Con gestos de victoria y casi un minuto de aplausos por parte de la derecha radical, el Parlamento Europeo, reunido esta semana en Estrasburgo, votó finalmente la reforma de la política común para la deportación de personas migrantes que lleguen a los países de la UE, el reglamento europeo de retorno. Tras una ronda de intervenciones de los representantes de los diferentes partidos políticos, el martes 16 de junio por la tarde; ayer miércoles 17 de junio se llevó a cabo la votación: 418 eurodiputados votaron a favor, 218 en contra; y se produjeron 30 abstenciones. Antes, el lunes 15 por la tarde, se había votado en la Comisión de Libertades Civiles (Comisión Libe).

El nuevo reglamento europeo de retorno, que empezará a aplicarse de manera inmediata, como el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo —en vigor desde el pasado 12 de junio— contempla nuevas obligaciones para las personas migrantes con órdenes de expulsión; aumenta los plazos de detención hasta 24 meses —que incluso se pueden convertir en 30 en situaciones concretas— y abre la puerta de manera definitiva a la construcción y puesta en marcha de lo que la UE llama “centros de retorno”, localizados fuera de la UE.

Ahora, el texto debe ser formalmente adoptado por el Consejo y publicado en el Diario Oficial para que entre en vigor. Algunas disposiciones, en particular las relativas a los “centros de retorno”, la evaluación de la edad de los menores y la dimensión exterior de los retornos se aplicarán de inmediato. Otras disposiciones que requieren etapas preparatorias entrarán en aplicación 12 meses después de la entrada en vigor de la legislación.

Más de 250 organizaciones de defensa de los derechos humanos ya han mostrado su rechazo a esta nueva normativa: “Las instituciones de la UE y los Estados miembros han convertido cada vez más la criminalización, la vigilancia y la discriminación en las herramientas por defecto de la gobernanza migratoria, en contraposición a la protección, la seguridad, las medidas de inclusión social, la ampliación de rutas seguras y regulares y los permisos de residencia basados ​​en derechos”, se puede leer en el comunicado conjunto remitido a la prensa. Los firmantes consideran que este nuevo paquete de normas “promueve la detención, la deportación, la externalización y el castigo, especialmente de las personas racializadas, y provocará que más personas se vean abocadas a un limbo jurídico y a condiciones peligrosas”.

Los eurodiputados de la extrema derecha y de la derecha tradicional, quienes han impulsado esta nueva normativa, aplaudieron largo y tendido al grito de send them back (mandadlos de vuelta), mientras los y las eurodiputadas de izquierdas gritaban shame on you (vergüenza) tras la emisión de los votos. En una rueda de prensa posterior a la votación, el holandés Malik Azmani, el relator de migraciones, del grupo Renew, dejó claro hacia dónde se encaminan los Veintisiete. “Hoy, Europa ha cumplido sus compromisos. Los ciudadanos esperan, con razón, que las personas que no tienen derecho a permanecer regresen a su país de origen. Por eso tengo una prioridad clara: medidas de retorno eficaces y realistas. Y tras casi veinte años de inmovilismo, Europa cuenta por fin con ellas. El retorno es la última pieza del rompecabezas del sistema europeo de gestión de la migración, y estoy enormemente orgulloso de que ya esté en marcha”. El relator confesó, al inicio de su parlamento, sentirse “orgulloso” por el paso dado.

Preguntado en varias ocasiones sobre la garantía de los derechos de las personas migrantes en los “centros de retorno!”, Azmani, quien considera que “solo se puede gestionar bien la migración si hay normas”, lanzó balones fuera y mencionó una serie de artículos de la normativa pero no especificó nada. “Todo va a ser legal”, dijo. En tono de sorna, el relator aseguró que “si [la persona migrante] coopera no tiene porqué acabar en un centro de retorno” e insistió en la idea de que con esta nueva normativa “la puerta de atrás queda bajo control”. Calificó el nuevo Reglamento como una normativa justa y agradeció a “todos los colegas” que hicieron esto posible.

