El espacio público suele imaginarse como un lugar abierto a todas las personas, donde cualquiera puede transitar, encontrarse, expresarse y participar en condiciones de igualdad. Sin embargo, una mirada crítica al urbanismo desde el antirracismo y la perspectiva decolonial muestra que los espacios públicos no son neutros: su configuración histórica y social está atravesada por relaciones de poder que determinan quién puede acceder a ellos, cómo puede utilizarlos, qué cuerpos son percibidos como legítimos y cuáles son considerados ajenos, sospechosos o incluso una amenaza.

Esta dimensión desigual del espacio puede observarse, por ejemplo, en la distribución territorial de las poblaciones racializadas y migrantes. En muchas ciudades y municipios existen barrios en los que se concentra una mayor presencia de personas migrantes o racializadas como no blancas. Esta concentración no puede explicarse simplemente a partir de las decisiones individuales de estas comunidades ni entenderse como una cuestión de falta de “integración”. La construcción y organización del territorio no son ajenas a las relaciones de poder, a las jerarquías raciales y a las desigualdades económicas que atraviesan nuestras sociedades.

En algunos contextos, estas dinámicas de segregación han sido promovidas directamente por las propias instituciones. Un ejemplo paradigmático es el redlining en Estados Unidos, mediante el cual determinadas acciones gubernamentales y del capital financiero contribuyeron a excluir a comunidades negras del acceso a determinadas zonas de las ciudades y al mercado de la vivienda. Pero la segregación espacial también puede producirse a través de mecanismos aparentemente menos explícitos como ocurre en nuestro contexto: el funcionamiento del mercado inmobiliario, atravesado por desigualdades económicas y raciales, puede dificultar el acceso a una vivienda digna a determinados grupos y favorecer procesos de especulación, encarecimiento de la vivienda y gentrificación.

Estos procesos tienen un impacto especialmente intenso sobre las personas migrantes y racializadas. La transformación de determinados barrios puede implicar no solo su desplazamiento económico, sino también la pérdida de redes comunitarias, espacios de referencia y formas de habitar el territorio. Desde algunas perspectivas críticas, estos procesos han llegado a ser analizados incluso como formas de “blanqueamiento urbano” o de “destierro racial” (Malembe Dumont Copero, 2026).

En este sentido, Malembe Dumont Copero utiliza el concepto de “periferias habitacionales” para referirse a espacios producidos por dinámicas de discriminación y racismo institucional, caracterizados por procesos de segregación étnica o racial y por una oferta residencial que suele presentar peores condiciones, tanto en términos de calidad como de localización. Estas periferias no deben entenderse únicamente como una cuestión de distancia respecto de los centros urbanos, sino como espacios donde se acumulan diferentes formas de desigualdad y marginación.

Pero las desigualdades en el espacio urbano no se explican únicamente por dónde viven las personas. También tienen que ver con quién puede ocupar y utilizar el espacio público, cómo puede hacerlo y qué experiencias tiene en él.

Desde esta perspectiva, hablar de racismo en el espacio público no significa únicamente hablar de quién puede vivir en un determinado barrio. Significa también preguntarnos quién puede sentirse seguro en él, quién puede expresarse, quién puede ser visible y quién es objeto de señalamiento, vigilancia o estigmatización.

Si el espacio público es un escenario de disputa sobre quién pertenece, quién tiene derecho a estar y qué identidades pueden hacerse visibles, la emisión de discursos de odio y el uso de simbología racista en estos espacios no pueden entenderse como fenómenos aislados o meramente discursivos. Las palabras, imágenes, símbolos y mensajes que se despliegan en calles, plazas o equipamientos, también producen efectos sobre la forma en que determinados barrios y las personas que los habitan son percibidos.

Por ello, analizaremos cómo se manifiestan los discursos de odio y la simbología racista en el espacio público, qué efectos tienen sobre las personas y los espacios que los reciben y qué herramientas existen para hacerles frente reparando el daño, disputando los significados atribuidos a los espacios y recuperando el espacio público como un lugar verdaderamente compartido.

La aparición de simbología discriminatoria, como las esvásticas, en el espacio público ha constituido una práctica utilizada para reivindicar la blanquitud del barrio, disputar la ocupación y el uso del espacio y marcar los límites de pertenencia de las personas no blancas.

En el año 2019 se denunció ante el Servei d’Atenció i Denúncia de SOS Racisme una pintada realizada en la pared de una vivienda particular que daba a la vía pública. La pintada ocupaba varios metros de pared y su contenido constituía un mensaje claro de rechazo a la presencia de menores extranjeros no acompañados en el municipio En ese municipio se había producido recientemente una polémica a raíz de la apertura de un centro para menores extranjeros, lo que había generado una división entre el vecindario.

Sin embargo, en estos últimos tres años se ha producido un fenómeno en el que son los partidos políticos o movimientos políticos organizados los que lanzan mensajes de odio en el espacio público.

Tomando como referencia la definición recogida en la Recomendación n.º 15 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa (2015), entendemos como discurso de odio racista todas aquellas conductas o formas de expresión a través de las cuales se defiende, promueve, incita o difunde el odio, la humillación, el desprecio o la violencia hacia personas o grupos de personas seleccionados por su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia a grupos sociales caracterizados, entre otros aspectos, por su raza, origen nacional, condición de extranjero, cultura o religión.

Cuando estos discursos se producen en el espacio público, también pueden adoptar múltiples formas, como discursos, actos, carteles, pintadas, propaganda, entre otras.

 El 30 de octubre de 2023, un movimiento político con objetivos claramente antimigratorios encarteló el barrio de Ca n’Anglada de Terrassa con posters con mensajes xenófobos, islamófobos, criminalizadores y aporofóbicos. La elección del barrio no fue casual, ya que es un barrio con alta presencia de personas extranjeras, y especialmente de origen árabe.

El día 15 de octubre de 2024, una regidora de Terrassa ultraderechista luce una camiseta donde pone “Más muros menos moros” y se pasea por la ciudad, tomándose una foto en el barrio de Ca n’Anglada para colgarla en redes sociales. De nuevo, el discurso de odio se centra en el mismo barrio, y se explicita como parte del diálogo para mostrar el rechazo a esta comunidad.

El 31 de octubre de 2024, personas afiliadas a un partido político de extrema derecha se encuentran repartiendo panfletos electorales en el distrito de Nou Barris de Barcelona, donde también hay una alta presencia de personas migradas y/o racializadas como no blancas, criminalizando a las personas en situación administrativa irregular y proponiendo medidas discriminatorias y desproporcionadas.

En diciembre de 2024, el mismo movimiento político de primer ejemplo vuelve a encartelar zonas de Ca n’Anglada con mensajes discriminatorios y estigmatizadores.

El impacto del discurso de odio en el espacio público puede analizarse en tres dimensiones interrelacionadas: individual, comunitaria y social. Aunque sus efectos pueden manifestarse de formas diferentes, todas ellas contribuyen a limitar la posibilidad de que determinados grupos puedan habitar, participar y sentirse parte del espacio público en condiciones de igualdad.

