• El ministro anunció la intención de ampliar a cinco años el plazo para la reagrupación familiar ascendente, vinculándolo a la residencia permanente. Hace años que desde diferentes sectores sociales trabajamos para que las personas inmigradas sean reconocidas como ciudadanos. En vez de avanzar, vemos como este Gobierno socialista, no sólo no avanza en este sentido, sino que apuesta por reducir aun más los pocos derechos reconocidos. (el derecho a vivir en familia es un derecho reconocido, entre otras normas, en la constitución)
• Por otra parte anunció la necesidad que los menores entre 16 y 18 años puedan trabajar. Le interesan sólo si traban, llegando a decir que si no trabajan “el único destino que tiene inmediato es estar en la calle o en una plaza”. Corbacho olvida la importancia de continuar los estudios para evitar la desigualdad de oportunidades en el futuro, e insulta a todas las madres y padres, y a las y los chavales, generalizando y estigmatizando gratuitamente con una imagen de dejación de las familias y de incapacidad para hacer algo que no sea trabajar.
• A su vez anuncia la obligación de reformar la ley para incorporar directivas europeas, olvidando aclarar que lo que quiere incluir es la llamada “directiva de la vergüenza”, que este gobierno ha defendido, pese a ser denunciada tanto en nuestro entorno, como a nivel internacional, por cualquiera que defienda los derechos humanos.
• – Como colofón habla también de la obligación, que no voluntad, de reformar lo que el tribunal constitucional declaro inconstitucional (derechos de sindicación, reunión, asociación y educación). El problema es que el tribunal dejo en sus manos regular muchos de estos derechos y libertades, y viendo lo que hace, lo que dice, y su falta de voluntad, posiblemente regule del peor modo posible lo que se debe garantizar.

Todo esto se une a un discurso que proyecta culpabilizar de la crisis, dado que no sabe que hacer con ella, a la población inmigrante, en un demagógico y peligroso discurso xenófobo. Su pretensión de “impedir que vengan más inmigrantes, porque hay españoles en paro”, obviando conscientemente que no son la causa ni la solución de la crisis, y que el paro de un obrero de Cáceres no se resuelve impidiendo que se contrate a una empleada de hogar interna en Toledo, ya ha sido puesta en practica, de hecho, con la publicación ayer mismo del “catalogo de puestos de difícil cobertura”, es decir, el listado que hace el gobierno sobre que puestos se pueden ofrecer a extranjeros-as que quieran venir o regularizar su situación. Lo que se impide no es que vengan, sino que vengan y estén de modo regular. Desapareciendo de este listado las profesiones que actualmente cubre la población migrada, impedirá que alguien vuelva a su país para intentar regularizar su situación, potenciando y cronificando aun más la irregularidad (caldo de la explotación laboral), dificultando enormemente la normalización de la vida y el trabajo de quien ya trabaja aquí, y de quien necesita contratarle.
No hay nada más lejos de la “migración ordenada” de la que hablan, que cerrar los ojos a la realidad de la economía, de la migración, de los problemas sociales, y de las personas, condenado a la clandestinidad a lo que realmente existe, y que seguirá existiendo.
Desde SOS Racismo exigimos:

• Tener en cuenta que la ley de extranjería entra en contradicción con las normas y acuerdos internacionales de defensa de los derechos humanos, y que se reformen las normativas para que estos sean plenamente respetados.
• Responsabilitat política al Govern local i a l’oposició per tal de vetllar per la convivència al municipi.
• El restablecimiento de vías permanentes de entrada y de acceso a la regularidad, de modo que no quede como única alternativa viajes más caros y peligrosos para quien viene, y la vida y el trabajo en la clandestinidad para quien ya está aquí.
• El reconocimiento de los derechos civiles y políticos, que normalicen la aplicación de los derechos humanos, y la integración efectiva de todas las personas que formamos parte de esta sociedad.
• El cese de los discursos que fomentan la xenofobia y esta visión utilitarista del hecho migratorio, que trata a las personas extranjeras como “trabajadoras de usar y tirar” , a la vez que las estereotipa como problema.

En definitiva exigimos responsabilidad política, y que esta reforma de la ley de extranjería no sirva para ahondar en el recorte de derechos de la población inmigrante, con el objetivo de instrumentalizarlos y alejarlos cada vez más del estatus de ciudadanos y ciudadanas, y de la normalidad, la integración y la igualdad.
2 d’octubre del 2008
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE SOS RACISMO

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• El gobierno español vuelve a realizar una política social de empleo que segrega a los ciudadanos extranjeros que trabajan en nuestro país y que cotizan a la Seguridad Social “invitándoles” a capitalizar las prestaciones por desempleo condicionado a su retorno a su país de origen. Las políticas públicas en materia de empleo ante un periodo de crisis deben dirigirse a todos los ciudadanos que trabajan sea cual sea su nacionalidad. NO es aceptable que se excluya a parte de los trabajadores de las políticas públicas que busquen luchar contra este crisis. Y es un engaño al resto de la opinión pública presentar estas medidas como aquellas que resolverán el problema del paro. En definitiva son propuestas irrealistas que no tienen en cuenta la concepción humana de la inmigración sino solo se contemplan como fuerza de trabajo y son propuestas xenófobas porque abren la brecha entre los trabajadores por cuestión de origen y/o nacionalidad.
• La vulneración al derecho a vivir en familia que representa restringir el reagrupamiento a los ascendientes. Esa visión que se tienen de los inmigrantes como trabajadores temporales, va muy de la mano con esta propuesta que pretende romper con los vínculos y estabilidad que proporciona la familia, sobre todo cuando existen obligaciones y dependen económicamente de sus hijos que se encuentran viviendo en este país. De esta forma se está dando a entender que se considera que los ciudadanos extranjeros que no trabajan son una carga para la sociedad y que son los que ponen, han puesto y pondrán en peligro el Estado de bienestar en lugar de reconocer que son los déficits y la poca apuesta por las políticas sociales la que crean la precariedad en el sistema. Los trabajadores inmigrados aportan a las arcas de la seguridad social como el resto y por tanto deben tener los mismos derechos y prestaciones.
• El establecimiento de períodos en los cuales se permita la entrada de menores que son reagrupados para facilitar su incorporación en las escuelas, está velando solo por los intereses de las administraciones y en ningún caso por el interés superior del niño, que es un compromiso a nivel internacional de España que contrajo al ratificar la Convención de los Derechos del niño.

El giro descarado hacia los planteamientos políticos más conservadores en materia de extranjería e inmigración del gobierno del Estado Español merecen una respuesta civil, asociativa y de la oposición política progresista contundente. Ni Europa, ni la crisis económica pueden ser excusa para hacer retroceder de esta forma los derechos humanos y gobernar bajo la bandera del miedo y la xenofobia.
16 de junio del 2008
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español

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