, li estic fent un favor”.

L’endemà, es va presentar a les dependències de la Guàrdia Urbana. Un cop a les instal·lacions, Sánchez recorda que, quan van comprovar les seues dades, no van deixar-la marxar. Van veure que tenia una ordre d’expulsió vigent sense executar, arran de no tenir el permís de residència. Circumstància sobre la seua situació jurídica que, assegura, desconeixia.

Amalia Sánchez va anar a una comissaria de la Guàrdia Urbana a denunciar la pèrdua del seu passaport i els agents la van entregar a la Policia Nacional per tal de ser deportada

Siga com siga, una hora més tard van traslladar-la en cotxe a les dependències de la Policia Nacional espanyola ubicada al carrer Guipúscoa. “La Guàrdia Urbana no pot fer aquest tipus de coses”, postil·la enfurismada. La distància del trajecte en cotxe per moure’s a la comissaria havia de durar al voltant de vint minuts. “Van pegar voltes, no sé per què, són sàdics!”, exclama. Dels nervis vaig bossar en el cotxe patrulla”, etziba impactada. “Em van traumatitzar, avui dia encara necessite anar a teràpia”.

Al complex del CNP va continuar retinguda un parell d’hores més. “Realment no sabien què anaven a fer”, assevera. El motiu: com encara hi havia restriccions a causa de la pandèmia de la Covid-19, havien de comprovar que la frontera del país estranger estigués oberta. “Mai vaig saber com exactament, però la frontera del Brasil estava tancada, m’havia de quedar”, conta mentre se li escapa una rialla d’alegria. Sota l’amenaça de ser deportada, assenyala que “encara poden executar-me la condemna en suspens durant un temps”. A més, conclou que “el pitjor és que no només et deporten, sinó que no pots tornar al país ni a cap altre de l’espai Schengen durant anys”.

Una llei que desempara víctimes de delictes

Rocío Llopis, advocada especialitzada en estrangeria i membre de la junta de l’entitat antiracista València Acull, explica que és “necessari que les persones ‘extracomunitàries’ que romanen a Espanya durant llargues estades disposen d’un permís de residència, un permís d’estada o una sol·licitud d’asil en tràmit. Si les persones no han tramitat permisos, la Llei orgànica d’estrangeria impedeix i sanciona la seua permanència en l’Estat espanyol”, postil·la la lletrada. Certament, la llei d’estrangeria estructura aquestes infraccions en lleus, greus o molt greus. “No tindre permís de residència o d’estada constitueix una infracció greu”, afirma Llopis. Per tant, les sancions previstes són multes de diferents quanties o l’expulsió del territori, amb la prohibició d’entrada a l’Estat espanyol els anys posteriors.

Els expedients d’expulsió, normalment, els incoa o inicia la Policia Nacional, tot i que alguns poden ser incoats per Inspecció de Treball i la Seguretat Social quan té relació amb el treball. A més, quan la policia inicia un expedient sancionador, “ha de ponderar si imposa la sanció de multa o d’expulsió, en funció de la gravetat i les circumstàncies del cas, ja que l’expulsió és una sanció molt més greu, amb conseqüències irreversibles”, prossegueix.

Malgrat que en reiterades ocasions el Tribunal Suprem ha establert que la sanció per trobar-se en situació irregular ha de ser preferiblement la multa, “en moltes ocasions la policia continua posant l’ordre d’expulsió de manera quasi automàtica i sense ponderar la gravetat de la infracció i les circumstàncies de la infractora”, etziba la lletrada d’estrangeria.

El Defensor del Poble ha formulat sengles recomanacions a la Direcció General de Policia i a la Secretaria d’Estat perquè les persones en situació administrativa irregular puguen denunciar delictes i realitzar tràmits en comissaria sense por de ser expulsades

Bruno Maestro, advocat del Servei d’Atenció i Denúncia de SOS Racisme Catalunya, apunta que “la detenció preventiva d’acord amb la llei d’estrangeria només la pot acordar l’agent de Policia Nacional que instrueix el procediment sancionador un cop aquest s’ha incoat, no abans”. Per tant, si algú va a una comissaria dels Mossos d’Esquadra a denunciar com a víctima d’un delicte i s’identifica, “no el poden traslladar a la comissaria de la Policia Nacional per obrir-li un expedient sancionador d’expulsió”, tot i que és l’únic cos policial que té competències en matèria d’estrangeria.

Amb tot, el Defensor del Poble ha formulat sengles recomanacions a la Direcció General de Policia i a la Secretaria d’Estat perquè les persones estrangeres en situació administrativa irregular puguen denunciar delictes i realitzar tràmits en comissaria sense por de ser expulsades. “No s’ha obtingut resposta per part dels cossos policials per evitar-ho”, critica l’advocat.

En definitiva, “considerem que es tracta d’una pràctica que no té emparament legal i és clarament discriminatòria, va en contra dels drets de la víctima i en contra la persecució efectiva de fets delictius, perquè clarament el risc a ser expulsat del territori inhibeix a les persones estrangeres en situació irregular a formular denúncies”, afirmen des de l’entitat.

Així mateix, el lletrat aclareix que es van produir “modificacions per evitar procediments d’expulsió amb relació a les víctimes de tràfic d’éssers humans i de violència de gènere, encara que sempre condicionada a les resolucions del procés penal i, en els casos de tràfic, a la col·laboració de la víctima en la investigació dels fets”, subratlla el lletrat de l’entitat antiracista.

Paco Simón, coordinador del servei d’igualtat i no discriminació de l’entitat València Acull, assegura que Grande-Marlaska, “va ometre deliberadament que existeix legislació que estableix expressament la protecció jurídica de totes les víctimes”

Paco Simón, coordinador del servei d’igualtat i no discriminació de l’entitat València Acull, incideix que les víctimes en situació irregular de la resta de delictes -incloses les que han patit delicte d’odi- poden acabar amb una proposta d’expulsió si acudeixen a una comissaria. Per la seua banda, Simón recorda el 3 de maig de 2019, quan una dona d’Hondures va acudir a la comissaria de la Policia Nacional espanyola de Xirivella (València) a denunciar agressions i amenaces d’un home: “en lloc de rebre protecció i empara, va eixir de la comissaria sense haver pogut interposar la denúncia i amb un procediment obert per estada irregular”, relata el coordinador del servei.

La resposta del Govern va ser inversament proporcional al clam de la ciutadania. “Si bé la Delegació del Govern va arxivar la proposta d’expulsió, la causa de l’arxiu no va ser que prevalguera el seu dret com a víctima d’un delicte enfront de l’aplicació de la llei d’estrangeria, sinó que la policia no li va permetre formular la denúncia”, reflexiona. El Ministeri de l’interior va ignorar les recomanacions del Defensor del Poble, on es reitera que als Cossos i Forces de Seguretat els correspon, entre les seues funcions, l’aplicació de la normativa en vigor, en aquest cas, la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats de les persones estrangeres i la seua integració social.

