Por primera vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo ha admitido a trámite una demanda — presentada por Irídia en nombre de la víctima— por unos hechos ocurridos el 12 de enero de 2020 en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. Así lo ha comunicado el TEDH al Gobierno de España, quien no llevó a cabo en el momento de la denuncia la investigación efectiva correspondiente.

Ahora, tras la admisión a trámite de la demanda, el Tribunal de Estrasburgo examinará el caso y el Gobierno “tendrá que dar explicaciones sobre las carencias en la investigación de este caso en particular y sobre los protocolos de prevención de los malos tratos en los CIE a nivel general”, se puede leer en la nota de prensa enviada por Iridia, quien denuncia que, ante una denuncia por un posible caso de tortura, se produjeron ciertas irregularidades. Denuncia Iridia que “las imágenes de las cámaras de seguridad no se custodiaron adecuadamente por parte del CIE, de forma que no se pudieron recuperar cuando así lo ordenó el juez”, que el denunciantes “fue expulsado del país antes de que pudiera declarar sobre los hechos”.

El denunciante, que tras ser expulsado pudo volver a territorio español, finalmente pudo declarar y “se ratificó íntegramente en su denuncia”. El reconocimiento efectuado por parte de un médico forense, además, acreditó, “tanto la existencia de un eritema compatible con la agresión como secuelas psicológicas relacionadas con los hechos denunciados”.

Una causa sobreseída por la justicia española que ahora el TEDH pide reabrir

Según se puede leer en la demanda “se invoca una vulneración de los artículos 3 (en sus dimensiones material y procesal), y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en relación con el artículo 1 del mismo, por la existencia de actos que pueden constituir tortura y/o tratos inhumanos o degradantes, por la ausencia de una investigación efectiva y la negativa a abrir un juicio contra los presuntos autores, así como por el incumplimiento del derecho a un recurso efectivo”.

El demandante alega que el 12 de enero de 2020, y tras discusión, “un agente de policía lo siguió por las escaleras mientras se dirigía a su habitación, y presuntamente le golpeó en el cuello con el puño, lo que le hizo caer. Posteriormente, lo arrastró escaleras abajo. A continuación, le puso la rodilla sobre el cuello para inmovilizarlo”, se lee en el documento remitido por el TEDH. Tras esto, y “con la ayuda de otros agentes, trasladaron al demandante a la enfermería, donde se le administró Diazepam, y después fue enviado de vuelta a su habitación. Esa misma noche, más tarde, el demandante intentó suicidarse con un cordón de zapato. Otros internos alertaron a los agentes de policía. Fue trasladado a la enfermería y posteriormente puesto en aislamiento”. Ese mismo día se llevó a cabo un reconocimiento médico y en el informe emitido se diagnosticó al demandante un síndrome de abstinencia de cocaína y un leve eritema en el cuello”.

Por primera vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo ha admitido a trámite una demanda — presentada por Irídia en nombre de la víctima— por unos hechos ocurridos el 12 de enero de 2020 en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. Así lo ha comunicado el TEDH al Gobierno de España, quien no llevó a cabo en el momento de la denuncia la investigación efectiva correspondiente.

Ahora, tras la admisión a trámite de la demanda, el Tribunal de Estrasburgo examinará el caso y el Gobierno “tendrá que dar explicaciones sobre las carencias en la investigación de este caso en particular y sobre los protocolos de prevención de los malos tratos en los CIE a nivel general”, se puede leer en la nota de prensa enviada por Iridia, quien denuncia que, ante una denuncia por un posible caso de tortura, se produjeron ciertas irregularidades. Denuncia Iridia que “las imágenes de las cámaras de seguridad no se custodiaron adecuadamente por parte del CIE, de forma que no se pudieron recuperar cuando así lo ordenó el juez”, que el denunciantes “fue expulsado del país antes de que pudiera declarar sobre los hechos”.

El denunciante, que tras ser expulsado pudo volver a territorio español, finalmente pudo declarar y “se ratificó íntegramente en su denuncia”. El reconocimiento efectuado por parte de un médico forense, además, acreditó, “tanto la existencia de un eritema compatible con la agresión como secuelas psicológicas relacionadas con los hechos denunciados”.