La nueva normativa está vertebrada por la externalización de la migración hacia terceros países, tanto de tránsito como de origen. Respecto a estos últimos, a partir de ahora, siete países que hasta ahora no se habían considerado “seguros” por diferentes motivos, pasen a serlo. Se trata de Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez. Si una persona originaria de unos de estos países migra a la UE y se le deniega el asilo, será deportada al mismo país del que salió. También se considerarán terceros países seguros los candidatos a la adhesión. Esto, junto con el establecimiento de los “centros de retorno”, es uno de los puntos más polémicos de la nueva normativa.

Para Tineke Strik, de origen holandés y miembro del Parlamento Europeo por el grupo Los Verdes/ALE, profesora de Derecho de Ciudadanía y Migración en la Universidad de Radboud, todo lo que concierne a la nueva normativa de retorno resulta “preocupante”, en sus propias palabras. “El reglamento contempla muchas obligaciones para los migrantes, obligaciones para el país de origen, y prácticamente ninguna obligación para los Estados miembros”. La eurodiputada pone de relieve la ampliación de los plazos de detención y señala hacia los “centros de retorno” en terceros países. “La nueva normativa permitirá a los Estados miembros transferir inmediatamente su responsabilidad sobre las personas migrantes a cualquier otro país. Esto hace que puedan quedar atrapadas en una especie de limbo legal o en una detención indefinida. No sabemos qué pasará”.

Además de contravenir las disposiciones de la Convención de Ginebra y suponer un atentado claro contra los derechos de las personas en movimiento, estos nuevos centros, que se construirán una vez los Estados miembros lleguen a acuerdos con estos terceros países y hayan recibido el visto bueno de la Comisión Europea, no estarán sujetos a supervisión de ningún tipo por parte de los Veintisiete. “Este es uno de los problemas, porque no está regulado que deba haber una supervisión”, comenta Strik, quien asegura que las personas que estén allí internas “quedarán sometidas al régimen de ese tercer país”. En muchos de los países que se contemplan para la construcción y la puesta en marcha de estos templos no respetan los derechos humanos.

Con gestos de victoria y casi un minuto de aplausos por parte de la derecha radical, el Parlamento Europeo, reunido esta semana en Estrasburgo, votó finalmente la reforma de la política común para la deportación de personas migrantes que lleguen a los países de la UE, el reglamento europeo de retorno. Tras una ronda de intervenciones de los representantes de los diferentes partidos políticos, el martes 16 de junio por la tarde; ayer miércoles 17 de junio se llevó a cabo la votación: 418 eurodiputados votaron a favor, 218 en contra; y se produjeron 30 abstenciones. Antes, el lunes 15 por la tarde, se había votado en la Comisión de Libertades Civiles (Comisión Libe).

El nuevo reglamento europeo de retorno, que empezará a aplicarse de manera inmediata, como el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo —en vigor desde el pasado 12 de junio— contempla nuevas obligaciones para las personas migrantes con órdenes de expulsión; aumenta los plazos de detención hasta 24 meses —que incluso se pueden convertir en 30 en situaciones concretas— y abre la puerta de manera definitiva a la construcción y puesta en marcha de lo que la UE llama “centros de retorno”, localizados fuera de la UE.

Más de 250 organizaciones de defensa de los derechos humanos ya han mostrado su rechazo a esta nueva normativa

Ahora, el texto debe ser formalmente adoptado por el Consejo y publicado en el Diario Oficial para que entre en vigor. Algunas disposiciones, en particular las relativas a los “centros de retorno”, la evaluación de la edad de los menores y la dimensión exterior de los retornos se aplicarán de inmediato. Otras disposiciones que requieren etapas preparatorias entrarán en aplicación 12 meses después de la entrada en vigor de la legislación.

Más de 250 organizaciones de defensa de los derechos humanos ya han mostrado su rechazo a esta nueva normativa: “Las instituciones de la UE y los Estados miembros han convertido cada vez más la criminalización, la vigilancia y la discriminación en las herramientas por defecto de la gobernanza migratoria, en contraposición a la protección, la seguridad, las medidas de inclusión social, la ampliación de rutas seguras y regulares y los permisos de residencia basados ​​en derechos”, se puede leer en el comunicado conjunto remitido a la prensa. Los firmantes consideran que este nuevo paquete de normas “promueve la detención, la deportación, la externalización y el castigo, especialmente de las personas racializadas, y provocará que más personas se vean abocadas a un limbo jurídico y a condiciones peligrosas”.

