Desde la Federación de asociaciones de SOS Racismo denunciamos una vez más la existencia de una Ley de Extranjería, un marco legal que origina el apartheid jurídico del que son víctimas las personas de origen inmigrante. Una ley, absurda e inhumana, que en contra de lo que debería ser el Estado de Derecho, legitima y potencia la desigualdad, y que existan ciudadanos de primera de segunda y hasta de tercera clase, en función de su origen. Una ley que quiere ser endurecida aún más, de nuevo.
El ministro Corbacho anunciaba ayer que presentará una reforma de la Ley de extranjería diciendo que es para acabar con algunas de sus contradicciones. La perspectiva de una reforma es alarmante en un contexto en el que el Gobierno parece que haya tomado como medida, para hacer frente a la crisis económica y a todo problema que no sabe resolver, culpabilizar a las personas inmigrantes que ya forman parte de esta sociedad, insinuando que sobran.
Existe el peligro de que las acciones anunciadas últimamente (retorno de trabajadores; una brigada policial especial para perseguir extranjeros, limitar a cero la contratación en origen, dificultar al máximo la reagrupación de las familias, invitar al retorno “voluntario”, aumentar el tiempo de encierro en centros de internamiento, etc ), junto con los discursos que las acompañan, generen una corriente de opinión que potencia los sentimientos de competencia, rechazo y xenofobia. Quiere así legitimar, a través de un discurso xenófobo las reformas más restrictivas de la ley de extranjería.
Hemos de exigir soluciones reales para el conjunto de la población. No podemos dejar que planeen el endurecimiento del trato a un grupo de personas que forman parte de esta sociedad, como cortinas de humo que buscan un chivo expiatorio, culpabilizando a la población inmigrante de todos los problemas sociales y económicos.
Las medidas en las que ayer el Ministro ponía el acento dejan entrever la óptica utilitarista del hecho migratorio:

  • El ministro anunció la intención de ampliar a cinco años el plazo para la reagrupación familiar ascendente, vinculándolo a la residencia permanente. Hace años que desde diferentes sectores sociales trabajamos para que las personas inmigradas sean reconocidas como ciudadanos. En vez de avanzar, vemos como este Gobierno socialista, no sólo no avanza en este sentido, sino que apuesta por reducir aun más los pocos derechos reconocidos. (el derecho a vivir en familia es un derecho reconocido, entre otras normas, en la constitución)
  • Por otra parte anunció la necesidad que los menores entre 16 y 18 años puedan trabajar. Le interesan sólo si traban, llegando a decir que si no trabajan “el único destino que tiene inmediato es estar en la calle o en una plaza”. Corbacho olvida la importancia de continuar los estudios para evitar la desigualdad de oportunidades en el futuro, e insulta a todas las madres y padres, y a las y los chavales, generalizando y estigmatizando gratuitamente con una imagen de dejación de las familias y de incapacidad para hacer algo que no sea trabajar.
  • A su vez anuncia la obligación de reformar la ley para incorporar directivas europeas, olvidando aclarar que lo que quiere incluir es la llamada “directiva de la vergüenza”, que este gobierno ha defendido, pese a ser denunciada tanto en nuestro entorno, como a nivel internacional, por cualquiera que defienda los derechos humanos.
  • – Como colofón habla también de la obligación, que no voluntad, de reformar lo que el tribunal constitucional declaro inconstitucional (derechos de sindicación, reunión, asociación y educación). El problema es que el tribunal dejo en sus manos regular muchos de estos derechos y libertades, y viendo lo que hace, lo que dice, y su falta de voluntad, posiblemente regule del peor modo posible lo que se debe garantizar.

Todo esto se une a un discurso que proyecta culpabilizar de la crisis, dado que no sabe que hacer con ella, a la población inmigrante, en un demagógico y peligroso discurso xenófobo. Su pretensión de “impedir que vengan más inmigrantes, porque hay españoles en paro”, obviando conscientemente que no son la causa ni la solución de la crisis, y que el paro de un obrero de Cáceres no se resuelve impidiendo que se contrate a una empleada de hogar interna en Toledo, ya ha sido puesta en practica, de hecho, con la publicación ayer mismo del “catalogo de puestos de difícil cobertura”, es decir, el listado que hace el gobierno sobre que puestos se pueden ofrecer a extranjeros-as que quieran venir o regularizar su situación. Lo que se impide no es que vengan, sino que vengan y estén de modo regular. Desapareciendo de este listado las profesiones que actualmente cubre la población migrada, impedirá que alguien vuelva a su país para intentar regularizar su situación, potenciando y cronificando aun más la irregularidad (caldo de la explotación laboral), dificultando enormemente la normalización de la vida y el trabajo de quien ya trabaja aquí, y de quien necesita contratarle.
No hay nada más lejos de la “migración ordenada” de la que hablan, que cerrar los ojos a la realidad de la economía, de la migración, de los problemas sociales, y de las personas, condenado a la clandestinidad a lo que realmente existe, y que seguirá existiendo.
Desde SOS Racismo exigimos:

  • Tener en cuenta que la ley de extranjería entra en contradicción con las normas y acuerdos internacionales de defensa de los derechos humanos, y que se reformen las normativas para que estos sean plenamente respetados.
  • Responsabilitat política al Govern local i a l’oposició per tal de vetllar per la convivència al municipi.
  • El restablecimiento de vías permanentes de entrada y de acceso a la regularidad, de modo que no quede como única alternativa viajes más caros y peligrosos para quien viene, y la vida y el trabajo en la clandestinidad para quien ya está aquí.
  • El reconocimiento de los derechos civiles y políticos, que normalicen la aplicación de los derechos humanos, y la integración efectiva de todas las personas que formamos parte de esta sociedad.
  • El cese de los discursos que fomentan la xenofobia y esta visión utilitarista del hecho migratorio, que trata a las personas extranjeras como “trabajadoras de usar y tirar” , a la vez que las estereotipa como problema.

En definitiva exigimos responsabilidad política, y que esta reforma de la ley de extranjería no sirva para ahondar en el recorte de derechos de la población inmigrante, con el objetivo de instrumentalizarlos y alejarlos cada vez más del estatus de ciudadanos y ciudadanas, y de la normalidad, la integración y la igualdad.
2 d’octubre del 2008
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE SOS RACISMO

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