Una causa sobreseída por la justicia española que ahora el TEDH pide reabrir

Según se puede leer en la demanda “se invoca una vulneración de los artículos 3 (en sus dimensiones material y procesal), y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en relación con el artículo 1 del mismo, por la existencia de actos que pueden constituir tortura y/o tratos inhumanos o degradantes, por la ausencia de una investigación efectiva y la negativa a abrir un juicio contra los presuntos autores, así como por el incumplimiento del derecho a un recurso efectivo”.

El demandante alega que el 12 de enero de 2020, y tras discusión, “un agente de policía lo siguió por las escaleras mientras se dirigía a su habitación, y presuntamente le golpeó en el cuello con el puño, lo que le hizo caer. Posteriormente, lo arrastró escaleras abajo. A continuación, le puso la rodilla sobre el cuello para inmovilizarlo”, se lee en el documento remitido por el TEDH. Tras esto, y “con la ayuda de otros agentes, trasladaron al demandante a la enfermería, donde se le administró Diazepam, y después fue enviado de vuelta a su habitación. Esa misma noche, más tarde, el demandante intentó suicidarse con un cordón de zapato. Otros internos alertaron a los agentes de policía. Fue trasladado a la enfermería y posteriormente puesto en aislamiento”. Ese mismo día se llevó a cabo un reconocimiento médico y en el informe emitido se diagnosticó al demandante un síndrome de abstinencia de cocaína y un leve eritema en el cuello”.

El demandante fue expulsado del país apenas 11 días más tarde de los hechos que se relatan, sin haber podido declarar y después de que su abogado presentara un informe con los hechos al juez de guardia y se pidiera una investigación de los hechos y medidas cautelares. El juez sobreseyó la causa “por falta de pruebas suficientes”, lo que fue respondido por el abogado del demandante con una queja “por la falta de una investigación suficiente”. Tras solicitar la reapertura del caso, en noviembre de ese mismo año, el juez instructor lo reabrió. Como el demandante había vuelto a España, en febrero de 2021 pudo declarar sobre los hechos. A pesar de haberlas solicitado el juez, las autoridades policiales no aportaron la totalidad de las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto donde el demandante declara que ocurrieron los hechos.

A pesar de presentar un recurso en la Audiencia Provincial, esta lo desestimó el recurso y confirmó el sobreseímiento del caso

Tres años más tarde, en junio de 2024, el juez instructor de lo penal sobreseyó las actuaciones y decidió no procesar a los agentes de policía “porque no resultaba suficientemente justificada la comisión de ningún hecho de relevancia pena”, se lee en el resumen remitido por el TEDH sobre el caso. “El juez consideró que, aunque no estaba clara la razón concreta por la que el demandante había caído por las escaleras —dado que las grabaciones de las cámaras disponibles no cubrían esa zona en concreto—, la conducta de los agentes de policía era compatible con sus declaraciones, según las cuales estaban intentando calmar al demandante, que había subido las escaleras gritando y golpeando la barandilla, y no lo habían tocado en ningún momento. Además, tras el incidente lo habían llevado a la enfermería porque mostraba signos evidentes de agitación”. A pesar de presentar un recurso en la Audiencia Provincial, esta lo desestimó el recurso y confirmó el sobreseímiento del caso, el recurso de amparo presentado por el demandante no fue admitido a trámite.

Ante estos hechos el TEDH pide que el Gobierno aclare si el demandante fue sometido a un trato degradante y si la investigación llevada a cabo se hizo de manera escrupulosa. Además de solicitar copias de las grabaciones y otros materiales de la investigación, “se requiere al Gobierno demandado que aporte información sobre la estrategia contra la violencia aplicada en el CIE de la Zona Franca de Barcelona, sobre las medidas implementadas en el CIE para erradicar el maltrato físico, y sobre la formación en comunicación intercultural, técnicas físicas de contención y prevención del maltrato recibida por los agentes de policía que trabajaban en el CIE y que estuvieron implicados en los hechos del 12 de enero de 2020”.

Un paso importante

Iridia ha calificado la decisión del TEDH como “relevante”, ya que “permitirá examinar las obligaciones del Estado de proteger a las personas privadas de libertad y de investigar de manera rigurosa, independiente y efectiva cualquier denuncia de tortura o malos tratos”, algo “especialmente importante en los Centros de Internamiento de Extranjeros, unos espacios de privación de libertad en los que las personas internas se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad y bajo la custodia directa del Estado”.

