El govern autonòmic de les Illes Canàries pretén transferir la competència de tutela als menors "sense papers" al Govern Central. L'executiu canari (format per Coalición Canaria i el Partit Popular) argumenta que no ténen prou recursos d'acollida per el volum de menors que arriben en patera a les illes (actualment n'hi han uns 1400) i afirma que "si el Estado asume la tutela y los reparte por España tendrán más posibilidades para integrarse".Paulino Rivero, vol afegir una modificació en el Projecte de Reforma de la Llei d'Estrangeria per la cual s'estableix una diferència legal entre els menors residents a les illes sota protecció pública (espanyols en general) i els menors no acompanyats (immigrants).Els socialistes canaris ja han qualificat la iniciativa de "ominosa i detestable".
elpais.com
Canarias quiere devolver al Estado la competencia sobre niños 'sin papeles'
Es la primera comunidad que pretende renunciar a una de sus atribuciones
T. BÁRBULO / J. NARANJO – Madrid / Las Palmas – 29/01/2009
El Parlamento de Canarias debatirá hoy una comunicación del Gobierno autónomo por la que éste pretende endosar al Estado la tutela de los menores inmigrantes indocumentados que llegan a las islas en pateras (actualmente hay unos 1.400 en las islas).
El Parlamento de Canarias debatirá hoy una comunicación del Gobierno autónomo por la que éste pretende endosar al Estado la tutela de los menores inmigrantes indocumentados que llegan a las islas en pateras (actualmente hay unos 1.400 en las islas). La petición del Ejecutivo, integrado por Coalición Canaria (CC) y el PP, supone la renuncia a una de las competencias que le atribuye el Estatuto de Canarias. Es la primera vez que una comunidad autónoma intenta devolver una de sus atribuciones al Estado, según ha confirmado el Ministerio de Administraciones Públicas.
Para lograr su objetivo, el Gobierno regional, presidido por Paulino Rivero (CC), plantea unamodificación en el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, que será debatido por las Cortes en los próximos meses. Su estrategia consiste en establecer una diferencia legal entre los menores residentes en el archipiélago bajo protección pública (generalmente españoles) y los menores extranjeros no acompañados (todos ellos inmigrantes).
La consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, lo explica así: "A problemas distintos, solucionesdiferentes. Los menores inmigrantes deben tener un estatuto diferenciado y creemos que el marco adecuado es la Ley de Extranjería". La comunicación que discutirá hoy el Parlamento intenta que el Estado asuma la tutela de los muchachos extranjeros, pero que su guardia y custodia queden en manos de las comunidades autónomas.
Para justificar la polémica medida, el Gobierno de Paulino Rivero argumenta que los recursos de acogida para los inmigrantes están desbordados tras la llegada de cayucos en los últimos tres años. También señala que ha fracasado reiteradamente en sus intentos para que el Estado se encargue de repartir a los menores por otras comunidades.
No menciona, en cambio, que hace dos años el Gobierno central logró trasladar a 510 niñosextranjeros a la Península, y tampoco hace referencia a que en los dos últimos años ha entregado al Ejecutivo canario un total de 19 millones de euros para mantener a los muchachos acogidos en las islas. Asimismo, no explica que el impedimento para que se produzcan más traslados es el rechazo de muchas autonomías (en su mayoría gobernadas por el PP, socio de Rivero en el Ejecutivo de las islas) a hacerse cargo de ellos.
A juicio del Gobierno canario, la asunción de la tutela legal por el Estado supondría que el Gobierno central tendría en sus manos la decisión de enviar a los menores a las comunidades que quisiera. Aunque, precisa, "todo ello en el marco de una política global de cooperación entre las Administraciones".
Pero el planteamiento del Ejecutivo de las islas implica la renuncia a una de las atribuciones recogidas en el Estatuto de Autonomía, cuyo artículo 30.14 señala: "La Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con las normas del presente Estatuto, tiene competencia en las siguientes materias: (…) Instituciones públicas de protección y tutela de menores de conformidad con la legislación civil, penal y penitenciaria del Estado". Y esa renuncia evidencia, en opinión de algunas ONG, un fracaso en la gestión del problema. Un alto cargo de la Administración central ilustraba la situación con el siguiente ejemplo: "Es como si la Generalitat de Cataluña renunciara a las atribuciones de orden público porque se ve incapaz de afrontar una ola de delincuencia".
A pesar de ello, los dos socios del Gobierno canario, CC y PP, están de acuerdo en esa iniciativa. De hecho, el portavoz de Inmigración del PP canario, Carlos Esther, aseguró ayer que "es lo mejor para los propios menores porque ya son muchos y estamos desbordados. Si el Estado asume la tutela y los reparte por España tendrán más posibilidades para integrarse".
Por el contrario, los socialistas ya han anticipado su rechazo a la medida, que consideran"moralmente ominosa y detestable". El presidente de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar, afirma que "a este Gobierno pseudosoberanista sólo le interesa lo que huele a negocio. En cuanto a la gente que sufre, su respuesta es siempre la misma: 'Zapatero, llévatelos".
En la actualidad, en Canarias hay unos 1.400 menores inmigrantes.
© Diario EL PAÍS S.L. – Miguel Yuste 40 – 28037 Madrid [España] – Tel. 91 337 8200
© Prisacom S.A. – Ribera del Sena, S/N – Edificio APOT – Madrid [España] – Tel. 91 353 7900
