En las últimas semanas, colectivos y organizaciones han señalado la falta de visibilidad de racismo y fronteras en la campaña electoral. En el día de los comicios, abordamos algunas cuestiones urgentes sobre los límites de las políticas migratorias.
Artículo publicado en El Salto por Sarah Babiker
El pasado 19 de julio, colectivas y organizaciones antirracistas hicieron público un comunicado para mostrar sus principales demandas en un marco que consideran amenazante entre una derecha en crecimiento y una izquierda que no está mostrando valentía a la ahora de confrontar sus discursos o de proponer otras políticas.
En el texto se lamenta la falta de compromiso con el antirracismo, “en sus programas electorales no han asumido con responsabilidad, la defensa de los derechos de las personas migrantes y/o racializadas”, señalaban. Desde las colectivas se consideran superficiales y genéricas, o sin suficiente alcance estructural, algunas de las medidas introducidas en los programas, y cuestionan que no se haya aprovechado el trabajo de los colectivos migrantes como el realizado en torno a la ILP por la Regularización, la falta de ambición para atender a la diversidad racial de la población, o la ausencia de alusiones a un marco de políticas migratorias europeas que refuerzas la necropolítica.
En ese contexto, las colectivas antirracistas llamaban a hacer un “voto responsable” para frenar “este avance de la derecha”, y a que las personas que no pensaran votar cedieran su sufragio a quienes no pueden ejercerlo, antes de proceder a desgranar sus principales demandas, entre las que están el cierre de los CIE, el fin de las deportaciones, y la derogación de la ley de extranjería. En el texto se apuntan también como necesidades urgentes la regularización extraordinaria, junto a la simplificación en el acceso a papeles y su renovación, o el acceso universal al padrón, que incluya el derecho al voto. Para concluir, exigían la garantía del acceso a la sanidad universal, la protección de la infancia migrante y/o racializada, la eliminación de las paradas por perfil étnico, y el reconocimiento de la diversidad étnico racial en el país, así como de la memoria histórica.
Las colectivas antirracistas han llamado a hacer un “voto responsable” para frenar “este avance de la derecha”, y a que las personas que hayan decidido no votar cedieran su sufragio a quienes no pueden ejercerlo
Las demandas de los colectivos y organizaciones antirracistas y que luchan por los derechos de las personas migrantes no son nuevas y muchas cuentan con un gran respaldo social —la ILP por la Regularización, por ejemplo, obtuvo 700.000 firmas de apoyo— al tiempo que se corresponden con un marco de protección de derechos humanos. Cabe preguntarse por qué parecen siempre lejanas del centro de la discusión política, y cada vez menos consideradas como medidas factibles y realizables.
¿Es la regularización imposible?
Tras el arduo trabajo que los colectivos migrantes involucrados en la ILP vienen realizando en los últimos años y que ha implicado el acercamiento y diálogo con diversas fuerzas políticas que apoyaron la causa de la regularización —primero cuando se intentó promover la PNL de 2020, y más recientemente en la etapa de la ILP— desde las filas antirracistas, agrupadas en gran medida en el movimiento #Regularización Ya, ha habido una mezcla de extrañeza y resignación: salvo alguna excepción —en concreto ERC — ningún partido ha mencionado la ILP en su programa, aunque Sumar habla de una reforma de la Ley de Extranjería que incluya un procedimiento de regularización permanente, y ya en el último debate Yolanda Díaz se expresó a favor de la regularización.
Para Victoria Columba del comité de Catalunya para la ILP Regularización, esta actitud, que califica de “tibieza”, tiene que ver con el miedo a abordar de frente la agenda migratoria, por parte de las izquierdas, dejando sin disputar este ámbito a las derechas. “Desde los partidos de izquierda hablan y hablan de lo que les afectaría la derecha a otros colectivos, pero no se dan cuenta que uno de los colectivos que más quedaría expuesto a la ultraderecha, es el colectivo migrante”. De hecho, recuerda, las personas migrantes se ven particularmente afectadas con los recortes de derechos: mujeres migrantes sin papeles que no pueden denunciar abusos o violencia, trabajadores indefensos ante la explotación, “no se ha hablado casi de esa vulnerabilidad que implica no tener papeles”.