De fet, segons Simón, la resposta del Departament que dirigeix Grande-Marlaska, “va ometre deliberadament que existeix altra legislació amb la mateixa força jurídica que avala la reivindicació del Defensor i estableix expressament la protecció jurídica de totes les víctimes sense tenir en conte l’estatut de residència”. És a dir, la mateixa llei de l’estatut de la víctima, la Directiva Europea 2012/29/UE sobre protecció de les víctimes i la recomanació general de la Comissió Contra el Racisme i la Intolerància (ECRI, per les seues sigles en anglés).

La por d’alçar la veu

Tal com apunta la Xarxa Acull (confederació d’entitats socials a l’Estat espanyol), el Consell per a l’Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica ha constatat, a través del servici d’assistència i orientació a víctimes, que es dona, per múltiples raons, “una alta taxa d’infradenúncia entre els grups més desfavorits”. En la seua memòria anual, menciona que “quan es tracta de víctimes de discriminació estrangeres en situació administrativa irregular, una barrera important és la por a que la denúncia puga fer evident la seua situació i originar l’obertura d’un expedient d’expulsió”.

Per la seua part, la Fiscalia General de l’Estat, en la seua memòria de 2023, assenyala “les barreres a les quals s’enfronten les persones en situació administrativa irregular per fer valdre els seus drets en els tribunals, constituint la major d’elles la por de ser expulsades als seus països d’origen, la qual els impedeix denunciar les condicions abusives que pateixen”.

“Aquest temor a denunciar de les persones estrangeres en situació irregular ens la trobem a la pràctica diària de l’entitat”, expliquen des de SOS Racisme

Les entitats consultades coincideixen: “Aquest temor a denunciar de les persones estrangeres en situació irregular ens la trobem a la pràctica diària de l’entitat”, expliquen des de SOS Racisme. I afegeixen que “moltes d’elles així ens ho manifesten indicant que no volen ‘tenir problemes’ fins no disposar d’autorització de residència, temor a denunciar que encara s’incrementa molt més quan l’agressor és membre dels cossos policials que abusen de la seva situació de poder”.

“Tots aquests obstacles per a poder realitzar una denúncia segura no sols provoquen temor i desconfiança cap als qui haurien de vetllar per la seguretat de totes les persones, sinó que generen indefensió en les víctimes davant greus abusos que impedeixen l’accés a drets bàsics per la mateixa por de realitzar aquests tràmits”, complementen des de la Xarxa Acull.

Arran aquestes situacions, “les organitzacions socials vam començar a fer campanyes per advertir del risc que corren les persones migrants en situació irregular si xafen una comissaria”, expliquen des de València Acull. En cas que estigues en situació administrativa irregular, recomanen interposar les denúncies en els jutjats de guàrdia, acompanyats d’un advocat, i delegar algú amb permís de residència per a realitzar tràmits davant la policia. Per això reclamen “la necessitat urgent d’una nova reforma legislativa de la llei d’estrangeria, per a eximir de sancions d’estada irregular als qui acudeixen davant les Forces i Cossos de Seguretat a formular una denúncia, sol·licitar informació o gestionar qualsevol mena de tràmit administratiu”, conclouen des de València Acull.

La entrada QUAN ACUDIR A COMISSARIA A DENUNCIAR UN DELICTE ET POT COMPORTAR L’EXPULSIÓ DE L’ESTAT ESPANYOL se publicó primero en SOS Racisme.

El dilluns 24 de juny es compleixen dos anys d’impunitat des de la massacre a Melilla, dels crims, violència policial i desaparicions forçades perpetrades per l’Estat espanyol i l’Estat marroquí. 

Almenys 37 germans migrants i refugiats van ser assassinats per les forces de seguretat del Marroc i Espanya. Es van disparar gasos i bales de goma des d’ambdós costats del pas fronterer. Centenars de cossos de germans negres apallissats van ser abandonats sense assistència.

El Govern “més progressista de la història” va felicitar les actuacions dels cossos de seguretat i el principal responsable Grande-Marlaska segueix a càrrec del Ministeri d’Interior. A Barcelona ens concentrem per a exigir justícia i la fi de la impunitat.

Data: Dilluns 24 de juny 18.30 h

Localització: Plaça de Correus (Via Laietana)

#MassacreMelilla #2AnysdImpunitat #NoOblidem

El lunes 24 de junio se cumplen dos años de impunidad desde la masacre en Melilla, y  sobre los crímenes, violencia policial y desapariciones forzadas, perpetradas por el Estado español y el Estado marroquí. 

Al menos 37 hermanos migrantes y refugiados fueron asesinados por las fuerzas de seguridad de Marruecos y España. Se dispararon gases y balas de goma desde ambos lados del paso fronterizo. Cientos de cuerpos de hermanos negros apalizados fueron abandonados sin asistencia.

El Gobierno más progresista de la historia felicitó las actuaciones y el principal responsable Grande-Marlaska continua a cargo del Ministerio de Interior. En Barcelona nos concentramos para exigir justicia y el fin de la impunidad.

Fecha: Lunes 24 de junio 18.30 h

Localización: Plaza de Correos (Vía Laietana)

#MasacreMelilla #2AñosDeImpunidad #NoOlvidamos

La entrada Concentració per la massacre de Melilla se publicó primero en SOS Racisme.

El racismo policial en España deja un expediente lleno de violencia, sesgos y cargas contra las minorías étnicas

Las personas migrantes tienen tres veces más posibilidades de ser paradas en la vía pública que el resto de la población, según un estudio de la Universitat de València

La organización Mapping Police Violence calcula que 1.176 personas, más de la mitad de ascendencia negra, fueron asesinadas por la Policía estadounidense a lo largo de 2022. El dato es escalofriante y supone una media de tres muertos al día. En Londres, un informe independiente de 363 folios tachaba hace un año de “racista, misógina y homófoba” a la Policía Metropolitana. La población británica ha perdido la confianza en los agentes a raíz de los escándalos y las múltiples “cargas desproporcionadas“, según el mismo estudio. La violencia policial contra las personas racializadas también campa por España, pero la falta de transparencia y la poca conciencia social frustran la visibilización del problema. 

2. Racismo en el deporte – Noticia extraída de Público.es

El mundo al revés: sancionado el jugador que se encaró con quienes le llamaron “negro de mierda”

Cheikh Sarr, portero del Rayo Majadahonda, equipo madrileño de la Primera División RFEF (tercera categoría del fútbol español) saltó a los titulares de prensa el pasado sábado tras encararse con un grupo de aficionados que le profirieron graves insultos racistas durante el partido que enfrentaba a su equipo contra el Sestao. “¡Puto negro de mierda!” y “¡Eres un puto mono”, le gritaron desde la grada. “No podía aguantar. Era horrible. Un día que nunca viví en el fútbol”, explicó tres días después este jugador originario de Senegal. Sarr terminó expulsado pese a sus airadas protestas al árbitro y su equipo, en solidaridad con él, abandonó el partido antes de que terminara.

