Caos. Injusticia. Impotencia. Son algunas de las palabras que vienen a la mente al repasar la aplicación del Real Decreto Ley 16/12, aprobado en abril del año pasado, que limitaba desde el 1 de septiembre la asistencia sanitaria a personas que hayan estado dentro de la Seguridad Social y que, en la práctica, excluye del sistema sanitario a los inmigrantes sin papeles (así como algún otro colectivo, como los mayores de 26 años que no hayan cotizado nunca).
Casos como el de Irina, una mujer rumana con cáncer de ovario avanzado a la que le fue denegada la asistencia oncológica en la Comunidad de Madrid.
Recollim l’article publicat a Diagonal (22/01/13), signat per A.P. Cañedo y Diego Sanz Paratcha.
Casos como el de Irina, una mujer rumana con cáncer de ovario avanzado a la que le fue denegada la asistencia oncológica en la Comunidad de Madrid (destapado en twitter por Goyi Alonso –@galonsom– y el periodista Juan Luis Cano y que, parece, al final podrá ser atendida gracias a la presión social) o como los menores sin asistencia en Andalucía, a pesar de que la propia Junta anunció que no aplicaría el decreto y que la norma recoge el derecho de éstos a la asistencia.
Madrid es una de las comunidades donde el Real Decreto se está aplicando con más dureza: “En algunos casos se han detectado situaciones graves de desatención, pacientes con una enfermedad grave a los que se les dice que no se les puede atender”, denuncia Juan Luis Ruiz Jiménez, médico de atención primaria y miembro de la campaña Yo sí sanidad universal.
Madrid: 60.000 personas sin cobertura básica. Quedan las urgencias y,
a veces, pagando En esta comunidad los inmigrantes irregulares han pasado a ser “transeúntes sin permiso”. Esta situación les da derecho a atención por enfermedad grave o accidente, pero “si la urgencia necesita atenciones complementarias, se va a intentar facturar. Si luego van al centro de salud, les van a plantear problemas para ser atendidos. Y las medicinas las tienen que pagar al 100%, aunque hay casos en que el médico puede forzar el sistema para que paguen un 40%”, continúa Jiménez. Se estima que casi 60.000 tarjetas pasaron a esta situación a partir del pasado 1 de septiembre, una situación que también ocurre con comunitarios no inscritos en el sistema de registro. Incluso en casos excluidos del decreto ley, como enfermos crónicos, enfermos mentales o personas con enfermedades de declaración obligatoria, se registran incidencias: “Por ejemplo, en el caso de infección por VIH no puedes haber tenido la enfermedad por más de un año, por lo que hay pacientes que pueden quedar excluidos de los antirretrovirales”.
En Aragón, “unas 15.000 tarjetas se han dado de baja en la comunidad. Sólo en mi centro de salud han desaparecido 1.100”, explica Luis Gimeno, médico del centro de Salud San Pablo, en Zaragoza. Aunque se excluía de la medida a enfermos mentales y crónicos, no se explicó dónde mandar a estos pacientes, a los que además se cobra la consulta. “Aunque en general no se está haciendo porque los objetores fuimos muchos”, añade Gimeno. Unos 2.200 a los que en un principio se dijo que se iba a expedientar pero con los que de momento se mantiene una cierta ambigüedad.
Murcia mantiene la tarjeta a los enfermos crónicos, “pero no hay una lista de enfermedades crónicas”, denuncia Teresa Martín, de la Asociación de Usuarios de Sanidad de la Región de Murcia. “Además, en urgencias se les enseña la circular para que abonen los gastos”, añade.
Comunidades ‘objetoras’
Una particularidad de la norma es que varias comunidades anunciaron que no la aplicarían en su territorio: Andalucía, Asturias, Euskadi, Galicia. En estos casos, el resultado es desigual. En la práctica parece que, a falta de instrucciones concretas, muchos casos se dejan al arbitrio del personal administrativo de los centros de salud, con el consiguiente caos: centros de una misma ciudad con distintas políticas, emisión de facturas por atención en urgencias, negación de asistencia a colectivos excluidos de la reforma, cruce de papeles y procedimientos entre los centros de salud y el Instituto Nacional de la Seguridad Social que dejan a los inmigrantes sin papeles en tierra de nadie y un sin fin de causísticas más, porque la norma es bastante escueta y su aplicación está sujeta a interpretación.
Es el caso de Andalucía, donde los colectivos sociales exigen que las autoridades políticas y sanitarias den instrucciones claras a los centros de salud para evitar estas situaciones. Y esto en una comunidad donde las incidencias son pocas y, en general, se resuelven una vez comunicadas a las autoridades. Tüm çağrı çeşitleri ücretsizdir. mosbet jackpot ve turnuva ödülleri̇ “No hay casos de médicos que no atienden. La mayoría tiene que ver con la expedición de la tarjeta sanitaria y otros trámites administrativos que, no nos olvidemos, son la puerta de acceso a la sanidad”, explica Alejandro Cortina, director de Málaga Acoge. “Hay administrativos más papistas que el Papa”, apostilla Gerardo Márquez, de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga.
Padres regularizados cuyos hijos menores quedan excluidos del sistema por ilegales o embarazadas con cobertura pero cuyos bebés no la tienen son algunos de los casos documentados por Málaga Acoge, que, junto con Médicos del Mundo, Andalucía Acoge y otras entidades, elabora un censo de incidencias de la comunidad. “Aunque nuestra capacidad de llegada es limitada, hay casos de los que no nos enteramos”, añade. Una preocupación compartida por todos los entrevistados.
Las Dificultades para obtener la tarjeta sanitaria afectan incluso a aquellos que no entran en el Decreto Galicia también mantiene la asistencia a “sin papeles”, aunque con un sistema que no contraviene la normativa estatal. “Se valoró que el número de inmigrantes era muy pequeño, unos 9.000, y se implementó un procedimiento para establecer un programa social de atención. No es una oposición”, valora Miguel Fernández, del Foro Galego de Inmigración. Existe un plazo para inscribirse en el programa, hasta junio de 2013, “pero de momento hay sólo entre 50 y 60 personas inscritas, porque falta información que no se da en los centros de salud”, denuncia. Además, a quienes llegaron después del 1 de septiembre, se les pide llevar seis meses empadronados, acreditar que no tienen medios económicos y llevar un “informe social” expedido por una ONG.
Una situación, la de pedir requisitos complementarios o buscar soluciones intermedias, que no gusta en entidades sociales: “Nos preocupa que los centros de salud se conviertan en un lugar de trámites administrativos. Además, pedir requisitos puede dejar a mucha gente fuera, por ejemplo las personas sin hogar que no están empadronadas”, apuntan desde Málaga Acoge. “Defendemos una sanidad universal”, concluye Alejandro Cortina. Una afirmación con la que están de acuerdo médicos objetores, plataformas de defensa de la sanidad y todos los entrevistados para este reportaje.