Iridia: “Es un paso muy importante para luchar contra la impunidad de lo que ocurre en los CIE”

No es la primera vez que Iridia y otros grupos de defensa de los derechos humanos pone el foco en los CIE, considerados espacios de “no-derecho”, ya que no solo “implican la privación de libertad por motivos estrictamente administrativos, vinculados a políticas públicas de control de fronteras”, sino también porque “no disponen de mecanismos reales y efectivos de prevención de la tortura”. A esto se le suman los numerosos obstáculos “estructurales” que suelen dificultar los procesos de denuncia  en estos centros y que “impiden a las personas internas acceder a la justicia en igualdad de condiciones con el resto de la población”. “Es un paso muy importante para luchar contra la impunidad de lo que ocurre en los CIE”, asegura el abogado Ton Mansilla, abogado especializado en derechos humanos en Iridia.

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Con gestos de victoria y casi un minuto de aplausos por parte de la derecha radical, el Parlamento Europeo, reunido esta semana en Estrasburgo, votó finalmente la reforma de la política común para la deportación de personas migrantes que lleguen a los países de la UE, el reglamento europeo de retorno. Tras una ronda de intervenciones de los representantes de los diferentes partidos políticos, el martes 16 de junio por la tarde; ayer miércoles 17 de junio se llevó a cabo la votación: 418 eurodiputados votaron a favor, 218 en contra; y se produjeron 30 abstenciones. Antes, el lunes 15 por la tarde, se había votado en la Comisión de Libertades Civiles (Comisión Libe).

El nuevo reglamento europeo de retorno, que empezará a aplicarse de manera inmediata, como el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo —en vigor desde el pasado 12 de junio— contempla nuevas obligaciones para las personas migrantes con órdenes de expulsión; aumenta los plazos de detención hasta 24 meses —que incluso se pueden convertir en 30 en situaciones concretas— y abre la puerta de manera definitiva a la construcción y puesta en marcha de lo que la UE llama “centros de retorno”, localizados fuera de la UE.

Ahora, el texto debe ser formalmente adoptado por el Consejo y publicado en el Diario Oficial para que entre en vigor. Algunas disposiciones, en particular las relativas a los “centros de retorno”, la evaluación de la edad de los menores y la dimensión exterior de los retornos se aplicarán de inmediato. Otras disposiciones que requieren etapas preparatorias entrarán en aplicación 12 meses después de la entrada en vigor de la legislación.

Más de 250 organizaciones de defensa de los derechos humanos ya han mostrado su rechazo a esta nueva normativa: “Las instituciones de la UE y los Estados miembros han convertido cada vez más la criminalización, la vigilancia y la discriminación en las herramientas por defecto de la gobernanza migratoria, en contraposición a la protección, la seguridad, las medidas de inclusión social, la ampliación de rutas seguras y regulares y los permisos de residencia basados ​​en derechos”, se puede leer en el comunicado conjunto remitido a la prensa. Los firmantes consideran que este nuevo paquete de normas “promueve la detención, la deportación, la externalización y el castigo, especialmente de las personas racializadas, y provocará que más personas se vean abocadas a un limbo jurídico y a condiciones peligrosas”.

Los eurodiputados de la extrema derecha y de la derecha tradicional, quienes han impulsado esta nueva normativa, aplaudieron largo y tendido al grito de send them back (mandadlos de vuelta), mientras los y las eurodiputadas de izquierdas gritaban shame on you (vergüenza) tras la emisión de los votos. En una rueda de prensa posterior a la votación, el holandés Malik Azmani, el relator de migraciones, del grupo Renew, dejó claro hacia dónde se encaminan los Veintisiete. “Hoy, Europa ha cumplido sus compromisos. Los ciudadanos esperan, con razón, que las personas que no tienen derecho a permanecer regresen a su país de origen. Por eso tengo una prioridad clara: medidas de retorno eficaces y realistas. Y tras casi veinte años de inmovilismo, Europa cuenta por fin con ellas. El retorno es la última pieza del rompecabezas del sistema europeo de gestión de la migración, y estoy enormemente orgulloso de que ya esté en marcha”. El relator confesó, al inicio de su parlamento, sentirse “orgulloso” por el paso dado.