3. Delitos de odio – Noticia extraída de Diari ARA – Gerard Pruna

Los delitos de odio por racismo se disparan en Cataluña

El año pasado los Mossos d’Esquadra detuvieron a un hombre en Barcelona por las amenazas que hacía desde su domicilio con una escopeta a personas que iban al oratorio por el Ramadán. Éste es sólo uno de los 270 casos de delitos de odio por motivos étnicos denunciados ante los Mossos d’Esquadra durante 2023, un curso en el que los casos de discriminación por cuestiones raciales o de nacionalidad han crecido un 18,9% respecto a 2022 Entonces la cifra ya había subido hasta los 227 casos, muy por encima de las 141 denuncias de 2021, el récord hasta entonces. En dos años, por tanto, las denuncias por este tipo de casos prácticamente se han doblado.

4. Delitos de odio – Noticia extraída de Catalunya Diari – Antonio Ramos

Denuncien insults xenòfobs i racistes a una menor de 13 anys al metro de Barcelona

Els Mossos d’Esquadra estan investigant el cas d’una menor que va rebre insults xenòfobs i racistes al metro de Barcelona, segons ha informat la policia catalana a través de les xarxes socials. Els fets haurien tingut lloc el passat dimarts, al voltant de dos quarts de cinc de la tarda, a la parada de Bac de Roda, segons va denunciar el germà de la víctima en una piulada a Twitter.

Segons el relat de l’Ahmed, la seva germana, de 13 anys i que tornava a casa després de l’institut, «va patir un episodi d’islamofòbia i racisme al metro de BCN (insults i assetjament)». En la mateixa publicació, assegura que li consta que algunes persones la van defensar i demana material gràfic i testimonis dels fets.

En aquest sentit, els Mossos d’Esquadra han confirmat que la menor ha presentat la corresponent denúncia sobre l’episodi aquest mateix divendres al matí.

«Mora de merda. Ves-te’n al teu país»

5. Racismo institucional – Noticia extraída de Amnistía Internacional – Alberto Senante (@asenante)

¿Qué paso en la masacre de Melilla?

El 24 de junio de 2022 alrededor 2.000 personas, en su mayoría de origen sudanés, trataron de cruzar la frontera entre España y Marruecos por el puesto fronterizo de Barrio Chino. Tras la intervención de las fuerzas policiales a ambos lados de la frontera, al menos 37 personas fallecieron y el número de desaparecidas sería al menos 76.

La policía española devolvió al menos a 470 personas de forma sumaria y sin garantías a Marruecos, como acredita la investigación del Defensor del Pueblo. Durante horas, cientos de personas heridas permanecieron en el puesto fronterizo, sin recibir ningún tipo de asistencia sanitaria, y a pesar de que al menos una ambulancia de Cruz Roja estaba en la zona, no se requirió que interviniese. En el lado marroquí, las ambulancias no llegaron hasta dos horas después de todo lo sucedido. Algunas de las personas heridas permanecieron allí hasta 10 horas sin recibir ningún tipo de atención médica o sanitaria.

Posteriormente, alrededor de 500 personas fueron trasladadas en autobuses a zonas remotas de Marruecos, donde las despojaron de sus posesiones y las abandonaron al borde de la carretera sin atención médica. Algunas de ellas habrían sido trasladadas por la fuerza a más de 1.000 kilómetros de la frontera.

6. Racismo en la escuela – Noticia extraída del Salto Diario – Sara Plaza Casares

Racismo en la escuela: asignatura pendiente

Mamá, me he dado cuenta de que la gente va a utilizar mi color de piel para hacerme daño, pero no les voy a dejar”. Camila, de mirada intensa y templada, lleva soportando expresiones malsonantes que hacen alusión a su cantidad de melanina, como “negra de mierda”, desde que cumplió tres años. Sentada en una mesa, escucha aparentemente ausente cómo su madre describe estos nueve años de acoso vividos en el CEIP Cardenal Herrera Oria de Madrid. Y, aunque pareciera entretenida en otras cosas, está atenta y sonríe cuando su madre parafrasea las sabias conclusiones a las que ha llegado con tan solo 12 años: “Camila es una niña muy fuerte y nos ha dado muchas lecciones. A pesar de lo vivido, ya está bien y ahora ya puede escuchar esta historia”, explica Petra Ferreyra, mamá de esta pequeña.

La entrada Recopilación de noticias sobre violencias racistas en España se publicó primero en SOS Racisme.

Denunciem el racisme és el nostre primer projecte de recaptació de fons. El projecte s’ha fet mitjançant la plataforma de Goteo, i hem començat la segona ronda.

El nostre servei és únic i necessari per a totes

Oferim un servei gratuït amb un equip legal especialitzat en racisme al qual pot acudir qualsevol persona o col·lectiu a denunciar qualsevol classe de violència racista. El nostre servei està disponible per a tota la Comunitat de Catalunya.

Per a continuar fent el nostre treball, necessitem recaptar fons

Volem continuar fent aquest treball, volem continuar denunciant el racisme i atenent a totes les persones i col·lectius víctimes de racisme. Ens ajudes?

Fes un donatiu

A través de la plataforma de Goteo, pots sumar-te a la lluita antiracista. Ja som més de 200 cofinançadors.

Necessitem aconseguir el nostre objectiu òptim de 38.500€

#DenunciemElRacisme #SalvemSOSRacismeCatalunya

La entrada Què és “Denunciem el Racisme”? se publicó primero en SOS Racisme.

Cafè d’Idees – rtve play

Entrevista a Cheikh Drame, president de SOSRacisme, veu com l’extrema dreta ha posat la immigració al centre de la diana. “Ho visc amb dolor, ho visc amb ràbia. Se’ns està criminalitzant i hi ha un fort component de deshumanització”. En una entrevista al Cafè d’idees amb Gemma Nierga, Drame assegura que la policia no els representa: “Som una població que veiem la policia com a agressora”. I creu que les esquerres tenen molta responsabilitat davant a manca d’abordatge de la immigració: “L’antiracisme no dona vots”. El representant de l’entitat que lluita contra el racisme demana que es reconegui la immigració: “Sense immigració Espanya es cau”. I diu que té esperança de qui hi hagi millores, però no creu que vegi la fi del racisme: “Ni els nostres fills, ni nets”.

Cheikh Drame: “A Lucrècia Pérez la va assassinar un guàrdia civil fora de servei al crit de “negra de merda” en el 1992, per tant, el que vull dir és que no tenim un problema de xenofòbia en aquesta societat, tenim un problema de racisme pur i dur”.

Programa senser en rtve play, al programa Cafè d’idees.

La entrada L’antiracisme no dona vots. se publicó primero en SOS Racisme.