“Desde los partidos de izquierda hablan y hablan de lo que les afectaría la derecha a otros colectivos, pero no se dan cuenta que uno de los colectivos que más quedaría expuesto a la ultraderecha, es el colectivo migrante”
Un vídeo musical donde personas de origen latinoamericano agitan banderas de España mientras cantan el estribillo “Latinos por Abascal”, circula por las redes sociales. El tema tiene un rollito bailable y está dirigido a migrantes nacionalizados, habla de trabajo y de seguridad, y de participar en una España grande. “Mientras Vox hace una campaña llamando al voto migrante y desde un lenguaje incluso hasta más cercano, la izquierda se contenta con llevar en el número siete a una persona racializada en cada lugar, o ni si quiera llevarla”, apunta la activista. Una excepción sería la activista saharaui Tesh Sidi, número 3 por Madrid en las listas de Sumar. Por otro lado Columba apunta a que no se entiende muy bien la propuesta de regularización del partido liderado por Yolanda Díaz, al hablar de “procedimiento permanente de regularización”, y que las propuestas ganan en claridad y eficacia cuando las elabora el colectivo afectado, como es el caso de la ILP.
La experiencia de las fuerzas más a la izquierda del PSOE cuando han gobernado han dejado algún sinsabor en los movimientos migrantes: recuerda que Yolanda Díaz viene de estar en el gobierno y representa a un espacio político que no ha empujado con determinación desde el ejecutivo las mismas medidas que después defienden en campaña, laten además en la memoria reciente pugnas que, considera Columba, esas izquierdas gobernantes no se atrevieron a dar: como cuando ante la persecución de los manteros en Barcelona o Madrid, no hubo un claro posicionamiento a favor de sus derechos legalizando la venta ambulante.
Considera que con la falta de empuje a la causa de la regularización, desde la izquierda no han sabido interpelar a un voto indeciso o probablemente abstencionista. “La derecha vota y ha votado siempre en este país. Era el voto de izquierdas el que tenía que ver si realmente se incluían todas sus demandas. En esto son capaces de dar titulares diciendo: vamos a trabajar una hora menos, pero no son capaces de darlos diciendo: vamos a permitir que las personas migrantes que viven en este país bajo explotación laboral trabajen con derechos”.
Ahora toca ver si se reedita el gobierno de coalición, si en ese marco Sumar tiene la fuerza de presionar al PSOE, y si este último —que ha hecho varias reformas del reglamento de extranjería dejando fuera del horizonte la regularización— cambia de postura respecto a las demandas de colectivas migrantes y organizaciones, “las reformas del gobierno cuestan caras. La ILP, era gratuita y es más, la solventamos nosotros con trabajo participativo, juntando más de 700.000 firmas, con 14.000 voluntarios, y 900 organizaciones a pie de calle movilizando”, recuerda la activista, quien reivindica que Regularización Ya ha estado en la calle con sus chalecos desde el final de la pandemia: “pareciera como que la izquierda todavía no entiende que el voto que tiene que captar es el voto indeciso de izquierda, el que no cree que sean capaces de llevar adelante medidas arriesgadas y medias radicales”. La ILP de todas formas, insiste, sigue viva, y van a seguir dando la batalla quede como quede la configuración del ejecutivo.
¿Qué políticas antirracistas para qué país?
Belinda Ntutumu era una de estas personas racializadas que iban en un número sin posibilidades de salida, en concreto el número 10, en la lista de Podemos para el Ayuntamiento de Murcia, en las pasadas elecciones del 28 de mayo. Esta activista antirracista, miembro de Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en España (CNAAE) y al frente de Afromurcia, en realidad había quedado tercera en las primarias, explica, sin saber aún cómo se decidió su postergación en las listas. Entonces no lo denunció pero decidió distanciarse del partido y no ha participado en la campaña de Sumar. “Lo que me pasó me ha servido para aprender, aunque mi experiencia haya sido negativa”, explica.
Ntutumu considera que la primera política antirracista urgente en el estado español consiste en que el país no dé la espalda a su realidad: reivindica informes, estadísticas, datos que reflejen la diversidad racial y de origen de la población para poder así pensar en políticas públicas. La activista lamenta que la Ley contra el Racismo, que incluía propuestas en ese sentido, quedara en un cajón, considera que sin esta información es difícil introducir medidas en el ámbito sociolaboral, donde existen grandes vulnerabilidades —en particular en colectivos como el de las trabajadoras del hogar y los cuidados, o de las trabajadoras agrícolas— y critica a partidos políticos y sindicatos por no atender, considera, a estas realidades.
