• La presunta violación de tres mujeres nigerianas de forma sistemática por veinte militares en la gendarmería de Nador.
• La presunta violación de una mujer camerunesa por siete militares en el bosque de Bel Younech, colindante con Ceuta.
• La violación de un menor guineano de catorce años por dos miembros de la gendarmería marroquí. Agresión que posee un parte médico y que motivó el traslado por cuestiones humanitarias del menor al Estado español.
• Las redadas violentas contra los campamentos informales donde se encuentran los inmigrantes y que en casi todas las ocasiones se saldan con múltiples heridos de consideración.
• Las estrategias de asedio militar a estos campamentos impidiéndoles el acceso a hombres, mujeres y niños al agua potable y a la comida.
• El respeto nulo a la Convención de Ginebra de 1951, ratificada por el gobierno marroquí, para la determinación de la condición de refugiado, que se refleja claramente en la expulsión masiva hace unas semanas de demandantes de asilo desde Marruecos a Argelia.
• La deportación de inmigrantes subsaharianos, no a sus países de origen, sino a Argelia, a una frontera cerrada de manera oficial desde el año noventa y cuatro por la mala relación entre los dos países. Y todo lo que conlleva una deportación sin garantías, sin abogado, sin traductor, sin aportar una atención médica a los enfermos y en la mayoría de los casos sin darles agua ni comida.

Por todo ello solicitamos al gobierno español que en sus negociaciones con el gobierno marroquí:

• Le exija un respeto total a los derechos humanos tanto de los inmigrantes en tránsito y refugiados como de sus propios ciudadanos y el pueblo Saharaoui, con un pronunciamiento específico en estos acuerdos.
• Un estricto seguimiento y control del cumplimiento de estas premisas en los acuerdos adoptados, mediante mecanismos efectivos y transparentes.

Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español
29 septiembre 2005

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