“Controlar la puerta de atrás”

Los eurodiputados de la extrema derecha y de la derecha tradicional, quienes han impulsado esta nueva normativa, aplaudieron largo y tendido al grito de send them back (mandadlos de vuelta), mientras los y las eurodiputadas de izquierdas gritaban shame on you (vergüenza) tras la emisión de los votos. En una rueda de prensa posterior a la votación, el holandés Malik Azmani, el relator de migraciones, del grupo Renew, dejó claro hacia dónde se encaminan los Veintisiete. “Hoy, Europa ha cumplido sus compromisos. Los ciudadanos esperan, con razón, que las personas que no tienen derecho a permanecer regresen a su país de origen. Por eso tengo una prioridad clara: medidas de retorno eficaces y realistas. Y tras casi veinte años de inmovilismo, Europa cuenta por fin con ellas. El retorno es la última pieza del rompecabezas del sistema europeo de gestión de la migración, y estoy enormemente orgulloso de que ya esté en marcha”. El relator confesó, al inicio de su parlamento, sentirse “orgulloso” por el paso dado.

Preguntado en varias ocasiones sobre la garantía de los derechos de las personas migrantes en los “centros de retorno!”, Azmani, quien considera que “solo se puede gestionar bien la migración si hay normas”, lanzó balones fuera y mencionó una serie de artículos de la normativa pero no especificó nada. “Todo va a ser legal”, dijo. En tono de sorna, el relator aseguró que “si [la persona migrante] coopera no tiene porqué acabar en un centro de retorno” e insistió en la idea de que con esta nueva normativa “la puerta de atrás queda bajo control”. Calificó el nuevo Reglamento como una normativa justa y agradeció a “todos los colegas” que hicieron esto posible.

La preocupación por la puesta en marcha de los denominados “centros de retorno”

La nueva normativa está vertebrada por la externalización de la migración hacia terceros países, tanto de tránsito como de origen. Respecto a estos últimos, a partir de ahora, siete países que hasta ahora no se habían considerado “seguros” por diferentes motivos, pasen a serlo. Se trata de Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez. Si una persona originaria de unos de estos países migra a la UE y se le deniega el asilo, será deportada al mismo país del que salió. También se considerarán terceros países seguros los candidatos a la adhesión. Esto, junto con el establecimiento de los “centros de retorno”, es uno de los puntos más polémicos de la nueva normativa.

Tineke Strik: “El reglamento contempla muchas obligaciones para los migrantes, obligaciones para el país de origen, y prácticamente ninguna obligación para los Estados miembros”

Para Tineke Strik, de origen holandés y miembro del Parlamento Europeo por el grupo Los Verdes/ALE, profesora de Derecho de Ciudadanía y Migración en la Universidad de Radboud, todo lo que concierne a la nueva normativa de retorno resulta “preocupante”, en sus propias palabras. “El reglamento contempla muchas obligaciones para los migrantes, obligaciones para el país de origen, y prácticamente ninguna obligación para los Estados miembros”. La eurodiputada pone de relieve la ampliación de los plazos de detención y señala hacia los “centros de retorno” en terceros países. “La nueva normativa permitirá a los Estados miembros transferir inmediatamente su responsabilidad sobre las personas migrantes a cualquier otro país. Esto hace que puedan quedar atrapadas en una especie de limbo legal o en una detención indefinida. No sabemos qué pasará”.

Además de contravenir las disposiciones de la Convención de Ginebra y suponer un atentado claro contra los derechos de las personas en movimiento, estos nuevos centros, que se construirán una vez los Estados miembros lleguen a acuerdos con estos terceros países y hayan recibido el visto bueno de la Comisión Europea, no estarán sujetos a supervisión de ningún tipo por parte de los Veintisiete. “Este es uno de los problemas, porque no está regulado que deba haber una supervisión”, comenta Strik, quien asegura que las personas que estén allí internas “quedarán sometidas al régimen de ese tercer país”. En muchos de los países que se contemplan para la construcción y la puesta en marcha de estos templos no respetan los derechos humanos.