A nivel individual, el discurso de odio supone una forma de violencia que transmite a las personas y a los colectivos a los que pertenecen un mensaje de rechazo, exclusión o criminalización. La exposición a estos mensajes puede generar miedo, inseguridad y una sensación de no pertenencia, y traducirse en cambios de rutinas, aislamiento social o una menor utilización de determinados espacios. De este modo, el impacto no se limita a la dignidad de las personas afectadas, sino que puede condicionar su derecho efectivo a habitar y disfrutar del espacio público en igualdad de condiciones. En algunos casos, estas experiencias pueden generar consecuencias psicológicas duraderas, como una disminución de la autoestima, sentimientos de marginación o miedo ante la posibilidad de sufrir nuevas agresiones. Sus efectos, además, pueden trascender el propio espacio en el que se producen: las personas afectadas pueden llegar a cuestionar su lugar y su papel dentro de la comunidad y de la sociedad.

En el ámbito comunitario, las expresiones de odio también transforman la manera en que se perciben y se utilizan los espacios compartidos. Por ejemplo, la utilización de simbología racista para señalar o estigmatizar un barrio puede contribuir a construir determinados territorios como espacios “problemáticos”, “peligrosos” o vinculados a una determinada población racializada como no blanca. Del mismo modo, que ocurre a nivel individual, los discursos de odio y las manifestaciones públicas de rechazo o escarnio pueden generar un efecto de intimidación que limite la participación, el acceso y el uso del espacio público por parte de los colectivos organizados del barrio afectado.

A nivel social, el discurso de odio contribuye a reproducir y consolidar imaginarios racistas y xenófobos basados en prejuicios, estereotipos y afirmaciones falsas. Al establecer una división entre un “nosotros” y un “ellos”, estos discursos presentan a determinados grupos como ajenos a la comunidad y favorecen su marginalización y exclusión. Esto puede alimentar la polarización, deteriorar los vínculos sociales y aumentar el malestar y la desconfianza entre distintos grupos de población. Además, la normalización de este tipo de mensajes puede contribuir a generar un clima que favorezca otras formas de discriminación y violencia, incluidos los delitos de odio. En este sentido, uno de los principales riesgos es que la reiteración y normalización de los discursos de odio favorezca procesos de radicalización y legitime, directa o indirectamente, nuevas expresiones de violencia contra los grupos señalados.

Estos impactos adquieren una dimensión específica cuando el discurso es escuchado o visto por población infantojuvenil, ya que se encuentran en una etapa fundamental para la construcción de su identidad, su autoestima y su sentido de pertenencia. Entonces cuando el discurso de odio se manifiesta en los espacios que niñes habitan cotidianamente —como el barrio, la escuela, las plazas o las instalaciones comunitarias—, no solo condiciona su experiencia inmediata de esos lugares, también puede transmitirles la idea de que no pertenecen plenamente a ellos y cuestionar su derecho a ocuparlos, participar en ellos y sentirse parte de la comunidad.

Más allá de las acciones legales disponibles, la respuesta al discurso de odio en el espacio público requiere otras medidas orientadas a reparar sus efectos a nivel individual, comunitario y social. No se trata únicamente de eliminar el mensaje o sancionar a quien lo ha producido, sino también de recuperar el espacio afectado, acompañar a las personas y colectivos que han sufrido el daño y generar respuestas que cuestionen y transformen los imaginarios que lo han hecho posible.

En este sentido, proponemos una serie de acciones que pueden desarrollarse de manera paralela a las acciones formales:

• Mostrar públicamente el rechazo. Convocar concentraciones, encuentros o actos comunitarios que permitan expresar el rechazo y el desacuerdo con los mensajes de odio. Estas acciones hacen visible que el mensaje no representa al conjunto de la comunidad y permiten que las personas afectadas no tengan que afrontar el daño de manera aislada.
• Hacer pública la denuncia y el relato. La difusión de lo ocurrido puede contribuir a visibilizar tanto la historia como el sufrimiento de las personas afectadas. Como señalan Rossi y Bazzaco (2021, p. 24), esta visibilización puede tener un propósito transformador al poner de manifiesto el carácter estructural de la acción y del daño, evitando que el episodio quede reducido a un hecho aislado.
• Crear espacios de memoria, resignificación y resistencia. Generar espacios que permitan recordar y reconocer las experiencias de discriminación y racismo contribuye a evitar el borrado de las consecuencias coloniales y racistas del discurso emitido. Estos espacios pueden ser nuevos, o bien resignificar aquellos lugares en los que se han producido las expresiones de odio, para convertirlos en lugares de memoria y resistencia.
• Recurrir a intervenciones artísticas. El arte puede convertirse en una herramienta para abordar y transformar el conflicto. Rossi y Bazzaco (2021, p. 24) plantean las intervenciones artísticas como espacios de creación y gestión del conflicto en los que pueden participar las personas afectadas, la comunidad y las entidades que quieran acompañarlas. Tanto el proceso como el resultado pueden posteriormente exponerse, difundirse y compartirse como una forma de deslegitimar y expresar el rechazo al discurso de odio y actuar como contra narrativa al racismo.
• Construir narrativas positivas sobre el espacio público. Es necesario generar relatos que reivindiquen el derecho de todas las personas a acceder, utilizar y disfrutar del espacio público. Esto implica reforzar la idea de que la pertenencia a un barrio o a una comunidad no puede quedar condicionada por criterios raciales, percepciones o preferencias vinculadas a la blanquitud. El espacio público debe entenderse como un espacio compartido y abierto a todas las personas.
• Eliminar de manera rápida y coordinada las expresiones de odio. Los servicios públicos pueden establecer protocolos de actuación que permitan retirar con rapidez pintadas, carteles u otros mensajes discriminatorios. Esta respuesta debería coordinar, por ejemplo, los servicios de limpieza con los cuerpos policiales: documentar y recoger las evidencias necesarias antes de eliminar una pintada y trasladar la información a la autoridad competente.
• Impulsar contranarrativas desde las instituciones públicas. Las instituciones tienen también la responsabilidad de intervenir en aquellos espacios que hayan sido instrumentalizados para difundir mensajes de odio. La creación de contranarrativas y de intervenciones que modifiquen el imaginario asociado al lugar puede contribuir a recuperar el espacio y fomentar usos diversos y compartidos. Estas actuaciones deberían partir de las necesidades de la comunidad y tener en cuenta la realidad y las experiencias del grupo que ha sido victimizado.
• Crear círculos comunitarios. Rossi y Bazzaco (2021, p. 23) proponen los círculos como procesos comunitarios orientados a abordar el conflicto en un espacio seguro y explícitamente comunitario. En este caso, no es necesaria la participación de la persona autora de la agresión, sino que se trabaja con la comunidad afectada. Estos espacios permiten fortalecer los vínculos comunitarios, integrar el conflicto en las relaciones existentes y construir compromisos y posibles soluciones. La propuesta parte de una idea expresada con anterioridad: cuando un discurso de odio irrumpe en un espacio compartido, el daño no afecta únicamente a quien recibe directamente el mensaje, sino que alcanza al conjunto de la comunidad.

