En días pasados se dio a conocer una sentencia del Tribunal Supremo (TS) con la que se intenta poner fin a un largo debate respecto al “sistema multa o expulsión” que, pese a estar previsto en la Ley de Extranjería (LOEX) española, es considerado contrario a la Directiva de Retorno de la Unión Europea. La solución que ha dado el TS es dejar sólo la expulsión.
Para quien no conozca a detalle el punto de conflicto, se trataba de definir si en los casos en los que una persona migrante extranjera se encontraba sólo en “irregularidad”, esto es, sin autorización válida y vigente para encontrarse en el territorio de España ni haber iniciado trámites para obtenerla, se le debía aplicar una multa o abrir un procedimiento de expulsión, o bien si la expulsión es la única opción posible en esos casos. Esto es, si se aplicaba lo que dice la LOEX o lo que dice dicha Ley pero interpretada de conformidad con lo dispuesto en la Directiva de Retorno.
En mi opinión, desde el año 2015 y derivado de lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en esos casos solo se podía aplicar expulsión, aunque esto no nos guste a quienes creemos en otros modelos de gestión migratoria. Sin embargo, ante la falta de claridad de algunos pronunciamientos judiciales, se desarrollaron desde diferentes ámbitos argumentos e interpretaciones que buscaban salvar la posibilidad de la aplicación de multas en lugar de la expulsión, lo que en algunos casos concretos se logró y ayudó a evitar en principio algunas expulsiones, aunque en términos generales creo mucha inseguridad jurídica y sensación de caos entre las personas migrantes extranjeras.
Ante esa situación, el Tribunal Supremo, ahora sí de manera clara, ha establecido que “la estancia irregular de [una persona extranjera] en el territorio nacional debe necesariamente ser objeto de una decisión de retorno, es decir que el artículo 57.1º de la LOEX solo puede interpretarse en el sentido de considerar que la estancia irregular de [una persona extranjera] en España, solo puede ser ‘sancionada’ con expulsión.” Esto es, que la posibilidad de la sanción de multa no procede en ningún caso.
Que se elimine la multa no puede considerarse de ninguna forma un aspecto positivo, ya que en todo caso que se considere que hay “estancia irregular”, necesariamente deberá iniciarse un procedimiento de expulsión. No significa, como en algunos espacios se ha expresado, que por la simple estancia irregular ya ni siquiera se puede aplicar multa. Por el contrario, queda confirmado que ante la “irregularidad migratoria” lo único que queda y corresponde es: expulsión o expulsión. Pero atención, la mera estancia irregular de una persona extranjera, de acuerdo con las interpretaciones que se han hecho de la Directiva de Retorno por el TJUE y que ahora sigue el TS, no es suficiente. Para poder acordarse la expulsión en este supuesto también deberán valorarse otros factores concurrentes. Así, la mera estancia irregular, sin la concurrencia de otros factores, no puede justificar una decisión de expulsión.
Esta acotación que hace el TS es importante. Una lectura aislada de esto parecería indicar que abre posibilidades de defensa claras a fin de evitar que en todos los casos de mera estancia irregular de una persona extranjera se termine en expulsión.
Sin embargo, eso no es del todo positivo, ni siquiera porque el Tribunal Supremo llega a denominar a esos otros factores como “circunstancias de agravación”. Esto es así, porque al leer toda la sentencia, es fácil darse cuenta que el propio TS hace una enumeración ejemplificativa de cuáles pueden ser esas circunstancias: “Haber sido detenido el extranjero en el marco de la comisión de un delito o que al mismo le consten antecedentes penales. Que el extranjero invoque una falsa nacionalidad. La existencia de una prohibición de entrada anterior. Carencia de domicilio y documentación. El incumplimiento de una salida obligatoria. Imposibilidad de comprobar cómo y cuándo entró en territorio español determinada por la indocumentación del extranjero, o la ausencia de sello de entrada en el documento de viaje.”
Pero no sólo eso, sino que añade que esas circunstancias pueden ser de carácter subjetivo o de carácter objetivo, y que pueden comprender otras de análoga significación. Es decir, que la puerta para introducir supuestos de “circunstancias de agravación” es muy amplia, que las opciones para justificar que no se trata de una mera estancia irregular pueden ser muy variadas y simples para la autoridad de extranjería. Más aún, si más, por el hecho de que el TS establece que en la resolución en que se imponga la expulsión no es necesario que se señalen de manera expresa esas circunstancias de agravación, mientras éstas aparezcan claramente contenidas en el expediente de expulsión.
Así las cosas, si algo positivo queremos sacar de esta última sentencia del Tribunal Supremo sobre la “multa o expulsión” es que al menos insiste en que deben cumplirse, en todo esto, mínimos de legalidad y debido proceso. Esto es, que la determinación de la expulsión debe hacerse de manera individualizada y tras seguir un procedimiento con plenas garantías, valorando todos los derechos afectados por esa decisión, lo que implica aplicar el principio de proporcionalidad.
Con lo que parece que, a partir de ahora, el principio de proporcionalidad será el centro de los futuros debates. No es por desanimar a nadie, pero eso en realidad de poco ha servido antes, dado que la exigencia del principio de proporcionalidad estaba ya implícito y era aplicable, y a pesar de eso se han admitido como supuestos válidos todos los que antes se enumeraron. Por lo que sin duda, habrá que redoblar esfuerzos argumentativos a fin de impedir que las “causas de agravación” sean una simple coletilla que se usa para justificar cualquier expulsión.
Todo indica que hemos llegado a un punto que nadie que trabaje en la defensa de los derechos humanos deseaba. Lamentablemente, las advertencias de que esto ocurriría se quisieron resolver solo con juicios y sentencias sin exigir al Poder Legislativo su parte de responsabilidad. En sus manos estaba y está cambiar esta situación.
Hoy estamos aún a tiempo de llamar la atención de otros tantos aspectos de la LOEX que nos pueden llevar a más callejones sin salida en la protección de los derechos de las personas migrantes extranjeras, ¡sumemos esfuerzos desde todos los ámbitos para evitarlo! Y, sobre todo, dejemos de sembrar falsas expectativas. Leamos las sentencias de forma integral antes de opinar de ellas. Informemos de la realidad por cruda que sea, pues sólo así se podrán poner en su justa dimensión los retos y problemas a enfrentar.