Quien también se muestra preocupada tanto por la puesta en marcha de estos centros como la total ausencia de supervisión es la eurodiputada por Sumar y exdirectora general de CEAR Estrella Galán. “Esta normativa no plantea ningún mecanismo de supervisión de los derechos humanos. Lo que se quiere hacer es alejar lo máximo posible la crueldad que se vivirá en estos centros y evitar que sepamos lo que ahí está pasando. De algún modo, será la Comisión Europea quien monitoree —si es que se puede usar esta palabra— lo que allí sucede”. Galán insite en que se están creando “agujeros negros de derechos. Claramente desde los espacios europeos vamos a tener muy poca capacidad de denuncia”, explica para El Salto.

Preguntada por la reversibilidad de estas medidas, la eurodiputada se muestra tajante y apunta hacia la parte económica del trato: “En términos económicos es incalculable. Primero porque detrás de todo esto hay toda una maquinaria de seguridad —con Israel al frente—. Se trata de un negocio millonario con cifras millonarias e incalculables. Estos centros en terceros países, que nosotros definimos como el Guantánamo europeo, van a disponer de unas medidas de seguridad millonarias”. También señala el coste humano que va tener la aplicación de estas nueva normativa.

Con este nuevo paquete legislativo, la política migratoria de la Unión Europa ya es prácticamente la misma que se aplica en Estados Unidos. “Vamos en la misma dirección. Con el asunto del tercer país seguro, hacemos lo mismo que en Estados Unidos: deportar a personas a un tercer país donde nunca han estado. Respecto a las detenciones, el reglamento de retorno también otorga una base y competencias para que se haga lo mismo aquí en Europa y contempla detenciones de larga duración. Así que no creo que haya ya mucha diferencia”, argumenta la eurodiputada Strik. Esta diferencia tampoco la ve Estrella Galán, quien considera que “nosotros [la UE] ponemos el filtro de los derechos humanos y tratamos de endulzar lo que es lo mismo. Es posible que acabemos viendo las mismas imágenes de esos niños con una mochilita y un gorrito siendo detenidos por la policía migratoria”.

“Debemos prepararnos para ver lo mismo que hemos estado viendo en Estados Unidos por parte del ICE. Son malas noticias para Europa”. Quien habla es Cecilia Strada, eurodiputada del Parlamento Europeo desde 2024 por el Partido Democrático de Italia; quien considera que con la adopción del reglamento de retorno y el PEMA, Europa ha desmantelado de manera definitiva su sistema de asilo. 

La aprobación de esta nueva normativa, que consolida la realidad de una Europa fortaleza de fronteras cerradas, no hubiera sido posible si el centro derecha y la derecha tradicional no hubieran comprado el marco narrativo de la securitización y el miedo promovido desde la extrema derecha. En Estrasburgo, en la rueda de prensa que dio el martes por la tarde, el ultraderechista francés Jordan Bardella sacaba pecho de la nueva normativa y daba las gracias a la derecha tradicional por haber facilitado las cosas. Bardella, presidente del grupo The Patriots, integrado por partidos como el húngaro Fidesz, la Lega o Vox, sucederá a Marie Le Pen en Francia si esta resulta condenada por malversación en el juicio que tiene pendiente el próximo 7 de julio. Podría ser candidato a la presidencia de Francia en las próximas elecciones, programadas para 2027.

“La aprobación de este Reglamento demuestra que hay un cambio de dinámicas dentro del Parlamento Europeo”, señala Galán quien explica que el Partido Popular Europeo “ha comprado la agenda que impone la ultraderecha y las narrativas. Han entrado en sus dinámicas [de la extrema derecha]. La adopción de esta normativa tampoco hubiera sido posible sin la connivencia de una serie de medios repartidos por los cuatro rincones del continente que han comprado la narrativa de la securitización y han hecho uso del miedo para criminalizar a las personas migrantes y las redes de solidaridad que les ayudan. “Los medios, a menudo no hacen periodismo, sino que se limitan a replicar lo que dicen los políticos, y eso está mal. Los y las periodistas deberían poder desmontar las mentiras, y no solo hacer una primera pregunta, sino hacer una segunda”, dice Strada. La eurodiputada italiana, ex trabajadora humanitaria en misiones de rescate en el mar Mediterráneo, asegura que queda mucho trabajo por delante y que hay que “abordar nuestros racismos estructurales”. A partir de su trabajo previo, constata que “el relato en los medios sobre la migración trata de números y no de seres humanos”.