Rossi, Paula y Bazzaco, Edoardo (2021). Guía para la incorporación de los enfoques psicosocial y restaurativo en los servicios de acompañamiento a víctimas de incidentes y delitos de odio y discriminación. SOS Racisme Catalunya, Barcelona.

Dumont Copero, Malembe (2026). Sesión “Planificación e injusticia racial: (In)equidades urbanas y contra-estrategias para la justicia en la ciudad”, en el marco del curso Decolonizar el urbanismo: hacia una agenda urbana antirracista, de MADÁfrica.

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Però aquesta crisi de l’habitatge afecta de forma desproporcionada a les persones racialitzades no blanques i migrades. Una gran part té dificultats tan sols a accedir a poder llogar o comprar un habitatge digne.

Sovint propietaris i agències immobiliàries neguen el lloguer o la compra d’habitatge pel nom, el color de pell o l’accent de la persona interessada. Això es tracta de racisme immobiliari en l’accés a l’habitatge.

Però el racisme en l’habitatge no es limita a les immobiliàries.

Ho veiem quan es dificulta o es nega l’empadronament, impedint l’accés a drets bàsics.

Ho veiem també als desnonaments sense alternativa residencial, que afecten de forma desproporcionada a persones racialitzades i migrades. Com va passar amb les 400 persones que van ser expulsades del seu habitatge a la nau B9 de Badalona.

Ho veiem quan la Llei d’estrangeria deixa a persones en situació d’irregularitat administrativa sense l’opció de signar un contracte de lloguer ni de treball.

Des de SOS Racisme Catalunya ens adherim a la vaga per reclamar polítiques públiques que garanteixin l’accés a un habitatge i salaris dignes per a totes les persones racialitzades i migrades.

La nostra oficina a C/Maria Casas Mira 38 romandrà tancada l’11 de novembre. Animem a altres entitats a adherir-se a la vaga i a participar en les mobilitzacions convocades arreu de Catalunya.

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La Charlotte, una noia catalana d’origen colombià d’11 anys amb altes capacitats, va anar el dissabte 23 de maig de 2026 a la Cursa Antiracista de Terrassa i, amb molta valentia, va decidir agafar el micròfon i relatar la seva història: a l’escola pateix assetjament racista, bullying, cada dia, de manera rutinària, fins i tot per part del professorat.

Aquest abús va arribar a tal punt que al novembre de 2025 els seus companys li van dislocar la clavícula. L’agressió física va quedar impune, sense resposta ni acompanyament del centre educatiu, com la resta d’agressions verbals que va viure, i no li va quedar altre opció que canviar-se d’escola a una que no li agradava ni a ella ni a la seva mare.

Lluny de ser una història aïllada, ja que una gran part de l’alumnat racialitzat a Catalunya pateix de discriminació racista de forma quotidiana, la Charlotte és un cas especial perquè vol trencar el silenci i vol que se sàpiga tot el que li ha passat. Vol ser un exemple de com aquesta mena de ferides no és que es puguin superar, sinó que es poden guarir. Alhora, exigeix que es parli del racisme a les escoles perquè deixi de ser un tabú i que aquest diàleg es transformi en una pràctica habitual per a poder combatre la discriminació, alhora que es puguin implementar els protocols necessaris al sistema educatiu per responsabilitzar als agressors i garantir reparacions per les persones assetjades. Com garantim la defensa i la protecció dels drets de les infàncies?

Els seus companys li van arribar a fer comentaris com que “tornès a la jungla”. Tanmateix, la Charlotte creu que els assetjadors no  tenen tota la culpa. De fet, un company que la va assetjar va reconèixer-ho i es va disculpar i algunes mares dels alumnes també van fer-ho. El problema ve del fet que l’alumnat veu, aprèn i reprodueix les agressions racistes, emmirallant-se tant als mitjans de comunicació, com a casa o a l’escola; en definitiva és la societat sencera.

Però, què fem quan el professorat, que hauria de protegir l’alumnat, també practica conductes racistes? Una professora de la Charlotte li va dir que deixés de “ser dramàtica”, minimitzant aquestes conductes. Així com es poden activar els protocols? El sistema educatiu ens està fallant: cap aula és un espai segur i no existeix la neutralitat.

Això és el que van viure de prop tan la Charlotte com com la María Ángeles, la seva mare, que no volia que la seva filla tornés a l’escola fins que fos un entorn segur. Les dues van ser citades per l’escola per demanar que la Charlotte tornés, i en aquell moment el centre, a més de qüestionar els fets, va posar en dubte l’informe mèdic on consta que es va dislocar la clavícula i el diagnostic de trastorn d’estrès posttraumàtic. Fins i tot la directora va amenaçar en activar els Serveis Socials si la Charlotte no tornava a l’escola.

La María Ángeles es va quedar sense rumb per saber com fer front a l’assetjament racista que havia patit la seva filla i la pressió del centre educatiu. Tant de bo la seva escola hagués activat protocols antibullying, però mai va rebre una resposta sòlida a les seves queixes formals. Tot i així va decidir posar una denúncia a Mossos d’Esquadra i recomana a altres famílies afectades fer el mateix. Segons la seva experiència, d’aquesta forma almenys es poden enregistrar el actes de violència, ja que set de cada deu situacions de racisme no es denuncien.

Quan van denunciar, van informar-les que com que els agressors no arribaven als 14 anys no eren imputables. Tot i que la María Ángeles i la Charlotte no creuen en el càstig, consideren que com que els agressors no tindran cap mena de pena que, els seus actes no tindran repercussió i, per tant, no es farà justícia. La Charlotte va portar cabestrell durant més d’un mes  i va haver d’anar a rehabilitació, però encara ha de bregar amb les conseqüències psicològiques posttraumàtiques: té malsons i insomni, ansietat i agorafòbia, en un moment va arribar a pensar en treure’s la vida, i té acompanyament psicològic i psiquiàtric. Els medicaments els ha de comprar la seva mare ja que la seguretat social no els cobreix; ella també ha perdut el son, fins i tot va perdre la seva feina anterior perquè sempre arribava en males condicions.

No obstant això, la Charlotte té la sort que la seva mare és psicòloga i té eines per reconèixer aquest trauma racial i treballar aquestes ferides emocionals, però, què hi poden fer la resta de famílies? En el seu cas li ha resultat molt guaridor continuar amb la seva vida, malgrat el dolor que arrossega, i centrar-se en dues de les seves passions i fortaleses: el futbol i la natació, entrenant al Club de Natació de Terrassa. L’equip ha estat un gran suport per a ella, com també ho han estat la Natàlia, una de les seves professores, i el David el seu entrenador de futbol. També l’ha ajudat molt comptar amb una xarxa de suport.

