Entre barro, astilla y plásticos cientos de casas se levantan desafiando al barranco, a la sombra de los almacenes donde decenas de operarias con redes en el pelo apuran el rato de descanso mientras los imponentes camiones de carga hacen un ruido metálico al pasar transportando cajas. Quienes viven aquí lo hacen  sin acceso al tendido eléctrico, ni a agua corriente, ni a recogida de basuras, ni a un suelo que no te hunda cuando llega un temporal.  Más de cinco mil personas en toda la provincia se enfrentan a las borrascas “sin techo, sin derechos y sin protección”, como exponen desde la Apdha. La organización insiste: “Cada episodio de temporal convierte una situación ya de por sí indigna en una emergencia humanitaria evitable”. 

En estos asentamientos que llevan en la provincia desde hace más de 20 años vive el escalafón más vulnerabilizado de la industria millonaria de la fresa y el fruto rojo en la provincia que en la temporada anterior, 2024/2025, facturó 699 millones de euros en exportaciones, según Freshuelva. Un sector que supone el 11% de todo el PIB de la provincia de Huelva. Uno de cada nueve euros que se generan en el territorio onubense procede de la explotación de 12.388 hectáreas de tierra y de miles de personas, en su mayoría migrantes.

Las personas que viven aquí son migrantes en situación irregular que buscan trabajo, en muchas ocasiones hasta tienen que pagar para poder conseguirlo, “los empresarios les venden los contratos, o los empadronamientos, algunos hasta les dicen que trabajan tres años gratis y que luego les ayudan a regularlos y después ni lo hacen”, explica Ana Pinto de Jornaleras de Huelva en Lucha. Unos contratos por los que llegan a pagar miles de euros. Los empresarios evitan hablar sobre esta realidad, alegando en muchas ocasiones que nada tiene que ver con el sector. “Pregunta en los asentamientos, trabajan todos, la gente no está aquí por gusto, tienen trabajo lo que no tienen es casa”.

Un chico anda por el asentamiento, apenas habla español, viene desde Almería apenas lleva dos meses en la provincia y está esperando que los días de tormenta cesen para que haya más trabajo, “aún no tengo chabola, tengo que hacérmela”, explica. A pesar de tratarse de unas infraviviendas las personas que viven aquí invierten miles de euros en construirse estas casas basadas en pallets, plástico y cartón. “A veces son los propios empresarios los que les venden estos pallets”, sostiene la portavoz de JHL.

En diversas ocasiones organizaciones internacionales han denunciado la situación de vulneración de Derechos Humanos que lleva más de dos décadas sucediendo en la provincia. En 2022 el Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (Greta) denunciaba a través de un informe su preocupación por “ la inacción de las autoridades ante esta situación humanitaria que se prolonga desde hace varios años y genera mayores riesgos de trata de personas”. Dos años antes el relato especial de la ONU para la pobreza extrema, Philip Alston también señaló que las Administraciones “hacen la vista gorda” sobre esta situación.

A pesar del señalamiento internacional, la realidad ha cambiado poco. En 2024 la Junta de Andalucía pusó en marcha el Plan Integral para la Erradicación del Chabolismo, que busca que estos asentamientos desaparezcan para el año 2030, un objetivo que también persigue el Plan Doñana aprobado por el Gobierno andaluz y el Gobierno central. Unos acuerdos que organizaciones humanitarias como Apdha consideran “papel mojado”.

Más de 20.000 contratadas en origen

La industria de los frutos rojos en Huelva se basa en la contratación de miles de mujeres migrantes para la campaña. En 2026 se augura que llegarán a Huelva al menos 21.500 personas contratadas en origen, 4.500 más que el año pasado, la mayoría mujeres procedentes de Marruecos. En los últimos años la procedencia de estas trabajadoras se ha diversificado a países como Guatemala y Honduras.