De hecho, además de su mala experiencia partidista tiene una decepción reciente con el apartado sindical, cuenta que el domingo anterior a las elecciones se les invitó a participar en lo que pensaba que era un espacio de discusión sobre trabajo y migraciones, pero que en realidad se trataba de un acto de Comisiones Obreras para pedir el voto para Sumar. “Nunca se han puesto en contacto conmigo para hablar de estos temas, o preguntar necesidades, de hecho no existen delegados sindicales racializados, o negros que participen en las decisiones, y eso me parece muy grave. No me puedes venir a pedir el voto cuando en una tierra como Murcia donde muchos de los trabajadores son migrantes, si no forman parte de tu estructura”, apunta.
Otro ámbito de acción que considera fundamental es el de la educación, subrayando la falta de voluntad política para entrar en ese terreno o en el de la protección de las infancias migrantes. “Con una estadística sobre la realidad de las personas racializadas en el ámbito educativo no cabría duda de que hay que hacer una revisión completa de toda la Educación”. Entre otras iniciativas Ntutumu considera fundamentales la necesidad de introducir temarios y contenidos que interpelen a la diversidad cultural y de origen que hay en las clases, la capacitación del profesorado para que ayude a esta infancia en lugar de perjudicarla, la introducción de una memoria histórica decolonial que atienda a la diversidad y contribuya a fortalecer la construcción de identidad de la infancia racializada, o la acción contra el bullying motivado en el racismo. La lista de acciones es larga, explica Ntutumu, y a estas se deberían de sumar el acceso a actividades deportivas o a equipamientos de manera gratuita para no dejar fuera a infancias con más dificultades. En definitiva, movilizar los recursos económicos y ayudas que sean necesarios para evitar que se formen guetos y que se normalice la segregación escolar.
“Le dije a mi propio partido: no habéis interpelado a las personas migrantes, no habéis hecho campaña en barrios vulnerables, no habéis conectado con esas personas que podrían votar, que tienen nacionalidad”
En su relación con lo electoral Ntutumu aprendió algo más sobre los partidos, al estar como apoderada se encontró que muchos de los apoderados de Vox eran racializados, “lo hablé con una persona y me dijo: la gente racializada está en Vox porque les hacen caso, porque cuentan con ellos”. Claro que es un engaño, pero es una buena jugada, argumenta, les hacen creer que van a estar ahí, que van a contar. En contraste a esto, la activista considera que la izquierda se equivoca al no hablar a las personas racializadas “así se lo dije a mi propio partido: no habéis interpelado a las personas migrantes, no habéis hecho campaña en barrios vulnerables, no habéis conectado con esas personas que podrían votar, que tienen nacionalidad”.
Por último considera que es precisamente no teniendo en cuenta a las personas racializadas y migrantes como se cede y se permiten los peores retrocesos: “cuanto menos se hable del racismo, más delitos de odio habrá”, explica: “España tiene que cambiar su mentalidad”, apunta recordando que no se trata de dar espacio a las personas racializadas o migrantes, sino admitir que son ciudadanos de pleno derecho.
¿Tenemos que aceptar que las fronteras sean mortíferas?
Tras unos primeros años de legislatura en los que la atención estuvo puesta en la mortalidad de la ruta canaria y el trato recibido por las personas migrantes que llegaban al archipiélago —cabe recordar el escándalo del Muelle de Arguineguín, el bloqueo de las personas migrantes en las islas, o las denuncias ante un Plan Canarias que introducía instalaciones como Las Raíces, campos nunca vistos en estas latitudes— en los últimos tiempos Canarias ha salido del centro de atención mediático, y quienes siguen protestando por unas políticas migratorias fundadas en la necropolítica se enfrentan a la indiferencia o la criminalización.
Koldobi Velasco forma parte de la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes. El septiembre del 2022 el colectivo se manifestó en protesta por el asesinato de una mujer abatida a tiros por las fuerzas de seguridad marroquíes cuando intentaba embarcar en una patera en el Sur de Marruecos. La movilización se saldó con la identificación de cuatro de las manifestantes que ahora enfrentan multas de 2.400€ en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana. La Red inició una campaña hace unos días para abrir una caja de resistencia que permita afrontar la criminalización de la protesta. Ya han conseguido cubrir la primera multa, que afectaba a Velasco.
