• Refuerzo del control de entrada: El Gobierno exige que las compañías de transporte actúen como policía de aduanas, delegando en la practica la responsabilidad del control de fronteras en las compañías de transporte. Esto comportara restricciones al derecho de asilo ya que las compañías, ante una posible multa, denegarán el embarque a potenciales solicitantes, que usualmente huyen sin la documentación exigida y un mayor enriquecimiento de las redes de transporte clandestino, al convertirse prácticamente en la única vía de entrada.
• Modificaciones que facilitan el procedimiento de expulsión: Estos cambios están vinculados a las modificaciones realizadas en el Código Penal, a fin de unir inmigración y delincuencia.Estas medidas violan el derecho a la presunción de inocencia de las personas inmigradas dejándolas ante una indefensión jurídica, arbitrariedad y falta de garantías en todo el proceso, además de violar la independencia judicial ya que el juez sólo tendrá tres días para parar la expulsión si considera que existen circunstancias excepcionales (no aclaradas por la nueva ley).
• Endurecimiento del control policial a través del control de los censos municipales: El Gobierno pretende reformar la Ley de Bases de Régimen Local (que regula el empadronamiento) y la Ley de Procedimiento Administrativo, para establecer un régimen distinto y discriminatorio de los extranjeros con respecto al resto de ciudadanos. Las consecuencias son de extrema gravedad en un Estado de derecho: vulneración del derecho a la asistencia sanitaria y de otros derechos básicos de los extranjeros en situación irregular( ya que necesitan estar empadronados para poder ejercerlos, y este control policial les va a intimidar y retraer a registrarse), vulneración de la autonomía de los Ayuntamientos y de la Ley de Protección de Datos y segregación jurídica e indefensión de los extranjeros ante la Administración.
• Incumplimiento por el gobierno de las decisiones del Tribunal Supremo: en marzo del 2003 el Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que anuló varios artículos del Reglamento de Extranjería, por vulnerar la legalidad. En su reforma, en vez de acatar la sentencia, el Gobierno convierte en ley los puntos anulados. Se trata de un auténtico fraude jurídico, que muestra una falta de respeto al funcionamiento democrático y a las instituciones judiciales.
• Cambios en los trámites administrativos de los extranjeros: la reforma se ha querido justificar como una simplificación de los trámites para los extranjeros, ya que el visado de entrada es un permiso de residencia que autoriza a trabajar. Sin embargo la realidad es otra ya que el extranjero está obligado a solicitar personalmente la tarjeta de residencia en el plazo de un mes desde su llegada a España, el visado de trabajo se deberá solicitar personalmente en el país de origen y no se van a admitir a trámite (ni se van a valorar) las solicitudes de permiso de quienes estén en situación irregular.Por tanto persiste el incremento de las colas y de los retrasos en las oficinas de extranjería, al exigirse ir personalmente y se agrava la imposibilidad de regularización para quien no tiene papeles y se encuentra en España, aunque tenga una oferta de trabajo.

Frente a esta contradicción flagrante con la universalidad de los derechos humanos, la mayoría de los partidos de la oposición no han presentado una enmienda a la totalidad del proyecto perdiendo una oportunidad única de dar un discurso alternativo basado en la igualdad de derechos. Ahora pactando enmiendas parciales e incluso en algún caso caso queriendo llegar a un “pacto de Estado “sobre extranjería son cómplices del discurso y la política xenófoba impuesta por el PP.
Desde SOS Racismo volvemos a denunciar una vez mas este ataque contra el Estado de Derecho y alertamos de como esta ley provocará mas de lo mismo: exclusión social, explotación laboral y racismo.
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español
11 septiembre 2003

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• Vulnera el derecho fundamental al trabajo.
• Fomenta la explotación laboral.
• Condena a miles de personas que viven en el estado Español a la marginalidad sin opciones de promoción social.
• Se niega la libertad de contratación a los empresarios.

SOS Racismo considera que el Gobierno pretende aplicar una política de inmigración cero, con un contingente que se retrasará por la ineficacia del Ministerio del Interior en tramitar ágilmente las solicitudes y el bloqueo de cualquier otra vía de regularización.
Por todo ello se presenta este Recurso pidiendo que se adopten las medidas cautelares pertinentes.
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español
12 marzo 2002

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