Desde las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, se hace una llamamiento a la UE “para que deje de complacer los sentimientos racistas y xenófobos y los intereses empresariales, y revierta el giro punitivo y discriminatorio de su política migratoria”, y en su lugar “destine recursos a políticas basadas en la seguridad, la protección y la inclusión, que fortalezcan las comunidades, defiendan la dignidad y garanticen que todas las personas puedan vivir con seguridad, independientemente de su estatus”. 

La entrada El Parlamento Europeo aprueba de manera definitiva el reglamento de retorno se publicó primero en SOS Racisme.

• ¿Avanzan los Derechos Humanos reteniendo a personas inocentes un año y medio de su vida?
• ¿Avanzan los derechos Humanos internando y repatriando menores?
• ¿Se garantizan los Derechos Humanos en una Europa que ha puesto en evidencia su poca ética, al centrar el debate en discutir si las personas inmigrantes retenidas debían tener derecho a asistencia jurídica, si hacía falta que las ordenes de internamiento fueran judiciales y si se debe o no encerrar a menores?
• ¿Avanzan los Derechos Humanos en Europa, cuando en lugar de exigir su máximo cumplimiento a aquellos paises que hasta ahora no tenían tiempo límite de retención, el resto de estados miembros de la unión se ponen a su altura permitiendo encerrar a personas inocentes hasta un año y medio?

Naturalmente no se trata de ningún avance, sino de uno de los más tristes y vergonzosos episodios de la Historia europea contemporánea. Hoy no solamente se ha legitimado la privación a las personas inmigrantes de unos mínimos derechos sino que todos y todas hemos perdido parte de los nuestros al perder en garantías democráticas y justicia social.
Desde SOS Racismo pedimos a todos los agentes sociales que se movilicen ante esta directiva puesto que debemos impedir que los estados miembros la traspongan en sus legislaciones. Hoy el Gobierno español, con la votación de sus europarlamentarios a favor de la directiva ya ha dejado claro que apuesta por el racismo institucional.
18 de junio del 2008
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español

La entrada EL PARLAMENTO EUROPEO LEGITIMA LA VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS MÁS VERGONZOSA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS. se publicó primero en SOS Racisme.

• El gobierno español vuelve a realizar una política social de empleo que segrega a los ciudadanos extranjeros que trabajan en nuestro país y que cotizan a la Seguridad Social “invitándoles” a capitalizar las prestaciones por desempleo condicionado a su retorno a su país de origen. Las políticas públicas en materia de empleo ante un periodo de crisis deben dirigirse a todos los ciudadanos que trabajan sea cual sea su nacionalidad. NO es aceptable que se excluya a parte de los trabajadores de las políticas públicas que busquen luchar contra este crisis. Y es un engaño al resto de la opinión pública presentar estas medidas como aquellas que resolverán el problema del paro. En definitiva son propuestas irrealistas que no tienen en cuenta la concepción humana de la inmigración sino solo se contemplan como fuerza de trabajo y son propuestas xenófobas porque abren la brecha entre los trabajadores por cuestión de origen y/o nacionalidad.
• La vulneración al derecho a vivir en familia que representa restringir el reagrupamiento a los ascendientes. Esa visión que se tienen de los inmigrantes como trabajadores temporales, va muy de la mano con esta propuesta que pretende romper con los vínculos y estabilidad que proporciona la familia, sobre todo cuando existen obligaciones y dependen económicamente de sus hijos que se encuentran viviendo en este país. De esta forma se está dando a entender que se considera que los ciudadanos extranjeros que no trabajan son una carga para la sociedad y que son los que ponen, han puesto y pondrán en peligro el Estado de bienestar en lugar de reconocer que son los déficits y la poca apuesta por las políticas sociales la que crean la precariedad en el sistema. Los trabajadores inmigrados aportan a las arcas de la seguridad social como el resto y por tanto deben tener los mismos derechos y prestaciones.
• El establecimiento de períodos en los cuales se permita la entrada de menores que son reagrupados para facilitar su incorporación en las escuelas, está velando solo por los intereses de las administraciones y en ningún caso por el interés superior del niño, que es un compromiso a nivel internacional de España que contrajo al ratificar la Convención de los Derechos del niño.