Preguntado en varias ocasiones sobre la garantía de los derechos de las personas migrantes en los “centros de retorno!”, Azmani, quien considera que “solo se puede gestionar bien la migración si hay normas”, lanzó balones fuera y mencionó una serie de artículos de la normativa pero no especificó nada. “Todo va a ser legal”, dijo. En tono de sorna, el relator aseguró que “si [la persona migrante] coopera no tiene porqué acabar en un centro de retorno” e insistió en la idea de que con esta nueva normativa “la puerta de atrás queda bajo control”. Calificó el nuevo Reglamento como una normativa justa y agradeció a “todos los colegas” que hicieron esto posible.

La nueva normativa está vertebrada por la externalización de la migración hacia terceros países, tanto de tránsito como de origen. Respecto a estos últimos, a partir de ahora, siete países que hasta ahora no se habían considerado “seguros” por diferentes motivos, pasen a serlo. Se trata de Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez. Si una persona originaria de unos de estos países migra a la UE y se le deniega el asilo, será deportada al mismo país del que salió. También se considerarán terceros países seguros los candidatos a la adhesión. Esto, junto con el establecimiento de los “centros de retorno”, es uno de los puntos más polémicos de la nueva normativa.

Para Tineke Strik, de origen holandés y miembro del Parlamento Europeo por el grupo Los Verdes/ALE, profesora de Derecho de Ciudadanía y Migración en la Universidad de Radboud, todo lo que concierne a la nueva normativa de retorno resulta “preocupante”, en sus propias palabras. “El reglamento contempla muchas obligaciones para los migrantes, obligaciones para el país de origen, y prácticamente ninguna obligación para los Estados miembros”. La eurodiputada pone de relieve la ampliación de los plazos de detención y señala hacia los “centros de retorno” en terceros países. “La nueva normativa permitirá a los Estados miembros transferir inmediatamente su responsabilidad sobre las personas migrantes a cualquier otro país. Esto hace que puedan quedar atrapadas en una especie de limbo legal o en una detención indefinida. No sabemos qué pasará”.

Además de contravenir las disposiciones de la Convención de Ginebra y suponer un atentado claro contra los derechos de las personas en movimiento, estos nuevos centros, que se construirán una vez los Estados miembros lleguen a acuerdos con estos terceros países y hayan recibido el visto bueno de la Comisión Europea, no estarán sujetos a supervisión de ningún tipo por parte de los Veintisiete. “Este es uno de los problemas, porque no está regulado que deba haber una supervisión”, comenta Strik, quien asegura que las personas que estén allí internas “quedarán sometidas al régimen de ese tercer país”. En muchos de los países que se contemplan para la construcción y la puesta en marcha de estos templos no respetan los derechos humanos.

Con gestos de victoria y casi un minuto de aplausos por parte de la derecha radical, el Parlamento Europeo, reunido esta semana en Estrasburgo, votó finalmente la reforma de la política común para la deportación de personas migrantes que lleguen a los países de la UE, el reglamento europeo de retorno. Tras una ronda de intervenciones de los representantes de los diferentes partidos políticos, el martes 16 de junio por la tarde; ayer miércoles 17 de junio se llevó a cabo la votación: 418 eurodiputados votaron a favor, 218 en contra; y se produjeron 30 abstenciones. Antes, el lunes 15 por la tarde, se había votado en la Comisión de Libertades Civiles (Comisión Libe).

El nuevo reglamento europeo de retorno, que empezará a aplicarse de manera inmediata, como el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo —en vigor desde el pasado 12 de junio— contempla nuevas obligaciones para las personas migrantes con órdenes de expulsión; aumenta los plazos de detención hasta 24 meses —que incluso se pueden convertir en 30 en situaciones concretas— y abre la puerta de manera definitiva a la construcción y puesta en marcha de lo que la UE llama “centros de retorno”, localizados fuera de la UE.

Más de 250 organizaciones de defensa de los derechos humanos ya han mostrado su rechazo a esta nueva normativa

Ahora, el texto debe ser formalmente adoptado por el Consejo y publicado en el Diario Oficial para que entre en vigor. Algunas disposiciones, en particular las relativas a los “centros de retorno”, la evaluación de la edad de los menores y la dimensión exterior de los retornos se aplicarán de inmediato. Otras disposiciones que requieren etapas preparatorias entrarán en aplicación 12 meses después de la entrada en vigor de la legislación.