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Les lluites sindicals moltes vegades ometen, per exemple, que un dels pilars fonamentals pel manteniment de l’Estat de Benestar resideix en la instrumentalització i la negació dels drets fonamentals a les persones migrants, materialitzat en una Llei d’Estrangeria estatal i polítiques migratòries europees racistes.

Tot i que, en el context actual es va fer més evident quines són les tasques essencials en la societat i qui estan cridades a fer-les, després de gairebé més d’un any de pandèmia global, sembla que encara no hem avançat gaire en quant al racisme i el dret a una vida i feina dignes.

Durant tot aquest temps les col·lectives antiracistes han estat denunciant la manca de voluntat política a l’hora de protegir a les persones més precaritzades laboralment. Menys encara la d’aquelles que ni tan sols se’ls hi garanteix el dret d’accedir a un treball formal. La poca proactivitat per part de l’administració ha sigut insuficient i ha arribat sempre tard. I mentrestant, veiem com el discurs mediàtic i polític, o bé carrega tot el malestar social cap a les persones migrants, o bé, en els seus intents – “progressistes”, les cosifica al servei d’un sistema productiu que esborra tot rastre d’humanitat en les treballadores migrants:

La regularització d’alguns pocs joves per a treballar al camp durant el confinament només atén a demandes específiques del mercat. Ni de lluny posa solució als milers d’altres que es veuen desemparats per un sistema que aboca a tot el gruix de la infància migrant, quan assoleixen la majoria d’edat, al carrer i sense permís de residència ni de treball. L’absurd enduriment, per part del Tribunal Suprem, dels requisits per a la renovació del permís de residència dels joves extutelats, evidencia la violència que exerceixen els poders hegemònics cap als joves, prioritzant el càstig per sobre de la protecció. Col·lectius com els dels Jardins de Sant Pau i l’Ateneu del Raval, que donen suport a grups de joves sense sostre, han d’acabar assumint una tasca la qual és responsabilitat de l’administració. En comptes d’activar mecanismes de control per tal de garantir el compliment de la llei de protecció dels i de les menors, aquests pateixen l’assetjament policial i la criminalització social.

Els treballadors temporers de Lleida viuen cada any les mateixes situacions límit, però aquesta vegada agreujada pel context de confinament i rebrots. Aquest any, i sense gaires canvis, s’han activat algunes mesures insuficients com, per exemple, la construcció d’un alberg per emergències. Tampoc, s’està donant resposta a les demandes sistemàtiques fetes pels mateixos temporers i per entitats com Fruita Amb Justícia Social perquè es garanteixi el compliment del conveni agrari. Recordem que les empreses incompleixen la llei quan no proporcionen un allotjament digne als seus treballadors, que a més, han de sumar el racisme de propietaris i propietàries de pisos de lloguer, cosa que dificulta encara més la recerca d’un habitatge durant la collita.

Però un dels sectors històricament oblidat en termes de protecció laboral és el de les dones treballadores de la llar i les cures. La manca de reconeixement social i institucional de la importància de les cures per al sosteniment de la vida i de les societats, es tradueix en una manca de reconeixement dels drets laborals. La via exemplar que troben aquestes treballadores és l’autoorganització, la resistència, el suport mutu, la lluita antiracista i política per a exigir la protecció i la dignitat dels seus llocs de feina. Col·lectives com Mujeres Unidas Entre Tierras, Mujeres Palante, SindiHogar, Sindicato de Mujeres Cuidadoras Sin Papeles, etc. mostren la gran força i resiliència que han de tenir aquestes dones per a combatre un sistema racista i neocolonial que les mercantilitza i vulnerabilitza conscientment. Perquè dignificar la seva tasca és posar a les persones al centre de la vida i per sobre de la lògica neoliberal.

Així mateix, hi ha altres sectors on els abusos, l’explotació i fins i tot la mort és invisibilitzada. Com per exemple: el dels treballadors de la construcció, les treballadores sexuals, les treballadores de la indústria alimentària, i un llarg etcètera.

És per això que creiem que l’antiracisme ha d’esdevenir part fonamental de la lluita obrera, ja que precisament el sistema capitalista, patriarcal i colonial en què vivim s’ha format i es manté al llarg dels segles gràcies a la jerarquització racial del treball, l’explotació, la precarització, i les relacions asimètriques i extractivistes entre el Nord i el Sud globals. I dins d’aquesta lògica són les persones migrants i racialitzades no blanques les que posen els seus cossos quan les societats del Nord ho necessiten, però són rebutjades quan ja no els són útils. La lluita i la solidaritat obrera ha de passar per revisar quines són les persones que es troben a sota del tot en la jerarquia del sistema racista capitalista.

[CAST]

Comunicado  1 de mayo 2021: El racismo es indispensable para el “sano funcionamiento” del sistema capitalista

Hoy se celebra, como cada año, el Día Internacional de las Personas Trabajadoras, día de lucha por los derechos y reivindicaciones de la clase obrera. Aunque la constante precarización de la mayoría de la población trabajadora es una condición sine qua non para el “sano funcionamiento” del sistema capitalista, no olvidemos que el racismo también lo es.

Las luchas sindicales muchas veces omiten, por ejemplo, que uno de los pilares fundamentales para el mantenimiento del Estado de Bienestar reside en la instrumentalización y la negación de los derechos fundamentales a las personas migrantes, materializado en una Ley de Extranjería estatal y políticas migratorias europeas racistas.

A pesar de que en el contexto actual se hizo más evidente cuáles son las tareas esenciales en la sociedad y quiénes están llamadas a hacerlas, después de casi más de un año de pandemia global, parece que todavía no hemos avanzado mucho en cuanto al racismo y el derecho a una vida y trabajo dignos.

