Barcelona, 14 de octubre de 2024
Las entidades y colectivos bajo firmantes mostramos nuestro rechazo a la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de salir adelante la compra de 22 Dispositivos Conductores de Energía (DCE), también conocidos como pistolas Taser, una arma potencialmente letal que, al menos, ya ha causado una muerte en Cataluña.
Los DCE son armas que provocan un efecto paralizante sobre el cuerpo mediante una descarga eléctrica contra una persona, con el fin de inmovilizarla momentáneamente. Desde el año 2000, se está generalizando su uso en los cuerpos policiales de muchos países y diferentes estudios han documentado sus efectos e impactos sobre la salud de las personas, incluyendo casos de muerte.
En consecuencia, estas armas presentan un peligro específico que es necesario tener en cuenta en la decisión de incorporarlas. Además del efecto letal inmediato como consecuencia de la corriente eléctrica emitida, hay que considerar los diversos efectos indirectos de la descarga en el cuerpo humano y su posible contribución al aumento del peligro de muerte o lesiones graves. Antes de tomar cualquier decisión, por lo tanto, Amnistía Internacional ha insistido en la importancia que las Administraciones evalúen el nivel de riesgo que es aceptable y en qué circunstancias lo es, de acuerdo con los fines perseguidos, atendiendo las recomendaciones internacionales existentes en la materia, así como las advertencias del fabricante del arma.
Sin embargo, la decisión de introducir esta arma en el cuerpo de la Guardia Urbana ha contado únicamente con un criterio policial, sin que se hayan hecho públicos indicadores e información técnica especializada que justifique su necesidad, y sin que se haya llevado a cabo un estudio independiente que evalúe sus impactos en el derecho a la salud y el ejercicio de derechos fundamentales.
Esta decisión evidencia, una vez más, la discrecionalidad de los Ayuntamientos en la hora de introducir nuevo armamento en sus respectivos cuerpos policiales, sin que sea sometida a un ejercicio transparente y democrático, así como en un debate público con información técnica independiente. A pesar de que el Ayuntamiento abrió una consulta pública, con carácter previo a la elaboración del proyecto normativo que tendrá que regular el uso de los DCE, hay que destacar que esta se hizo sin que la Administración la difundiera por sus canales y sin hacerla llegar a las entidades y organizaciones especializadas en la materia, impidiendo un proceso de participación efectiva. Así mismo, se han convocado reuniones con entidades de la sociedad civil en las que se ha excluido a varias organizaciones con conocimiento técnico en la materia, que en 2016 ya participaron en los debates sobre esta arma en el Parlamento de Cataluña, y que han señalado los riesgos que en compuerta su uso.
Es importante recordar que en 2009 el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas instó el Estado español a “considerar la posibilidad de abandonar el uso de armas eléctricas *Taser por parte de las policías locales, puesto que sus efectos en el estado físico y mental de las personas contra las que se utilizarían podrían conculcar los artículos 2 y 16 de la Convención” contra la Tortura. El Comité también ha considerado que estas armas no tienen que formar parte del equipo del personal de seguridad en las prisiones y a otros lugares de privación de libertad, incluidos los centros de salud mental.
Así mismo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Observación General Número 36 (2018) en relación al derecho en la vida, establece que los Estados tienen que “velar porque las armas menos letales sean sometidas en estrictas pruebas independientes y evaluar y vigilar los efectos en el derecho en la vida de armas tales como los dispositivos que generan contracciones musculares mediante descargas eléctricas (taser)”.
La poca información que ha transcendido sobre la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de hacer efectiva la compra de DCE se relaciona con la voluntad de emplear una nueva arma, a caballo entre la de fuego y la defensa personal, que permita hacer frente a episodios de agitación, alteración profunda de la persona o uso de armas blancas. En este sentido, atendiendo las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas y a las del propio fabricante de la empresa Axon, estas casuísticas son, precisamente, en las cuales se desaconseja su uso.
Entidades de salud mental catalanas han advertido en reiteradas ocasiones que el uso de pistolas Taser supone un riesgo altísimo para las personas psiquiatrizadas, dada el alta prevalencia de medicaciones, problemas cardíacos y momentos malinterpretados como de agitación por agentes sin la formación específica. Ante esta situación, recalcan que el uso de Taser estigmatiza y vulnera los derechos humanos de las personas con sufrimiento psíquico e insisten en alternativas que dignifiquen y acompañen a estas personas desde un abordaje sanitario, más humano, preventivo y flexible. Del mismo modo, organizaciones antirracistas advierten sobre su potencial uso en personas racializadas no blancas, en un contexto en que diferentes investigaciones han constatado que este colectivo sufre un mayor número de identificaciones y registros en relación con el resto de la población.
Por todo lo expuesto, las entidades adheridas en este comunicado pedimos en el Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona:
1- La suspensión inmediata de la compra de pistolas Taser.
2. La apertura de un proceso público y transparente, que justifique la demanda de introducir un nuevo armamento potencialmente letal y que aporte indicadores e información técnica especializada sobre su necesidad.
3. La realización de un análisis técnico independiente sobre la idoneidad de introducir este armamento en el cuerpo de la Guardia Urbana, atendiendo los criterios de uso esgrimidos por la Guardia Urbana, las recomendaciones internacionales de derechos humanos, las recomendaciones del fabricante y el respeto por el derecho a la salud y la garantía de derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía.
4. Convocar un espacio/grupo de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil con conocimientos técnicos en la materia para poder abordar las principales preocupaciones expuestas y garantizar el principio de participación efectiva.
ADHESIONES
- Alerta Solidaria.
2. Asociación Catalana de Profesionales de Salud Mental (ACPSM) – Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN).
3. Centro Sir[a] de Atención a Víctimas de Maltrato y Tortura.
4. Centro Delàs de Estudios por la Pau.
5. Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Cataluña.
6. Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña.
7. Comisión de Defensa del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.
8. Federación Catalana de Entidades de Salud Mental en Primera Persona – Federación VOCES.
9. Federación Salud Mental Cataluña.
10. Instituto de Derechos Humanos de Cataluña – *IDHC.
11. Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos Humanos.
12. La Cabecera Barcelona.
13. Lafede.cat – Organizaciones por la Justicia Global.
14. Metzineres.
15. Novact – Instituto Internacional por la Acción Noviolenta.
16. Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos – *OSPDH.
17. SOS Racismo Cataluña.
18. Top manta Barcelona.
Barcelona, 14 de octubre de 2024