El giro descarado hacia los planteamientos políticos más conservadores en materia de extranjería e inmigración del gobierno del Estado Español merecen una respuesta civil, asociativa y de la oposición política progresista contundente. Ni Europa, ni la crisis económica pueden ser excusa para hacer retroceder de esta forma los derechos humanos y gobernar bajo la bandera del miedo y la xenofobia.
16 de junio del 2008
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español

La entrada LA FEDERACIÓN ESTATAL DE SOS RACISMO DENUNCIA LAS PROPUESTAS XENÓFOBAS DEL MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN se publicó primero en SOS Racisme.

La entrada Declaración contra protocolo expulsiones se publicó primero en SOS Racisme.

• La economía española crece gracias a prácticas como ésta, en las que la inmigración pasa a ser exclusivamente vista como mano de obra barata y representa la nueva esclavitud del s.XXI. Las tareas agrícolas llevan años manteniéndose con la precaria situación de las personas que trabajan como temporeras. A situaciones como las del Levante español, por cierto olvidadas y permitidas, donde continúan malviviendo los trabajadores marroquíes en cortijos abandonados mientras en la provincia no deja de crecer el PIB; se suman situaciones similares ahora en la vendimia de Castilla. Cambian las caras de las personas trabajadoras y de las entidades empresariales, pero la hipocresía y el afán de enriquecimiento sigue siendo el mismo: horas mal pagadas aprovechando la situación administrativa de las personas inmigrantes, no cotización a la seguridad social, campamentos insalubres (cuando no tinajas) y por si esto fuera poco, criminalización de las personas inmigrantes ( mucho más si son de etnia gitana) que se presentan como una amenaza a la estabilidad de los municipios, por lo que las víctimas acaban siendo carne de cañón de la policía, como hemos visto este verano.
• Ante esta situación, la pasividad de un gobierno estatal que tiene diferentes parámetros a la hora de medir las situaciones. ¿A qué espera para tramitar los papeles de estas personas y para multar a las empresas? ¿A qué espera para replantear el cese de la moratoria para estos ciudadanos europeos de segunda? ¿Por qué solo tiene dudas cuando está en juego la gran vendimia española y en cambio no plantea ninguna medida en su política de expulsiones? ¿No hubo ya bastante amnistía para las empresas durante el proceso de normalización? ¿Acaso el Gobierno pretende hacer valer las quejas de estas entidades empresariales que hasta hace dos días “no sabían” como debían contratar a las personas que pretendían trabajar como temporeras? (Porqué, puestos a preguntar; ¿tampoco sabían que las personas vivimos en casas y no en tinajas?) ¿Alguna vez Delegación de Gobierno ha dado tantas oportunidades a las personas inmigradas que no cumplían todos los requisitos para sus trámites? Si somos Europa ¿por qué la vendimia española no cumple unos mínimos como la francesa?
• Y para acabar de ver los actores de esta película, nos preguntamos ¿qué hacen los grandes sindicatos, aquellos que propusieron y defendieron la moratoria de dos años para otorgar la autorización de trabajo a los nuevos ciudadanos comunitarios? Es que también creen en la “ingenuidad” de estos agricultores? ¿O es que también creen en trabajadores de primera y de segunda?

Desde SOS Racismo denunciamos la hipocresía de un sistema que a partir del racismo institucional legitima la explotación laboral y la exclusión social. La inmigración sólo se ve de dos formas según el momento y los intereses: como una amenaza y la culpable de todas las plagas o como mano de obra barata y sin derechos. Definitivamente una vergüenza para una sociedad que se dice democrática y moderna.
17 de septiembre 2007,
Federación de Asociaciones de SOS RACISMO del Estado Español.

La entrada La política de Extranjería: una maquinaria de esclavos se publicó primero en SOS Racisme.

La entrada SOS Racismo exige una investigación trasparente y efectiva se publicó primero en SOS Racisme.

• que aplique a estas personas el contenido de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que ha suscrito y de una solución inmediata a su situación. La vida y la suerte de las personas no pueden ser objeto de negociación. Pedimos respeto a los Derechos Humanos y responsabilidad.
• que realice un cambio radical en las políticas de extranjería y en las políticas de asilo y refugio, que haga que jugarse la vida y la suerte en duros y peligrosos viajes no sea la única alternativa que les queda a quienes se ven obligados a escapar de sus países.

