Por primera vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo ha admitido a trámite una demanda — presentada por Irídia en nombre de la víctima— por unos hechos ocurridos el 12 de enero de 2020 en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. Así lo ha comunicado el TEDH al Gobierno de España, quien no llevó a cabo en el momento de la denuncia la investigación efectiva correspondiente.

Ahora, tras la admisión a trámite de la demanda, el Tribunal de Estrasburgo examinará el caso y el Gobierno “tendrá que dar explicaciones sobre las carencias en la investigación de este caso en particular y sobre los protocolos de prevención de los malos tratos en los CIE a nivel general”, se puede leer en la nota de prensa enviada por Iridia, quien denuncia que, ante una denuncia por un posible caso de tortura, se produjeron ciertas irregularidades. Denuncia Iridia que “las imágenes de las cámaras de seguridad no se custodiaron adecuadamente por parte del CIE, de forma que no se pudieron recuperar cuando así lo ordenó el juez”, que el denunciantes “fue expulsado del país antes de que pudiera declarar sobre los hechos”.

El denunciante, que tras ser expulsado pudo volver a territorio español, finalmente pudo declarar y “se ratificó íntegramente en su denuncia”. El reconocimiento efectuado por parte de un médico forense, además, acreditó, “tanto la existencia de un eritema compatible con la agresión como secuelas psicológicas relacionadas con los hechos denunciados”.

Una causa sobreseída por la justicia española que ahora el TEDH pide reabrir

Según se puede leer en la demanda “se invoca una vulneración de los artículos 3 (en sus dimensiones material y procesal), y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en relación con el artículo 1 del mismo, por la existencia de actos que pueden constituir tortura y/o tratos inhumanos o degradantes, por la ausencia de una investigación efectiva y la negativa a abrir un juicio contra los presuntos autores, así como por el incumplimiento del derecho a un recurso efectivo”.

El demandante alega que el 12 de enero de 2020, y tras discusión, “un agente de policía lo siguió por las escaleras mientras se dirigía a su habitación, y presuntamente le golpeó en el cuello con el puño, lo que le hizo caer. Posteriormente, lo arrastró escaleras abajo. A continuación, le puso la rodilla sobre el cuello para inmovilizarlo”, se lee en el documento remitido por el TEDH. Tras esto, y “con la ayuda de otros agentes, trasladaron al demandante a la enfermería, donde se le administró Diazepam, y después fue enviado de vuelta a su habitación. Esa misma noche, más tarde, el demandante intentó suicidarse con un cordón de zapato. Otros internos alertaron a los agentes de policía. Fue trasladado a la enfermería y posteriormente puesto en aislamiento”. Ese mismo día se llevó a cabo un reconocimiento médico y en el informe emitido se diagnosticó al demandante un síndrome de abstinencia de cocaína y un leve eritema en el cuello”.

Por primera vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo ha admitido a trámite una demanda — presentada por Irídia en nombre de la víctima— por unos hechos ocurridos el 12 de enero de 2020 en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. Así lo ha comunicado el TEDH al Gobierno de España, quien no llevó a cabo en el momento de la denuncia la investigación efectiva correspondiente.

Ahora, tras la admisión a trámite de la demanda, el Tribunal de Estrasburgo examinará el caso y el Gobierno “tendrá que dar explicaciones sobre las carencias en la investigación de este caso en particular y sobre los protocolos de prevención de los malos tratos en los CIE a nivel general”, se puede leer en la nota de prensa enviada por Iridia, quien denuncia que, ante una denuncia por un posible caso de tortura, se produjeron ciertas irregularidades. Denuncia Iridia que “las imágenes de las cámaras de seguridad no se custodiaron adecuadamente por parte del CIE, de forma que no se pudieron recuperar cuando así lo ordenó el juez”, que el denunciantes “fue expulsado del país antes de que pudiera declarar sobre los hechos”.

El denunciante, que tras ser expulsado pudo volver a territorio español, finalmente pudo declarar y “se ratificó íntegramente en su denuncia”. El reconocimiento efectuado por parte de un médico forense, además, acreditó, “tanto la existencia de un eritema compatible con la agresión como secuelas psicológicas relacionadas con los hechos denunciados”.

Una causa sobreseída por la justicia española que ahora el TEDH pide reabrir

Según se puede leer en la demanda “se invoca una vulneración de los artículos 3 (en sus dimensiones material y procesal), y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en relación con el artículo 1 del mismo, por la existencia de actos que pueden constituir tortura y/o tratos inhumanos o degradantes, por la ausencia de una investigación efectiva y la negativa a abrir un juicio contra los presuntos autores, así como por el incumplimiento del derecho a un recurso efectivo”.

El demandante alega que el 12 de enero de 2020, y tras discusión, “un agente de policía lo siguió por las escaleras mientras se dirigía a su habitación, y presuntamente le golpeó en el cuello con el puño, lo que le hizo caer. Posteriormente, lo arrastró escaleras abajo. A continuación, le puso la rodilla sobre el cuello para inmovilizarlo”, se lee en el documento remitido por el TEDH. Tras esto, y “con la ayuda de otros agentes, trasladaron al demandante a la enfermería, donde se le administró Diazepam, y después fue enviado de vuelta a su habitación. Esa misma noche, más tarde, el demandante intentó suicidarse con un cordón de zapato. Otros internos alertaron a los agentes de policía. Fue trasladado a la enfermería y posteriormente puesto en aislamiento”. Ese mismo día se llevó a cabo un reconocimiento médico y en el informe emitido se diagnosticó al demandante un síndrome de abstinencia de cocaína y un leve eritema en el cuello”.

El demandante fue expulsado del país apenas 11 días más tarde de los hechos que se relatan, sin haber podido declarar y después de que su abogado presentara un informe con los hechos al juez de guardia y se pidiera una investigación de los hechos y medidas cautelares. El juez sobreseyó la causa “por falta de pruebas suficientes”, lo que fue respondido por el abogado del demandante con una queja “por la falta de una investigación suficiente”. Tras solicitar la reapertura del caso, en noviembre de ese mismo año, el juez instructor lo reabrió. Como el demandante había vuelto a España, en febrero de 2021 pudo declarar sobre los hechos. A pesar de haberlas solicitado el juez, las autoridades policiales no aportaron la totalidad de las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto donde el demandante declara que ocurrieron los hechos.

A pesar de presentar un recurso en la Audiencia Provincial, esta lo desestimó el recurso y confirmó el sobreseímiento del caso

Tres años más tarde, en junio de 2024, el juez instructor de lo penal sobreseyó las actuaciones y decidió no procesar a los agentes de policía “porque no resultaba suficientemente justificada la comisión de ningún hecho de relevancia pena”, se lee en el resumen remitido por el TEDH sobre el caso. “El juez consideró que, aunque no estaba clara la razón concreta por la que el demandante había caído por las escaleras —dado que las grabaciones de las cámaras disponibles no cubrían esa zona en concreto—, la conducta de los agentes de policía era compatible con sus declaraciones, según las cuales estaban intentando calmar al demandante, que había subido las escaleras gritando y golpeando la barandilla, y no lo habían tocado en ningún momento. Además, tras el incidente lo habían llevado a la enfermería porque mostraba signos evidentes de agitación”. A pesar de presentar un recurso en la Audiencia Provincial, esta lo desestimó el recurso y confirmó el sobreseímiento del caso, el recurso de amparo presentado por el demandante no fue admitido a trámite.

Ante estos hechos el TEDH pide que el Gobierno aclare si el demandante fue sometido a un trato degradante y si la investigación llevada a cabo se hizo de manera escrupulosa. Además de solicitar copias de las grabaciones y otros materiales de la investigación, “se requiere al Gobierno demandado que aporte información sobre la estrategia contra la violencia aplicada en el CIE de la Zona Franca de Barcelona, sobre las medidas implementadas en el CIE para erradicar el maltrato físico, y sobre la formación en comunicación intercultural, técnicas físicas de contención y prevención del maltrato recibida por los agentes de policía que trabajaban en el CIE y que estuvieron implicados en los hechos del 12 de enero de 2020”.

Un paso importante

Iridia ha calificado la decisión del TEDH como “relevante”, ya que “permitirá examinar las obligaciones del Estado de proteger a las personas privadas de libertad y de investigar de manera rigurosa, independiente y efectiva cualquier denuncia de tortura o malos tratos”, algo “especialmente importante en los Centros de Internamiento de Extranjeros, unos espacios de privación de libertad en los que las personas internas se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad y bajo la custodia directa del Estado”.

Iridia: “Es un paso muy importante para luchar contra la impunidad de lo que ocurre en los CIE”

No es la primera vez que Iridia y otros grupos de defensa de los derechos humanos pone el foco en los CIE, considerados espacios de “no-derecho”, ya que no solo “implican la privación de libertad por motivos estrictamente administrativos, vinculados a políticas públicas de control de fronteras”, sino también porque “no disponen de mecanismos reales y efectivos de prevención de la tortura”. A esto se le suman los numerosos obstáculos “estructurales” que suelen dificultar los procesos de denuncia  en estos centros y que “impiden a las personas internas acceder a la justicia en igualdad de condiciones con el resto de la población”. “Es un paso muy importante para luchar contra la impunidad de lo que ocurre en los CIE”, asegura el abogado Ton Mansilla, abogado especializado en derechos humanos en Iridia.

La entrada El TEDH investigará por primera vez una demanda por malos tratos en un CIE español se publicó primero en SOS Racisme.

Només s’atendran casos d’especial emergència.

• Correu: denuncia@sosracisme.org

Durant el mes d’agost, el nostre servei estarà en mode guàrdia. Les respostes poden experimentar retard.