La Luna Charlotte Fajardo Cuervo vol ser una referent per a altres nenes, nens i nenis que han patit assetjament racista a l’escola. Insisteix en la importància de no quedar-se callada, socialitzar aquestes experiències racistes amb la resta. Diu que cada persona porta a dins una fortalesa per a continuar endavant i fer front als seus traumes per donar pas al procés de cura. A més, assenyala que les persones assetjades no són el problema ni són les culpables de la violència rebuda, de fet tant els pares i mares com les escoles són també culpables de cometre aquesta mateixa violència.

La Charlotte portarà aquestes ferides durant molt de temps, però està fent i farà un esforç que no e pot mesurar per continuar endavant, juntament amb la seva família i l’acompanyament psicològic i psiquiàtric que està rebent, per viure una vida plena i feliç. Però també vol que se sàpiga que es compromet amb la resta d’infàncies i que alçarà la seva veu i es demostrarà a si mateixa i a les persones que li van fer mal que es pot aconseguir el que es vol sense ferir als altres. Ara, l’educació i el sistema educatiu han de ser activament antiracistes per a poder fer justícia en situacions de racisme.

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Ponències:

• Gemma Ferreón: Directora de SOS Racisme
  • Resum ponència: Va presentar les dades principals de l’informe INVISIBLES, i va recalcar en les dades pertinents al municipi de Terrassa.
• Úrsula Ruiz: Tècnica jurídica del SAiD de SOS Racisme
  • Resum ponència: Es va centrar en la categoria de discurs d’odi de les tipologies de situacions de racisme detectades a l’informe. A Terrassa el barri de Ca N’Anglada és estigmatzat per la presència de població marroquina, i és instrumentalitzat per partit polítics de dretes. Aquí trobem el cas d’una campanya que deia «Más muros menos moros», que parla del mur simbòlic com a política segregadora, que va ser denunciada 8 vegades a la OITND, i que aquests casos o estan pendents de tramitació o es van arxivar per part d’aquesta administració. A més de denunciar situacions com aquesta, cal contemplar l’impacte real d’aquests discursos en la societat i la responsabilitat que tenen els polítics. Les reparacions han de ser a nivell individual, social i comunitari.
• Cristina González Salvador: Tècnica en acció comunitària inclusiva del Districte 3 de Terrassa; i Mohi Lee: Artista de graffiti, cantant i activista social
  • Resum ponència: Van parlar d’un projecte que van desenvolupar amb estudiants d’instituts de Can Palet (barri perifèric de Terrassa) on treballen des de la co-creació musical i amb el gènere de rap per crear cançons reivindicatives per conscienciar sobre el racisme que pateix el jovent del barri.
•  Mariana i Micaela: Integrants de l’Escola d’Idiomes Maan Yad F Yad a l’Ateneu Candela
  • Resum ponència: Van explicar que el projecte va néixer de la mà del moviment per la regularització extraordinària fa uns 5 anys, i ofereixen classes gratuïtes d’idiomes (castellà, darija i alfabetització en castellà), que son espais on es fa comunitat ja que la gent pot conéixer de prop a les seves veïnes, i a més tenen una xarxa jurídica antiracista.
• Zainab: Integrant de Plataforma contra la Discriminació i el Racisme de Terrassa
  • Resum ponència: Va parlar dels projectes que porten com ara «Ulleres antiracistes», unes ulleres de realitat virtual per viure experiències racistes, ofereixen iftars comunitaris durant el Ramadà, i van formar part de les entitats que van organitzar la primera Cursa Antiracista de Terrassa.

Recital de poesia de la Fàtima Saheb.

També volíem agrair al Vapor de Prodis per cedir-nos l’espai i a l’Ajuntament de Terrassa pel seu suport.

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El pròxim dijous 15 d’octubre farem la presentació de l’informe anual de SOS Racisme: INVISIBLES. L’estat del racisme a Catalunya a Terrassa, juntament amb el recital de poesia de la Fàtima Saheb. Comptarà amb ponències de la mà de professionals que treballen en projectes antirracistes i que combaten el discurs d’odi al municipi de Terrassa.

Aquest esdeveniment es realitzarà amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa.

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Alicia Tomás ha estat denunciada per l’organització SOS Racisme per una presumpta infracció de l’Ordenança de convivència democràtica a la ciutat. La regidora de Vox va publicar un vídeo en què defineix com a «il·legals okupes» les persones que van ser allotjades en un hostal de la ciutat vallesana després de ser expulsades de l’antic institut B9 de Badalona.

La regidora i portaveu a l’Ajuntament de Terrassa de la formació d’extrema dreta Vox, Alicia Tomás, ha estat denunciada per l’organització SOS Racisme per una presumpta infracció de l’Ordenança de convivència democràtica a la ciutat. Segons ha pogut saber la Directa, el consistori del Vallès Occidental, a petició del col·lectiu antiracista, ha obert un procés sancionador que actualment està en fase d’instrucció i del qual Tomás ja ha estat informada.

Tal com exposa l’organització antiracista en el seu escrit enviat a l’Ajuntament vallesà, el dia 23 de gener de 2026, Tomàs va publicar un vídeo a X on hi havia elements “criminalitzadors, estigmatitzants i discriminatoris” contra les persones que havien estat expulsades de l’antic institut B9 de Badalona, el 17 de desembre de 2025, i posteriorment allotjades a l’hostal Roc Blanc de Terrassa.

Al vídeo denunciat per SOS Racisme, que encara està publicat i té més de 5.000 visualitzacions, Tomás titlla les 13 persones desallotjades de l’antic institut B9, d’”il·legals okupes” i considera que Terrassa s’està convertint en un “abocador social d’altres municipis”. Alhora exigeix “prioritat” per als espanyols i lamenta que l’Ajuntament faci servir recursos públics per allotjar les persones sense llar.

Segons consideren des de SOS Racisme, en el vídeo de Tomás hi ha una desena d’elements que van en contra de l’ordenança de convivència. La regidora de Vox, apunten, fa un ús “reiterat del terme ‘okupes’ amb càrrega pejorativa”. “El terme s’utilitza de manera generalitzada i sense matisos, associant-lo implícitament a conflicte, il·legalitat i dany social, reforçant una imatge negativa homogènia d’un col·lectiu divers”, denuncien. Alhora, assenyalen que Tomás intenta criminalitzar totes les persones que vivien al B9 en considerar-lo “il·legals okupes” i presentant-los “sense distinció de situacions administratives, judicials o personals”.

A més, l’escrit de SOS Racisme assenyala que Tomás fa servir “la narrativa d’invasió” que es basa en una retòrica excloent del “nosaltres contra ells” i que considera que les persones racialitzades que vivien al B9 són un “problema” o “amenaça”. “Assenyalar que estan allotjats pagat amb els diners de tots nosaltres suggereix un ús il·legítim o abusiu dels recursos públics, alimentant ressentiment i culpabilització”, sentencia l’entitat.