Más de 250 organizaciones de defensa de los derechos humanos ya han mostrado su rechazo a esta nueva normativa: “Las instituciones de la UE y los Estados miembros han convertido cada vez más la criminalización, la vigilancia y la discriminación en las herramientas por defecto de la gobernanza migratoria, en contraposición a la protección, la seguridad, las medidas de inclusión social, la ampliación de rutas seguras y regulares y los permisos de residencia basados ​​en derechos”, se puede leer en el comunicado conjunto remitido a la prensa. Los firmantes consideran que este nuevo paquete de normas “promueve la detención, la deportación, la externalización y el castigo, especialmente de las personas racializadas, y provocará que más personas se vean abocadas a un limbo jurídico y a condiciones peligrosas”.

“Controlar la puerta de atrás”

Los eurodiputados de la extrema derecha y de la derecha tradicional, quienes han impulsado esta nueva normativa, aplaudieron largo y tendido al grito de send them back (mandadlos de vuelta), mientras los y las eurodiputadas de izquierdas gritaban shame on you (vergüenza) tras la emisión de los votos. En una rueda de prensa posterior a la votación, el holandés Malik Azmani, el relator de migraciones, del grupo Renew, dejó claro hacia dónde se encaminan los Veintisiete. “Hoy, Europa ha cumplido sus compromisos. Los ciudadanos esperan, con razón, que las personas que no tienen derecho a permanecer regresen a su país de origen. Por eso tengo una prioridad clara: medidas de retorno eficaces y realistas. Y tras casi veinte años de inmovilismo, Europa cuenta por fin con ellas. El retorno es la última pieza del rompecabezas del sistema europeo de gestión de la migración, y estoy enormemente orgulloso de que ya esté en marcha”. El relator confesó, al inicio de su parlamento, sentirse “orgulloso” por el paso dado.

Preguntado en varias ocasiones sobre la garantía de los derechos de las personas migrantes en los “centros de retorno!”, Azmani, quien considera que “solo se puede gestionar bien la migración si hay normas”, lanzó balones fuera y mencionó una serie de artículos de la normativa pero no especificó nada. “Todo va a ser legal”, dijo. En tono de sorna, el relator aseguró que “si [la persona migrante] coopera no tiene porqué acabar en un centro de retorno” e insistió en la idea de que con esta nueva normativa “la puerta de atrás queda bajo control”. Calificó el nuevo Reglamento como una normativa justa y agradeció a “todos los colegas” que hicieron esto posible.

La preocupación por la puesta en marcha de los denominados “centros de retorno”

La nueva normativa está vertebrada por la externalización de la migración hacia terceros países, tanto de tránsito como de origen. Respecto a estos últimos, a partir de ahora, siete países que hasta ahora no se habían considerado “seguros” por diferentes motivos, pasen a serlo. Se trata de Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez. Si una persona originaria de unos de estos países migra a la UE y se le deniega el asilo, será deportada al mismo país del que salió. También se considerarán terceros países seguros los candidatos a la adhesión. Esto, junto con el establecimiento de los “centros de retorno”, es uno de los puntos más polémicos de la nueva normativa.

Tineke Strik: “El reglamento contempla muchas obligaciones para los migrantes, obligaciones para el país de origen, y prácticamente ninguna obligación para los Estados miembros”

Para Tineke Strik, de origen holandés y miembro del Parlamento Europeo por el grupo Los Verdes/ALE, profesora de Derecho de Ciudadanía y Migración en la Universidad de Radboud, todo lo que concierne a la nueva normativa de retorno resulta “preocupante”, en sus propias palabras. “El reglamento contempla muchas obligaciones para los migrantes, obligaciones para el país de origen, y prácticamente ninguna obligación para los Estados miembros”. La eurodiputada pone de relieve la ampliación de los plazos de detención y señala hacia los “centros de retorno” en terceros países. “La nueva normativa permitirá a los Estados miembros transferir inmediatamente su responsabilidad sobre las personas migrantes a cualquier otro país. Esto hace que puedan quedar atrapadas en una especie de limbo legal o en una detención indefinida. No sabemos qué pasará”.