Per a denúncies d’EMERGÈNCIA, seguir els següents passos:

1. Explicar breument el motiu, detallant data i lloc dels fets.

2. Adjuntar aquells documents que cregui necessaris perquè valorem el cas.

3. Indicar-nos un número telefònic al qual comunicar-nos. Correu: denuncia@sosracisme.org

Altres vies de contacte:

• WhatsApp 652 87 34 06 (escrit i àudio). Si el motiu NO és una denúncia, si us plau comunicar-se a través de les següents vies.
  • Formació: formacio@sosracisme.org
  • Comunicació, premsa, mitjans: comunicacio@sosracisme.org
  • Administració: administracio@sosracisme.org
  • Sensibilització: sensibilitzacio@sosracisme.org
  • Direcció: coordinacio@sosracisme.org

La entrada Avís: De l’1 fins el 31 d’agost tanquem l’atenció del SAiD se publicó primero en SOS Racisme.

El 24 de juliol de 2025, Mamedi, jove nascut i criat a Montornès del Vallès, va morir per un tret d’arma de foc a l’interior de les dependències de la Policia Local. La seva mort va commocionar profundament el municipi i va generar una àmplia preocupació entre familiars, amistats, veïnat i entitats socials davant les circumstàncies en què es van produir els fets.

Un any després, la família encara no ha pogut enterrar el cos. La necessitat de continuar practicant diligències d’investigació ha impedit que, fins al dia d’avui, el procés de dol i de comiat hagi pogut començar. Aquesta situació ha prolongat un patiment que va molt més enllà de l’àmbit judicial i continua tenint un profund impacte emocional sobre la família.

Aquest primer aniversari coincideix amb una novetat judicial especialment rellevant. Recentment, l’Audiència Provincial de Barcelona ha estimat el recurs presentat per la família, ha revocat la resolució del jutjat d’instrucció que havia denegat la pràctica de diverses diligències d’investigació i n’ha ordenat la pràctica, en considerar que la seva denegació generava una situació d’indefensió per a la família. Aquesta resolució representa un punt d’inflexió en el procediment judicial i reforça la necessitat que la investigació continuï avançant amb totes les garanties.

Coincidint amb aquest primer aniversari, familiars, amistats, veïnat i entitats convoquen una nova mobilització a Montornès del Vallès per reclamar veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició, així com per reiterar la necessitat que els fets s’esclareixin mitjançant una investigació exhaustiva, efectiva.

Des de l’inici del procediment judicial, l’advocat de la família ha posat de manifest l’existència de contradiccions entre l’acta d’aixecament del cadàver, l’informe d’autòpsia i les declaracions dels agents implicats. Aquestes contradiccions afecten aspectes rellevants per comprendre què va passar la nit del 24 de juliol de 2025 i reforcen la necessitat que la investigació continuï avançant amb totes les garanties que un cas d’aquestes característiques requereix.

Amb l’objectiu d’esclarir aquests interrogants, la família va sol·licitar fa mesos la pràctica de diverses diligències d’investigació. Entre elles, la revisió de determinades lesions recollides en l’acta d’aixecament del cadàver que no consten en l’informe forense, així com la realització d’una nova prova pericial per determinar amb més precisió la posició que ocupava Mamedi en el moment de rebre el tret. Segons la defensa, aquestes diligències podrien aportar nous elements tècnics que contribuïssin a reconstruir els fets amb la màxima objectivitat possible.

Tanmateix, el Jutjat d’Instrucció va denegar la pràctica d’aquestes diligències, una decisió que va portar la família a presentar un recurs davant l’Audiència Provincial de Barcelona. Paral·lelament, el procediment ha estat marcat per períodes d’inactivitat que han endarrerit l’avanç de la investigació i han prolongat l’espera de la família que, un any després, continua sense haver pogut recuperar el cos de Mamedi per donar-li una sepultura digna i iniciar el procés de dol.

Un any després de la seva mort, moltes de les preguntes que la família planteja des del primer dia continuen sense una resposta clara. Per aquest motiu, considera imprescindible que la investigació es desenvolupi amb el màxim rigor, que s’esgotin totes les vies d’investigació disponibles i que es practiquin totes les diligències necessàries per contribuir a l’esclariment complet dels fets.

El recurs presentat per la família davant l’Audiència Provincial de Barcelona ha suposat un punt d’inflexió en el procediment judicial. En la seva resolució, el tribunal revoca la decisió del jutjat d’instrucció que havia denegat la pràctica de diverses diligències d’investigació i n’ordena la realització, en considerar que la seva negativa generava una situació d’indefensió per a la família i privava la investigació d’elements tècnics rellevants per a l’esclariment dels fets.

L’Audiència recorda que la mort d’una persona a l’interior d’una dependència policial constitueix un fet d’especial gravetat i assenyala que, precisament per aquest motiu, els poders públics tenen l’obligació de garantir una investigació «especialment rigorosa, eficaç i capaç de determinar de manera indubtable si l’ús de la força va ser necessari i proporcionat», d’acord amb la jurisprudència europea i estatal aplicable en casos de morts sota custòdia o derivades de l’ús de la força policial.

En aquesta mateixa resolució, el tribunal considera que la prova pericial sol·licitada per la família no constitueix una petició «superflua o dilatòria», sinó una diligència pertinent que pot aportar informació objectiva sobre la posició que ocupava Mamedi en el moment de rebre el tret. Segons recull l’auto, aquesta prova podria «reconstruir amb objectivitat la dinàmica dels fets i confirmar, o si escau refutar, la versió oferta per l’agent implicat».

Més enllà del seu valor jurídic, aquesta resolució envia un missatge clar: davant la mort d’un ciutadà a l’interior d’una dependència policial, la investigació no pot donar per tancada cap hipòtesi sense haver esgotat abans totes les diligències útils i pertinents. L’objectiu d’aquestes proves és garantir que els fets s’aclareixin amb el màxim rigor, transparència i objectivitat.

En paraules de l’advocat de la família, Eduardo Cáliz, la resolució de l’Audiència «ha de permetre avançar cap a un coneixement complet de la veritat i garantir les respostes que la família reclama des del primer dia». Tal com ha reiterat durant tot el procediment, «la família només demana veritat, justícia i una investigació a l’altura de les exigències d’un Estat de dret».

La continuïtat del procediment judicial, juntament amb els obstacles i els retards que han marcat la investigació durant aquests mesos, ha tingut conseqüències especialment doloroses per a la família de Mamedi i per al seu entorn més proper. Un any després de la seva mort, encara no ha estat possible recuperar el seu cos per procedir al seu enterrament i iniciar el procés de comiat i de dol. Aquesta situació excepcional ha fet que, dotze mesos després dels fets, la seva mare, la resta de familiars, les seves amistats i una part important de la comunitat continuïn esperant poder acomiadar-se d’ell amb la dignitat que mereix qualsevol persona.

La impossibilitat de donar sepultura a Mamedi ha tingut un profund impacte emocional sobre tota la família i, de manera especialment intensa, sobre la seva mare. Alhora, aquesta espera també ha marcat les persones que l’estimaven i el conjunt de la comunitat que, des del primer dia, ha acompanyat la família i continua reclamant que els fets s’esclareixin amb totes les garanties. El dret a poder acomiadar-se d’un ésser estimat forma part d’una necessitat profundament humana i col·lectiva que, en aquest cas, continua interrompuda un any després.

Més enllà de les implicacions jurídiques, aquesta situació posa de manifest les conseqüències que poden tenir els retards i els obstacles en una investigació d’aquestes característiques. Quan una família no pot recuperar el cos del seu ésser estimat durant un període tan prolongat, el procediment judicial no només afecta l’esclariment dels fets, sinó també la possibilitat d’iniciar el procés de dol i de reconstruir la vida després de la pèrdua. Aquestes circumstàncies poden comportar situacions de revictimització, en obligar les víctimes i el seu entorn a conviure durant mesos amb una pèrdua que encara no han pogut tancar.

Per a la família de Mamedi, conèixer tota la veritat sobre el que va succeir la nit del 24 de juliol de 2025 i poder recuperar finalment el seu cos no són dues qüestions separades. Formen part d’un mateix procés: el dret a una investigació rigorosa, independent i desenvolupada amb totes les garanties, així com el dret a acomiadar-se del seu fill i donar-li una sepultura digna.

La mobilització convocada amb motiu del primer aniversari de la mort de Mamedi neix de la voluntat d’acompanyar la seva família, mantenir viva la seva memòria i reclamar que la investigació continuï avançant amb el rigor, la transparència i totes les garanties que un cas d’aquestes característiques exigeix.

La mort d’una persona a l’interior d’una dependència policial constitueix un fet d’especial gravetat que requereix una investigació exhaustiva, independent i efectiva. En aquest sentit, la recent resolució de l’Audiència Provincial de Barcelona reforça la necessitat que s’esgotin totes les diligències d’investigació pertinents per contribuir a l’esclariment objectiu dels fets.

Des del primer dia, la Plataforma Justícia per Mamedi ha mantingut una mateixa reivindicació: que s’investiguin totes les circumstàncies de la mort de Mamedi amb el màxim rigor, transparència i respecte als drets de la família. La resolució de l’Audiència Provincial representa un pas important en aquesta direcció, però la investigació continua oberta i encara queden interrogants per aclarir.

Amb aquesta finalitat, es convoca una concentració el dissabte 25 de juliol de 2026 a les 18:30h, al carrer de la Llibertat s/n (davant de l’Escola Marinada – Montornès Nord)  de Montornès del Vallès, per reclamar veritat, justícia i reparació, i per exigir que els fets s’esclareixin amb totes les garanties.