Tal com recull l’escrit de denúncia de SOS Racisme, el vídeo de Tomás podria tenir missatges que atempten contra “la dignitat de les persones” i contingut que podrien ser “xenòfob i racista”. Segons queda establert a l’ordenança, aquestes conductes poden ser multades amb fins a 2.000 euros. A banda, expliquen des de l’organització antiracista, la regidora de Vox també podria haver comès “una pertorbació rellevant de la convivència” i això li podria suposar una multa de fins a 3.000 euros.

“La criminalització i discriminació conforma un discurs capciós que busca estigmatitzar les persones acollides i deslegitimar polítiques públiques dirigides a poblacions no autòctones”, diuen des de SOS Racisme per sentenciar que al vídeo “s’instrumentalitza una realitat social per dividir i polaritzar l’opinió pública, generant actituds contràries a la migració i la diversitat cultural i religiosa” i, per tant, “es poden encabir en les infraccions mencionades”.

No és la primera vegada que els comentaris de la regidora de Vox a la ciutat vallesana són denunciats. El consistori liderat per Jordi Ballart, de la formació Tot per Terrassa, ha portat les manifestacions de Tomás davant de la Fiscalia. Tal com el consistori explicava a aquest mitjà l’abril de 2025, des de l’octubre de 2021, “els serveis jurídics del consistori estan posant en coneixement de la Fiscalia de Terrassa totes les manifestacions públiques racistes que realitza, sobretot a través de les xarxes socials”.

Alicia Tomás és coneguda per les seves constants provocacions a la comunitat musulmana. A principis de març de 2025, la portaveu del grup municipal de Vox a la cocapital vallesana es feia una foto davant de la seu de la Comunitat Islàmica Al Umma vestint una samarreta amb el lema “Mohammed not welcome”, per cridar el veïnat a participar en una manifestació que s’havia de celebrar el 22 de març. Aquell dia, l’acte contra la “islamització” de Terrassa en què només van participar 214 persones, gairebé totes dirigents i càrrecs del partit d’ultradreta d’altres localitats, la regidora Tomás lluïa una samarreta en català on es podia llegir: “Prou islam. Salvem Terrassa”.

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Les sis entitats de l’encapçalament vam presentar fa més d’un any una querella contra Aitor Navarro Hornas, regidor de VOX a la ciutat.

 La causa d’aquesta querella és que aquesta persona du a terme accions racistes que fomenten o inciten públicament a l’odi, l’hostilitat, la discriminació o la violència contra grups o persones; a més, la querella també recull el fet que Aitor Navarro va revelar públicament dades de caràcter personal de beneficiaris de subvencions públiques, posant en la seva lectura especial èmfasi en els cognoms associats a determinats col·lectius pel seu origen.

Entre d’altres, a la querella destaquen les actuacions següents:

1. Repartiment d’octavetes i enganxada de cartells, en els quals s’advertia a la població colomenca que hi havia un repartiment de persones en situació administrativa irregular i que, per això, calia extremar la precaució a la zona, equiparant immigració amb manca de seguretat. El lema d’aquesta encartellada era “¡Extreme la precaución en esta zona! Partido Popular y Partido Socialista están repartiendo ilegales aquí”. Posteriorment, va difondre aquesta campanya a les xarxes socials.
2. Durant aquest període de temps, el querellat, el Sr. Aitor Navarro, ha anat compartint des del seu perfil públic a xarxes socials vídeos en els quals difon contingut de caràcter racista i xenòfob, amb contingut fal·laç tendent a incitar a l’odi vers la població migrada. En aquests materials difon missatges falsos com que les persones migrants reben més oportunitats i recursos econòmics que les persones autòctones, que la ciutat s’està islamitzant i equipara immigració amb delinqüència.
3. En una intervenció al ple municipal, va expressar que els menors no acompanyats no eren pas menors i que “eran persones en edat militar”, posant a la diana a infants, com si representessin un perill social. Va difondre per xarxes les mateixes idees amb un vídeo fals. 
4. Finalment, Aitor Navarro va accedir a la llista municipal de subvencions municipals. A xarxes va llegir els noms de les persones beneficiàries que ell considerava estrangera, acarnissant-se’n i fent burles. Tot plegat amb la intenció d’insistir en la idea que els recursos públics són acaparats per persones migrades, atiant el foc de la desconfiança entre la ciutadania. Posteriorment, va compartir aquest document per xarxes.

Després d’un temps d’espera, finalment la querella interposada ha estat admesa pel jutjat, i Aitor Navarro està cridat a declarar aquest mes de novembre. Les entitats que la signem esperem que no surti impune d’aquest procés, i que es prenguin les mesures necessàries perquè aquests fets deixin de passar a la nostra ciutat. 

La instrumentalització, la deshumanització i la criminalització constant de les persones migrades per part de partits polítics d’extrema dreta no és nova. Aquesta estratègia té l’objectiu de fragmentar i dividir la classe treballadora fent servir les persones més vulnerabilitzades, com són les persones migrades i racialitzades com a boc expiatori de les desigualtats socials provocades per l’status quo que precisament ells defensen, fomentant polítiques públiques que van en detriment dels drets bàsics de tota la societat catalana. 

Santa Coloma és una ciutat d’acollida. Als nostres barris es conviu en un ambient de tolerància. Malauradament, tant les notícies que es difonen pels mitjans com els discursos racistes d’alguns representants polítics, com els de l’Aitor Navarro, posen en perill aquesta tolerància, la convivència i la cohesió social que ha sobreviscut a diferents migracions que aquesta ciutat ha viscut en la seva història.

En el context en el qual alguns partits polítics atien l’odi racista contra les persones migrades a fi d’obtenir rèdit electoral i distreure l’atenció d’altres problemes socials més greus, com la crisi de l’habitatge, les entitats sotasignants volem deixar clar que no tolerarem a la nostra ciutat actituds que promouen l’odi i/o la discriminació vers les nostres veïnes i així ho hem volgut deixar palès mitjançant la interposició d’aquesta querella. 

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Si una paraula s’ha repetit a les pancartes i peticions d’aquest mes a Ceuta és «asil». Però enmig de totes elles, una altra crida l’atenció: «Nosaltres també som humans». No demana res, simplement recorda el que, en diversos moments d’aquest mes de crisi humanitària a Ceuta, sembla que s’ha oblidat. Els migrants també són humans.

Fa un mes que unes 80.000 persones van entrar a Ceuta via el Marroc. La gran majoria van tornar poques hores després. D’altres, més d’un centenar, van morir ofegades i van ser enterrades, moltes sota un número sense identificar. Les que queden –un ball de xifres constant– s’estan convertint en les protagonistes d’una crisi humanitària que es fa més crua cada dia que passa.

L’esclafit de violència dels últims dies a Ceuta deixa clar que el problema està lluny de solucionar-se, i que això va per llarg. Aquest dijous alguns manifestants van calar foc a un campament de migrants a la platja i van boicotejar el repartiment de menjar. I enmig de tot plegat, hi ha hagut un crit que no ha passat desapercebut: «La Creu Roja és una màfia». Criminalitzar el dèbil i també qui l’ajuda.