Durante todo este tiempo las colectivas antirracistas han estado denunciando la falta de voluntad política a la hora de proteger a las personas más precarizadas laboralmente. Menos aún la de aquellas a las que ni siquiera se les garantiza el derecho a acceder a un trabajo formal. La poca proactividad por parte de la administración ha sido insuficiente y ha llegado siempre tarde. Y mientras tanto, vemos como el discurso mediático y político, o bien carga todo el malestar social hacia las personas migrantes, o bien, en sus intentos más “progresistas”, las cosifica al servicio de un sistema productivo que borra todo rastro de humanidad en las trabajadoras migrantes:

La regularización de algunxs pocxs jóvenes para trabajar en el campo durante el confinamiento sólo atiende a demandas específicas del mercado. Ni de lejos pone solución a miles de otrxs que se ven desamparadxs por un sistema que empuja a casi todo el grueso de la infancia migrante, cuando alcanzan la mayoría de edad, a la calle y sin permiso de residencia ni de trabajo. El absurdo endurecimiento, por parte del Tribunal Supremo, de los requisitos para la renovación del permiso de residencia de los jóvenes ex tutelados, evidencia la violencia que ejercen los poderes hegemónicos hacia los jóvenes, priorizando el castigo por encima de la protección. Colectivas como el de los Jardines de Sant Pau y el Ateneu del Raval, que apoyan a grupos de jóvenes sin hogar, deben terminar asumiendo una tarea cuya responsabilidad es de la administración. En vez de activar mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de la ley de protección de los y las menores, éstxs sufren el acoso policial y la criminalización social.

Los trabajadores temporeros de Lleida viven cada año las mismas situaciones límite, pero esta vez agravada por el contexto de confinamiento y rebrotes. Este año, y sin muchos cambios, se han activado algunas medidas insuficientes como, por ejemplo, la construcción de un albergue para emergencias. Tampoco, se está dando respuesta a las demandas sistemáticas hechas por los propios temporeros y por entidades como Fruita Amb Justícia Social para que se garantice el cumplimiento del convenio agrario. Recordemos que las empresas incumplen la ley cuando no proporcionan un alojamiento digno a sus trabajadores, que además, deben sumar el racismo de propietarios y propietarias de pisos de alquiler, lo que dificulta aún más la búsqueda de una vivienda durante la cosecha.

Pero uno de los sectores históricamente olvidado en términos de protección laboral es el de las mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados. La falta de reconocimiento social e institucional de la importancia de los cuidados para el sostenimiento de la vida y de las sociedades, se traduce en una falta de reconocimiento de los derechos laborales. La vía ejemplar que encuentran estas trabajadoras es la autoorganización, la resistencia, el apoyo mutuo, la lucha antirracista y política para exigir la protección y la dignidad de sus puestos de trabajo. Colectivas como Mujeres Unidas Entre Tierras, Mujeres Palante, SindiHogar, Sindicato de Mujeres Cuidadoras Sin Papeles, etc. muestran la gran fuerza y ​​resiliencia que deben tener estas mujeres para combatir un sistema racista y neocolonial que las mercantiliza y vulnerabiliza conscientemente. Porque dignificar su tarea es poner a las personas en el centro de la vida y por encima de la lógica neoliberal.

Así mismo, hay otros sectores donde los abusos, la explotación e incluso la muerte es invisibilizada. Como, por ejemplo: el de los trabajadores de la construcción, las trabajadoras sexuales, las trabajadoras de la industria alimentaria, y un largo etcétera.

Es por ello que creemos que el antirracismo debe convertirse en parte fundamental de la lucha obrera, ya que precisamente el sistema capitalista, patriarcal y colonial en el que vivimos se ha formado y se mantiene a lo largo de los siglos gracias a la jerarquización racial del trabajo, la explotación, la precarización y las relaciones asimétricas y extractivistas entre el Norte y el Sur globales. Y dentro de esta lógica son las personas migrantes y racializadas no blancas las que ponen sus cuerpos cuando las sociedades del Norte lo necesitan, pero son rechazadas cuando ya no les son útiles. La lucha y la solidaridad obrera debe pasar por revisar quiénes son las personas que se encuentran abajo del todo en la jerarquía del sistema racista capitalista.

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Algunos medios de comunicación han informado en los últimos días que de acuerdo con una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) “España no puede expulsar a personas extranjeras por el sólo hecho de no tener papeles”; “No se puede acordar la expulsión de una persona inmigrante irregular cuando no existan circunstancias agravantes”, y más titulares en sentido similar.
Eso que se dice es cierto. Sin embargo, esa sentencia del 8 de octubre de 2020 debe entenderse con toda precisión para no generar falsas expectativas y desinformación. De hecho, no es una sentencia que aporte mucho que celebrar.
Para entender mejor porqué afirmo eso, se debe tener presente que esta sentencia se enmarca en una serie de sentencias que han analizado lo que yo he llamado “sistema de multa o expulsión“, previsto en la Ley de Extranjería (LOEx). En el año 2015, el mismo TJUE estableció que dicho sistema, que ante la migración irregular prevé como sanción la multa o la expulsión como medidas optativas y excluyentes entre sí, se opone a la normativa europea. Esto es, que para cumplir con las normas de la Unión Europea (UE), se debe prever claramente en qué casos se aplica multa y en qué casos expulsión. Sin perder de vista que, para cumplir con la Directiva de Retorno de la UE, la única opción prevista es la expulsión (el retorno).
Ante esa decisión del TJUE, el Tribunal Supremo de España consideró que para “salvar” la situación, en los casos de expulsión por situación irregular, incluídos los casos en los que no existen motivos agravantes, las autoridades españolas debían aplicar directamente lo establecido en la Directiva europea, esto es, ordenar la expulsión.
Al no compartirse esa decisión adoptada por el Tribunal Supremo, algunos jueces y tribunales españoles preguntaron al TJUE si eso era correcto. La respuesta del TJUE (que es la sentencia más reciente) fue que no, ya que la autoridad nacional no podía basarse directamente en la norma europea, menos si no había circunstancias agravantes a la situación de irregularidad administrativa de la persona migrante. Esto es, que para ese supuesto debía observar lo que establece la LOEx.