Aquesta mobilització vol ser també una crida col·lectiva a la defensa dels drets humans, del dret a la veritat i del dret de totes les famílies a una investigació efectiva quan una persona mor sota custòdia policial. Un any després, la família continua sense haver pogut acomiadar-se del seu fill. Per això, la societat no pot permetre que aquest cas caigui en l’oblit fins que s’esclareixin completament els fets.

Compte: ES41 3025 0005 8414 3332 8366
PayPal: https://PayPal.me/cnaacat

Contactes per a mitjans
Advocat
Eduardo Cáliz | 667 880 061 | eduardo.caliz.robles@gmail.com

Portaveus
Cheikh Drame Tine | 631 211 148 | cheikh.drametine@gmail.com
Jenabou Dembaga Susoko | 635 38 23 34 | justiciaparamamedi@gmail.com
Fatiha El Mouali | justiciaparamamedi@gmail.com 

La entrada Comunicat de col·lectius, plataformes i activistes antiracistes per demanar veritat i justícia per Mamedi: després d’un any d’impunitat se publicó primero en SOS Racisme.

L’Adel va anar a la comissaria del Cos Nacional de Policia espanyola de Sant Feliu de Guíxols per renovar la documentació de residència i va acabar patint una agressió que li ha deixat seqüeles físiques i psicològiques. La jutgessa que instruïa el seu cas va demanar les imatges dels fets, però havien estat esborrades.

El dia que l’Adel va anar a la comissaria de la policia espanyola de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), a les nou menys deu del matí, per renovar el seu permís de residència, va canviar-li la vida per sempre. Mai va pensar que el tràmit que havia fet en altres ocasions acabaria amb una agressió que, segons un informe del Centre d’atenció a víctimes de maltractaments i tortura Sira, pot ser tipificada com a tortura. Va ser l’1 de juliol de 2022. “Encara ara tinc marques”, explica quan han passat quatre anys.

L’Adel –que prefereix no aparèixer amb el seu cognom– té 47 anys i va néixer a Larraix, el Marroc. Amb 24 anys va marxar per començar una nova vida a Catalunya on es va casar, treballa com a pintor i té dos fills, un dels quals té una discapacitat del 80%. Actualment viu a Sant Joan de Palamós, a pocs quilòmetres de la comissària on es van produir els fets. 

“Quan vaig ingressar a la comissaria, em van portar primer a un despatx, que és on es lliura tota la documentació”, explica. “La portava preparada i ordenada, perquè sempre me la prepara el gestor anticipadament per a tenir-ho tot en ordre”, afegeix. Ja des d’un bon inici, segons relata, el tracte de l’agent que hi havia a la saleta va ser agressiu. De mal humor, li va etzibar que faltava el document que acreditava el pagament de taxes per poder renovar el permís de residència i ell li va respondre que si mirava el codi de barres del document podia comprovar que l’impost estava pagat. “Em va dir: ‘tu no em dius el que haig de fer’”, explica el veí de Sant Joan de Palamós.

Per sortir del mal tràngol, l’Adel va comentar a l’agent que si ho preferia, podia anar al banc a buscar el rebut i tornar, però el policia li va contestar que si marxava no podria tornar a entrar i hauria de demanar una nova cita. Veient que el policia no volia ajudar-lo, l’home va decidir marxar. Abans, però va expressar el seu descontentament amb la forma com l’havia tractat.

“Li vaig dir que ja agafaria una altra cita i me n’aniria a un altre lloc, però que no eren maneres de tractar la gent”, explica l’Adel. Aquella queixa va ser l’inici de tot plegat. “Què has dit, fill de puta?”, va cridar el policia. Ell es disposava a marxar i va ser aleshores quan el policia que hi havia a l’entrada de l’oficina li va demanar la documentació. L’Adel va començar a regirar les butxaques del seu pantaló de pintor i l’agent, abans que pogués fer res, se li va abraonar al damunt i el va reduir a terra.  

Segons l’Adel, els nivells de violència a partir d’aleshores van prendre una nova dimensió. “El policia que m’havia demanat la documentació, em va intentar agafar del coll fent-me com una clau, jo vaig moure el cap com a acte reflex, em vaig sobresaltar instintivament, però no vaig oposar resistència”, diu. Una vegada a terra van aparèixer quatre agents més i el van emmanillar. “Se’m van posar al damunt, em pressionaven la cara i les costelles contra el terra; i un per darrere em doblegava les cames com si m’estigués resistint”, recorda. Li van trencar les ulleres i això li va produir talls a les celles, el van arrossegar per terra produint-li lesions als genolls i quan el van posar de peus, un dels policies li va donar un cop de puny a la cara. 

En aquell moment, va aparèixer un policia de paisà que en paraules de l’Adel semblava el cap de la resta i que li va dir: “Estàs cridant a la meva comissaria; ara t’assabentaràs, moro de merda, et penses que estàs al Marroc? Resa al teu Déu, que ni ell et deslliurarà”. 

A continuació, el van portar per la força a la tercera planta de la comissaria. “Mentre pujava, sentia que m’anaven a matar. Pensava en els meus fills, tenia molta por de morir”, rememora. “No paraven de cridar-me: ‘Fill de puta, moro de merda, veniu aquí i us creieu els amos’”, explica.

L’Adel estava en xoc i quasi va perdre el coneixement. A la tercera planta el van ficar en una sala de tres metres quadrats que, assenyala l’Adel, “no tenia càmeres” i on dos dels policies mentre li posaven una porra al coll, li cridaven: “Et rebentaré el cap, el pixaré, et cremaré els papers”. 

L’Adel va preguntar-li al cap de la resta per què l’estaven tractant amb tanta violència, i l’agent li va donar un cop de taló a la cara que va fer que perdés una dent. “Després em va pegar una segona puntada amb el taló a l’esquena, que em va deixar una rascada important i aleshores, tots els policies em van començar a pegar: moltes puntades i cops estant estirat a terra, emmanillat per darrere”, explica. “Quan es van cansar, em van asseure en una cadira i em van emmanillar per sota del seient, en una postura incòmoda, que m’obligava a estar inclinat”, afegeix. 

L’Adel no entenia res i plorava de ràbia. Demanava anar al bany o aigua, però tot li era negat. Per contra, el policia que ell identifica com a cap el va amenaçar d’expulsar-lo de l’Estat espanyol i l’Adel va respondre-li que això no era potestat seva. Un altre agent va agafar-lo del coll de nou com a represàlia i aleshores l’Adel va caure desmaiat a conseqüència de la maniobra asfixiant. Al cap d’una estona es va despertar tot moll perquè li havien llençat aigua per despertar-lo. “Em vaig adonar que no sabien què fer amb mi i vaig percebre un canvi d’actitud”, diu. “En aquest moment, va aparèixer un nou agent vestit de paisà, d’uns 40 anys, que jo crec que era marroquí, amb bigoti, i em va explicar que havien trucat a l’ambulància”, diu.

Quan quatre anys després, l’Adel narra per darrer cop la seva experiència, assenyala que durant tot aquell temps es va sentir “segrestat”. 

Els dos infermers que el van veure a la saleta van assenyalar que no podien fer-li una valoració mèdica allà i van demanar de portar-lo al CAP. Els policies van acceptar la demanda, però, com farien durant tot el trasllat i la revisió mèdica, van indicar al personal mèdic que l’Adel era “molt perillós” i que calia tenir-lo controlat. Tres agents van pujar a l’ambulància i d’altres van seguir el vehicle fins al CAP de Sant Felius de Guíxols. Allà li van fer una revisió que va començar a les 10.17 hores del matí i va durar onze minuts. A continuació, el van conduir de nou a la comissaria on l’actitud va canviar una mica, assenyala la víctima. Li van deixar trucar a la família i també va poder contactar amb un advocat que li va facilitar el seu germà, tot i que els policies insistien que era millor que contractés un lletrat d’ofici.

Després de prendre-li les empremtes als calabossos, va poder reunir-se amb el seu advocat. L’Adel va demanar de declarar a Sant Feliu de Guíxols, però els agents es van mostrar contraris que ho fes fins que el lletrat va amenaçar de demanar l’habeas corpus –procediment per obtenir la immediata posada a disposició de l’autoritat judicial de qualsevol persona detinguda il·legalment– per invalidar la detenció. Aleshores, l’home va poder presentar-se davant la jutgessa, que el va deixar en llibertat.

Dies més tard, l’Adel presentaria una denúncia a través de SOS Racisme en la qual es demanaven les gravacions de les càmeres de videovigilància de la comissaria. Tanmateix, quan la magistrada va requerir la prova, les imatges havien estat esborrades. A més, l’Adel va presentar dos informes mèdics que certifiquen la violència rebuda: el primer molt exigu del CAP i un segon, hores més tard de ser agredit, quan ja estava en llibertat, de l’Hospital de Palamós. Aquest segon corroborava l’agressió. 

Tot i les proves, la causa va quedar arxivada. Va ser reoberta quan SOS Racisme va presentar un recurs a l’Audiència de Girona en el qual va presentar un informe pericial basat en el Protocol d’Istanbul. Al mateix temps, però, els agents del Cos Nacional de Policial (CNP) han denunciat l’Adel per atemptat contra l’autoritat.

El seu advocat actual considera que la fase d’instrucció del cas “és deficient” i apunta que “no s’ha fet la investigació pertinent per resoldre’l”. 

Quan l’Adel va sortir dels jutjats el va rebre el seu germà. Ja en llibertat, alguna cosa s’havia esquerdat dins seu. “Estava tan trencat, tan malament, tan destrossat que no tenia ni ganes de viure”, afirma. El germà, que viu a Cadaqués, li va dir si volia passar uns dies amb ell per descansar i l’endemà, amb tota la família, es va traslladar al poble del Cap de creus.