Set de cada deu casos que arriben a l’entitat acaben sense ser denunciats, segons el darrer informe anual de l’associació

SOS Racisme alerta d’una pujada “alarmant” dels casos de racisme als centres escolars catalans. Actualment, l’entitat està portant deu casos de situacions racistes en l’àmbit educatiu, de les quals la meitat s’han donat només en l’últim any. Marilda Sueiras, del Servei d’Atenció i Denúncia (SAiD) de l’entitat, apunta que en la majoria d’aquests casos l’escola com a institució és o bé l’agent discriminador o bé un agent permissiu davant d’aquestes discriminacions. Unes situacions de racisme que en la majoria dels casos acaben sense denúncia: en set de cada deu casos que es comuniquen a SOS Racisme no es denuncien els fets. Tot i això, en l’actualitat l’entitat està assumint l’acompanyament de 280 denúncies per casos de racisme, dels quals 110 van tenir lloc el 2022 i 170 corresponen a processos d’anys anteriors que encara estan en marxa, segons les dades del darrer informe anual InVisibles. L’estat del racisme a Catalunya.

El fill de la Grisel Almeida va ser expulsat del col·legi internacional on estudiava sense cap expedient sancionador que expliqués els motius d’aquesta decisió. Abans d’això, aquest estudiant de 12 anys va ser convocat a un claustre disciplinari per un conflicte amb un altre alumne on ell havia sigut l’agredit. Se’l castigava per no voler reconèixer que, suposadament, ell havia provocat l’agressió. Després d’aquests fets va arribar l’expulsió, que la família va denunciar davant del Síndic de Greuges i la Fiscalia com a delicte d’odi, ja que consideraven que hi havia una motivació racista darrere del maltractament i els abusos rebuts pel seu fill per part de l’escola i dels seus companys. No obstant això, encara avui en dia la família no ha aconseguit reparació per aquests danys. 

Tot i que Almeida reconeix l’esforç del Síndic de Greuges d’arribar “fins al final de l’assumpte”, la Inspecció d’Educació va considerar que el centre educatiu tenia tot el dret d’expulsar l’alumne només pel fet de tenir tres faltes lleus —una de les quals era arribar tard a una classe— i la Fiscalia va acabar arxivant el cas i va qüestionar el fet que hi hagués discriminació. Finalment, Almeida va decidir acudir al Servei d’Atenció i Denúncia (SAiD) d’SOS Racisme per intentar reobrir el cas i que es reconegui la discriminació racista que ha patit el seu fill. “El greuge que li han fet al nostre fill és irreparable. És la nostra responsabilitat denunciar-ho perquè no li passi a cap altre infant”, assenyala la mare. 

El d’Almeida és un dels 110 casos que l’entitat ha assumit l’últim any, dels quals un 17% té a veure amb situacions de discriminació en l’accés i el gaudi de drets socials com poden ser l’habitatge, la tutela judicial efectiva o l’educació. Una tipologia de situacions discriminatòries que, com assenyala Sueiras, ha tingut un increment sostingut en els últims anys a Catalunya: dels 21 casos identificats per l’entitat el 2017 s’ha passat als 69 que es van notificar el 2022. No obstant això, encara que SOS Racisme acabi identificant-les, la majoria d’aquestes situacions de racisme acaben sense ser denunciades, un 72%. De fet, en general, de les 337 situacions de racisme que va identificar l’entitat el 2022, set de cada deu van acabar sense denúncia. Paula Rossi, membre de l’equip del SAiD, explica que els motius que poden portar a una persona a no denunciar un incident racista són molt diversos, però en un 28% dels casos és la mateixa víctima qui renuncia a fer la denúncia, en la majoria dels casos per por o temor a represàlies.

De la infradenúncia als casos judicials exitosos

Dels casos que sí que acaben en denúncia i que SOS Racisme acaba assumint, aquest 2022 la majoria han tingut a veure amb discriminacions i abusos per part dels cossos de seguretat pública, un 22%. Es tracta del primer cop en els 30 anys de funcionament del SAiD que les denúncies relacionades amb la policia superen aquelles que tenen a veure amb els conflictes entre particulars (que el 2022 van suposar el 19% dels casos). No obstant això, encara que les denúncies contra els cossos de seguretat són les més nombroses entre els casos assumits per l’entitat, Sueiras destaca que aquest 2022 s’ha detectat el percentatge més alt d’infradenúncia dels últims anys: només un 35% dels casos on l’agressor és un agent policial s’acaben denunciant. Segons Sueiras això es deu al fet que hi ha una “impunitat generalitzada dels cossos de seguretat” i a què en l’àmbit judicial hi ha una presumpció de veracitat respecte als testimonis dels agents policials que fa molt difícil portar les denúncies per la via judicial. 

A banda, la major part de l’infradenúncia té a veure amb les situacions de discriminació que es donen entre particulars, ja que només un 27% acaben en denúncia encara que continuen sent la tipologia de casos més nombrosa de totes les que identifica SOS Racisme. Només el 2022 es van identificar 77 situacions de discriminació racial entre particulars, de les quals 21 les ha assumit l’entitat i han acabat en denúncia. Suerias remarca que en aquests casos és molt difícil fer intervencions per la via penal, ja que és molt difícil aportar proves dels fets, i per aquest motiu l’entitat està explorant mecanismes com la mediació o la intermediació directa del SAiD. En aquest sentit, l’advocat encarregat de la part penal d’SOS Racisme, Bruno Alegre Maestro, subratlla que un dels principals problemes que hi ha en el sistema penal és la revictimització. “El sistema penal instrumentalitza la víctima a la recerca de fets i sancions, però no es fixa en la reparació del patiment”, subratlla. 

Tot i això, l’advocat de l’entitat destaca que SOS Racisme ha aconseguit dos èxits judicials l’últim any, amb condemnes per delictes d’odi en fets que havien tingut lloc al carrer. Un d’ells és la condemna a una dona a Lleida que va agredir i intentar arrencar-li el vel del cap a una altra dona al carrer. El segon d’aquests èxits judicials és el de la condemna a un conductor de TMB per agredir també a una dona que portava el vel a l’autobús i que va tenir un problema tècnic amb els bitllets de transport d’una de les seves filles. En aquest darrer cas, Alegre Maestro subratlla el fet que la sentència ha sigut per a sis mesos de presó i nou mesos de multa per delictes d’odi i que s’ha establert una indemnització de 4.000 euros per a les víctimes —la dona i les seves filles— per danys morals, la qual anirà a càrrec de TMB si el condemnat no se’n fa càrrec (tenint en compte que els fets s’han donat mentre ell estava treballant). 

El SAiD arriba al 30è aniversari

En els 30 anys de funcionament del SAiD, l’entitat ha arribat a atendre un total d’11.837 persones. Segons les dades del darrer informe anual d’SOS Racisme —InVisibles. L’estat del racisme a Catalunya—, el 2022 l’entitat va atendre més de 580 persones en 98 municipis diferents, una xifra que per segon any consecutiu és més del doble de la mitjana anual de casos identificats. D’aquestes persones, 414 era la primera vegada que s’adreçaven a SOS Racisme i tot i que hi ha un 19% d’aquestes consultes que tenien a veure amb qüestions administratives —com rebre informació sobre els processos de regularització o com accedir a certs recursos, per exemple—, quatre de cada cinc van ser identificades com a situacions constitutives de racisme. 