El Gobierno Español insiste y profundiza cada día más en la política de externalización de fronteras, trasladando la responsabilidad del control de las mismas a países en los que no se respetan los Derechos Humanos. No hay más claro ejemplo de lo anterior que las condiciones infrahumanas en las que se están viendo obligadas a subsistir las personas que están siendo expulsadas cada día desde Marruecos a Argelia, sin que ningún Estado se responsabilice de su situación. Quieren que otros eviten que nadie llegue a nuestra costas, y quieren que se haga a costa de lo que sea; personas muertas en las rejas de Ceuta y Melilla, abandonadas en el desierto, ahogadas en pateras y cayucos, desterradas a inhumanos campamentos en condiciones infrahumanas …
El Gobierno Español es responsable de miles y miles de muertes que se producen como consecuencia directa de sus políticas de inmigración.
Federación de Asociaciones de SOS Racismo en el Estado Español
9 febrero 2007

La entrada Denegación de Auxilio. Cuando los Derechos Humanos no son una prioridad se publicó primero en SOS Racisme.

El final de acuerdos de control migratorio con trasvase económico a países donde no hay un cumplimiento escrupuloso de los derechos humanos.
• Que el Estado español rompa los acuerdos obtenidos en la cumbre euro-africana, puesto que los mismos están dando lugar a vulneraciones graves de los derechos humanos.
• La reinstalación inmediata de todos los refugiados que se encuentran en territorio marroquí, puesto que su estatuto jurídico no es reconocido por las autoridades marroquíes y puesto que su integración y el respeto de sus derechos humanos es totalmente imposible.
• La reinstalación inmediata de refugiadas y demandantes de asilo mujeres y menores, teniendo en cuenta la situación especialmente vulnerable de mujeres y menores dentro del territorio marroquí.
• Una actuación inmediata del ACNUR para clarificar cuál es su capacidad para proteger a los refugiados y demandantes de asilo que se encuentran en territorio marroquí.
• Una actuación inmediata de gobiernos europeos o partidos políticos europeos que faciliten la reinstalación de refugiados y refugiadas en sus territorios
• Una actuación inmediata de gobiernos europeos o partidos políticos europeos para pedir explicaciones y exigir a Marruecos el respeto de los derechos humanos. Una actuación inmediata de la Unión Africana para exigir a Marruecos el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos del África subsahariana.

Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español
27 diciembre 2006

La entrada Violaciones graves de derechos humanos en las últimas deportaciones de inmigrantes en Marruecos se publicó primero en SOS Racisme.

• Nos preocupa el hecho de que todo quede en una mera declaración de buenas intenciones, en la medida que no se han asumido compromisos concretos con calendarización, tan sólo una puesta en marcha “inmediata” y una evaluación “próxima”.
• La Cumbre no ha llegado a establecer cifras concretas de ayuda al desarrollo, ni ha servido parar depurar responsabilidades sobre la continua vulneración de Derechos Humanos, ni para establecer un compromiso real del cumplimiento de éstos en la política migratoria. No ha habido ningún compromiso relativo a la vulneración sistemática de los derechos de asilo y refugio.
• En cambio sí que se ha avanzado en concretar las medidas de control de la inmigración y los acuerdos de repatriación. Por lo tanto, aunque el discurso sobre la inmigración se ha ampliado más allá del control policial la realidad no ha cambiado. Por qué ahora una cumbre de estas características cuando una buena parte de las necesidades que se señalan con relación a África son objeto de denuncia desde hace años? Porque en definitiva se trata de “maquillar” una política que sigue apostando por la externalización de fronteras con el riesgo seguro de vulneración de Derechos Humanos, por una inmigración temporal y selectiva y unas ayudas económicas para aquellos países emisores que hagan de gendarmes de sus gentes. Con el riesgo más que potencial que comporta el aliciente económico en este tipo de procesos, cuando no se establecen en los mismos mecanismos de control y garantías.
• Una Cumbre que ni tan sólo ha lamentado las muertes que este último año se han producido: una consecuencia directa de la actuación de cuerpos policiales y militares, otras dejando que sea el mar quien se trague a las personas. Cómo exigir entonces que se depuren responsabilidades? Como exigir que se informe sobre la situación de los centros de Mauritania? Como exigir que se informe sobre la suerte de los repatriados hasta ahora? Por qué todas estas Cumbres concretan muchísimo más las medidas de cooperación para el control y represión, que las que atañen al campo de los derechos y la justicia social?
• Para qué sirve una Cumbre que no revisa la política de visados, obligatoria para que los habitantes de los cincuenta estados africanos puedan acceder a la UE? Que ni tan sólo ha convocado como interlocutor a la Unión Africana, sino a una selección previa de países? Que continúa usando el término ilegal para referirse al fenómeno migratorio?
• Valoramos con escepticismo las declaraciones del Ministro de Trabajo referentes a la concesión de permisos de residencia y trabajo para personas inmigradas con una orden de expulsión no ejecutable, en la medida que se trata de una declaración de buenas intenciones y aislada, por lo que requerimos al Presidente del Gobierno Español para que la ratifique y concrete a lo largo de su visita a Canarias en los próximos días, ya que la situación lo requiere y se trata de un tema reclamado en infinitas ocasiones por nuestra entidad, entre otras, e incluso por el Defensor del Pueblo.