Segons relata, va ser a la platja del municipi que va tornar a veure els dos primers agents que havien començat l’agressió. Tot i que en un primer moment va pensar que era casualitat, després va considerar que era impossible que fossin allà per atzar. A menys de tres metres de distància, els agents comentàvem amb fanfarroneria com havien agredit l’Adel. “Em vaig posar molt nerviós i el meu germà va intentar calmar-me, dient-me que era el que estaven buscant, que era una provocació perquè jo reaccionés i poguessin justificar el que m’havien fet, així que vam decidir anar-nos-en de la platja”, diu. 

En la seva descripció dels fets, l’Adel esmenta diversos tipus de tortures físiques com puntades de peu, cops de puny, bufetades, maniobres per asfixiar-lo o obligar-lo a romandre en postures humiliants i estressants. Així mateix, també descriu tortura psicològica, com les amenaces que va rebre, els insults racistes o l’alternança de rols dels agents.

Per la seva banda, l’informe del Centre Sira, basat en el Protocol d’Istanbul, certifica la veracitat d’allò que descriu l’Adel i assenyala que algunes de les agressions viscudes per l’home encara eren visibles quan es va dur a terme la investigació, l’agost del 2024. En són exemple la pròtesi dental que porta o les ferides que té a la tíbia o a l’esquena.

Alhora, encara perduraven els símptomes d’estrès posttraumàtic.“Quan creuo la duana, amb el mateix cos de policies, sempre penso ‘a veure què passarà’, i a vegades els agents són molt educats i simpàtics, però fins que no veig la seva reacció estic nerviós”, explicava. En aquest sentit, l’informe apunta que l’home va patir una disminució de la gana i va perdre més de deu quilos després de patir l’agressió.

De la mateixa manera, segons l’informe de Sira, l’Adel presentava símptomes depressius. “Hi ha dies que estàs bé però i hi ha dies que estàs baix i te’n vas al fons, i venen els records, perds la força, i has d’estar lluitant per sobreviure. No hi ha la tranquil·litat d’una vida normal. No notes la felicitat que tenies abans. A vegades estic molt trist”, afirmava.

La entrada Un veí de l’Empordà denuncia la policia per tortura: “Deien que em rebentarien el cap, se’m pixarien i em cremarien els papers” se publicó primero en SOS Racisme.

Amb els vots favorables del govern (Junts i ERC), PSC, CUP i En Comú Podem i els contraris de PP i Vox, el Ple ha aprovat una moció impulsada pel grup local d’Amnistia Internacional i 27 entitats més per prendre mesures contra les identificacions per perfil racial. Concretament, seguint la recomanació del Defensor del Pueblo, proposen implementar uns formularis de parada, identificació i registre (FIP) en què es reculli la percepció de l’agent sobre la condició ètnica-racial de l’identificat, la condició autopercebuda i la nacionalitat de la persona identificada; el motiu de l’actuació policial; el resultat de l’acció i dades del lloc, hora, data i unitat policial.

Les persones identificades hauran de rebre una còpia del formulari. A més, amb dades anonimitzades, aquests formularis haurien de permetre detectar patrons de discriminació amb l’objectiu de prendre mesures correctives. La moció també contempla que l’Ajuntament mantingui un diàleg amb entitats de drets socials i altres col·lectius representants de minories ètnic-racials per informar sobre les dades dels formularis i millorar la confiança local. Finalment, demana fer formacions en bones pràctiques en intervencions policials no discriminatòries als agents de la Policia Local.

“Les parades i identificacions basades en el perfil racial són el resultat d’estereotips policials i socials pels quals determinats grups de persones són assenyalats amb més freqüència com a possibles sospitosos de certs tipus de delictes, en funció de la seva pertinença a una determinada raça, origen ètnic o color de pell”, recull la proposta, “per tant, no respecten el principi d’igualtat ni el dret a la no-discriminació, ja que l’actuació policial no es basa en criteris raonables i objectius per a la prevenció del delicte, sinó en característiques físiques o trets percebuts de la persona”.

Tal com va publicar la Directa en un reportatge el setembre passat, els Mossos d’Esquadra reconeixien que de les 1.042.845 identificacions del 2024, 508.419 van ser a persones sense nacionalitat espanyola. Això representa que un 16,15% de la població estrangera de Catalunya va ser identificada, 10 punts menys que la població amb nacionalitat espanyola. “Dins d’aquest mig milió llarg, el percentatge més gran va tenir per objectiu persones provinents de diferents zones d’Àfrica (220.510) i d’Amèrica, (142.298), a molta distància de les que tenien nacionalitats d’altres estats membres de la Unió Europea (72.162)”, recull l’article.

“És una cosa molt freqüent i que evidencia la profunditat del racisme judicial, policial, ja que al final també la policia és una eina”, va dir el president de SOS Racisme Catalunya, Cheikh Drame, en una entrevista a elCugatenc arran de la seva participació a l’edició de l’any passat del Congrés de Joves per la Pau – Arcadi Oliveres, promogut per la Universitat Internacional de la Pau (Unipau), “Eduard Sallent, cap de Mossos d’Esquadra, en una entrevista als Matins de TV3 amb la Lídia Heredia, diu que és cert que la policia té un biaix ètnic”. Set anys abans, també de la mà de la Unipau, en aquest cas al curs d’estiu, Beatriu Guarro, professora emèrita del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i membre de SOS Racisme, ja advertia d’aquest fenomen i deia que només calia complir la llei.

La seva organització ha fet un seguiment de les identificacions per perfil racial, amb una campanya de sensibilització i incidència així com informes com Vigilància 2.0 (2021) on s’evidenciava que per cada persona amb DNI se n’identificaven 3,48 d’estrangeres: “Malgrat que la desproporció hagi baixat en la majoria de les Àrees Bàsiques Policials també analitzades en l’anterior informe L’aparença no és motiu, aquesta continua sent molt elevada, fet que vol dir que la diferència entre les identificacions a població estrangera i població nacional segueix existint”.

En clau local, Amnistia Internacional va publicar a l’abril l’article Pareu el racisme, no les persones – Campanya #AtureuElRacisme, un escrit publicat a elCugatenc on posava les bases de la campanya en clau local. A partir d’aquesta feina, van sumar el suport de col·lectius fins aconseguir-ne 27 més per presentar la moció: Refugees Welcome, QgatSud, Sindicat de Llogateres, Marea Blanca, Plataforma de Pensionistes, Gilgal Solidari, elCugatenc, Enginyeria Sense Fronteres, Unipau, Oxfam Intermón, Associació de Joves Africans de Catalunya (AJAC), Amics del Poble Yazidita, Fora de Quadre, Nuevos Pasos, Petits Músics del Món, Aula de So, la Floresta contra Fronteres, Irídia, SOS Racisme, Fundació Bayt al-Thaqafa, Mujeres Palante, Migress, Regularización Ya, Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC), Trenzadas, Cooperativa la Tregua i Entitats Catalanes d’Acció Social.

La moció ha arribat al Ple com a proposta d’En Comú Podem i de la CUP i ha aconseguit un consens ampli. Juanma Cayuelas, regidor d’En Comú Podem, ha argumentat que les identificacions per perfil racial generen desafecció ciutadana i per això la formació ha de permetre reforçar les actuacions de la Policia Local. En la mateixa línia, la portaveu de la CUP, Ariadna Sierra, fent un símil amb la detecció i correcció de negligències sanitàries, ha defensat que la moció només pretén donar més eines a la policia, permetent que les actuacions quedin documentades: “És una garantia per a la ciutadania i també per als agents perquè dona garanties sobre la seva actuació”.

La proposta ha tingut el suport del responsable polític de la Policia Local, el tinent d’alcaldia Bernat Picornell (ERC), que, seguint la línia dels proposants, ha assegurat que els formularis esdevenen una eina de transparència que protegeix la ciutadania però també dona garanties als agents en les seves actuacions. Per això, s’ha compromès a convocar una reunió entre les entitats proposants i la Policia Local per estudiar com concretar les mesures a través d’una instrucció interna.

José Gallardo, regidor del PSC, tot i el vot favorable, ha mostrat una certa discrepància. Ha defensat que els agents ja actuen sota principis de legalitat, proporcionalitat i servei a la ciutadania: “No compartim discursos que puguin generar desconfiança”. Ara bé, considera que els formularis no són mecanismes de control sinó una garantia per als agents i per als ciutadans identificats i detinguts. Això hauria de permetre, a ulls del socialista, incrementar la confiança de la ciutadania envers la policia.

Però el PP i Vox ho veuen just a la inversa. Alfredo Bergua, regidor popular, ha assegurat que l’enfocament de la moció suposa partir de la idea que els agents actuen de forma incorrecta i, per tant, han de ser fiscalitzats. De fet, assegura que ja comuniquen les detencions i identificacions al Ministeri Fiscal i actuen sota un codi deontològic. “Cap agent hauria d’estar obligat a explicar percepcions personals perquè la seva funció és actuar davant de conductes o indicis, no classificar les persones”, ha argumentat, tot dient que no s’ha detectat un problema de perfilament racial a la ciutat, “la millor garantia és dotar la policia de recursos”.