¿Eso es una buena noticia? Sí, en parte. No tanto, si se precisan los detalles que la rodean. Veamos. En primer lugar, es bueno que el TJUE reitere que no se pueden usar directamente normas europeas para ampliar sanciones no previstas en las leyes nacionales. Lo correcto es transponer la norma europea en el sistema jurídico nacional.

En segundo lugar, es bueno que se pida aplicar la LOEx en los casos de “irregularidad sin agravantes”. Pero en este punto, no se debe olvidar que aplicar el “sistema multa o expulsión” ya se declaró contrario al Derecho de la UE, por lo que todo lo que se encuentre dentro de ese sistema no se debe/puede aplicar. De hacerse esto último, se estaría incumpliendo lo establecido en la sentencia de 2015.
En tercer lugar, es importante, más que bueno, no perder de vista que en la LOEx lo único que no entra en el “sistema multa o expulsión” son las infracciones leves previstas en su artículo 52 (omisiones o retrasos menores), que no son todos los casos posibles que nos podamos imaginar de “sólo irregularidad”. De hecho, varios supuestos de “sólo irregularidad” están contemplados en la LOEx como infracciones graves, por lo que entran en el “sistema multa o expulsión” que ya no se debe/puede aplicar.
¿Qué significa o en qué se traduce todo eso? Significa que, el TJUE está “invitando” al legislador español a que adecúe la LOEx a la Directiva de Retorno en este tema. También significa que las autoridades de extranjería, jueces y tribunales deberán aplicar multas en los casos de irregularidad previstos en el artículo 52 de la LOEx (infracciones leves) y expulsión en los demás casos (incluidos varios de “sólo irregularidad”), en tanto el Congreso no adecúe la LOEx. No se traduce en nada más, ya que esto parece ser la única vía posible que queda disponible para cumplir con todas las sentencias del TJUE.
Por más que se diga que a partir de ahora las autoridades de extranjería y tribunales deberán hacer un juicio de proporcionalidad para determinar si aplican multa o expulsión (de conformidad con el artículo 57.1 de la LOEx), lo cierto es que ese artículo al prever la multa o expulsión ya fue declarado contrario al Derecho de la UE en 2015 y, por tanto, no es posible aplicarlo, por bueno que parezca.

Si algo se debe hacer frente a la última sentencia del TJUE es, primero, mostrarla en su justa dimensión y alcances. Segundo, generar incidencia para que la reforma a la LOEx que sí o sí debe hacer el Congreso de los Diputados no elimine los supuestos en los que se pueda aplicar exclusivamente multa, ya que cumplir con el contenido de la Directiva de Retorno implicaría sólo prever expulsiones. Tercero, redoblar esfuerzos para que antes que multas y expulsiones se den regularizaciones, oportunidades y trato digno a todas las personas migrantes.

Las normas y decisiones judiciales relacionadas con temas migratorios son cada vez más complejas, por lo que deben leerse e interpretase con mucha atención, así como divulgarse con seriedad y rigor, pues lo que está en juego no es sólo una cuestión de leyes, plazos y sentencias, sino más bien de proyectos de vida y de derechos humanos. Es mejor afrontar la realidad con toda su crudeza a fin de generar estrategias de acción sólidas, antes que crear falsas expectativas que sólo generan más frustración y desanimo.
Ojalá nadie tuviera que ser expulsado/a. Ojalá se apliquen multas antes que expulsiones. Ojalá algún día importen más las vidas de las personas migrantes-extranjeras que las facultades de los Estados para decidir unilateralmente sobre ellas.
 

 

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Karlos Castilla
Doctor en dret especialitzat en drets humans
Membre del consell de SOS Racisme

 
 
 
 
*Article publicat originalment en català al portal Xarxanet.org el 30/06/2020

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Els últims dies, en el marc de l’estat d’alarma i arran d’una nova resolució, hem vist com s’ha posat sobre la taula el tema del padró, focalitzant la qüestió en la novetat d’una normativa que fa possible l’empadronament de les persones sense domicili que resideixen en un municipi, i facilitant també el padró a les persones immigrades.
Res més lluny de la realitat. Aquesta manipulació de la informació per part de les mateixes administracions locals no fa res més que emmascarar una realitat que ja es dona des de fa temps. La normativa fa anys que existeix i el problema el trobem en aquells ajuntaments que la incompleixen sistemàticament, aplicant condicions arbitràries i diferents a cada municipi per accedir a l’empadronament, segons el color polític o l’objectiu que prioritzin en cada moment.
La normativa és clara, d’àmbit estatal i es contempla ja des de la Resolució del 4 de juliol de 1997 fins a l’actual, on s’especifica que…

…el padró és el registre administratiu que pretén reflectir el domicili on resideixen les persones que viuen a l’Estat espanyol i que, per tant, no té cap competència en temes de propietat o qüestions higièniques o sanitàries. L’única competència és la de verificar les dades del lloc on viuen les persones, sense qüestionar-les.