Rossi remarca que aquest 2022 ha sigut el primer any en la història del SAiD en què hi ha una majoria de dones denunciants que homes: un 55% de persones que s’identifiquen com a dona enfront d’un 44% que ho fan com a homes. A més, també ha sigut la primera vegada en els trenta anys de funcionament del servei que en la majoria de casos nous atesos les víctimes són persones estrangeres en situació regular (un 50%), quan normalment les persones amb nacionalitat espanyola eren la majoria en els anys anteriors (un 35% aquest 2022). Tot i això, Rossi assenyala que encara queda molta feina per fer per arribar a les persones que es troben en situació irregular, ja que només un 10% de les persones ateses es trobaven en aquesta situació. “Denunciar és un privilegi”, remarca la membre del SAiD. 

La entrada SOS Racisme alerta d’una pujada “alarmant” dels casos de racisme a les escoles se publicó primero en SOS Racisme.

Per una banda, identifiquem dificultats ja en la detecció d’agressions i discriminacions racistes en espais veïnals com les comunitats veïnals. El fet que aquestes tinguin lloc en àmbits de privacitat complica la seva detecció, ja que, són espais d’intimitat i quotidianitat, més silenciats, més invisibles i per tant més inaccessibles. Aquesta configuració de l’espai és el que porta també a la majoria d’actors que podrien intervenir-hi a considerar aquestes situacions com a simples conflictes entre persones privades en els que es manifesten certs prejudicis racistes de la població. Aquesta visió limita les eines d’intervenció a les vies judicials o de mediació.

I per una altra banda, identifiquem dificultats en l’abordatge d’aquestes situacions, en les que normalment s’invisibilitza el racisme, ja sigui perquè no s’identifica o bé perquè tot i detectar indicis de racisme, no es tenen en compte a l’hora d’abordar la solució del conflicte. Molt sovint perquè es té la convicció que, per formar part de l’horitzó ideològic de les parts i per respecte a la llibertat ideològica i a la llibertat d’expressió de les persones, és una realitat en la que no s’hi pot incidir.

L’estudi i l’anàlisi de les manifestacions racistes i la seva evolució ens confirmen que aquestes agressions i discriminacions no són només la manifestació de prejudicis racistes, sinó d’un procés de socialització que ens porta a interioritzar el racisme com un element més de la nostra construcció social, i que per tant s’ha de considerar com un mecanisme més de desigualtat estructural.

En l’abordatge de la situació, considerem fonamental no relegar el component racista del conflicte o de la situació d’assetjament a un segon pla, ja que, de fer-ho, s’estarà afectant a la resolució real de la problemàtica, propiciant la perdurabilitat de la situació d’assetjament.

En la majoria de casos, les persones que perpetren l’assetjament veïnal racista manifesten algun tipus de queixa contra la víctima envers el seu mode de vida que, a priori, podria semblar que ve a justificar el seu assetjament. Però en un context d’assetjament veïnal racista les queixes són només l’excusa explícita que justifica el rebuig cap als veïns i veïnes d’origen estranger o en condició de racialització, i el seu assetjament. Són en realitat una manifestació implícita de l’animadversió cap als estrangers d’orígens determinats o cap a les persones gitanes.

Per tant, si no s’incorpora l’abordatge del racisme en l’abordatge general de la situació, es córrer un gran risc de no donar solució a la situació i de no aportar cap reparació a la víctima de l’assetjament, a més d’alimentar la impunitat de les persones agressores.

Per això, el primer pas és que els agents intervinents siguin capaços de detectar el racisme en la situació d’assetjament que s’està denunciant, que no sempre és evident. Per encaminar-nos en la detecció del racisme en espais de convivència veïnal com ho són les comunitats veïnals, es fa necessari entendre com es manifesta i a quins aspectes cal prestar atenció per tal de que el component racista no passi inadvertit.

L’estudi de dades

Hem treballat en la definició d’una base de dades específica i estudiat les dades recopilades a partir de 70 casos d’assetjament veïnal en el marc de comunitats veïnals a Catalunya, recollits pel Servei d’Atenció i Denúncia (SAiD) de SOS Racisme entre els anys 2015 i 2022.

Cal tenir en compte que les dades analitzades parteixen de la informació manifestada principalment per la persona denunciant, víctima de l’assetjament. Per aquest motiu tenim informació més precisa pel que fa al perfil de la víctima que no pas al perfil de la persona agressora.

La informació s’ha recollit, segons el cas:

• En el marc de la primera entrevista i comunicacions posteriors mantingudes amb la víctima;
• En el marc de comunicacions amb altres actors intervinents, com per exemple administradors de finques, veïns i veïnes implicades, persones acompanyants de la víctima testimonis d’alguns fets;
• En el marc de la col·laboració amb serveis municipals per l’abordatge del cas.

Classifiquem el criteris analitzats en 5 blocs:

1. Estadístiques sobre el perfil de les víctimes d’assetjament veïnal

2. Estadístiques sobre el perfil de les persones agressores, perpetradores de l’assetjament veïnal

• Nacionalitat de la persona agressora.
• Racialització de la persona agressora.
• Edat de la persona agressora.
• Té menors d’edat a càrrec?
• És propietària del seu habitatge?
• Té relació amb la presidència de la comunitat de veïns o té algun càrrec a la Junta veïnal?
• Porta molts anys al barri?
• Aparent situació econòmica i social de la persona agressora

3. Estadístiques sobre les característiques de les situacions d’assetjament

• Quantes persones agressores són?
• Són del mateix edifici?
• Si són del mateix edifici: on es troben ubicades?
• Si no són del mateix edifici: on es troben ubicades?
• Es donen queixes reiterades contra la víctima per part de la persona agressora?
• Tipologia de les queixes
• Al·legacions/Trucades a la policia acusant a la víctima d’activitats irregulars o delictives, sense fonament?
• Atribució d’insolvència econòmica? (“són immigrants que viuen de les ajudes”)
• Es profereixen insults cap a la víctima?
• Són els insults de caire o contingut racista?
• Es comet alguna agressió física contra la víctima?
• La persona agressora profereix manifestacions verbals etnocèntriques implícites? (“són així”, “no s’adapten”)
• La víctima està subjecte a comportaments desproporcionats que l’han fet sentir amenaçada o insegura?
• En cas positiu, tipologia dels comportaments.
• Durada de l’assetjament.
• La víctima ha fet el possible per adaptar-se a les demandes però les queixes continuen?
• Voluntat d’iniciar mediació per part de la víctima?
• Voluntat d’iniciar mediació per part de la persona agressora?

4. Estadístiques sobre el context veïnal en que es donen les situacions d’assetjament

• La comunitat veïnal dona suport al veí assetjador?
• La comunitat veïnal dona suport al veí assetjat?
• Hi ha altres persones d’origen estranger a l’edifici?
• La persona agressora ha tingut conflictes amb altres veïns de la comunitat o del barri?
• En cas positiu: són els altres veïn(e)s assetjats/des d’origen estranger o en condició de racialització?