Gairebé el mateix ha dit el portaveu de Vox, Marcos Rodríguez, que ha assenyalat ERC, com a encarregada de l’àrea de Seguretat, perquè, considera, assenyala els agents. Més enllà del qüestionament dels populars, que Vox comparteix, el seu portaveu també ha dit que el formulari esdevé una càrrega de feina per als agents. Com que en les intervencions dels partits de dretes, han criticat Junts per alinear-se amb les esquerres, el tinent d’alcaldia Jordi Puigneró ha rebatut que la moció pretén aplicar millores als protocols tot i que ha reconegut que “no hi ha notícies que a Sant Cugat hi hagi aquesta problemàtica”.

La entrada El Ple aprova implementar un formulari per detectar i prevenir les aturades i identificacions policials per perfil racial a Sant Cugat del Vallès se publicó primero en SOS Racisme.

A la recta final del procés de regularització extraordinària, la violència institucional als Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) del Regne d’Espanya no cessa i s’agreuja. Aquests dies Henry Josué Vargas, una persona hondurenya privada de la seva llibertat al CIE de València, denunciava la brutal violència rebuda per part dels agents policials que el traslladaven en el vol de deportació.

Aquests fets no són nous, les organitzacions que acompanyen persones migrants als CIE ho denuncien des de fa anys. En un comunicat emès recentment, diferents organitzacions de Barcelona posen en coneixement els greus casos de violència institucional dels darrers mesos al CIE de la Zona Franca. Aquestes situacions van ser denunciades per les vies legals oportunes a la direcció del CIE, als jutjats de control i al Defensor del Poble. El comunicat assenyala que la resposta que reben és el silenci administratiu, l’arxivament de les denúncies i la manca d’investigació dels fets exposats. Això reflecteix el coneixement i la complicitat estatal davant d’aquesta situació.

La violència als CIE s’exerceix per diferents vies: des de tractes degradants i vexatoris per part de la policia fins a la manca de compliment de les garanties legals mínimes. Les entitats denuncien que les persones reben insults i expressions humiliants de manera habitual, així com una relació constant basada exclusivament en ordres i crits, generant un clima d’intimidació, humiliació i desemparament.

Qui denuncia aquestes situacions a l’interior del CIE o organitza accions de resistència rep càstigs exemplificadors, com la deportació immediata sense ser notificades amb una antelació mínima. El preavís, que consisteix a informar les persones que la deportació es durà a terme en el termini de les següents 24 o 48 hores, està reconegut a la jurisprudència nacional i la legislació internacional, però al CIE de Barcelona no es compleix.

Una altra pràctica que es denuncia és la tancada prolongada a les habitacions, durant catorze i quinze hores diàries, cosa que genera ansietat, aïllament i un important deteriorament psicològic en les persones que passen pel CIE. Les organitzacions acompanyants denuncien que l’aïllament s’utilitza com a forma de càstig davant de les queixes o necessitats mèdiques urgents, com quadres d’ansietat.

Així, els organismes que haurien de brindar assistència exerceixen diferents formes de violència. L’assistència mèdica és deficient i es limita a sobremedicar, especialment les dones, davant de les diferents malalties que manifesten. Fins i tot hi ha hagut situacions en què el personal mèdic justifica la tancada com a moments de “vacances i descans”, quan les dones manifesten la seva preocupació per les obligacions que tenen fora, tant laborals com de cura a les seves criatures. Les organitzacions van acompanyar dones que es trobaven en període de lactància a qui se’ls van subministrar pastilles per interrompre la producció de llet sense explicació ni consentiment informat.

Per la seva banda, la violència que enfronten les dones que són mares s’estén a les criatures. S’han acompanyat situacions extremadament greus com la separació forçada amb nadons acabats de néixer que es trobaven lactat o trasllats a altres ciutats sense que els menors tinguessin persones responsables de la seva cura. La separació de mares dels seus fills és una de les moltes violències racistes, capitalistes i patriarcals que es perpetren contra les dones migrants i racialitzades.

Aquests fets no són casos aïllats, sinó que responen a la mateixa estructura racista, capitalista i patriarcal dels CIE. Tot això passa en un context marcat per l’entrada en vigor del Pacte Europeu de Migració i Asil, amb què els marcs jurídics europeus i internacionals continuen legitimant, aprofundint i normalitzant les violències envers les persones migrants.

Al Regne d’Espanya, mentre l’Estat promet drets a una part de la població migrant, s’agreugen les polítiques racistes contra una altra part d’aquesta població. Tot i això, la victòria recent dels moviments migrants amb l’aprovació de la regularització extraordinària obre un horitzó d’organització i lluita a tots els nivells per al tancament dels CIE. No és una demanda simbòlica, sinó una necessitat urgent per començar a destruir la maquinària de violència racista institucionalitzada que opera al cor de l’Europa fortalesa.

La entrada CIE: violència racista institucionalitzada se publicó primero en SOS Racisme.

“Nos hallamos ante un hecho grave: el fallecimiento de un ciudadano en el interior de unas dependencias policiales”.

Así se expresa la Audiencia de Barcelona para ordenar un impulso a la investigación de la muerte de Mohamadou Diawara, el joven con problemas de salud mental que murió el 24 de julio de 2025 tiroteado por un policía local de Montornès del Vallès (Barcelona) tras entrar en comisaría con un cuchillo.

Los magistrados encargados de revisar las decisiones del juez de Granollers revocan su negativa a analizar los orificios de bala del cadáver del joven, tal y como pedía la familia. El auto de la instancia superior, al que ha tenido acceso elDiario.es, envía además un mensaje claro al instructor: tiene “una obligación ineludible de llevar a cabo una instrucción exhaustiva”.

El abogado de la madre del fallecido, Eduardo Cáliz, celebra la decisión de la Audiencia y confía que la resolución “permita avanzar a un conocimiento completo de la verdad y garantice las respuestas que la familia reclama desde el primer día”. “Los familiares solo quieren verdad, justicia y una investigación a la altura de las exigencias de un Estado de Derecho”, agrega el letrado.

La familia denunció en un reportaje en elDiario.es el maltrato institucional de un caso que asocian con el racismo y la falta de comprensión de los cuerpos policiales con los problemas de salud mental que sufría el joven. A ello se sumó la paralización de la causa durante meses, que impide enterrar el cadáver del joven.

Diawara, que tenía diagnosticado un trastorno mental, murió con 22 años de un tiro mortal disparado por un agente de la policía local de Montornès, tras entrar en la comisaría con un cuchillo e intentar atacar a otra agente. No hay grabación del momento exacto de los disparos porque la cámara que debería haber captado los hechos estaba estropeada.

La investigación judicial contó, a las pocas semanas, con una conclusión rotunda de los Mossos d’Esquadra. La policía catalana remarcó que los agentes de Montornès actuaron en legítima defensa y que los disparos fueron “un medio necesario y proporcional para evitar daños irreparables”.

El abogado de la familia de Diawara reclamó una diligencia más para investigar más el caso, toda vez que del instante de los disparos no se conserva ningún vídeo.

En concreto, la defensa solicitó un informe médico forense que determinara la distancia entre el orificio de entrada y salida de la bala y la perpendicular de ambas. Todo ello con el objetivo de determinar la posición exacta del joven fallecido en el momento del disparo. El dictamen, destacó la defensa, es de “escasa dificultad” y no demoraría la investigación.

El instructor rechazó la petición de la familia al considerar que no estaba argumentada “con el debido rigor técnico ni jurídico” ni se concretaba su “utilidad para incidir de manera relevante” en el caso o complementar los informes periciales ya emitidos.

En cambio, la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona sí considera pertinente el informe pericial solicitado por la familia. “Lo único que se solicita es que se tomen medidas de los orificios” de bala, zanja el tribunal.

La denegación realizada por el instructor, a juicio del tribunal que revisa sus decisiones, “genere una evidente indefensión” a la familia y vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, además de “privar a la causa de un elemento técnico para alcanzar la verdad material”.

Señalan los jueces que no pueden “ni deben” descartar ninguna de las dos versiones sobre los hechos ni “cerrar la puerta” a la realización de una prueba pericial para esclarecer “un extremo tan relevante para la causa” como es la posición del cuerpo del fallecido en el momento del disparo.

“La concreción de las mediciones balísticas solicitadas (distancias y perpendiculares entre los orificios de entrada y salida del proyecto) no constituye una petición superflua o dilatoria, sino una prueba pertinente”, concluyen los magistrados.

La familia del fallecido, incide su letrado, “solo ha pedido que se investiguen todas las circunstancias de la muerte de su hijo y que se lleve a cabo con la celeridad y dignidad que merece un caso como este”. “Lamentablemente, la instrucción ha sufrido retrasos continuos e injustificables”, apostilla Cáliz.

El tribunal recuerda la jurisprudencia europea y nacional que exige una investigación judicial “especialmente rigurosa, eficaz y capaz de determinar de manera indubitada si el uso de la fuerza fue necesario y proporcionado” en casos de muertes por el uso de la fuerza letal a manos de agentes de policía.

En suma, para los jueces la determinación científica de la posición “exacta” del cuerpo de Mohamadou Diawara en el momento de recibir el impacto de bala permitirá “reconstruir con objetividad la dinámica de los hechos y confirmar, o en su caso refutar, la versión ofrecida por el agente implicado”.

La entrada La Audiencia de Barcelona afea al juez que frene la investigación de la muerte del joven tiroteado por un policía local se publicó primero en SOS Racisme.

Con gestos de victoria y casi un minuto de aplausos por parte de la derecha radical, el Parlamento Europeo, reunido esta semana en Estrasburgo, votó finalmente la reforma de la política común para la deportación de personas migrantes que lleguen a los países de la UE, el reglamento europeo de retorno. Tras una ronda de intervenciones de los representantes de los diferentes partidos políticos, el martes 16 de junio por la tarde; ayer miércoles 17 de junio se llevó a cabo la votación: 418 eurodiputados votaron a favor, 218 en contra; y se produjeron 30 abstenciones. Antes, el lunes 15 por la tarde, se había votado en la Comisión de Libertades Civiles (Comisión Libe).