També la resolució és clara (i no ha suposat cap canvi) en relació amb el padró de persones sense domicili, una altra de les traves per empadronar, on s’especifica que fins i tot els infrahabitatges (barraques, caravanes, coves, etc.) i fins i tot l’absència total de sostre poden i han de figurar com a domicilis vàlids en el padró. Per tant, els ajuntaments només han d’aplicar la normativa que ja fa anys que està vigent. Però, i doncs, quins són els arguments que s’utilitzen per justificar el que és injustificable?
El principal motiu és el suposat “efecte crida”, un altre són les qüestions higienicosanitàries o evitar la sobreocupació d’un habitatge, principalment de persones estrangeres, entre altres excuses. Però totes aquestes argumentacions, altrament molt discutibles, estan fora de l’àmbit d’actuació del padró i, per tant, no poden ser condicionants ni motius per a la seva denegació. Aquestes argumentacions suposen, a la pràctica, ordenances municipals on es requereix documentació específica i diferent de les persones estrangeres (cèdula d’habitabilitat o no superar un determinat nombre de persones per habitatge) o l’exigència d’un determinat període de residència mínima en el domicili per accedir al padró.
A la vegada, es posen altres impediments com ara que el silenci administratiu es consideri negatiu en l’empadronament de les persones sense domicili, argumentant que l’informe de serveis socials per verificar on viu aquesta persona és un tràmit diferent del padró –qüestió que també està contemplada a la mateixa normativa. Per tant, si no tens resposta de l’ajuntament després de tres mesos d’haver sol·licitat el padró, aquest s’hauria de fer efectiu de manera positiva.
Totes aquestes discriminacions provoquen, a més, situacions de frau com les que han sortit a la llum recentment amb relació a la compra d’empadronaments per poder acreditar els tres anys de residència, un dels requisits per tramitar el permís d’arrelament per a les persones en situació irregular. Vist tot això, per què tant d’interès dels ajuntaments a mantenir el control de l’accés a l’empadronament fins a arribar a fer pràctiques il·legals? Doncs perquè aquesta és la porta d’accés a drets com la sanitat i l’educació i també és un dels condicionants per adquirir el permís de residència i treball de les persones immigrades.
És per això que em pregunto: hi ha una voluntat política darrere el fet de no voler reconèixer una població que resideix i que a hores d’ara queda invisibilitzada? Deu ser que no volen veure la pobresa, la desigualtat i el racisme que existeix a la nostra societat, encara que es fomentin amb aquestes pràctiques? Creuen els ajuntaments que amb la invisibilització desapareix el problema i, per tant, no hi han de fer front? Preguntes difícils de contestar, però que només em porten a sospitar que el racisme és un dels grans arguments que justifica aquestes accions considerant que no tots poden gaudir dels mateixos drets i estalviant-se, així, recursos econòmics per garantir-los.
Així i tot, em segueix sorprenent com els polítics opten per desconèixer la norma i fer declaracions oportunistes i demagogues per impulsar l’empadronament dels col·lectius més vulnerabilitzats, quan només han d’aplicar la llei.

Ens trobem davant d’una situació d’impunitat, sigui per desconeixement o per voluntat, on no es demanen responsabilitats a les administracions locals per no fer bé la seva feina, mentre que les persones veuen com no poden accedir als seus drets.

Aquesta situació sorprèn, encara més, quan la norma no dona marge a interpretacions. Des de SOS Racisme insistim contínuament que el racisme estructural no és només resultat de l’elaboració de polítiques discriminatòries, sinó també de no posar en pràctica les que ja existeixen i preserven la igualtat de tracte i la no-discriminació. En aquest cas és tan evident que l’únic supòsit que em queda és constatar que no es vol fer, que no hi ha cap intenció de tractar per igual totes les persones que resideixen al nostre país, malgrat que siguin les nostres veïnes i veïns, penalitzant, un cop més, la població de nacionalitat estrangera.

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Con frecuencia los delitos en los que la víctima tiene (o se le atribuye) la condición de inmigrante se encuentran con ciertas trabas a la hora de ser investigados. Si además añadimos una posible motivación racista, la dificultad a la hora de acumular prueba que sea aceptada por los juzgados aumenta de forma considerable, llegando a ser prácticamente imposible conseguir una sentencia condenatoria cuando la persona denunciada es un policía.
Entendemos que esto se debe, entre otras cuestiones, a que no existe entre los operadores jurídicos una perspectiva étnico-racial (ni de género ni de clase) que les permita identificar el racismo. Así, existe un sesgo (racista) que condiciona los procedimientos judiciales en varios sentidos: no dan credibilidad a los relatos de las víctimas inmigrantes, se niegan a practicar diligencias de investigación, no permiten construir prueba válida para demostrar el racismo y dictan autos de archivo o sentencias absolutorias en la mayoría de los procedimientos. A partir de aquí se constata una invisibilización del racismo denunciado que da lugar a una victimización secundaria, causada precisamente por este sesgo racista institucional.
En general, en las denuncias interpuestas desde SOS Racisme siempre está presente la falta de credibilidad que los operadores jurídicos otorgan a las personas inmigrantes. Esta falta de credibilidad es la que define la instrucción del procedimiento, e incluso su archivo antes de llegar ni si quiera a celebrarse el juicio. Nos enfrentamos a dificultades continuas para que desde el sistema judicial se investiguen los delitos denunciados, ya que existe cierta reticencia a practicar las diligencias que proponemos, a pesar de que en ocasiones son determinantes para demostrar los hechos o el móvil racista (declaraciones de testigos periféricos o incluso presenciales, práctica de ruedas de reconocimiento o de periciales, entre otras). Especialmente cuando no existe una razón aparente para la comisión del delito –porque el motivo es precisamente el racismo- los jueces tienden a no creer la versión de la víctima inmigrante.
Esta falta de credibilidad se percibe ya desde su primera declaración, en la que las preguntas van dirigidas a determinar su implicación (y responsabilidad) en los hechos, a exigir que expliquen el móvil del denunciado (como si la víctima tuviera que saberlo) o a cuestionar los beneficios que la denuncia pueda tener en su situación administrativa, entre otras cuestiones.
La desgana que percibimos a la hora de practicar diligencias encaminadas a esclarecer los hechos o a probar el racismo tiene al menos dos consecuencias procesales:

• Que se archive el procedimiento por falta de indicios de criminalidad o de autor conocido: tiene lugar especialmente cuando la persona denunciada es un policía, o en casos en los que hay varios denunciados (por ejemplo, cuando se trata de una problemática entre vecinos). En estos casos, es posible que los jueces, desde una óptica pragmática, otorguen mayor veracidad al relato policial, y quizás consideran demasiado complejo investigar delitos en los que la persona victimizada no dispone de testigos, mientras la otra parte sí (lo que ocurre en casos en los que el denunciado es un policía o se denuncia un acoso por parte de vecinos).
• Que se dicte una sentencia absolutoria: en los que conseguimos llegar a juicio, no es extraño que nos encontremos con dificultades a la hora de probar los hechos, y particularmente la motivación racista, debido a que en la fase de investigación se nos deniegan las diligencias necesarias para ello. Incluso en escenarios en los que el juez sentenciador da credibilidad al testimonio de las víctimas, muestran reticencias en lo que respecta a la motivación racista, salvo que ésta sea muy (muy) evidente. Es decir, se creen la versión respecto de los hechos (cuando va acompañada de testimonios, partes médicos, imágenes, etc.), pero no el componente racista.

Es importante mencionar el rol que juega la barrera idiomática: por un lado, sirve para que los jueces refuercen y justifiquen su sesgo racista, ya que su forma de expresarse puede ser interpretada como un indicio para valorar el contenido de su relato (como muestra de que miente, de que es agresiva, de que se altera con facilidad, etc.); y por otro lado, dificulta la garantía de la tutela judicial efectiva y de los derechos de las víctimas, ya que tienen más dificultades para comprender la totalidad del procedimiento, lo que obstaculiza que puedan aportar (y recibir) toda la información necesaria.
Por último, y como ya se ha mencionado, las trabas aumentan cuando la persona denunciada es un policía. La dificultad de denunciar a un agente de la autoridad aumenta si los jueces no garantizan la tutela judicial efectiva de las víctimas (que además en estos casos debería de ser reforzada), lo que ocurre de forma recurrente debido el sesgo racista anteriormente mencionado. Esto se refleja en que el testimonio de la víctima es menos creíble y más cuestionado, mientras que los jueces tienden a considerar veraces las declaraciones de los agentes. En estos casos los jueces muestran mayor desidia a la hora de practicar diligencias –puesto que dan por hecho que los hechos denunciados no son verdad- y las posibilidades de que el procedimiento finalice con un archivo de la causa antes de llegar a juicio aumentan. Es frecuente que los jueces argumenten que no existen indicios de criminalidad (lógico, si no practican las diligencias solicitadas), incluso cuando disponemos de pruebas suficientes para continuar el procedimiento (testigos ajenos a la víctima, relatos persistentes en el tiempo, partes médicos, imágenes, etc.). Esta falta de reconocimiento del racismo por parte de los jueces da lugar a una instrucción débil que provoca no solo que las víctimas inmigrantes sufran más trabas a la hora de ver prosperar sus denuncias, sino una victimización secundaria y un trato diferencial que les impide ejercer sus derechos con totales garantías. En este sentido, sería necesaria una voluntad política real encaminada a visibilizar y reconocer el racismo, y una sensibilización de los operadores jurídicos que les permita identificar estas situaciones y actuar en consecuencia.
 

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1. Treballadors de la indústria alimentària. Un noi català amb poc més de 20 anys, originari de Ghana, va perdre la vida el 22 d’abril en intentar travessar el riu Gurri amb la bicicleta quan tornava de la seva precaria feina a Le Porc Gourmet. Un altre company, Sarbjit Singh, també català i d’origen indi continua desaparegut. La companyia n’estava assabentada de la perillositat del trajecte, tot i així, mai es van posar mesures adequades per evitar morts innecessàries. El grup de suport Càrnies en Lluita i sindicats com la COS, porten temps lluitant perquè l’empresa, amb la Generalitat al seu servei, respecti els drets dels seus treballadors. Arran del tràgic succés exigeixen actuacions urgents.
2. Els riders, un sector amb un perfil jove i moltes vegades migrants, amb jornades d’entre 80 i 90 hores setmanals, són ja coneguts per les denúncies de la seva condició com a “falsos autònoms”, van ser declarats com a feina de caràcter essencial, sense que les empreses per les que treballen s’encarreguin de proveïr el coneixement i els materials necessaris per a desenvolupar la seva tasca de manera segura. De fet, les empreses han accentuat les males pràctiques i els obliguen a treballar més pel mateix sou. Davant l’inacció del govern espanyol, Felipe Corredor, portaveu del col.lectiu Riders X Derechos, explica que van convocar la vaga del passat 16 d’abril, junt amb un comunicat on remarquen la indefensió total dels treballadors i la manca d’accés a les xarxes de la Seguretat Social per poder viure i quedar-se a casa. 
3. Treballadores de la llar i les cures, un sector altament feminitzat, racialitzat, precaritzat i invisibilitzat que fa temps que reivindiquen al govern espanyol la seva inclusió al Règim General de la Seguretat Social i la ratificació del conveni 189 de la OIT, per gaudir de drets tan bàsics com l’accés a l’atur. I parlem de les regulars, perquè més de 200.000 estarien treballant de manera irregular per decisió dels seus ocupadors, segons calcula l’associació SEDOAC. La Clàudia va ser acomiadada a començaments del març, raó per la qual no té dret a demanar el subsidi previst per a aquest sector. I la Diana, treballadora interna i també acomiadada, tot i tenir dret a subsidi cobrarà molt menys del que li pertoca. Hi han moltes dones que cuiden dels dependents de les famílies acomodades perquè aquestes visquin el confinament amb tranquilitat, mentre les famílies d’aquestes treballadores es queden soles a casa. 
4. Treballadores sanitàries. La Paola Peralta, sol·licitant d’asil veneçolana i infermera d’urgències, espera confinada a casa seva l’homologació del seu títol mentre veu com els hospitals se saturen degut a l’emergència. El govern espanyol acaba d’aparcar el pla per a la contractació de sanitaris i sanitàries estrangeres sense donar cap explicació. En vistes de començar el pla de desescalada del confinament, entenem que simplement ja no els calen i ni tan sols es molesten en argumentar adequadament aquesta decisió. I això és perquè es normalitza el que el no és normal: la instrumentalització de les persones migrades, que per una banda els hi retallen drets amb la Llei d’Estrangeria i de l’altra “flexibilitzen” aquestes mateixes lleis quan es tracta de “l’interès nacional”, un interès que ni de lluny beneficia tothom. 