Además de contravenir las disposiciones de la Convención de Ginebra y suponer un atentado claro contra los derechos de las personas en movimiento, estos nuevos centros, que se construirán una vez los Estados miembros lleguen a acuerdos con estos terceros países y hayan recibido el visto bueno de la Comisión Europea, no estarán sujetos a supervisión de ningún tipo por parte de los Veintisiete. “Este es uno de los problemas, porque no está regulado que deba haber una supervisión”, comenta Strik, quien asegura que las personas que estén allí internas “quedarán sometidas al régimen de ese tercer país”. En muchos de los países que se contemplan para la construcción y la puesta en marcha de estos templos no respetan los derechos humanos.

Quien también se muestra preocupada tanto por la puesta en marcha de estos centros como la total ausencia de supervisión es la eurodiputada por Sumar y exdirectora general de CEAR Estrella Galán. “Esta normativa no plantea ningún mecanismo de supervisión de los derechos humanos. Lo que se quiere hacer es alejar lo máximo posible la crueldad que se vivirá en estos centros y evitar que sepamos lo que ahí está pasando. De algún modo, será la Comisión Europea quien monitoree —si es que se puede usar esta palabra— lo que allí sucede”. Galán insite en que se están creando “agujeros negros de derechos. Claramente desde los espacios europeos vamos a tener muy poca capacidad de denuncia”, explica para El Salto.

Preguntada por la reversibilidad de estas medidas, la eurodiputada se muestra tajante y apunta hacia la parte económica del trato: “En términos económicos es incalculable. Primero porque detrás de todo esto hay toda una maquinaria de seguridad —con Israel al frente—. Se trata de un negocio millonario con cifras millonarias e incalculables. Estos centros en terceros países, que nosotros definimos como el Guantánamo europeo, van a disponer de unas medidas de seguridad millonarias”. También señala el coste humano que va tener la aplicación de estas nueva normativa.

Con este nuevo paquete legislativo, la política migratoria de la Unión Europa ya es prácticamente la misma que se aplica en Estados Unidos. “Vamos en la misma dirección. Con el asunto del tercer país seguro, hacemos lo mismo que en Estados Unidos: deportar a personas a un tercer país donde nunca han estado. Respecto a las detenciones, el reglamento de retorno también otorga una base y competencias para que se haga lo mismo aquí en Europa y contempla detenciones de larga duración. Así que no creo que haya ya mucha diferencia”, argumenta la eurodiputada Strik. Esta diferencia tampoco la ve Estrella Galán, quien considera que “nosotros [la UE] ponemos el filtro de los derechos humanos y tratamos de endulzar lo que es lo mismo. Es posible que acabemos viendo las mismas imágenes de esos niños con una mochilita y un gorrito siendo detenidos por la policía migratoria”.

“Debemos prepararnos para ver lo mismo que hemos estado viendo en Estados Unidos por parte del ICE. Son malas noticias para Europa”. Quien habla es Cecilia Strada, eurodiputada del Parlamento Europeo desde 2024 por el Partido Democrático de Italia; quien considera que con la adopción del reglamento de retorno y el PEMA, Europa ha desmantelado de manera definitiva su sistema de asilo. 

La aprobación de esta nueva normativa, que consolida la realidad de una Europa fortaleza de fronteras cerradas, no hubiera sido posible si el centro derecha y la derecha tradicional no hubieran comprado el marco narrativo de la securitización y el miedo promovido desde la extrema derecha. En Estrasburgo, en la rueda de prensa que dio el martes por la tarde, el ultraderechista francés Jordan Bardella sacaba pecho de la nueva normativa y daba las gracias a la derecha tradicional por haber facilitado las cosas. Bardella, presidente del grupo The Patriots, integrado por partidos como el húngaro Fidesz, la Lega o Vox, sucederá a Marie Le Pen en Francia si esta resulta condenada por malversación en el juicio que tiene pendiente el próximo 7 de julio. Podría ser candidato a la presidencia de Francia en las próximas elecciones, programadas para 2027.