El nuevo reglamento europeo de retorno, que empezará a aplicarse de manera inmediata, como el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo —en vigor desde el pasado 12 de junio— contempla nuevas obligaciones para las personas migrantes con órdenes de expulsión; aumenta los plazos de detención hasta 24 meses —que incluso se pueden convertir en 30 en situaciones concretas— y abre la puerta de manera definitiva a la construcción y puesta en marcha de lo que la UE llama “centros de retorno”, localizados fuera de la UE.

Ahora, el texto debe ser formalmente adoptado por el Consejo y publicado en el Diario Oficial para que entre en vigor. Algunas disposiciones, en particular las relativas a los “centros de retorno”, la evaluación de la edad de los menores y la dimensión exterior de los retornos se aplicarán de inmediato. Otras disposiciones que requieren etapas preparatorias entrarán en aplicación 12 meses después de la entrada en vigor de la legislación.

Más de 250 organizaciones de defensa de los derechos humanos ya han mostrado su rechazo a esta nueva normativa: “Las instituciones de la UE y los Estados miembros han convertido cada vez más la criminalización, la vigilancia y la discriminación en las herramientas por defecto de la gobernanza migratoria, en contraposición a la protección, la seguridad, las medidas de inclusión social, la ampliación de rutas seguras y regulares y los permisos de residencia basados ​​en derechos”, se puede leer en el comunicado conjunto remitido a la prensa. Los firmantes consideran que este nuevo paquete de normas “promueve la detención, la deportación, la externalización y el castigo, especialmente de las personas racializadas, y provocará que más personas se vean abocadas a un limbo jurídico y a condiciones peligrosas”.

Los eurodiputados de la extrema derecha y de la derecha tradicional, quienes han impulsado esta nueva normativa, aplaudieron largo y tendido al grito de send them back (mandadlos de vuelta), mientras los y las eurodiputadas de izquierdas gritaban shame on you (vergüenza) tras la emisión de los votos. En una rueda de prensa posterior a la votación, el holandés Malik Azmani, el relator de migraciones, del grupo Renew, dejó claro hacia dónde se encaminan los Veintisiete. “Hoy, Europa ha cumplido sus compromisos. Los ciudadanos esperan, con razón, que las personas que no tienen derecho a permanecer regresen a su país de origen. Por eso tengo una prioridad clara: medidas de retorno eficaces y realistas. Y tras casi veinte años de inmovilismo, Europa cuenta por fin con ellas. El retorno es la última pieza del rompecabezas del sistema europeo de gestión de la migración, y estoy enormemente orgulloso de que ya esté en marcha”. El relator confesó, al inicio de su parlamento, sentirse “orgulloso” por el paso dado.

Preguntado en varias ocasiones sobre la garantía de los derechos de las personas migrantes en los “centros de retorno!”, Azmani, quien considera que “solo se puede gestionar bien la migración si hay normas”, lanzó balones fuera y mencionó una serie de artículos de la normativa pero no especificó nada. “Todo va a ser legal”, dijo. En tono de sorna, el relator aseguró que “si [la persona migrante] coopera no tiene porqué acabar en un centro de retorno” e insistió en la idea de que con esta nueva normativa “la puerta de atrás queda bajo control”. Calificó el nuevo Reglamento como una normativa justa y agradeció a “todos los colegas” que hicieron esto posible.

La nueva normativa está vertebrada por la externalización de la migración hacia terceros países, tanto de tránsito como de origen. Respecto a estos últimos, a partir de ahora, siete países que hasta ahora no se habían considerado “seguros” por diferentes motivos, pasen a serlo. Se trata de Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez. Si una persona originaria de unos de estos países migra a la UE y se le deniega el asilo, será deportada al mismo país del que salió. También se considerarán terceros países seguros los candidatos a la adhesión. Esto, junto con el establecimiento de los “centros de retorno”, es uno de los puntos más polémicos de la nueva normativa.

Para Tineke Strik, de origen holandés y miembro del Parlamento Europeo por el grupo Los Verdes/ALE, profesora de Derecho de Ciudadanía y Migración en la Universidad de Radboud, todo lo que concierne a la nueva normativa de retorno resulta “preocupante”, en sus propias palabras. “El reglamento contempla muchas obligaciones para los migrantes, obligaciones para el país de origen, y prácticamente ninguna obligación para los Estados miembros”. La eurodiputada pone de relieve la ampliación de los plazos de detención y señala hacia los “centros de retorno” en terceros países. “La nueva normativa permitirá a los Estados miembros transferir inmediatamente su responsabilidad sobre las personas migrantes a cualquier otro país. Esto hace que puedan quedar atrapadas en una especie de limbo legal o en una detención indefinida. No sabemos qué pasará”.

Además de contravenir las disposiciones de la Convención de Ginebra y suponer un atentado claro contra los derechos de las personas en movimiento, estos nuevos centros, que se construirán una vez los Estados miembros lleguen a acuerdos con estos terceros países y hayan recibido el visto bueno de la Comisión Europea, no estarán sujetos a supervisión de ningún tipo por parte de los Veintisiete. “Este es uno de los problemas, porque no está regulado que deba haber una supervisión”, comenta Strik, quien asegura que las personas que estén allí internas “quedarán sometidas al régimen de ese tercer país”. En muchos de los países que se contemplan para la construcción y la puesta en marcha de estos templos no respetan los derechos humanos.

Con gestos de victoria y casi un minuto de aplausos por parte de la derecha radical, el Parlamento Europeo, reunido esta semana en Estrasburgo, votó finalmente la reforma de la política común para la deportación de personas migrantes que lleguen a los países de la UE, el reglamento europeo de retorno. Tras una ronda de intervenciones de los representantes de los diferentes partidos políticos, el martes 16 de junio por la tarde; ayer miércoles 17 de junio se llevó a cabo la votación: 418 eurodiputados votaron a favor, 218 en contra; y se produjeron 30 abstenciones. Antes, el lunes 15 por la tarde, se había votado en la Comisión de Libertades Civiles (Comisión Libe).

El nuevo reglamento europeo de retorno, que empezará a aplicarse de manera inmediata, como el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo —en vigor desde el pasado 12 de junio— contempla nuevas obligaciones para las personas migrantes con órdenes de expulsión; aumenta los plazos de detención hasta 24 meses —que incluso se pueden convertir en 30 en situaciones concretas— y abre la puerta de manera definitiva a la construcción y puesta en marcha de lo que la UE llama “centros de retorno”, localizados fuera de la UE.

Más de 250 organizaciones de defensa de los derechos humanos ya han mostrado su rechazo a esta nueva normativa

Ahora, el texto debe ser formalmente adoptado por el Consejo y publicado en el Diario Oficial para que entre en vigor. Algunas disposiciones, en particular las relativas a los “centros de retorno”, la evaluación de la edad de los menores y la dimensión exterior de los retornos se aplicarán de inmediato. Otras disposiciones que requieren etapas preparatorias entrarán en aplicación 12 meses después de la entrada en vigor de la legislación.

Más de 250 organizaciones de defensa de los derechos humanos ya han mostrado su rechazo a esta nueva normativa: “Las instituciones de la UE y los Estados miembros han convertido cada vez más la criminalización, la vigilancia y la discriminación en las herramientas por defecto de la gobernanza migratoria, en contraposición a la protección, la seguridad, las medidas de inclusión social, la ampliación de rutas seguras y regulares y los permisos de residencia basados ​​en derechos”, se puede leer en el comunicado conjunto remitido a la prensa. Los firmantes consideran que este nuevo paquete de normas “promueve la detención, la deportación, la externalización y el castigo, especialmente de las personas racializadas, y provocará que más personas se vean abocadas a un limbo jurídico y a condiciones peligrosas”.

“Controlar la puerta de atrás”

Los eurodiputados de la extrema derecha y de la derecha tradicional, quienes han impulsado esta nueva normativa, aplaudieron largo y tendido al grito de send them back (mandadlos de vuelta), mientras los y las eurodiputadas de izquierdas gritaban shame on you (vergüenza) tras la emisión de los votos. En una rueda de prensa posterior a la votación, el holandés Malik Azmani, el relator de migraciones, del grupo Renew, dejó claro hacia dónde se encaminan los Veintisiete. “Hoy, Europa ha cumplido sus compromisos. Los ciudadanos esperan, con razón, que las personas que no tienen derecho a permanecer regresen a su país de origen. Por eso tengo una prioridad clara: medidas de retorno eficaces y realistas. Y tras casi veinte años de inmovilismo, Europa cuenta por fin con ellas. El retorno es la última pieza del rompecabezas del sistema europeo de gestión de la migración, y estoy enormemente orgulloso de que ya esté en marcha”. El relator confesó, al inicio de su parlamento, sentirse “orgulloso” por el paso dado.

Preguntado en varias ocasiones sobre la garantía de los derechos de las personas migrantes en los “centros de retorno!”, Azmani, quien considera que “solo se puede gestionar bien la migración si hay normas”, lanzó balones fuera y mencionó una serie de artículos de la normativa pero no especificó nada. “Todo va a ser legal”, dijo. En tono de sorna, el relator aseguró que “si [la persona migrante] coopera no tiene porqué acabar en un centro de retorno” e insistió en la idea de que con esta nueva normativa “la puerta de atrás queda bajo control”. Calificó el nuevo Reglamento como una normativa justa y agradeció a “todos los colegas” que hicieron esto posible.