En definitiva y más allá de discursos comedidos, se trata de materializar la política de los círculos concéntricos propuesta desde 1998: países que no generan emigración, a los que se les pide asumir tareas de control policial, países por donde transitan las personas inmigrantes con estructuras económicas débiles y pocos recursos policiales a los que se les pide la readmisión de inmigrantes irregulares y países emisores de emigración a los que se les condiciona las ayudas a la reducción del número de personas que de sus territorios salen.
Se trata de un paso más para continuar con una Europa que cierra sus puertas a África, exige una inmigración selectiva, explora posibles inversiones en África para su propio interés y gira la cabeza en materia de Derechos humanos. En definitiva desde SOS Racismo denunciamos que se trata de más de lo mismo y mientras, a seguir asistiendo a más muertes y a la desesperación de unas personas que intentan buscar una vida más digna que la política y economía internacional no les permite llevar en sus países de origen.
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español
12 julio 2006

La entrada En definitiva, más de lo mismo se publicó primero en SOS Racisme.

• La presunta violación de tres mujeres nigerianas de forma sistemática por veinte militares en la gendarmería de Nador.
• La presunta violación de una mujer camerunesa por siete militares en el bosque de Bel Younech, colindante con Ceuta.
• La violación de un menor guineano de catorce años por dos miembros de la gendarmería marroquí. Agresión que posee un parte médico y que motivó el traslado por cuestiones humanitarias del menor al Estado español.
• Las redadas violentas contra los campamentos informales donde se encuentran los inmigrantes y que en casi todas las ocasiones se saldan con múltiples heridos de consideración.
• Las estrategias de asedio militar a estos campamentos impidiéndoles el acceso a hombres, mujeres y niños al agua potable y a la comida.
• El respeto nulo a la Convención de Ginebra de 1951, ratificada por el gobierno marroquí, para la determinación de la condición de refugiado, que se refleja claramente en la expulsión masiva hace unas semanas de demandantes de asilo desde Marruecos a Argelia.
• La deportación de inmigrantes subsaharianos, no a sus países de origen, sino a Argelia, a una frontera cerrada de manera oficial desde el año noventa y cuatro por la mala relación entre los dos países. Y todo lo que conlleva una deportación sin garantías, sin abogado, sin traductor, sin aportar una atención médica a los enfermos y en la mayoría de los casos sin darles agua ni comida.

Por todo ello solicitamos al gobierno español que en sus negociaciones con el gobierno marroquí:

• Le exija un respeto total a los derechos humanos tanto de los inmigrantes en tránsito y refugiados como de sus propios ciudadanos y el pueblo Saharaoui, con un pronunciamiento específico en estos acuerdos.
• Un estricto seguimiento y control del cumplimiento de estas premisas en los acuerdos adoptados, mediante mecanismos efectivos y transparentes.

Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español
29 septiembre 2005

La entrada Cumbre Hispano-Marroquí se publicó primero en SOS Racisme.