 
Volem recordar que precisament el sistema capitalista, patriarcal i colonial en què vivim s’ha nodrit i es manté al llarg dels segles gràcies a l’explotació, la precarització, la jerarquització racial del treball i les relacions asimètriques i extractivistes entre el Nord i el Sud globals. I dins d’aquesta lògica són les persones migrants i racialitzades les que estan cridades a servir i a ocupar les feines amb menys prestigi social, a posar els seus cossos quan les societats del Nord ho necessiten, però a ser rebutjats quan ja no els calen. Perquè la dignitat i els drets laborals només són, a la pràctica, un privilegi del blanc burgès.
 
Qui s’encarrega de sostenir la vida en temps de crisi generalitzada? Doncs totes aquelles persones, que lluny de poder romantitzar el confinament quedant-se a casa, no poden escollir no sortir perquè no sortir implica no poder viure. Persones que, tot i la precarietat i sous de misèria, assumeixen riscos inacceptables per a la majoria de nosaltres, fins al punt d’arriscar les seves pròpies vides.


 

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Y el problema central está en el hecho de que si en la “normalidad” de todos los días, la llamada ley mordaza es fuente de frecuentes abusos policiales por el amplio margen de discrecionalidad que se ha dado a los cuerpos de seguridad para determinar el incumplimiento de una norma y al mismo tiempo para establecer la sanción; en una situación en la que la observancia ciudadana se hace desde casa, en el que los supuestos que dan origen a la sanción han ido cambiando semana con semana y son poco claros, sumado a los de por sí ineficaces mecanismos de control interno, todo está servido para que se imponga la “ley del más fuerte”.

Pero no sólo eso, se ha visto a partir de las denuncias ciudadanas que un número importante de abusos policiales se han dirigido a personas no blancas, con apariencia de “origen no español” y con alguna discapacidad. Lo cual no es casual, sino que en gran medida son personas a quienes el “quédate en casa” no les resulta fácil de cumplir. No porque no quieran, sino porque muchas de éstas no pueden darse el privilegio que hoy significa el poder quedarse en casa.
¿Por qué? Porque por las desigualdades, no tienen casa, no tienen las condiciones para poder estar en casa, deben salir de casa para sobrevivir, deben salir de casa porque no tienen otra alternativa. Pero también, porque aunque algunos apenas se están dando cuenta (incluidos muchos agentes de policía), esas personas no blancas, desempeñan muchos de los servicios esenciales, muchos de esos trabajos que se califican como no cualificados pero que son los que mueven parte importante de la economía, el abasto y el suministro de bienes y servicios.

Así, tenemos, por un lado, a cuerpos de seguridad con un amplio poder sancionador, trabajando bajo estrés y en muchos casos poco equipados frente a la emergencia sanitaria y, por otra, a personas con pocas herramientas para la defensa de sus derechos, en muchos que no todos los casos, porque históricamente no han podido ejercer todos sus derechos de manera plena y sin discriminación.

Si a eso se suma, por una parte, que los mensajes del gobierno y normas aprobadas se dirigen sólo a “españoles y españolas”, quien no cumple al menos en apariencia con esa característica, ya tiene una carga adicional que superar. Por otra parte, que en el decreto de estado de alarma y normas derivadas de éste no se prevea un mecanismo eficaz de control y vigilancia de las actuaciones policiales. Los Criterios de actuación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el estado alarma han sido lo más cercano a ello, sin embargo, lo único que se preveía era informar diariamente del número de personas identificadas y sancionadas. Con una Circular del Ministerio del Interior emitida un mes después del inicio del estado de alarma se ha buscado dar uniformidad a las sanciones aplicables, pero la alta discrecionalidad se mantiene. Con esto, parece evidente que el espacio para la arbitrariedad y el abuso está abierto para que aquellos agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad con tendencia a actuar mal y sin profesionalismo, cometan violaciones de los derechos humanos.
En todo caso, también debe quedar en claro que, al no haber suspensión de derechos en el estado de alarma, las sanciones y actuaciones policiales tienen los mismos límites que fuera del estado de alarma, por lo que el respeto de la libertad personal, integridad personal, libertad de expresión, inviolabilidad del domicilio, legalidad o tutela judicial, todos sin discriminación y sólo por mencionar algunos, deben operar como si no existiera estado de alarma.
En circunstancias como las actuales es importante recordar que las autoridades no pueden ir más allá de lo que les faculta la ley, mientras que la ciudadanía puede hacer todo aquello que no le esté prohibido. Pero, además, que en todo caso autoridades y ciudadanía debemos actuar siempre sin discriminar.
No hay duda, “este virus lo paramos unidos”. Pero el virus que está hoy en las calles no sólo es el Covid-19, sino también una cepa del virus de la arbitrariedad y la discriminación. Si recuperarnos del coronavirus podría ser una labor difícil, recuperarnos de eso con nuevas regresiones en el goce y ejercicio de los derechos humanos lo será aún más.
 
*Aquest article fou escrit per Karlos Castila, doctor en dret, investigador de l’Institut de Drets Humans de Catalunya i mebre del Consell de SOS Racisme, i publicat originalment al Diari Ara el 21/04/2020

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J. Marion Sims por ejemplo, torturó entre 1845 y 1849 a once chicas esclavizadas, cuyos cuerpos se convirtieron en el terreno particular de experimentación ginecológica del médico para realizar ensayos clínicos. Estos experimentos se materializaban a través de operaciones sin anestesia y sin el consentimiento de las involucradas y se practicaban en la clínica particular de Sims, en el jardín de su casa, pues según estudios del mismo médico, las personas negras no sufrían tanto dolor como las blancas.