La preocupación por la puesta en marcha de los denominados “centros de retorno”

La nueva normativa está vertebrada por la externalización de la migración hacia terceros países, tanto de tránsito como de origen. Respecto a estos últimos, a partir de ahora, siete países que hasta ahora no se habían considerado “seguros” por diferentes motivos, pasen a serlo. Se trata de Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez. Si una persona originaria de unos de estos países migra a la UE y se le deniega el asilo, será deportada al mismo país del que salió. También se considerarán terceros países seguros los candidatos a la adhesión. Esto, junto con el establecimiento de los “centros de retorno”, es uno de los puntos más polémicos de la nueva normativa.

Tineke Strik: “El reglamento contempla muchas obligaciones para los migrantes, obligaciones para el país de origen, y prácticamente ninguna obligación para los Estados miembros”

Para Tineke Strik, de origen holandés y miembro del Parlamento Europeo por el grupo Los Verdes/ALE, profesora de Derecho de Ciudadanía y Migración en la Universidad de Radboud, todo lo que concierne a la nueva normativa de retorno resulta “preocupante”, en sus propias palabras. “El reglamento contempla muchas obligaciones para los migrantes, obligaciones para el país de origen, y prácticamente ninguna obligación para los Estados miembros”. La eurodiputada pone de relieve la ampliación de los plazos de detención y señala hacia los “centros de retorno” en terceros países. “La nueva normativa permitirá a los Estados miembros transferir inmediatamente su responsabilidad sobre las personas migrantes a cualquier otro país. Esto hace que puedan quedar atrapadas en una especie de limbo legal o en una detención indefinida. No sabemos qué pasará”.

Además de contravenir las disposiciones de la Convención de Ginebra y suponer un atentado claro contra los derechos de las personas en movimiento, estos nuevos centros, que se construirán una vez los Estados miembros lleguen a acuerdos con estos terceros países y hayan recibido el visto bueno de la Comisión Europea, no estarán sujetos a supervisión de ningún tipo por parte de los Veintisiete. “Este es uno de los problemas, porque no está regulado que deba haber una supervisión”, comenta Strik, quien asegura que las personas que estén allí internas “quedarán sometidas al régimen de ese tercer país”. En muchos de los países que se contemplan para la construcción y la puesta en marcha de estos templos no respetan los derechos humanos.

Quien también se muestra preocupada tanto por la puesta en marcha de estos centros como la total ausencia de supervisión es la eurodiputada por Sumar y exdirectora general de CEAR Estrella Galán. “Esta normativa no plantea ningún mecanismo de supervisión de los derechos humanos. Lo que se quiere hacer es alejar lo máximo posible la crueldad que se vivirá en estos centros y evitar que sepamos lo que ahí está pasando. De algún modo, será la Comisión Europea quien monitoree —si es que se puede usar esta palabra— lo que allí sucede”. Galán insite en que se están creando “agujeros negros de derechos. Claramente desde los espacios europeos vamos a tener muy poca capacidad de denuncia”, explica para El Salto.

Preguntada por la reversibilidad de estas medidas, la eurodiputada se muestra tajante y apunta hacia la parte económica del trato: “En términos económicos es incalculable. Primero porque detrás de todo esto hay toda una maquinaria de seguridad —con Israel al frente—. Se trata de un negocio millonario con cifras millonarias e incalculables. Estos centros en terceros países, que nosotros definimos como el Guantánamo europeo, van a disponer de unas medidas de seguridad millonarias”. También señala el coste humano que va tener la aplicación de estas nueva normativa.

Con este nuevo paquete legislativo, la política migratoria de la Unión Europa ya es prácticamente la misma que se aplica en Estados Unidos. “Vamos en la misma dirección. Con el asunto del tercer país seguro, hacemos lo mismo que en Estados Unidos: deportar a personas a un tercer país donde nunca han estado. Respecto a las detenciones, el reglamento de retorno también otorga una base y competencias para que se haga lo mismo aquí en Europa y contempla detenciones de larga duración. Así que no creo que haya ya mucha diferencia”, argumenta la eurodiputada Strik. Esta diferencia tampoco la ve Estrella Galán, quien considera que “nosotros [la UE] ponemos el filtro de los derechos humanos y tratamos de endulzar lo que es lo mismo. Es posible que acabemos viendo las mismas imágenes de esos niños con una mochilita y un gorrito siendo detenidos por la policía migratoria”.

“Debemos prepararnos para ver lo mismo que hemos estado viendo en Estados Unidos por parte del ICE. Son malas noticias para Europa”. Quien habla es Cecilia Strada, eurodiputada del Parlamento Europeo desde 2024 por el Partido Democrático de Italia; quien considera que con la adopción del reglamento de retorno y el PEMA, Europa ha desmantelado de manera definitiva su sistema de asilo. 

La aprobación de esta nueva normativa, que consolida la realidad de una Europa fortaleza de fronteras cerradas, no hubiera sido posible si el centro derecha y la derecha tradicional no hubieran comprado el marco narrativo de la securitización y el miedo promovido desde la extrema derecha. En Estrasburgo, en la rueda de prensa que dio el martes por la tarde, el ultraderechista francés Jordan Bardella sacaba pecho de la nueva normativa y daba las gracias a la derecha tradicional por haber facilitado las cosas. Bardella, presidente del grupo The Patriots, integrado por partidos como el húngaro Fidesz, la Lega o Vox, sucederá a Marie Le Pen en Francia si esta resulta condenada por malversación en el juicio que tiene pendiente el próximo 7 de julio. Podría ser candidato a la presidencia de Francia en las próximas elecciones, programadas para 2027.

“La aprobación de este Reglamento demuestra que hay un cambio de dinámicas dentro del Parlamento Europeo”, señala Galán quien explica que el Partido Popular Europeo “ha comprado la agenda que impone la ultraderecha y las narrativas. Han entrado en sus dinámicas [de la extrema derecha]. La adopción de esta normativa tampoco hubiera sido posible sin la connivencia de una serie de medios repartidos por los cuatro rincones del continente que han comprado la narrativa de la securitización y han hecho uso del miedo para criminalizar a las personas migrantes y las redes de solidaridad que les ayudan. “Los medios, a menudo no hacen periodismo, sino que se limitan a replicar lo que dicen los políticos, y eso está mal. Los y las periodistas deberían poder desmontar las mentiras, y no solo hacer una primera pregunta, sino hacer una segunda”, dice Strada. La eurodiputada italiana, ex trabajadora humanitaria en misiones de rescate en el mar Mediterráneo, asegura que queda mucho trabajo por delante y que hay que “abordar nuestros racismos estructurales”. A partir de su trabajo previo, constata que “el relato en los medios sobre la migración trata de números y no de seres humanos”.

Desde las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, se hace una llamamiento a la UE “para que deje de complacer los sentimientos racistas y xenófobos y los intereses empresariales, y revierta el giro punitivo y discriminatorio de su política migratoria”, y en su lugar “destine recursos a políticas basadas en la seguridad, la protección y la inclusión, que fortalezcan las comunidades, defiendan la dignidad y garanticen que todas las personas puedan vivir con seguridad, independientemente de su estatus”. 

La entrada El Parlamento Europeo aprueba de manera definitiva el reglamento de retorno se publicó primero en SOS Racisme.

En distintas oportunidades pusimos en conocimiento a la dirección del CIE de Barcelona, a los juzgados de control y Defensor del Pueblo las siguientes situaciones:

1. Tratos degradantes y vejatorios por parte de agentes del Cuerpo Nacional de Policía destinados en el CIE de Zona Franca. Las personas reciben insultos y expresiones humillantes de forma habitual, así como una relación constante basada exclusivamente en órdenes y gritos, generando un clima de intimidación, humillación y desamparo.

Además, numerosos agentes policiales no llevan la identificación obligatoria, lo que dificulta la posibilidad de formular denuncias o quejas concretas frente a posibles actuaciones abusivas.

Estos hechos generaron quejas colectivas por parte de las personas encerradas. A lo cual se responde con la deportación, sin la debida notificación, de una de las personas afectas.

2. Vulneración derechos fundamentales, como el derecho a la defensa, y falta de notificación previa ante un vuelo de deportación. Ante la ejecución de un acto forzoso punitivo como la deportación, que afecta de manera flagrante los derechos fundamentales de la persona, la Administración debe asegurar un sistema de garantías formales y materiales, que en numerosos casos es inexistente.

Desde el punto de vista del derecho a la defensa, el hecho de que se avise de que la deportación va a realizarse en las siguientes 24 o 48 horas, abre la posibilidad de que los Juzgados de lo contencioso-administrativo tramiten medidas cautelarísimas.

Este preaviso ha sido recogido tanto por Jurisprudencia nacional como por legislación internacional: se ordena que se informe a las personas internas que su deportación va a llevarse a cabo en el plazo de las siguientes 24 o 48 horas, y el CIE de Barcelona no lo hace.

3. Encierros prolongados en las habitaciones durante más de catorce o quince horas diarias. Lo cual les genera ansiedad, aislamiento y un importante deterioro psicológico.

4. Aislamiento como forma de castigo ante quejas o necesidades médicas urgentes, tales como cuadros de ataques de ansiedad o autolesiones. En vez de proporcionar la atención médica adecuada, se les castiga aún más con el aislamiento.

5. Falta de atención médica adecuada, generando situaciones de autolesiones por parte de las personas para recibir el tratamiento médico correspondiente.

La última situación, denunciada penalmente, ocurrió el 24 de mayo de 2026 tras un grave episodio protagonizado por un funcionario del turno de noche. Las mujeres afectadas señalan que la gravedad de la situación provocó que una de las internas se autolesionara y tuviera que intervenir una ambulancia alrededor de las 3:00 horas de la madrugada.