Unas contrataciones que se realizan a través de la Orden Gecco, creada en el año 2000 y que se actualizan cada nueva campaña. En la Orden se establece un “compromiso de retorno” que obliga a estas mujeres a volver al territorio una vez acabe el trabajo. A pesar de que las empresas están obligada en ofrecer un alojamiento adecuado a las empleadas en muchas ocasiones estos mismos no tienen las condiciones mínimas de habitabilidad. Barracones paralelos a los campos atestados de invernaderos su mayoría, “nos han llegado casas sin ventana, alojamientos en mal estado y mujeres que tiene  que dormir en el suelo”, sostiene Ana Pinto.

En 2018 la organización de empresas del sector Interfresa puso en marcha el Plan de Responsabilidad Ético, Laboral, Social y de Igualdad (Prelsi) a raíz de las denuncias de agresiones sexuales por parte de los empresarios en 2018. El Prelsi tiene como objetivo para “dar respuesta a la necesidad de entendimiento, asistencia y fomento de las buenas prácticas para impulsar el bienestar sociolaboral de todos los agentes que participan en la campaña de los frutos rojos”.

Entre sus acciones se encuentran la de revisión de los alojamientos , la mediación sanitaria y la asistencia social. “Es un organismo de la patronal, y algunas trabajadoras nos cuentan que las amenazan para que no hablen con nosotras ni denuncien”.

En 2018 salieron a la luz diversos casos de agresiones sexuales de empresarios del sector a trabajadoras migrantes. Este enero la Policía Nacional detenía a un encargado agrícola por la explotación laboral y sexual a varias mujeres migrantes.

El día a día trabajando bajo los plásticos está plagado de vulneración de los derechos laborales. En 2024 la Inspección registró al menos mil infracciones en el sector, e impuso sanciones por el valor de seis millones de euros a diversos empresarios del sector.

En la mayor parte de los tajos el sueldo no cumple el salario mínimo, ni se pagan las horas extras, ni otras cuestiones recogidas en el convenio del sector como el pago del kilometraje de desplazamientos. “El agronegocio se basa en la máxima productividad para aumentar las ganancias lo que lleva a la explotación de las personas”, sostiene Ana Pinto. La líder sindical es clara acerca del sistema que vertebra estos frutos “beneficia a las empresas desde la más pequeña a la más grande” y también “los sindicatos mayoritarios y a todos los Gobiernos”.

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Les lluites sindicals moltes vegades ometen, per exemple, que un dels pilars fonamentals pel manteniment de l’Estat de Benestar resideix en la instrumentalització i la negació dels drets fonamentals a les persones migrants, materialitzat en una Llei d’Estrangeria estatal i polítiques migratòries europees racistes.

Tot i que, en el context actual es va fer més evident quines són les tasques essencials en la societat i qui estan cridades a fer-les, després de gairebé més d’un any de pandèmia global, sembla que encara no hem avançat gaire en quant al racisme i el dret a una vida i feina dignes.

Durant tot aquest temps les col·lectives antiracistes han estat denunciant la manca de voluntat política a l’hora de protegir a les persones més precaritzades laboralment. Menys encara la d’aquelles que ni tan sols se’ls hi garanteix el dret d’accedir a un treball formal. La poca proactivitat per part de l’administració ha sigut insuficient i ha arribat sempre tard. I mentrestant, veiem com el discurs mediàtic i polític, o bé carrega tot el malestar social cap a les persones migrants, o bé, en els seus intents – “progressistes”, les cosifica al servei d’un sistema productiu que esborra tot rastre d’humanitat en les treballadores migrants:

La regularització d’alguns pocs joves per a treballar al camp durant el confinament només atén a demandes específiques del mercat. Ni de lluny posa solució als milers d’altres que es veuen desemparats per un sistema que aboca a tot el gruix de la infància migrant, quan assoleixen la majoria d’edat, al carrer i sense permís de residència ni de treball. L’absurd enduriment, per part del Tribunal Suprem, dels requisits per a la renovació del permís de residència dels joves extutelats, evidencia la violència que exerceixen els poders hegemònics cap als joves, prioritzant el càstig per sobre de la protecció. Col·lectius com els dels Jardins de Sant Pau i l’Ateneu del Raval, que donen suport a grups de joves sense sostre, han d’acabar assumint una tasca la qual és responsabilitat de l’administració. En comptes d’activar mecanismes de control per tal de garantir el compliment de la llei de protecció dels i de les menors, aquests pateixen l’assetjament policial i la criminalització social.