Pot semblar inofensiu, només és un crit, però parlant amb voluntaris de l’entitat remarquen que «els que impedeixen que una organització humanitària com és Creu Roja compleixi amb la seva funció d’atendre els més vulnerables, no poden ser humans», i recorden que és una xarxa humanitària, una organització independent que protegeix la vida i la dignitat de les persones en situació de vulnerabilitat.

Des de l’Associació Elín –entitat que defensa els drets dels migrants a la frontera sud– condemnen fermament la violència recent. «Fa estremir comprovar com s’ha normalitzat que s’impedeixi l’accés a l’únic menjar diari de milers de persones que fa setmanes que sobreviuen al carrer. Hi ha línies que una societat no hauria de creuar mai«.

Els preocupa profundament la normalització d’una violència que s’obre pas, cada vegada més ràpid, entre la ciutadania. «Cap malestar ni cap reivindicació política pot justificar comportaments que priven d’allò més bàsic als que ja estan en una situació extrema. I és que darrere aquesta situació cal recordar que hi ha persones –famílies, joves, menors, dones– que fa dies que dormen a la intempèrie.»

Però com hem arribat fins aquí? L’estancament després d’un mes d’una crisi social i humanitària, l’oportunitat de rèdit polític, les peculiaritats de la ciutat i un debat racista i classista són el còctel perfecte per a l’atac i la criminalització del més dèbil.

Fins ara només dos espais han estat habilitats per acollir migrants: Loma Colmenar i Loma Margarita. Un és, ni més ni menys, un aparcament on, quan l’exèrcit hi va instal·lar les primeres tendes, van sortir volant pel vent.

A partir d’aquí el govern central ha anat anunciant un increment dels llocs habilitats per acollir aquestes persones: antigues fàbriques de farina en desús, una hípica, esplanades… i poliesportius, els equipaments que més reticències generen entre els veïns. Fins al punt que, tot i haver estat publicats al BOE, es van retirar. L’inici del curs escolar a tocar en el calendari també ha estat un dels factors que ha fet pujar el to entre els veïns, que veien com es quedaven sense espais esportius.

El xoc entre administracions, la pressió dels veïns i uns migrants amb por que ja no saben on anar fan que la situació torni a la casella de sortida.

«Ceuta sempre ha estat racista i classista, tot i fer bandera de ser la ciutat de les quatre cultures. És mentida. Ara està sortint la Ceuta de veritat«, ens diu una veïna i acadèmica experta en migracions que s’estima més mantenir l’anonimat. «Ceuta és com un poble, aquí ens coneixem tots», i ens avisa de les repercussions personals i laborals que podria tenir per a ella publicar el seu nom.

Ens explica, sorpresa, com la visió dels veïns que posen els drets humans al davant sembla que es va apagant. És normal, diu, que la gent estigui enfadada i farta de tot plegat, però opina que s’hauria de canalitzar la ràbia cap a les institucions «que no fan res» i no pas cap al més dèbil:

«Què faries tu si estiguessis un mes dormint al carrer, sense menjar, sense lavabo, i no poguessis tornar al teu país d’origen?»

I aquí és quan entra en joc una altra dada. Ceuta, igual que Melilla, destaca per una elevada concentració de personal militar i policial en relació amb la seva població. Amb uns 84.000 habitants, el 2025 la ciutat tenia més de 1.200 efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, segons dades del Ministeri de l’Interior. Això representa més d’1,4 efectius d’aquests dos cossos per cada 100 habitants.

A aquesta elevada presència policial cal afegir-hi la important presència militar de la ciutat: la Comandància General de Ceuta té actualment més de 2.600 militars. En termes proporcionals, això suposa més de 3 militars per cada 100 habitants. En conjunt, les xifres mostren una concentració de personal uniformat excepcionalment elevada en relació amb la dimensió demogràfica de Ceuta.

Amb tot, grups i grupuscles d’extrema dreta han aprofitat la crisi humanitària de Ceuta com una oportunitat per atiar el foc i fer córrer com la pólvora a les xarxes discursos racistes i xenòfobs. «És un error reduir tot el que passa a grups d’extrema dreta», reivindica Cheikh Drame, president de SOS Racisme. «L’extrema dreta pot organitzar, alimentar i donar legitimitat a determinats discursos, però aquests discursos no apareixen del no-res: fa anys que construïm els migrants com una amenaça i els etiquetem com el focus del problema i el boc expiatori», recorda.

L’Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia (OBERAXE), adscrit a la Secretaria d’Estat de Migracions, ha detectat aquest juliol 57.406 continguts de discurs d’odi i narratives discriminatòries a les xarxes socials, davant dels 40.800 detectats al juny. Aquest augment arriba principalment, diuen, pels pics registrats els dies 30 i 31 de juliol, després de l’entrada de migrants a Ceuta i que van sumar, en només dos dies, 9.590 missatges d’odi detectats a les xarxes. Una de les paraules més repetides: «invasió».

«Invasió» és el concepte que s’ha colat a la finestra d’Overton, la teoria política que descriu la gamma d’idees tolerades en el discurs públic en un moment donat.

Les xarxes socials juguen un paper clau en aquesta crisi migratòria. El ministre d’Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha relatat aquest divendres en detall algunes de les notícies falses i ha dit que la viralització la van instrumentar «des d’una internacional reaccionària a Europa per desestabilitzar i fracturar la UE». Albares diu que aquesta onada reaccionària també s’ha alimentat des de mitjans i comptes espanyols.

Un avís del que vindria les pròximes setmanes i on ràpidament se sumarien membres de Vox o fins i tot la italiana Giorgia Meloni, que va arribar a suspendre l’acord de Schengen amb Espanya per als viatgers no europeus per la crisi a Ceuta.

El cas de Ceuta és, segons experts en extrema dreta, un exemple del moment geopolític actual, amb moviments per desestabilitzar Europa aprofitant un punt tan sensible com és la frontera marroquina. Això, barrejat amb el malestar d’alguns veïns, genera un ambient inestable que acaba sent instrumentalitzat per l’extrema dreta. Una oportunitat, a més, de carregar contra el govern de Pedro Sánchez que tampoc van desaprofitar des de les files populars, amb la visita recent de José María Aznar.

El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, repeteix cada dia que el govern central ha abandonat Ceuta i que la solució és retornar tots els migrants, adults i nens. Recentment Vivas ha rebut crits d’adulació i banys de masses per demostrar-li suport. Ell mateix s’ha sumat al crit de «fora invasors».

Per això són claus veus com la de l’advocada de la Coordinadora de Barrios, Patrícia Fernández Vicens, amb qui parlàvem fa poc, que recorden que, «més enllà dels discursos, les devolucions col·lectives estan prohibides» i que «s’han de fer expedients individuals dels menors de Ceuta» i estudiar-los cas per cas.