Por otro lado, Taliaferro Clark fue el Jefe de la sección de enfermedades venéreas del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos y es a él a quien se le atribuye el Experimento Tuskegee, llevado a cabo entre el 1932 y 1972 en el hospital de la ciudad de Tuskegee en Alabama. El objetivo del experimento era observar la progresión natural de la sífilis no tratada en 400 hombres afroamericanos, a los que no se medicó. No se les había comunicado ni el objetivo del estudio ni su diagnóstico y, por supuesto, no habían dado su consentimiento. El experimento terminó con 28 hombres muertos, 100 con cuadros médicos muy complicados, 40 esposas de los participantes infectadas y 18 niños con sífilis de nacimiento. Eso sí, Clarks pudo publicar todos sus artículos científicos al terminar dicho experimento.
Además de los mencionados está Margaret Sanger quien, a diferencia de los anteriores, tenía un mecanismo más eficaz de aniquilación racial. Sanger fue una enfermera y feminista reconocida hoy en día por ser defensora de los derechos de la mujer y luchar por la legalización del aborto en Estados Unidos, aunque también pasó a la historia por ser una de las líderes de la aplicación de la eugenesia.

Sanger creó en 1916 la primera clínica de control de natalidad de EEUU en Broklyn, Nueva york, llamada Planned Parenthood. Los principios de la clínica sentaban sus bases en la limpieza racial. Y es que como buena eugenista, Sanager tenía como objetivo el control de la natalidad, específicamente el de la población afroamericana. El aborto era la técnica a través de la cual Sanger materializaba el exterminio racial. La empresa ubicaba sus sedes en los barrios donde había más concentración de población negra.

Estos son tres ejemplos, que representan una parte muy pequeña de la historia del racismo científico: es importante entender que la ciencia no solo ejecutaba respondiendo a las teorías del racialismo, sino que también se convirtió en la doctrina teórica que justificaba ciertos fenómenos. Las teorías poligenistas del siglo XlX y XX, por ejemplo, secundaban la concepción social de que las comunidades no blancas se constituían de personas que formaban parte de especies zoológicas inferiores al hombre blanco, europeo y civilizado. Y fueron estas mismas ciencias las que justificaron fenómenos sociales de masacre y aniquilación de las poblaciones no blancas.
RACISMO CIENTÍFICO, ¿MANTIENE SU INFLUENCIA?
Hoy por hoy nos encontramos aún frente a una industria médica que se plantea los ensayos clínicos de vacunas en personas africanas como algo totalmente ético y normal en un plató de televisión, en horarios de máxima audiencia. Y con la crisis de covid19, se presentan una serie de hechos en relación a la ciencia que nos toca afrontar.
Estamos frente a una industria médica que delega la investigación de las vacunas a la financiación privada. La Fundación Bill y Melinda Gates y El National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ambas estadounidenses, son prácticamente las encargadas de financiar toda la investigación mundial de vacunas. La organización mundial de la Salud (OMS), financiada por la industria farmacéutica y por la ya mencionada Fundación Bill y Melinda Gates, es la que decide qué es —o no— emergencia sanitaria mundial. Esta misma OMS también establece el orden de prioridades cuando de decidir el valor de las vidas se trata.
Tenemos frente a nosotros el llamado covid19, cuya investigación médica por una vacuna está siendo financiada por la fundación de Bill Gates, Johnson, Moderna, y varias otras empresas privadas ante la situación de pánico que genera la pandemia. Pero encontramos también algunas enfermedades como el Ébola o el Zika, responsables de miles de muertes que solo se convierten en emergencia sanitaria mundial cuando pasan a ser problemáticas de occidente (contagiados occidentales). Hecho que se traduce en millones de dólares invertidos en la investigación de sus vacunas y también en millones de africanos, latinoamericanos y caribeños muertos antes de haberse convertido en un conflicto occidental.
Por otra parte, también se nos presentan enfermedades como la malaria, que mata a 2 millones de personas al año pero que, por el momento, aún no ha pasado a ser un problema de occidente y que por ello la cantidad de dinero invertida en la investigación de la misma es mucho menor a la que se está invirtiendo en la del covid19, por ejemplo.
Y, paradójicamente, observamos una mayor tasa de afroamericanos muriendo por el covid19 en EEUU, al mismo tiempo que vemos un Bill Gates invirtiendo 400 mil millones de dólares en empresas petrolíferas que causan gran parte de los problemas de salud en Nigeria. Y un Rockefeller colaborando con la fundación Bill y Melinda Gates, que en 1910 formó parte de la creación de la Oficina de registros eugenísticos en New York.
PERO, ENTONCES, ¿QUÉ TENEMOS?
Pues tenemos una industria de investigación y producción de medicamentos que es básicamente un negocio en manos de personas ricas, principalmente estadounidenses, que des de arriba deciden en qué intervienen, dónde intervienen y, sobre todo, quién vive y quién muere. Tenemos también una industria que invierte masivamente en vacunas únicamente cuando cuyas enfermedades afectan a occidente. Y en todo este asunto, la racialización, el higienismo racial y la eugenesia, que juegan un papel fundamental.
Como consecuencia, tenemos una ciencia que se convierte en el brazo derecho de la supremacía y el colonialismo y que, desde hace cuatro siglos, ejerce como extensión de los mismos para manipular determinados cuerpos con fines racistas. Me encantaría poder afirmar que la ciencia es “un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales”, como define Wikipedia, pero no puedo. Cuanto más investigo, más consciente me hago de que la ciencia es y siempre ha sido un recurso al servicio de la supremacía para mantener la jerarquía racial. La ciencia no está de nuestro lado ni pretende estarlo.
 

El passat 16 d’abril el diari El Salto va publicar un article d’opinió de Kaire Ba, Coordinadora de la campanya #PareuDePararme de Sos Racisme i activista interessada en el racisme científic.

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