“Según el último informe de Caminando Fronteras en estos últimos seis meses del 2023, 778 personas han sido víctimas en la ruta canaria de las 951 que han perdido la vida intentando llegar a España. Sí, es la ruta más mortífera y por otra parte, la más invisibilizada”
“Canarias sigue siendo la ruta de acceso a España más mortífera. Según el último informe de Caminando Frontera en estos últimos seis meses solo del 2023, 778 personas han sido víctimas en esta ruta de las 951 que han perdido la vida intentando llegar a España. Sí, es la ruta más mortífera y por otra parte, la más invisibilizada”, explica Velasco. La lejanía, considera la activista, implica invisibilidad no solo de la muerte que sigue sucediendo, sino también de los CIE, los CATE, los campamentos y todo el entramado de retención de inmigrantes “que no respeta los derechos humanos”, denuncia la activista. Menores acogidos en malas condiciones, migrantes en la calle, represión contra las personas migrantes y contra quienes protestan, “hay que seguir poniendo todo esto en agenda, hay que seguir haciendo visible este conflicto”, sentencia Velasco.
Para la Red a la que pertenece Velasco, lo que sucede en la frontera sur es la materialización de “un régimen de control migratorio asesino que nosotras planteamos que es un crimen de Estado contra la humanidad”. Desde su movimiento exigen vías seguras y legales para garantizar el derecho de migrar y políticas migratorias que se ajusten a los derechos humanos. Para ello, recuerda, es necesario abolir la ley de extranjería y la ley mordaza que “castigan el derecho a migrar y el de la protesta”.
¿Es posible garantizar el derecho al asilo?
El derecho a migrar está comprometido, pero también el de encontrar protección internacional cuando se viene de contextos de violencia, de conflicto u otras circunstancias que obligan a las personas a pedir asilo. Los colectivos que defienden los derechos de las personas solicitantes de asilo vienen denunciando las falencias desde el Estado para garantizar el acceso a refugio. En este sentido, durante la campaña, la Red Acoge y Andalucía Acoge, ante la falta de discusión que detectaron a la hora de abordar la cuestión de asilo y refugio divulgaron un documento en el que ponían sobre la mesa cuestiones clave en relación a las políticas necesarias para la cumplir con el marco normativo para la protección internacional.
En su documento, las organizaciones denuncian la centralidad de la vigilancia y el control en unas políticas que deshumanizan la migración, cuando el principal enfoque “de la legislación en las políticas migratorias y de asilo están orientadas a limitar la movilidad de las personas y a controlarlas”, lamenta Lucía Maquieira, directora de Red Acoge. Una situación, defiende, que solo se puede revertir si quienes quieren venir pueden llegar a España con las autorizaciones necesarias desde los países de origen, quienes ya están aquí pueden regularizarse, y quienes ya tienen documentación no se arriesgan a perderla por no cumplir determinados requisitos.
En lo referente al asilo, las organizaciones llaman a garantizar el acceso a la información sobre el procedimiento de protección internacional de forma homogénea para todas las personas, que se pueda acceder a información adecuada e individualizada en los puntos fronterizos, aéreos, marítimos y terrestres, y que ninguna persona pueda ser devuelta a un país en el que su vida pueda correr peligro incumpliendo el principio de no devolución de la Convención de Ginebra.
Maquieira considera que el sistema de acogida en España es garantista, pero que existen cuestiones a solventar en cada fase, las más graves remiten al acceso al propio sistema, tanto en la frontera, como ya en territorio. “El problema empieza cuando se trata de registrar la solicitud o expresar la manifestación de voluntad, y también en los casos de solicitud apatridia, recientemente garantizado como derecho”.
La falta de citas para solicitar asilo, que se extiende en todo el país, el no funcionamiento del sistema telemático de petición de cita —que además fomenta un mercado ilegal de venta— suponen el “primer tapón de acceso a derechos con el que se encuentran las personas”
La falta de citas para solicitar asilo, que se extiende en todo el país, el no funcionamiento del sistema telemático de petición de cita —que además fomenta un mercado ilegal de venta de citas—, suponen el “primer tapón de acceso a derechos con el que se encuentran las personas”, incluidas aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por razones de salud mental, casos de trata, enfermedad: circunstancias que requerirían especial atención y se encuentran con los mismos obstáculos. Sin embargo existen alternativas que han mostrado eficiencia como los modelos de asistencia integrada CREADE, un sistema de ventanilla única a través del cual se acogía a las personas refugiadas provenientes de Ucrania. “No se puede decir que no se pueden mejorar las políticas de asilo en España: consideramos que el modelo de los CREADE tiene que ampliarse a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad o procedencia, que necesite solicitar asilo”, apunta la directora de Red Acoge.