Però si amb tot això no n’hi havia prou, en plena crisi migratòria aquest dimarts la primera reunió del curs del Consell de Ministres va impulsar una doble reforma de les lleis d’estrangeria i asil. Es feia per obligació, per adequar-se a la normativa de la Unió Europea, i si el Congrés l’aprova, comportarà canvis profunds que no es veien des de fa dècades en qüestió de política migratòria a Espanya. La Fundació Elín, des de Ceuta, qualificava l’anunci de sensacionalista. «A l’asil no s’hi accedeix per gust, sinó que és un dret davant de situacions com ara conflictes bèl·lics o persecució», insistia un dels seus portaveus, l’educador social Ramsés Mohamed.

SOS Racisme s’hi sumen i recorden que cal garantir la seguretat i condicions d’acollida dignes per a totes les persones: «Si només actuem quan esclata la violència arribem tard, hem de revisar unes polítiques migratòries que tracten massa sovint la migració com un problema de seguretat i no pas com una qüestió de drets, tal com apunta l’article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans».

A Ceuta, a poc a poc s’intenta anar filiant i documentant tots els migrants, donar-los menjar i tenir un control mèdic de tots ells. Alguns menors aviat seran enviats a la Península. Però si tot plegat no s’accelera i s’arriba a una solució, aquesta crisi –humanitària, social, política– seguirà sent el caldo de cultiu perfecte per oblidar que el migrant també és humà i no només una arma política. I ens haurem de preguntar, una vegada més, on s’acaba la llibertat d’expressió i on comencen els delictes d’odi.

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El ataque contra un niño marroquí y una adolescente ceutí, la violencia contra hombres racializados, o el reparto de sprays de gas pimienta a mujeres ceutíes para “defenderse de los invasores”, subrayan una deriva racista en la ciudad autónoma.

El martes 8 de septiembre una nueva noticia de violencia llegaba a los titulares sobre Ceuta. Esta vez, el protagonista era un niño, Ali, de ocho años, disparado con perdigones mientras dormía en una tienda de campaña en un asentamiento en la barriada del Príncipe. Tras haber cruzado la frontera a nado, el pequeño pernoctaba con sus padres y su hermano de tres años cuando unos encapuchados que iban en moto dispararon perdigones contra las lonas. 

Uno de esos perdigones hirió al pequeño muy cerca del ojo, abriéndole una brecha. Cuando su madre salió de la tienda a rogar a los encapuchados que cesaran su ataque, la amenazaron de muerte, según relataba ante los medios. Aún no se ha esclarecido la autoría, y la familia no ha denunciado, temen que los servicios sociales les separen de sus hijos. 

El ataque contra Ali no es el primero de estas características. El pasado 30 de agosto dos hombres marroquíes eran disparados también con perdigones en la misma barriada, ambos tuvieron que ser atendidos en el Hospital Universitario de Ceuta debido a las heridas sufridas. Mientras, algunos medios recogen cómo el 1 de septiembre, un ciudadano marroquí denunció otro ataque cerca de la zona. Un día después sería un vecino ceutí  quien denunciara haber sido disparado en Lomas de Colmenar.  Como en el caso de Ali, los atacantes iban en moto y llevaban pistolas de aire comprimido.

La agresión física contra Ali, no es la única cometida contra menores que ha saltado esta semana a los medios, mostrando cómo el odio desatado contra las personas migrantes que aún continúan en la ciudad autónoma no se detiene ante la infancia. Según recogía ElDiario.es el pasado lunes, la familia de una niña ceutí denunciaba cómo la pequeña, de 13 años, había sido atacada verbalmente en una protesta que reclamaba seguridad ante el inicio de las clases . La niña, que se había unido junto a su prima a la convocatoria, celebrada el domingo, debido a su preocupación ante la vuelta al instituto, fue increpada al grito de “¡invasora! ¡tú de dónde has salido!”, por varios manifestantes, que le exigieron que mostrara su DNI.

“Para mí esta gente que estaba en esa manifestación no son de Ceuta. Aseguraría casi al 100% que no eran de aquí”, explica Fatima, tía de la víctima, a El Salto, en conversación telefónica. Fatima asegura que hizo fotos a los agresores que a su vez estaban fotografiando a la menor. Fotos que ha mostrado a vecinos y vecinas: nadie conoce a los agresores. “Nosotros somos de aquí de muchísimas generaciones, somos bastante conocidos, a esta gente nadie le conocía. Nunca hemos tenido un trato así aquí en Ceuta. Jamás hemos vivido algo así”, lamentaba la ceutí. 

Tras la agresión, la niña tiene miedo a salir sola de casa, “al instituto la tenemos que llevar y traer nosotros y eso que lo tenemos al lado. Tiene miedo de la inseguridad que se vive ahora mismo en la ciudad y también tiene miedo de, ‘a ver si me van a confundir’, porque ya ha pasado una vez”, explica Fátima. La familia en este caso sí ha denunciado y está pendiente de cómo avanza la investigación. 

Para la tía de la niña agredida, es incomprensible que la violencia alcance a la infancia: “Es que ya sea española, sea de donde sea, ¿a dónde vas a increpar a una menor?” Asegura que como el resto de los ceutíes, ella comparte el descontento por “la situación extrema” que se alarga durante más de un mes, “pero llegar a este punto de agredir verbalmente a una menor, sea de donde sea, no me parece lo más normal”.

La familia está recibiendo mucho apoyo por parte de ceutíes de todas las confesiones e incluso ya en la manifestación, según cuenta Fátima, muchos de las participantes, al ver lo que sucedía apoyaron a la niña. Sin embargo, la brecha está ahí: “una manifestante recuerdo que me ha dicho, ‘echamos de menos a la comunidad musulmana’, y digo, ‘pues mira, precisamente por estas cosas la comunidad musulmana no  puede ir a estas manifestaciones, si vamos a estar constantemente a gritos de musulmán el que no bote, fuera moros, o lo que sea, esto va a provocar que no vayamos’”. 

A Fátima le indigna que su sobrina tenga miedo a salir a la calle por el color de su piel. “¿Qué pasa? ¿Que por ser de color moreno ya no podemos salir a la calle? Esto no lo podemos permitir”.  Considera que si alguien tiene que desaparecer de la calle son las personas llenas de odio, como quienes atacaron a la niña, y espera que la agresión no quede impune. 

Mientras el despliegue de racismo alcanza a personas racializadas de todas las edades y géneros, la extrema derecha ha hecho de la “defensa” de las mujeres frente a la violencia sexual en la ciudad autónoma, una de sus banderas. La apuesta ha trascendido lo discursivo. La semana pasada, según mostraban varias cuentas de redes sociales de extrema derecha, el activista ultra Juan Ruiz, junto a Revuelta —las ex juventudes de Vox— repartían sprays de gas pimienta en la ciudad autónoma a las mujeres para “defenderse de los invasores”.

La acción estaba enmarcada en la campaña de recaudación de fondos en GoFundMe “Ayudemos a las mujeres de Ceuta a sentirse más seguras”, iniciativa que ha sido denunciada por el colectivo Afroféminas ante la Fiscalía General del Estado, señalando que se incurre en tres delitos que tienen que ver con el reparto ilícito de armas, la incitación al odio, y la captación ilegal de fondos. “No vamos a permitir que se vulneren las leyes de seguridad ni que se utilice el racismo en nombre de los derechos de las mujeres. Exigimos la incautación del material y el bloqueo inmediato de los fondos”, afirmaba la presidenta de la organización, Antoinette Torres Soler, en una nota de prensa difundida por el colectivo.