“La aprobación de este Reglamento demuestra que hay un cambio de dinámicas dentro del Parlamento Europeo”, señala Galán quien explica que el Partido Popular Europeo “ha comprado la agenda que impone la ultraderecha y las narrativas. Han entrado en sus dinámicas [de la extrema derecha]. La adopción de esta normativa tampoco hubiera sido posible sin la connivencia de una serie de medios repartidos por los cuatro rincones del continente que han comprado la narrativa de la securitización y han hecho uso del miedo para criminalizar a las personas migrantes y las redes de solidaridad que les ayudan. “Los medios, a menudo no hacen periodismo, sino que se limitan a replicar lo que dicen los políticos, y eso está mal. Los y las periodistas deberían poder desmontar las mentiras, y no solo hacer una primera pregunta, sino hacer una segunda”, dice Strada. La eurodiputada italiana, ex trabajadora humanitaria en misiones de rescate en el mar Mediterráneo, asegura que queda mucho trabajo por delante y que hay que “abordar nuestros racismos estructurales”. A partir de su trabajo previo, constata que “el relato en los medios sobre la migración trata de números y no de seres humanos”.

Desde las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, se hace una llamamiento a la UE “para que deje de complacer los sentimientos racistas y xenófobos y los intereses empresariales, y revierta el giro punitivo y discriminatorio de su política migratoria”, y en su lugar “destine recursos a políticas basadas en la seguridad, la protección y la inclusión, que fortalezcan las comunidades, defiendan la dignidad y garanticen que todas las personas puedan vivir con seguridad, independientemente de su estatus”. 

La entrada El Parlamento Europeo aprueba de manera definitiva el reglamento de retorno se publicó primero en SOS Racisme.

La majoria d’agressions racistes són a menors d’edat, i els Mossos, el cos més denunciat

SOS Racisme ha alertat de l’augment “preocupant” de les agressions  per part de grups d’extrema dreta i al  carrer, entre veïns, i ho ha vinculat a la “legitimació en l’àmbit polític i social” dels discursos d’odi. L’entitat ha presentat aquest divendres Invisibles, el seu informe anual sobre les atencions i actuacions per racisme  a persones no blanques i migrants a Catalunya. En concret,  ha registrat 647 situacions de racisme en més de 109 municipis  l’any 2024, i 427 persones han demanat el suport de l’entitat. S’hi afegeix que SOS Racisme ha assumit la denúncia de 105 casos, que se sumen a 220 d’anys anteriors. El  68% de les víctimes són menors d’edat, segons han  detallat les coordinadores de SOS Racisme, Jennifer Molina i Paula Rosi, que han reclamat més implicació de les administracions per fer front a la discriminació  per origen que viuen les persones, especialment en els àmbits de Salut i educatiu.

En concret,l’any passat es van denunciar  5 casos d’atacs de grups d’extrema dreta a no blancs, tres dels quals estan judicialitzats. Les portaveus de SOS Racisme hi afegeixen que el nombre pot ser major, però destaquen que feia anys que no es denunciaven i que el 2023 només va haver-hi un cas. L’espai públic és l’àmbit principal d’aquestes agressions, amb el 39% del tota.  “Hi ha  un vincle entre les agressions de particulars i la legitimació en l’àmbit social i política del discurs d’odi”, ha assegurat Rosi. També ha  avançat que hi ha dos casos recents de discurs d’odi polític judicialitzats. Precisament, el Parlament, amb les intervencions racistes i islamòfobes dels integrants de VOX i de la líder d’Aliança Catalana estudia com fer-hi front. 

Els àmbits denunciats

Així, dels 105 casos assumits per SOS Racisme:  el 32% són per agressions i discriminacions entre particulars; el 21% per discriminacions en l’accés i el gaudi de drets socials; el 14% per agressions i abusos per part d’agents dels cossos de seguretat pública; el 12% per discurs d’odi; el 6% per discriminacions en l’accés i el gaudi de serveis privats; el 6% per discriminacions laborals; el 4% per agressions i abusos per part d’agents de seguretat privada; el 3% d’Extrema dreta: 3%, i el 2%per discriminacions en l’accés i el gaudi de serveis públics.

Els Mossos, més denunciats per racistes

Les responsables de SOS Racisme també han detallat que  cos dels Mossos d’Esquadra és el més denunciat per comportaments racistes, i agafa el relleu de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Han recordat la condemna  d’un any de presó que van acceptar sis agents dels Mossos per una actuació racista a un jove al Bages, a qui van cridar «negre de merda».

Preguntada per si implicaran canvis el fet que els Mossos assumeixin la competència del control de migrants, Paula Rosi, ha lamentat  que «actualment en el debat de l’opinió pública es vincula criminalització a migrants» i ha denunciat que els controls que fa la policia catalana amb altres cossos al metro tenen greu un biaix racista.

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