Els treballadors temporers de Lleida viuen cada any les mateixes situacions límit, però aquesta vegada agreujada pel context de confinament i rebrots. Aquest any, i sense gaires canvis, s’han activat algunes mesures insuficients com, per exemple, la construcció d’un alberg per emergències. Tampoc, s’està donant resposta a les demandes sistemàtiques fetes pels mateixos temporers i per entitats com Fruita Amb Justícia Social perquè es garanteixi el compliment del conveni agrari. Recordem que les empreses incompleixen la llei quan no proporcionen un allotjament digne als seus treballadors, que a més, han de sumar el racisme de propietaris i propietàries de pisos de lloguer, cosa que dificulta encara més la recerca d’un habitatge durant la collita.

Però un dels sectors històricament oblidat en termes de protecció laboral és el de les dones treballadores de la llar i les cures. La manca de reconeixement social i institucional de la importància de les cures per al sosteniment de la vida i de les societats, es tradueix en una manca de reconeixement dels drets laborals. La via exemplar que troben aquestes treballadores és l’autoorganització, la resistència, el suport mutu, la lluita antiracista i política per a exigir la protecció i la dignitat dels seus llocs de feina. Col·lectives com Mujeres Unidas Entre Tierras, Mujeres Palante, SindiHogar, Sindicato de Mujeres Cuidadoras Sin Papeles, etc. mostren la gran força i resiliència que han de tenir aquestes dones per a combatre un sistema racista i neocolonial que les mercantilitza i vulnerabilitza conscientment. Perquè dignificar la seva tasca és posar a les persones al centre de la vida i per sobre de la lògica neoliberal.

Així mateix, hi ha altres sectors on els abusos, l’explotació i fins i tot la mort és invisibilitzada. Com per exemple: el dels treballadors de la construcció, les treballadores sexuals, les treballadores de la indústria alimentària, i un llarg etcètera.

És per això que creiem que l’antiracisme ha d’esdevenir part fonamental de la lluita obrera, ja que precisament el sistema capitalista, patriarcal i colonial en què vivim s’ha format i es manté al llarg dels segles gràcies a la jerarquització racial del treball, l’explotació, la precarització, i les relacions asimètriques i extractivistes entre el Nord i el Sud globals. I dins d’aquesta lògica són les persones migrants i racialitzades no blanques les que posen els seus cossos quan les societats del Nord ho necessiten, però són rebutjades quan ja no els són útils. La lluita i la solidaritat obrera ha de passar per revisar quines són les persones que es troben a sota del tot en la jerarquia del sistema racista capitalista.

[CAST]

Comunicado  1 de mayo 2021: El racismo es indispensable para el “sano funcionamiento” del sistema capitalista

Hoy se celebra, como cada año, el Día Internacional de las Personas Trabajadoras, día de lucha por los derechos y reivindicaciones de la clase obrera. Aunque la constante precarización de la mayoría de la población trabajadora es una condición sine qua non para el “sano funcionamiento” del sistema capitalista, no olvidemos que el racismo también lo es.

Las luchas sindicales muchas veces omiten, por ejemplo, que uno de los pilares fundamentales para el mantenimiento del Estado de Bienestar reside en la instrumentalización y la negación de los derechos fundamentales a las personas migrantes, materializado en una Ley de Extranjería estatal y políticas migratorias europeas racistas.