“La extrema derecha nunca se ha preocupado por nuestra seguridad, ni está preocupada ni está defendiendo a las mujeres; lo que hace es utilizarnos como objeto discursivo para construir un enemigo racial”, denuncia Zinthia Álvarez,  integrante de Afroféminas, en conversación con El Salto. La activista explica cómo las mujeres son convertidas en un “territorio simbólico que hay que ‘proteger’ frente al hombre racializado, al moro, al africano, al negro”, este discurso convive con el ataque a las feministas cuando son ellas las que denuncian la violencia consecuencia del patriarcado.

Para Álvarez una muestra clara de que no es las seguridad de las mujeres lo que preocupa a quienes instrumentalizan el miedo a la violencia sexual, es la indiferencia que muestran hacia la posibilidad de que las menores migrantes no acompañadas sean devueltas a Marruecos, donde muchas se encontrarán en una situación de vulnerabilidad, “al contrario, sostienen que deben ser devueltas a su país. Esa diferencia de trato evidencia que el criterio no es la protección de las mujeres en sí misma, sino quiénes son consideradas merecedoras de esa protección en un momento concreto y frente a un enemigo concreto”.

La activista conecta esta caracterización del hombre africano como potencial agresor sexual, con toda una herencia colonial, y denuncia que, a diferencia de lo que sucede cuando quien comete un acto de violencia sexual es blanco, cualquier agresión cometida por un hombre racializado situa a millones de hombres bajo sospecha: “La violencia sexual existe y debe perseguirse siempre, independientemente del origen del agresor. Pero utilizarla selectivamente para construir una categoría racial de hombres peligrosos es racista”. 

Álvarez denuncia un marco en el que medios de comunicación y políticos han repetido a todas horas la idea de que se sufre una “invasión” a manos de persona que constituyen una “amenaza”, ante la que la población estaría desprotegida, un discurso que construye “el escenario emocional necesario para que determinadas respuestas violentas parezcan razonables”, algo que ha llevado a ataques tanto contra personas migrantes, como contra ceutíes racializados.

“No se trata únicamente del reparto de gas pimienta por parte del agitador y racista Juan Ruiz junto a miembros de la organización la Revuelta. Se trata de qué ocurre cuando se normaliza la idea de que determinados cuerpos son una amenaza y, simultáneamente, se legitima que la ciudadanía se arme simbólica o materialmente para defenderse de ellos y se acepte o valide el uso de la violencia”, apunta la activista.

Como le pasó a la sobrina de Fátima en la manifestación, los casos de vecinos ceutíes que han sufrido agresiones por su racialización son numerosos, mientras alarma el hecho de que sucedan sin mucho reparo ante la cámara, como ocurrió el pasado 17 de agosto a un periodista del Pueblo de Ceuta, atacado mientras hacía su trabajo.

El pasado lunes, otro ceutí denunciaba haber sido agredido por dos personas que de nuevo “le confundieron con un ciudadano marroquí”. El ataque sucedió en pleno centro de la ciudad, donde el hombre fue atacado e increpado por dos vecinos que se acercaron intencionadamente para insultarle, golpeándole uno de ellos en la cara, según relató el denunciante ante los medios. El agredido terminó mostrando su DNI para confirmar que era español, ante lo que los atacantes huyeron del lugar.

Las tensiones raciales que se están avivando en la ciudad autónoma se inscriben en un marco que tilda a quienes llegaron a Ceuta los últimos días de julio como “invasores”. Según denunciaba el diputado Mohamed Mustafa en una entrevista reciente con El Salto, presentar a estas personas como invasores, está permitiendo que se les pueda atacar, mientras que el discurso del miedo, habilita que cualquier ilegalidad pueda ser permitida. Para el periodista Youssef M. Ouled, presentar a las personas migrantes “como ‘invasores’, ‘violadores en masa’ y ‘armas’ en una supuesta ‘guerra híbrida’”, permite que dejen de ser vistos como personas “con derechos y dignidad”, y pasen a ser algo “contra lo que se puede ejercer todo tipo de violencia social e institucional”.

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La brutal paliza que propinaron dos agentes de la policía a una familia afrocolombiana en València continúa su periplo judicial. Los hechos tuvieron lugar el 17 de mayo de 2025, cuando varios agentes de la Policía Nacional acabaron deteniendo a cinco ciudadanos colombianos tras ser golpeados en plena calle San Vicente.

Varios testigos grabaron la actuación de los agentes con su móvil, en unas imágenes en las que se puede apreciar como un agente de la policía nacional coge por el cuello y por detrás a una de las denunciantes, tirándola brutalmente al suelo. Ya en el suelo, otro policía la aporrea con saña en el cuerpo. Inmediatamente después, el primero se une a otros dos que comienzan a pegarle a una segunda persona que no se alcanza a ver bien en el vídeo. Al terminar de golpearla, uno de ellos vuelve con la mujer que todavía no se recupera, tumbada en el suelo, propinándole un fuerte golpe con la porra a la altura de la cabeza.

Tras estos 8 segundos, continúa la grabación hasta finalizar, pudiéndose observar como la agarran violentamente, cara al suelo, para finalmente esposarla. Durante todo el vídeo se observa, en el ángulo superior derecho, cómo otro policía tiene detenida durante todo el tiempo a otra persona, que está de pie, por la fuerza. Finalmente, llega una patrulla y se llevan a la persona que estaba retenida de pie y también se llevan a rastras a la mujer. En los últimos segundos del vídeo se pueden observar aproximadamente a 10 policías involucrados.

Los hechos fueron condenados desde numerosos colectivos y organizaciones, que calificaron como “brutal” la actuación policial y hasta el entonces presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a condenar la agresión a través de sus redes sociales, solicitando, además, explicaciones al Gobierno de España.

La querella judicial se abre camino

Las víctimas de dicha actuación policial denunciaron a los agentes por utilizar “una fuerza totalmente desproporcionada e innecesaria”. El juzgado admitió la querella y la jueza citó a los denunciantes y a los denunciados.

El juzgado de instrucción número 20 de València, que investiga los hechos, citó hace unos días a los agentes en calidad de investigados para continuar con las diligencias. Los policías acusados acudieron acompañados por sus respectivos abogados y, según publica el diario Levante-EMV, se ampararon en su derecho constitucional a no declarar.

En el mismo medio, el abogado de las afectadas, el penalista Juan Molpeceres, califica como “curioso que los policías no den su versión de los hechos” lo que “cuando menos, resulta sospechoso”. Molpeceres señala que los agentes solo se han limitado a aportar una serie de pruebas con la supuesta pretensión de “encajar conductas de mis representados en espacios en los que no hay vídeos, lo que, además de ser una casualidad, llama poderosamente la atención”.

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