5.Estadístiques sobre l’abordatge de la situació i les vies d’intervenció

• La víctima ha recorregut a l’autoritat competent o a una administració pública en busca de suport?
• En cas positiu, rep una resposta favorable de l’administració? L’administració ha iniciat alguna actuació?
• S’ha iniciat algun procés de mediació?
• En cas positiu, s’arriba a un acord de mediació?
• S’inicia un procés penal?
• Tipus d’intervenció o acompanyament efectuat des del SAiD.

Resultats de les dades analitzades

Els resultats de les dades analitzades es poden consultar en la següent infografia interactiva:

Conclusions extretes de l’anàlisi de les dades:

1. Conclusions sobre les dades del perfil de víctima

En aquest apartat s’analitzen les dades recollides respecte del perfil de la persona que s’apropa a denunciar al SAiD, víctima de la situació d’assetjament.

Conclusions:

• En el 77% dels casos analitzats, la persona denunciant, víctima de l’assetjament, és d’origen estranger. Només en un 23% dels casos té la nacionalitat espanyola. Les persones que més denuncien aquesta mena d’assetjament racista són principalment d’origen llatinoamericà (56% dels casos), de països del Magreb (20% dels casos) i de l’Àfrica subsahariana (11% dels casos analitzats).
• Pel que fa a la seva situació administrativa, el 91% de les persones que denuncien l’assetjament veïnal racista són persones que consideraríem que es troben en una situació administrativa estable: en el 31% dels casos tenen la nacionalitat espanyola, i en el 60% dels casos es tracta de persones estrangeres amb la seva situació administrativa regularitzada. Només en un 7% dels casos analitzats les persones denunciants es trobaven en situació administrativa irregular.
• Pel que fa al gènere de les persones que denuncien situacions d’assetjament veïnal racista, en la majoria dels casos analitzats es tracta de persones que s’identifiquen amb el gènere dona (73% dels casos), mentre les persones que s’identifiquen amb el gènere home només representen un 26% dels casos analitzats. Pel que fa a persones que s’identifiquen amb un gènere no binari només representen un 1% dels casos analitzats.
• Pel que fa a l’edat de les persones denunciants d’assetjament veïnal racista, en més de la meitat dels casos es troben en una franja d’edat entre els 40 i els 59 anys (54% dels casos analitzats). En un 33% dels casos, les persones denunciants es situen en una franja d’edat d’entre 20 i 39 anys. Només es un 7% del casos es tracta de persones majors de 60 anys.
• En el 63% dels casos analitzats la persona denunciant de l’assetjament veïnal racista té fills menors a càrrec, és a dir, que conviu amb menors d’edat.
• Pel que fa al règim d’habitatge, en més de la meitat dels casos són persones que es troben en règim de lloguer (60% del casos analitzats, d’entre els quals 3% estan en règim de lloguer d’habitatge de protecció oficial). En un 31% dels casos són persones propietàries del seu habitatge. Només en un 5% són persones que es troben okupant l’habitatge, o en règim d’acollida com a demandants d’asil.

• Conclusions sobre les dades del perfil de la persona agressora

En aquest apartat s’analitzen les dades recollides respecte del perfil de la persona que perpetra l’assetjament veïnal racista.

Conclusions:

• En el 97% dels casos la persona agressora és de nacionalitat espanyola i de racialització blanca-europea.
• Pel que fa a l’edat de les persones que perpetren l’assetjament veïnal racista, només era coneguda en el 45% dels casos analitzats. La mitjana d’edat (coneguda) de les persones agressores és de 58 anys. Concretament, en un 54% dels casos en que l’edat és coneguda, les persones agressores tenen entre 60 i 80 anys, i en un 3%, més de 80 anys.
• En general, les persones que perpetren les situacions d’assetjament veïnal racista no solen conviure amb menors d’edat. Representen un 71% dels casos analitzats. Només en un 11% dels casos sí que tenen menors d’edat a càrrec (en un 17% dels casos es desconeix aquesta informació).
• En la majoria dels casos, les persones que generen l’assetjament són propietàries del seu habitatge: en un 64% dels casos analitzats. En un 14% dels casos no són propietàries del seu habitatge, i en un 21% dels casos no disposem de la informació. I en un 30% del total de casos analitzats solen tenir una relació amb la presidència de la comunitat veïnal o algun càrrec a la Junta veïnal.
• La majoria de persones autores de la situació d’assetjament solen portar molts anys vivint en el mateix habitatge o en el mateix barri (en el 73% dels casos analitzats).
• Per últim, pel que fa a la aparent situació social i econòmica de les persones que perpetren l’assetjament veïnal racista, en el 79% dels casos analitzats semblen tenir una situació estable, és a dir, que a priori no sembla que tinguin una manca d’ingressos econòmics (perquè treballen o estan jubilades), ni presenten signes de malalties psiquiàtriques aparents o d’un consum excessiu de drogues o alcohol. En un 11% dels casos analitzats presenten una aparent inestabilitat psiquiàtrica o signes d’alcoholisme, mentre que en un 9% dels casos es fa palesa algun tipus d’inestabilitat econòmica (persones desocupades, persones per qui perilla el manteniment de l’habitatge, o persones que es dediquen a activitats delictives com a mitjà de vida). En un 1% dels casos no disposem de prou informació.

• Conclusions sobre les dades de les característiques de les situacions d’assetjament

En aquest apartat s’analitzen les dades recollides respecte de les característiques particulars de les situacions d’assetjament reportades al SAiD, és a dir, les accions i comportaments que caracteritzen les situacions d’assetjament.

Conclusions:

• En un 77% dels casos analitzats les persones que solen perpetrar l’assetjament solen ser 1 o 2 persones (provinents del mateix habitatge o de 2 habitatges de la mateixa comunitat veïnal). En el 23% dels casos restants solen ser 3 o més persones les que perpetren l’assetjament, d’entre els quals un 10% del total dels casos analitzats representarien casos en que tota (o quasi tota) la comunitat veïnal participa de l’assetjament.
• En un 84% dels casos analitzats es tracta de situacions d’assetjament que es donen en el mateix edifici d’habitatges. En el 16% restant, es tracta de casos que es donen en el mateix poble, urbanització, barri, carrer o complex d’edificis. En el 66% del casos que es donen en un mateix edifici, víctima i assetjant viuen en habitatges contigus (just a sobre, just a sota o just al costat), en un 20% no són habitatges contigus (es pot tractar de pisos que es troben més a dalt o més a baix en el mateix edifici), en un 3% es tracta de situacions d’assetjament que es donen entre persones que comparteixen habitatge, i en el 10% restant, desconeixem la informació sobre la situació dels habitatges en la mateixa comunitat veïnal.
• En un 74% dels casos analitzats, les persones que perpetren l’assetjament veïnal racista manifesten algun tipus de queixa contra la víctima envers el seu mode de vida que, a priori, podria semblar que ve a justificar el seu assetjament. En el 26% restant de casos no es manifesten cap tipus de queixes específiques envers la víctima i el seu mode de vida, sinó que es tracta de comportaments molt gratuïts o manifestacions d’odi contra la víctima per la seva mera existència o pertinença, per assimilació, a un grup social determinat (per ser una persona migrada i/o d’una racialització específica).
• Pel que fa a la tipologia de queixes aquestes són variades i un cas pot no limitar-se a un sol tipus de queixa.
  • La queixa més recorrent (en un 41% dels casos analitzats) és en relació a sorolls que realitzaria la víctima en el seu habitatge (sorolls dels infants, sorolls a l’hora de cuinar, sorolls a l’hora de moure cadires, sorolls al caminar, entre d’altres).
  • En un 6% dels casos ens trobem amb desavinences dels veïns i veïnes assetjadors respecte de qüestions comunitàries que involucren a la víctima, com per exemple, desperfectes estructurals greus de l’habitatge de la víctima que ha de finançar la comunitat veïnal i la presidenta no vol, per desacords amb el pagament de derrames, per desacords en l’ús i manteniment d’espais comunitaris, per disconformitat amb la titularitat de l’habitatge que afecta als límits d’elements comuns, entre d’altres.
  • En un 5% dels casos, les queixes fan referència a molèsties per les olors que provenen de la cuina de la persona assetjada.
  • En un 5% dels casos les queixes estan relacionades amb el règim d’ocupació de l’habitatge per part de la víctima (especialment quan són persones que okupen l’habitatge).
  • En un 5% dels casos les queixes tenen a veure amb el malestar que els genera a les persones agressores que la víctima rebi visites a casa seva.
  • En un 2% dels casos analitzats les persones assetjants assenyalaven a la víctima per estar suposadament sotsllogant a turistes (en tos els casos era una acusació falsa, la víctima no llogava el seu habitatge a turistes).
  • En un 2% dels casos, el veïnat mostra el seu rebuig al manteniment, per la víctima, d’un negoci als baixos de l’edifici. En tots els casos el negoci era lícit, amb llicència d’activitats i al dia amb totes les seves obligacions.
  • En la resta de casos es trobem amb queixes tant diverses com acusar a una família de tenir un “pis patera” (de ser molts vivint en aquell pis), acusacions de realitzar activitats il·legals a casa seva (acusacions infundades i falses), acusacions respecte dels hàbits de la víctima a l’hora de passejar el gos (tot i ajustar-se a la normativa de convivència i a les regles del bon civisme), o desavinences entre companys de pis.
• En un 37% dels casos analitzats, les persones que perpetren l’assetjament veïnal racista acusen a la víctima d’activitats irregulars (o de vegades fins i tot delictives) sense tenir cap fonament, arribant a trucar a la policia amb l’objectiu de que aquesta es personi en el domicili de la víctima per a que aquesta es senti intimidada. Alguns exemples d’acusacions infundades:
  • La persona assetjant truca a la policia acusant a la víctima d’haver-la agredit (quan la situació és completament inversa).
  • Acusar a la víctima d’haver okupat un habitatge quan no és cert.
  • Trucar a la policia per estar fent una festa a casa seva, quan no és cert.
  • Trucar a la policia acusant a la víctima de practicar el treball sexual a casa seva, quan no és cert.
  • Acusar a la víctima de cuina menjar a casa seva per després vendre’l en el seu negoci, quan no és cert.
  • Acusar a la víctima d’estar fent obres irregulars a cas seva, quan no és cert.
  • Trucar a la policia acusant al seu veí de ser un possible terrorista pel simple fet de tenir un fenotip àrab.
• Pel que fa a les manifestacions verbals de les persones que perpetren l’assetjament veïnal racista, no sempre implicaran un insult racista. Molt sovint el racisme s’exterioritza a través de manifestacions menys evidents.
  • En un 86% dels casos analitzats, les persones agressores atribueixen gratuïtament una suposada insolvència econòmica a la víctima de l’assetjament, pel simple fet d’assimilar-la a un grup social determinat. En referim aquí a manifestacions del tipus “són immigrants que viuen de les ajudes”
  • En un 40% dels casos analitzats, les persones agressores expressen manifestacions verbals que són implícitament etnocèntriques. Ens referim aquí a manifestacions del tipus “són així”, “no s’adapten”, “no sé al teu país però en aquest país les coses es fan així”, qüestionar la capacitat per mantenir la cura dels seus infants (comparar com es fa “aquí” i com es fa “allà”).
  • En un 86% dels casos analitzats es manifesten insults cap a la víctima, essent un 83% dels casos analitzats els que impliquen insults explícitament racistes.
  • En un 67% dels casos analitzats, la o les persones perpetradores de l’assetjament veïnal racista han mantingut comportaments desproporcionats que han fet sentir-se a la víctima dels mateixos amenaçada o insegura. I en un 33% dels casos analitzats s’arriba a cometre alguna agressió física contra la víctima per part de la o les persones agressores. Exemples de comportaments desproporcionats: amenaces d’agressió física, amenaces de fer fora del pis per tenir contactes amb l’autoritat, amenaçar amb tancar un negoci per tenir contactes amb l’autoritat, amenaces de mort, escridassades, escopir a la víctima, tirar brossa al pati interior de la víctima o deixar-la a la seva bústia, tirar lleixiu a la roba estesa de la víctima,  picar violentament a les portes o a les parets, tirar esprai a la cara de la víctima, arrencar connexió a la llum o tallar subministraments, entrar a l’habitatge per la força, pintades racistes, gravar o fer fotos a la víctima amb el mòbil, espiar-la, masturbar-se en presència de la víctima, escridassar o intimidar menors de 12 anys, intent d’atropellament, danys a la propietat privada, recollir signatures de la comunitat de veïns o convocar la Junta per fer fora a la víctima del seu habitatge, remenar la bústia i intervenir el correu, trucar al propietari de l’habitatge de la víctima per influir en la renovació del contracte de lloguer, deixar escura-dents a l’intèrfon clavat al botó del timbre de l’habitatge de la víctima, posar la música molt alta durant moltes hores, controlar les visites de la víctima obligant-les a deixar el seu nom i document d’identitat al porter, impedir l’accés a zones comunitàries a les que hi tenen accés, impedir el treball de tècnics (subministraments, telèfon, internet).

• Pel que fa a la durada de l’assetjament, les víctimes solen trigar de mitjana uns 3,15 anys, des que es va iniciar l’assetjament, en apropar-se al SAiD per denunciar la situació. Només en un 13% dels casos analitzats, les víctimes s’apropen al SAiD quan la situació fa menys d’1 any que dura. En un 25% dels casos, la situació fa 1 o 2 anys que perdura, i en un 24% dels casos, porten entre 3 i 5 anys arrossegant la situació. En un 18% dels casos, fa 2 o 3 anys que dura, i en un 13% dels casos porten suportant la situació entre 5 i 10 anys. Finalment, en un 6% dels casos fa més de 10 anys que es veuen convivint amb la situació d’assetjament.