A pesar de que en el contexto actual se hizo más evidente cuáles son las tareas esenciales en la sociedad y quiénes están llamadas a hacerlas, después de casi más de un año de pandemia global, parece que todavía no hemos avanzado mucho en cuanto al racismo y el derecho a una vida y trabajo dignos.

Durante todo este tiempo las colectivas antirracistas han estado denunciando la falta de voluntad política a la hora de proteger a las personas más precarizadas laboralmente. Menos aún la de aquellas a las que ni siquiera se les garantiza el derecho a acceder a un trabajo formal. La poca proactividad por parte de la administración ha sido insuficiente y ha llegado siempre tarde. Y mientras tanto, vemos como el discurso mediático y político, o bien carga todo el malestar social hacia las personas migrantes, o bien, en sus intentos más “progresistas”, las cosifica al servicio de un sistema productivo que borra todo rastro de humanidad en las trabajadoras migrantes:

La regularización de algunxs pocxs jóvenes para trabajar en el campo durante el confinamiento sólo atiende a demandas específicas del mercado. Ni de lejos pone solución a miles de otrxs que se ven desamparadxs por un sistema que empuja a casi todo el grueso de la infancia migrante, cuando alcanzan la mayoría de edad, a la calle y sin permiso de residencia ni de trabajo. El absurdo endurecimiento, por parte del Tribunal Supremo, de los requisitos para la renovación del permiso de residencia de los jóvenes ex tutelados, evidencia la violencia que ejercen los poderes hegemónicos hacia los jóvenes, priorizando el castigo por encima de la protección. Colectivas como el de los Jardines de Sant Pau y el Ateneu del Raval, que apoyan a grupos de jóvenes sin hogar, deben terminar asumiendo una tarea cuya responsabilidad es de la administración. En vez de activar mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de la ley de protección de los y las menores, éstxs sufren el acoso policial y la criminalización social.

Los trabajadores temporeros de Lleida viven cada año las mismas situaciones límite, pero esta vez agravada por el contexto de confinamiento y rebrotes. Este año, y sin muchos cambios, se han activado algunas medidas insuficientes como, por ejemplo, la construcción de un albergue para emergencias. Tampoco, se está dando respuesta a las demandas sistemáticas hechas por los propios temporeros y por entidades como Fruita Amb Justícia Social para que se garantice el cumplimiento del convenio agrario. Recordemos que las empresas incumplen la ley cuando no proporcionan un alojamiento digno a sus trabajadores, que además, deben sumar el racismo de propietarios y propietarias de pisos de alquiler, lo que dificulta aún más la búsqueda de una vivienda durante la cosecha.

Pero uno de los sectores históricamente olvidado en términos de protección laboral es el de las mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados. La falta de reconocimiento social e institucional de la importancia de los cuidados para el sostenimiento de la vida y de las sociedades, se traduce en una falta de reconocimiento de los derechos laborales. La vía ejemplar que encuentran estas trabajadoras es la autoorganización, la resistencia, el apoyo mutuo, la lucha antirracista y política para exigir la protección y la dignidad de sus puestos de trabajo. Colectivas como Mujeres Unidas Entre Tierras, Mujeres Palante, SindiHogar, Sindicato de Mujeres Cuidadoras Sin Papeles, etc. muestran la gran fuerza y ​​resiliencia que deben tener estas mujeres para combatir un sistema racista y neocolonial que las mercantiliza y vulnerabiliza conscientemente. Porque dignificar su tarea es poner a las personas en el centro de la vida y por encima de la lógica neoliberal.

Así mismo, hay otros sectores donde los abusos, la explotación e incluso la muerte es invisibilizada. Como, por ejemplo: el de los trabajadores de la construcción, las trabajadoras sexuales, las trabajadoras de la industria alimentaria, y un largo etcétera.