6. Condiciones indignas durante las comidas; solo disponen aproximadamente de quince minutos para comer y, durante ese tiempo, algunos agentes golpean el suelo y el mobiliario con los bastones para apremiarles a terminar rápidamente. Las personas allí encerradas relatan que las cantidades de comida resultan insuficientes y que no se les permite solicitar más alimentos.

7. Condiciones deficientes de limpieza e higiene en los baños y habitaciones, las cuales son incompatibles con unas condiciones mínimas de habitabilidad.

Desde hace semanas las entidades que acompañamos a las personas presas en el CIE de Barcelona venimos denunciando las graves vulneraciones de derechos por los canales institucionales habilitados. La única respuesta que recibimos es el silencio, el archivo de las denuncias y falta de investigación sobre los graves hechos denunciados. Esto demuestra la complicidad de las instancias estatales con la violencia cotidiana que reciben las personas migrantes en estos lugares y la manera en que el racismo de estado opera.

Estos hechos son parte de las violencias que enfrentan las personas migrantes cotidianamente en los CIE y por eso se tienen que abolir. No se trata de casos aislados, sino que responden a la propia estructura racista, capitalista y patriarcal que ejerce violencia sobre los cuerpos migrantes. Todo ello amparado por las administraciones que deberían ser garantes de los derechos fundamentales.

Ante la gravedad de los hechos expuestos EXIGIMOS una respuesta institucional inmediata, la investigación de los hechos y delimitación de las responsabilidades correspondientes.

Firmamos: Grupo de Apoyo a Mujeres Presas en el CIE de Barcelona, t.i.c.t.a.c., Irídia, Tanquem els CIE, Migrastudium, SOS Racisme.

La entrada Violencia en el CIE de Barcelona se publicó primero en SOS Racisme.

Forma part de l’Informe INVISIBLES. L’estat del racisme a Catalunya 2025.

Estiu rere estiu, milers de persones arriben a Ponent amb l’esperança i la necessitat urgent d’aconseguir una feina temporal que els permeti continuar subsistint. Venen a collir la fruita que després s’exportarà arreu d’Europa: préssecs, nectarines, peres i pomes que omplen les prestatgeries dels supermercats del continent sense que ningú es pregunti, gairebé mai, qui les ha collides ni en quines condicions.

En el moment àlgid de la campanya, prop de 30.000 treballadors i treballadores fan possible una de les principals activitats econòmiques del territori. Un sector que forma part de l’imaginari col·lectiu rural i es presenta com idíl·lic, però que se sosté, en gran mesura, sobre l’explotació sistemàtica de persones migrants, moltes d’elles en situació administrativa irregular o amb permisos de treball temporals que les deixen exposades a tota mena d’abusos.

No es tracta de pràctiques aïllades ni d’abusos puntuals. El racisme estructural opera de manera transversal, com una maquinària invisible però precisa, que ordena qui treballa i en quines condicions, que restringeix l’accés a drets fonamentals i cronifica la precarietat. La campanya de la fruita n’és l’exemple paradigmàtic: una expressió nítida del capitalisme racial que busca garantir, de manera permanent, una mà d’obra precaritzada, disciplinada i amb escassa capacitat de resistència.

L’acumulació d’aquesta mà d’obra temporal, abundant i fàcilment reemplaçable no és una conseqüència inevitable del calendari agrícola. És una peça deliberadament construïda i mantinguda del model productiu que sustenta la fruita d’exportació i l’actual model agroalimentari.

La possibilitat de substituir ràpidament qualsevol treballador que protesti, emmalalteixi o reclami drets actua com un mecanisme de control permanent i eficaç, que manté salaris baixos, jornades excessives i incompliments reiterats del conveni laboral. La situació administrativa precària de moltes d’aquestes persones, sumada a les traves per empadronar-se, accedir a un habitatge digne o denunciar abusos, reforça aquesta dependència i converteix la por en una eina quotidiana de gestió laboral.

Un dels mecanismes centrals del racisme en la campanya de la fruita —i en l’actual sistema econòmic occidental en general— és la jerarquització racial del treball. Les empreses assignen feines, condicions i salaris diferents segons l’origen de les persones, reproduint estereotips culturals i racials que no responen a cap criteri objectiu. Les tasques més dures i més mal pagades recauen sistemàticament sobre les persones migrades i racialitzades, i això es justifica amb arguments que fan semblar natural el que és, en realitat, una decisió de poder.

La temporalitat, l’aïllament i la competició ferotge per accedir a una feina, amb la qual simplement sobreviure, dificulten enormement l’organització col·lectiva. Aconsegueixen que la vulneració de drets es normalitzi fins al punt de semblar inevitable, gairebé natural. Alçar la veu implica arriscar-se a perdre la feina, i amb ella, la possibilitat de subsistir i tenir un sostre. El silenci, en aquest context, no és passivitat: és una estratègia de supervivència imposada per un sistema que castiga qui reclama el que li pertoca.

Aquesta lògica no només impacta sobre els temporers, sinó que pressiona a la baixa el conjunt de les condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector, reforçant un model econòmic basat en la precarietat estructural com a norma i no com a excepció.

Els casos que atenem cada estiu des de Fruita amb Justícia Social ho demostren amb cruesa. Cada campanya es repeteixen les mateixes pràctiques il·legals i abusives: acomiadaments improcedents, treballadors fixos discontinus als quals no se’ls torna a cridar de forma irregular i arbitrària, jornades que superen àmpliament les deu hores sense el pagament d’hores extres, salaris per sota del conveni, nòmines que no reflecteixen les hores realment treballades, accidents laborals que no són atesos ni reconeguts per les empreses i una absència recurrent de mesures de seguretat i salut laboral. Any rere any. Sense excepció. 

Només durant la darrera campanya, vam documentar com una empresa va obligar una treballadora embarassada de set mesos a signar un document en què declarava falsament que no estava embarassada com a condició per ser contractada, negant-li qualsevol adaptació del lloc de treball i obstaculitzant-li -posteriorment- l’accés a una baixa mèdica.

En un altre cas, un treballador va patir un cop de calor mentre treballava en plena onada de temperatures extremes. L’endemà, quan encara no es trobava en condicions de reprendre la feina, va ser acomiadat i expulsat de l’allotjament facilitat per l’empresari, sense cap possibilitat de recuperar les seves pertinences.

També hem documentat casos de persones contractades per només un o pocs dies, que no van arribar a cobrar mai les jornades realitzades, sota el càlcul empresarial deliberat que la complexitat i el cost d’un procediment judicial per unes quantitats reduïdes, els faria desistir. I és que darrere de cada cas hi ha la mateixa lògica: una empresa que sap que pot fer això, perquè el cost de denunciar és massa alt per a qui no té cap alternativa millor.

El cost més irreversible, però, és el de les vides perdudes. La campanya passada, almenys tres treballadors van morir en accident laboral, dos d’ells treballant sota temperatures que els protocols i la normativa vigent prohibeixen expressament, sense que ningú aturés les jornades ni els atengués adequadament. La impunitat és la norma. La por i l’absència de mecanismes institucionals de protecció efectius fan que denunciar aquestes situacions i defensar els drets propis esdevingui, per a moltes persones, una opció pràcticament impossible.

Però el racisme estructural no s’atura al camp ni s’esgota en les relacions laborals. També nega l’accés a drets bàsics com l’habitatge digne, el padró municipal o una atenció sanitària adequada. La segregació residencial i els laberints burocràtics dificulten l’arrelament al territori, bloquegen els processos de regularització administrativa i condemnen moltes persones a viure en una precarietat permanent que s’allarga molt més enllà de la campanya.

La manca de polítiques públiques eficaces en matèria d’habitatge, empadronament, inspecció laboral i drets socials no és una casualitat, ni una negligència puntual ni un error del sistema. És un element estructural i funcional que permet mantenir aquest exèrcit de reserva en una situació de dependència i por permanent, i que assegura la continuïtat d’un model productiu que externalitza els costos socials (i ambientals) mentre concentra beneficis en mans d’uns pocs actors econòmics.

A tot plegat, s’hi afegeix un discurs públic que criminalitza els temporers i les temporeres, dilueix les responsabilitats empresarials i institucionals i desplaça el focus cap a les víctimes en lloc de cap als responsables. Any rere any, detectem una presència policial intensificada en espais freqüentats per treballadors migrants, amb identificacions reiterades, controls selectius i batudes que generen un clima de vigilància constant i d’intimidació, que reforça la sensació que l’Estat és una amenaça i no una protecció per a qui ja viu en situació de vulnerabilitat.

Davant d’això, sabem que l’acció antiracista no pot limitar-se a la denúncia puntual. L’acompanyament jurídic i comunitari, la pressió institucional, les denúncies col·lectives i la visibilització pública han permès, en alguns casos, resolucions favorables i sancions a empreses. En d’altres, els procediments continuen oberts, encallats en un sistema lent i desigual. Però en tots els casos, la intervenció sostinguda evidencia que el racisme en la campanya de la fruita no és inevitable: és una construcció política, econòmica i institucional que pot —i ha de— ser desmantellada.

Prendre’s seriosament la lluita contra el racisme estructural a Catalunya implica no mirar només cap als episodis d’odi declarats, cap als insults al carrer o cap a les agressions més visibles. Implica mirar també als camps de Ponent, als escorxadors, a les cuines dels restaurants, a les construccions i a les llars on es cuida la gent gran, i preguntar-se qui sosté amb les seves mans una economia que massa sovint nega els drets més bàsics.

La entrada El gust amarg de la collita de la fruita a l’oest de Catalunya se publicó primero en SOS Racisme.