Hay un trasfondo que dificulta avanzar en este ámbito, considera Maquieira, muchos de los partidos no introducen ni siquiera una mención a la necesidad de abordar el derecho a asilo, sin embargo “el discurso de seguridad es un discurso unitario y obviamente lo que hace es que las políticas actuales de asilo sean muy deficientes, inhumanas”. Maqueira problematiza además que ese discurso unitario de seguridad derive en un gasto de miles de millones “destinados a terceros países que al final ejercen de gendarme”.
¿Y qué pasa con Europa?
Destinar miles de millones de euros a terceros países y blindar a toda costa las fronteras parece el único camino que deja Europa abierto, una especie de dictado insoslayable, que hace pocas semanas dejó cientos de muertos en el Mediterráneo, cuando se hundía un barco donde viajaban más de setecientas personas que esperaban arribar a Grecia. El Eurodiputado del GUE/NGL Miguel Urbán estuvo en el país heleno hace unos días, compartía viaje con Oscar Camps de proactiva Open Arms. Ambos tuvieron ocasión de hablar con supervivientes del naufragio internados en el campo de Malakasa que les confirmaron lo que ya ha trascendido a los medios, que lejos de participar en su rescate, la guardia costera griega tuvo un rol propiciador de la muerte de los cientos de personas embarcadas al tirarles un cabo para remolcarles hacia aguas italianas, desestabilizando el barco y provocando el naufragio. Unos hechos que el eurodiputado define como “asesinato estructural”.
Urbán recuerda que el problema comienza cuando los guardacostas no practican rescates, sino que gestionan la frontera. Cuando ven que el barco corre peligro no intervienen, esperan que se hunda, “no es el sistema que tenemos en España de Salvamento Marítimo. Ellos no tienen material, ni siquiera formación para el rescate de personas. Tenían miedo que les chupara hacia dentro el barco a hundirse”.
“Si hubiera una voluntad política diferente, podríamos tener un sistema de acogida, de recepción de refugiados y de personas migrantes totalmente diferente. En pocos meses se ha acogido a cuatro millones de personas ucranianas demostrando que era perfectamente posible”
“Si hubiera una voluntad política diferente, podríamos tener un sistema de acogida, de recepción de refugiados y de personas migrantes totalmente diferente”, explica Urbán antes de que el caso ucraniano vuelva a surgir como ejemplo de lo que se puede hacer si se quiere. “En pocos meses se ha acogido a cuatro millones de personas demostrando que no había ningún problema político, ningún problema técnico, ningún problema legal, que existen incluso instrumentos legales para hacerlo”. Se pregunta qué pasaría si se introdujesen todos estos elementos en el Mediterráneo, junto a un salvamento marítimo continental que salve a personas en lugar de limitarse a vigilarlas.Lejos de esta aproximación, los estados ponen la pelota en el tejado europeo desresponsabilizándose de sus decisiones en sus propias fronteras, es el caso de Marlaska, quien en su momento justificaba el bloqueo de miles de personas en Canarias aludiendo a la imposibilidad de trasladar a la gente a la península porque Europa no lo permitiría. “Algo que no era verdad”, evoca el eurodiputado. Entre la coartada europea y las nulas consecuencias politicas de la masacre de Melilla, o el aval de Sánchez a las políticas migratorias de Meloni, se afianza la lectura de que no hay alternativas.
“Tenemos que ganar una batalla política, porque el problema es estructural: no se trata de una política pública aislada o alejada, vemos que es un problema global”, apunta Urbán subrayando que el primer gobierno de Sánchez empezó con la acogida al Aquarius, mientras que años después sucedería, en total impunidad, la masacre de Melilla. “Estamos ante la gran victoria de la extrema derecha: la construcción de una subjetividad basada en la escasez para la mayoría de la población. Hay que combatir esa subjetividad de la escasez, y esto no se hará hablando de solidaridades, sino de derechos”.
“Estamos en una lucha de apoyo mutuo con las personas migrantes, porque debilitando sus derechos se están debilitando los nuestros”, argumenta Urbán quien destaca como en otros países como Suecia, son muchos los espacios visibles en los partidos de izquierda que están ocupados por personas de origen migrante, algo esencial para construir un nuevo marco: “no hay cambio político sino hay una victoria social anterior. Lo que pasa es que hemos perdido la batalla social”. Una batalla que conlleva mucho más trabajo que ir a votar un domingo cada cuatro años.
