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• Centenares de muertes años tras año son la muestra del fracaso de la política europea de inmigración y también de las consecuencias de un modelo de mundialización que acrecienta progresivamente el abismo de la desigualdad entre el continente europeo y el africano. Estas muertes son evitables porque no son un efecto de una catástrofe natural sino de una catástrofe política y económica. Los flujos migratorios de África no pueden tener como respuesta un blindaje de fronteras y control policial. Aumentar estos recursos militares y policiales a partir de patrullas, satélites etc no hace más que provocar más muertes al forzar rutas más peligrosas. El blindaje de fronteras además de ser injusto es la antítesis del realismo político.
• La subcontratación del control de fronteras a terceros países respondiendo a la nueva política europea de externalización de fronteras provoca un aumento de la impunidad en la vulneración de derechos humanos. Si hasta ahora observábamos la situación de las personas que llegan a nuestras fronteras (inadmisión de solicitudes de asilo, expulsiones, hacinamiento en los centros falta de garantías jurídicas..) ahora esta realidad quedará lejos de nuestra mirada. Ahora queda en manos de países donde el respeto a los Derechos humanos es más que dudoso con la complicidad de una Europa que incentiva esta política y condiciona las ayudas a estos terceros países a cambio de este control. Tenemos datos de cuantas personas se encuentran en el centro construido en Mauritania? Cuantos solicitantes de asilo hay? Cuál es su trato?
• La actitud del gobierno es intolerable vuelve a apostar por más de lo mismo:
  • La implicación en las políticas migratorias del Ministerio de Defensa antes en Ceuta y Melilla, luego en Mauritania y ahora en Senegal no hace más que reforzar la percepción de que se trata de luchar contra una invasión.
  • Las declaraciones del Ministro Moratinos culpabilizando a los países emisores y sugiriendo que se condicionen las ayudas a su implicación en el control de la inmigración son totalmente cínicas. Se puede exigir a países que ocupan los últimos puestos en PIB per cápita que limiten sus ingresos provenientes de la inmigración? Se puede condicionar una ayuda a África al aumento y creación de infraestructuras de blindajes de fronteras en lugar de apostar por fomentar la creación de escuelas, avances tecnológicos en los cultivos agrícolas y otras infraestructuras que saquen de la pobreza a sus habitantes? Cuándo el estado español destinará el 07% a la ayuda al desarrollo?
  • En lugar de replantearse un modelo migratorio que no ofrece vías legales de entrada se sigue apostando por las repatriaciones a partir de convenios y de propuestas como el Plan África. Cómo puede venir actualmente un ciudadano de Mali de forma legal al Estado español? Qué opciones se le ofrecen, más allá de que se quede en su país o se aventure a morir en una travesía?
  • Seguir enviando a la península personas con órdenes de expulsión no ejecutadas que no tendrán ninguna posibilidad de poder formar parte, en igualdad de condiciones, de esta sociedad en los próximos años es perpetuar un modelo instaurado (y practicado por todos los gobiernos anteriores) que es totalmente contrario al respeto a la dignidad humana. Intentar invisibilizar a una persona a partir de un documento de expulsión es abocarlo a la exclusión social, incomprensible en un estado de derecho.

Por todo ello SOS Racismo exige:

• Un aumento de los recursos de acogida en Canarias que de una solución a la saturación de los centros y una coordinación con el resto de administraciones autonómicas para garantizar un proceso de acogida de estas personas.
• Una revocación de todas aquellas órdenes de expulsión no ejecutables.
• Un cese de las políticas de repatriaciones y de externalización de fronteras.
• Un replanteamiento y cambio de orientación de la política migratoria que tenga como prioridad el respeto a los derechos humanos, la apertura de vías legales de entrada y la cooperación internacional efectiva para el desarrollo.

Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español
Barcelona, 16 de mayo 2006

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• Refuerzo del control de entrada: El Gobierno exige que las compañías de transporte actúen como policía de aduanas, delegando en la practica la responsabilidad del control de fronteras en las compañías de transporte. Esto comportara restricciones al derecho de asilo ya que las compañías, ante una posible multa, denegarán el embarque a potenciales solicitantes, que usualmente huyen sin la documentación exigida y un mayor enriquecimiento de las redes de transporte clandestino, al convertirse prácticamente en la única vía de entrada.
• Modificaciones que facilitan el procedimiento de expulsión: Estos cambios están vinculados a las modificaciones realizadas en el Código Penal, a fin de unir inmigración y delincuencia.Estas medidas violan el derecho a la presunción de inocencia de las personas inmigradas dejándolas ante una indefensión jurídica, arbitrariedad y falta de garantías en todo el proceso, además de violar la independencia judicial ya que el juez sólo tendrá tres días para parar la expulsión si considera que existen circunstancias excepcionales (no aclaradas por la nueva ley).
• Endurecimiento del control policial a través del control de los censos municipales: El Gobierno pretende reformar la Ley de Bases de Régimen Local (que regula el empadronamiento) y la Ley de Procedimiento Administrativo, para establecer un régimen distinto y discriminatorio de los extranjeros con respecto al resto de ciudadanos. Las consecuencias son de extrema gravedad en un Estado de derecho: vulneración del derecho a la asistencia sanitaria y de otros derechos básicos de los extranjeros en situación irregular( ya que necesitan estar empadronados para poder ejercerlos, y este control policial les va a intimidar y retraer a registrarse), vulneración de la autonomía de los Ayuntamientos y de la Ley de Protección de Datos y segregación jurídica e indefensión de los extranjeros ante la Administración.
• Incumplimiento por el gobierno de las decisiones del Tribunal Supremo: en marzo del 2003 el Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que anuló varios artículos del Reglamento de Extranjería, por vulnerar la legalidad. En su reforma, en vez de acatar la sentencia, el Gobierno convierte en ley los puntos anulados. Se trata de un auténtico fraude jurídico, que muestra una falta de respeto al funcionamiento democrático y a las instituciones judiciales.
• Cambios en los trámites administrativos de los extranjeros: la reforma se ha querido justificar como una simplificación de los trámites para los extranjeros, ya que el visado de entrada es un permiso de residencia que autoriza a trabajar. Sin embargo la realidad es otra ya que el extranjero está obligado a solicitar personalmente la tarjeta de residencia en el plazo de un mes desde su llegada a España, el visado de trabajo se deberá solicitar personalmente en el país de origen y no se van a admitir a trámite (ni se van a valorar) las solicitudes de permiso de quienes estén en situación irregular.Por tanto persiste el incremento de las colas y de los retrasos en las oficinas de extranjería, al exigirse ir personalmente y se agrava la imposibilidad de regularización para quien no tiene papeles y se encuentra en España, aunque tenga una oferta de trabajo.

Frente a esta contradicción flagrante con la universalidad de los derechos humanos, la mayoría de los partidos de la oposición no han presentado una enmienda a la totalidad del proyecto perdiendo una oportunidad única de dar un discurso alternativo basado en la igualdad de derechos. Ahora pactando enmiendas parciales e incluso en algún caso caso queriendo llegar a un “pacto de Estado “sobre extranjería son cómplices del discurso y la política xenófoba impuesta por el PP.
Desde SOS Racismo volvemos a denunciar una vez mas este ataque contra el Estado de Derecho y alertamos de como esta ley provocará mas de lo mismo: exclusión social, explotación laboral y racismo.
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español
11 septiembre 2003

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