Es por ello que creemos que el antirracismo debe convertirse en parte fundamental de la lucha obrera, ya que precisamente el sistema capitalista, patriarcal y colonial en el que vivimos se ha formado y se mantiene a lo largo de los siglos gracias a la jerarquización racial del trabajo, la explotación, la precarización y las relaciones asimétricas y extractivistas entre el Norte y el Sur globales. Y dentro de esta lógica son las personas migrantes y racializadas no blancas las que ponen sus cuerpos cuando las sociedades del Norte lo necesitan, pero son rechazadas cuando ya no les son útiles. La lucha y la solidaridad obrera debe pasar por revisar quiénes son las personas que se encuentran abajo del todo en la jerarquía del sistema racista capitalista.

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Sr. Josep Bellera, president de l’Associació de comerciants de la Zona Alta de Lleida:
 
Des de la Plataforma Fruita amb Justícia Social i SOS Racisme Catalunya ens posem en contacte amb vostè per mostrar la nostra indignació davant les irresponsables declaracions fetes al telenotícies Diari de Nit de Lleida Televisió el passat 12 de juliol, en el marc d’una manifestació convocada a la Plaça Ricard Vinyes contra les noves mesures de confinament de diversos municipis a Lleida. En aquestes declaracions, vostè va afirmar que “l’únic puesto d’hostaleria que hi ha focus són els hostals que tenim els temporers il·legals, perquè estan allí guardats, si no s’escapen…que el mateix alcalde ha dit que se l’escapen”.
Volem recordar-li que el director de la unitat COVID-19 de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, José Luis Morales-Rull, ja va advertir en unes declaracions a Via lliure que la majoria dels nous casos ja no estan relacionats amb el sector agrícola, i segons les dades de l’Hospital, la majoria ja no són de l’entorn hortofructícola sinó de transmissió comunitària. De fet, un 58% respon a aquest perfil. Morales-Rull assegura que “qualsevol persona del carrer ha pogut tenir contacte amb el virus”, i apunta com a focus d’expansió el sector serveis establint una vinculació (de casos) amb la socialització de persones que estan en contacte amb altra gent com ara professionals de comerços, bars, restaurants i serveis públics. A més, va mostrar preocupació pel creixent paper dels joves com a transmissors de la malaltia. També assenyalem que en la manifestació convocada a Ricard Vinyes no es van respectar les distàncies de seguretat.
Entenem la complicada situació i la incertesa en la què es troben els comerciants arran de les noves mesures de confinament degut als rebrots, però això de cap manera pot derivar o justificar el constant assenyalament cap a les persones temporeres com a focus dels contagis, quan elles mateixes són precisament  les més vulnerables i desemparades davant la crisi sanitària. Comentaris com el seu que estigmatitzen i acusen sense fonament, que tenen com a rerefons el racisme social i institucional inherent a la societat, fan més que abocar més tensió a la constant deshumanització i criminalització que pateixen.
Vostè, com a president de l’associació, i per tant portaveu dels comerciants, ha de ser conscient de les greus repercussions que poden tenir aquestes declaracions en les vides d’aquestes persones. Sabem que molta gent de Lleida ho estan passant malament, que han hagut de tancar els seus negocis o fer mans i mànigues per mantenir-los, però li recordem també que hi ha centenars de treballadors que segueixen vivint en condicions indignes, víctimes de l’explotació laboral de les grans empreses. A tot això se li sumem l’hostilitat, el menyspreu i la culpabilització per part de la societat, mitjans de comunicació i institucions que eludeixen les seves responsabilitats. En temps difícils volem apel·lar a la solidaritat i a la responsabilitat col·lectiva per fer front totes juntes a aquesta crisi, de la que no ens en sortirem si no és col·lectivament.
És per tot això que exigim una rectificació pública i immediata de les seves declaracions i el convidem a treballar plegats en la recerca de solucions per a tothom, sense instrumentalitzar i estigmatitzar la figura de les persones temporeres o de les què es troben en situació administrativa irregular, que no pas il·legal.
 
Atentament,
 
 
Plataforma Fruita amb Justícia Social i SOS Racisme Catalunya

 
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