• Com hem pogut observar, les víctimes d’assetjament veïnal racista triguen un temps abans d’adreçar-se a un servei en busca d’assessorament per afrontar la situació que estan vivint. Normalment d’inici busquen resoldre la situació des de l’autogestió. Molt sovint aquesta autogestió passa per fer el possible per adaptar-se a les demandes de les persones agressores, sobre tot quan es tracta de queixes per sorolls o per olors. Però tot i haver implementat canvis en els seus hàbits de vida (a tall d’exemple, posar coixinets a les potes de les cadires, canviar la campana extractora de la cuina, fer els tràmits per implementar millores estructurals a la comunitat per la extracció de les olors, canviar els horaris de cuinar, canviar els horaris de posar rentadores en funció del que li convé al veí, insonoritzar les parets), les queixes continuen. En el 66% dels casos analitzats la víctima ha fet el possible per adaptar-se a les demandes dels veïns i veïnes assetjadors. En el 34% dels casos restants la víctima no ha fet el possible per adaptar-se a les demandes bé perquè no hi ha queixes específiques (es tracta d’un assetjament molt irracional) o bé perquè les demandes no es poden satisfer.

• Pel que fa a la voluntat de resoldre la situació per mitjà de mètodes de resolució de conflictes negociats com la mediació, en el 90% dels casos la víctima de l’assetjament hi està predisposada. En canvi, per la banda de la persona agressora, només en el 6% dels casos analitzats sabem que la persona agressora hagués estat disposada o han tingut oportunitat d’iniciar una mediació per resoldre la situació. En el 79% dels casos analitzats és una opció inviable per la clara negativa de la persona agressora, i en un 16% dels casos analitzats no disposem de la informació.

• Conclusions sobre les dades del context veïnal en que es dona l’assetjament

En aquest apartat s’analitzen les dades recollides respecte del context veïnal en que es dona l’assetjament denunciat.

Conclusions:

• En general, les dades ens indiquen que quan es donen conflictes entre alguns veïns i veïnes de la comunitat, la resta de la comunitat veïnal no s’implica en la situació, intentant mantenir-se al marge. Observem que, en un 67% dels casos analitzats, la comunitat veïnal no dona suport a les víctimes de l’assetjament i que, en un 30% dels casos, les víctimes reben alguna mena de suport ja sigui perquè la presidència de la comunitat i per tant la Junta veïnal reconeixen la seva posició de víctima o bé perquè alguns veïns i veïnes prenen la seva defensa. Pel que fa als veïns i veïnes assetjadors, en un 23% dels casos analitzats reben el suport de la resta de la comunitat veïnal que s’alinea amb els seus interessos (aquí es comptabilitzarien també tots aquells casos en que és tota la comunitat veïnal la que perpetra l’assetjament).
• Pel que fa a la presència d’altres persones d’origen estranger o en condició de racialització a la mateixa comunitat veïnal, les dades no són prou consistents per extreure’n conclusions clares. Hem identificat que en un 41% dels casos les víctimes de l’assetjament són les úniques habitants de la comunitat veïnal d’origen estranger o en condició de racialització. En un 27% des casos analitzats sí que hi ha d’altres persones d’origen estranger a la mateixa comunitat, a més de la víctima, però en un 31% dels casos no disposem de la informació.
• Pel que fa a la conflictivitat de les persones agressores, sabem que en un 39% no havien tingut problemes amb ningú més (només amb la víctima), i en un 21% dels casos no disposem de la informació. En canvi, en un 40% dels casos analitzats les persones que perpetren l’assetjament veïnal racista havien tingut problemes amb d’altres veïns i veïnes anteriorment (o simultàniament). I d’aquest 40%, en el 54% dels casos es tractava de veïns i veïnes d’origen estranger o en condició de racialització. En un 29% eren d’origen nacional i de racialització blanca europea, i en el 18% restant no disposem de la informació.

• Conclusions sobre les dades de l’abordatge i la intervenció

En aquest apartat s’analitzen les dades recollides respecte del tipus d’intervenció i abordatge que es fa de la situació denunciada.

Conclusions:

• En el 73% dels casos analitzats la víctima de l’assetjament veïnal racista s’ha adreçat a alguna autoritat, com ara l’autoritat policial, una autoritat judicial o els serveis d’atenció d’algun ajuntament, en busca de suport. I d’aquest 73%, només en el 39% dels casos ha rebut una resposta favorable, és a dir, que l’administració que l’ha atès ha iniciat algun tipus d’actuació (independentment del resultat de la mateixa). És a dir, que en el 61% dels casos l’administració no l’ha atès, ja sigui perquè no se l’ha cregut o perquè no ha sabut per quins mitjans intervenir.
• Només en un 10% dels casos analitzats s’ha iniciat algun procés de mediació en tota la durada de l’assetjament (es tenen en compte els processos que s’han pogut iniciar fins i tot abans de que la víctima busqui suport en el SAiD). D’aquest 10%, només en un 29% dels casos s’arriba a un acord de mediació, però en cap es compleixen els acords de mediació.
• Pel que fa a la judicialització dels conflictes, en un 50% dels casos la víctima recórrer a la justícia penal amb l’objectiu de posar fi a la situació d’assetjament. Atès que no tots els procediments comptabilitzats s’han portat des de SOS Racisme, i que entre els que s’han portat des de SOS Racisme alguns encara estan pendents, l’anàlisi de dades sobre el resultat d’aquesta via d’intervenció resulta inconsistent. En qualsevol cas, sabem que en la gran majoria de casos és una via d’actuació infructuosa.
• Pel que fa al tipus d’acompanyament facilitat des del SAiD, depèn de la voluntat de la persona que s’apropa a denunciar la situació i de les possibilitats que ofereix el cas. Les dades són les següents:
  • en el 39% dels casos es fa una intervenció des de la via penal, assumint el SAiD la representació judicial de la víctima;
  • en un 26% dels casos, el SAiD busca un apropament directe a la situació, com ara posant-se en contacte amb les finques o altres actors que podrien tenir un impacte en la comunitat veïnal;
  • en un 26% dels casos, s’acaba derivant la situació a serveis municipals de mediació o de suport a les comunitats veïnals, mantenint el SAiD un paper d’acompanyament en tot el procés;
  • en un 8% dels casos, la víctima busca més aviat un suport en l’autogestió del conflicte, i el SAiD facilita l’assessorament i l’acompanyament que la víctima sol·liciti;
  • en un 1% dels casos s’ha pogut tramitar alguna denúncia per via administrativa.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

La entrada ANÀLISI DE DADES SOBRE CASOS D’ASSETJAMENT RACISTA EN CONTEXTOS DE CONVIVÈNCIA VEÏNAL se publicó primero en SOS Racisme.