[Comunicado] 15J. Dia contra los CIE

Mohamed Benhalima es un ex militar y activista argelino que, tras trabajar como conductor de un general del ejército, denunció la corrupción de los altos mandos de la institución militar de su país: los abusos de poder por parte de los generales; el uso de una institución del Estado al servicio de los generales y sus familias; la ampliación de la definición del delito de terrorismo para perseguir la disidencia política; y la extrema represión de las autoridades. Además, Benhalima fue una de las caras visibles de las protestas del movimiento Hirak, que pretenden un cambio democrático en el país que acabe con el gobierno militar y dé paso a un gobierno civil y a un Estado de Derecho. En 2019, tras ser informado de que su nombre aparecía en una lista de personas buscadas por su activismo, huyó a España y posteriormente a Francia para solicitar protección internacional. Entró en contacto con Amnistía Internacional, que documentó su caso y el de otros activistas de su mismo perfil que habían sido privados de libertad injustamente después de ser expulsados a Argelia o habían sido detenidos allí mismo por las autoridades y continuó denunciando desde España al gobierno argelino.

Por otro lado, Mohamed Abdellah, es un ex militar y activista argelino que pidió protección internacional en España tras denunciar la corrupción y los crímenes de los responsables militares de Argelia. Destinado en Tébessa, en la frontera entre Argelia y Túnez, fue testigo de cómo el ejército controlaba el contrabando. Huyó del país en 2018 y contactó con Benhalima cuando este llegó a España un año más tarde, convirtiéndose entonces en compañeros de lucha y uniendo sus esfuerzos para continuar desde España con la denuncia de las vulneraciones de derechos que ocurrían en su país de origen y de las que habían sido testigos antes de su salida. Tanto Abdellah como Benhalima tenían una cuenta en Facebook y un canal de Youtoube con miles de seguidores desde donde denunciaban la corrupción del ejército, tanto desde Argelia como posteriormente desde España. El Ministerio del Interior denegó la solicitud de asilo de Mohamed Abdellah, le abrió un procedimiento de expulsión en base al artículo 54.1.a) LOEX y fue privado de libertad en el CIE de Zona Franca(Barcelona), desde donde fue expulsado a Argelia el 21 de agosto de 2021 a pesar de las advertencias del riesgo que corría de ser detenido y torturado. Argelia le acusa de revelación de secretos, transgresión de sus obligaciones castrenses, insultar a las Fuerzas Armadas y al presidente de la República y de pertenencia a organización terrorista. Cuatro meses más tarde, en noviembre de 2021, su defensa revelaba que Abdellah había sufrido torturas físicas y psicológicas en la prisión militar.

Cuando Abdellah fue expulsado a Argelia, Benhalima salió de España e intentó pedir asilo en Francia, convencido de que su solicitud también sería denegada y acabaría corriendo la misma suerte que su compañero. Sin embargo, en Francia se le comunicó que la solicitud realizada en España no había sido resuelta y se vio obligado a volver. Finalmente, España denegó su solicitud de asilo y casi tres años más tarde, Benhalima fue detenido he internado en el CIE de Zapadores (València) con una orden de expulsión en base al artículo 54.1.a) LOEX, es decir, constituir un riesgo para la seguridad nacional o para la relación de España con otros países, aunque no se aportó ninguna prueba al respecto. Volvió a solicitar protección internacional y esta le volvió a ser denegada. Desde el CIE de València y pese a las advertencias de organizaciones en defensa de los derechos humanos y el derecho de asilo como Amnistía Internacional y CEAR PV, colectivos de abogados que defendían a Benhalima como la Red Jurídica, y activistas y movimientos sociales como la Campaña CIEsNO, fue expulsado a Argelia el 24 de marzo de 2022 donde, al igual que Abdellah, fue inmediatamente detenido y encerrado en una prisión militar.

La expulsión de Mohamed Benhalima se realizó de forma expeditiva y con numerosas irregularidades. Según el Defensor del Pueblo, el 24 de marzo de 2022 se notificó la denegación de la solicitud de reexamen de la OAR a las 17:35h, la orden de expulsión a las 17:38h, y la ejecución de esta a las 17:40h, materializándose a las 19:45h. Durante todo este tiempo, a Mohamed Benhalima se le retiró el teléfono y se le impidió que utilizara el de otros internos para avisar a sus abogados de dichas notificaciones, vulnerando de hecho su derecho a la defensa y asistencia letrada. La deportación se realizó en un avión del Ministerio del Interior desde el aeropuerto de València, a pesar de que las deportaciones a Argelia siempre se realizan por vía marítima y de que no se realizan deportaciones por vía aérea a lugar alguno desde el aeropuerto de València. Asimismo cabe destacar que en dicho dispositivo del 24 de marzo se expulsó ilegalmente a un ciudadano argelino cuya devolución había sido paralizada por la Audiencia Nacional.

En cualquier caso, tanto con la expulsión de Abdellah (Barcelona, 2021) como con la de Benhalima (València, 2022), España ha incumplido sus obligaciones internacionales vulnerando el principio de no devolución, que debería garantizar que ninguna persona que tenga un temor fundado de sufrir tratos inhumanos o degradantes en su país de origen o residencia será devuelta al mismo. La persecución que sufrían estaba ampliamente documentada por diversas organizaciones y constituían casos de persecución por razones políticas o por pertenencia a un grupo social determinado, tal y como señaló ACNUR.

En la actualidad, ambos, Mohamed Abdellah y Mohamed Benhalima, se encuentran privados de libertad en una prisión militar próxima a la capital argelina y se enfrentan a numerosos procedimientos judiciales, tanto en tribunales penales ordinarios como en tribunales militares. Ambos han sido ya condenados a numerosos años de prisión por algunos de estos procedimientos y cabe destacar que, además, Mohamed Benhalima ha sido condenado en ausencia a la pena de muerte por un tribunal militar, que le ha declarado culpable de los delitos de conspiración y deserción del ejército.

En general, la disidencia política señala que la situación de los Derechos Humanos en Argelia se ha deteriorado drásticamente en los últimos tres años y el movimiento popular Hirak, que constituye la voluntad del pueblo por un cambio radical en el sistema vigente y la instalación en el país de una verdadera democracia con un gobierno civil y no militar, ha sido violentamente reprimido y las detenciones de activistas, militantes y periodistas han seguido aumentando. La diáspora argelina denuncia que como militantes por los derechos humanos y activistas políticos sufren enormes presiones, hasta el punto de no poder volver a Argelia en condiciones de seguridad, sin riesgo de ser detenidos. De hecho, hace algunos meses, un argelino residente en Canadá fue detenido en el aeropuerto de Argel y encarcelado por haber participado en manifestaciones pacíficas en Montreal. Actualmente, todas las personas detenidas por su pertenencia al movimiento pacífico Hirak lo son por sus opiniones políticas, que han manifestado en las redes sociales o de manera pacífica en las calles. El régimen actual intenta por todos los medios buscar alegaciones infundadas contra los activistas para detenerlos y encarcelarlos, y les presiona con violencia y amenazas para que delaten a otros militantes.