El espacio público suele imaginarse como un lugar abierto a todas las personas, donde cualquiera puede transitar, encontrarse, expresarse y participar en condiciones de igualdad. Sin embargo, una mirada crítica al urbanismo desde el antirracismo y la perspectiva decolonial muestra que los espacios públicos no son neutros: su configuración histórica y social está atravesada por relaciones de poder que determinan quién puede acceder a ellos, cómo puede utilizarlos, qué cuerpos son percibidos como legítimos y cuáles son considerados ajenos, sospechosos o incluso una amenaza.

Esta dimensión desigual del espacio puede observarse, por ejemplo, en la distribución territorial de las poblaciones racializadas y migrantes. En muchas ciudades y municipios existen barrios en los que se concentra una mayor presencia de personas migrantes o racializadas como no blancas. Esta concentración no puede explicarse simplemente a partir de las decisiones individuales de estas comunidades ni entenderse como una cuestión de falta de “integración”. La construcción y organización del territorio no son ajenas a las relaciones de poder, a las jerarquías raciales y a las desigualdades económicas que atraviesan nuestras sociedades.

En algunos contextos, estas dinámicas de segregación han sido promovidas directamente por las propias instituciones. Un ejemplo paradigmático es el redlining en Estados Unidos, mediante el cual determinadas acciones gubernamentales y del capital financiero contribuyeron a excluir a comunidades negras del acceso a determinadas zonas de las ciudades y al mercado de la vivienda. Pero la segregación espacial también puede producirse a través de mecanismos aparentemente menos explícitos como ocurre en nuestro contexto: el funcionamiento del mercado inmobiliario, atravesado por desigualdades económicas y raciales, puede dificultar el acceso a una vivienda digna a determinados grupos y favorecer procesos de especulación, encarecimiento de la vivienda y gentrificación.

Estos procesos tienen un impacto especialmente intenso sobre las personas migrantes y racializadas. La transformación de determinados barrios puede implicar no solo su desplazamiento económico, sino también la pérdida de redes comunitarias, espacios de referencia y formas de habitar el territorio. Desde algunas perspectivas críticas, estos procesos han llegado a ser analizados incluso como formas de “blanqueamiento urbano” o de “destierro racial” (Malembe Dumont Copero, 2026).

En este sentido, Malembe Dumont Copero utiliza el concepto de “periferias habitacionales” para referirse a espacios producidos por dinámicas de discriminación y racismo institucional, caracterizados por procesos de segregación étnica o racial y por una oferta residencial que suele presentar peores condiciones, tanto en términos de calidad como de localización. Estas periferias no deben entenderse únicamente como una cuestión de distancia respecto de los centros urbanos, sino como espacios donde se acumulan diferentes formas de desigualdad y marginación.

Pero las desigualdades en el espacio urbano no se explican únicamente por dónde viven las personas. También tienen que ver con quién puede ocupar y utilizar el espacio público, cómo puede hacerlo y qué experiencias tiene en él.

Desde esta perspectiva, hablar de racismo en el espacio público no significa únicamente hablar de quién puede vivir en un determinado barrio. Significa también preguntarnos quién puede sentirse seguro en él, quién puede expresarse, quién puede ser visible y quién es objeto de señalamiento, vigilancia o estigmatización.

Si el espacio público es un escenario de disputa sobre quién pertenece, quién tiene derecho a estar y qué identidades pueden hacerse visibles, la emisión de discursos de odio y el uso de simbología racista en estos espacios no pueden entenderse como fenómenos aislados o meramente discursivos. Las palabras, imágenes, símbolos y mensajes que se despliegan en calles, plazas o equipamientos, también producen efectos sobre la forma en que determinados barrios y las personas que los habitan son percibidos.

Por ello, analizaremos cómo se manifiestan los discursos de odio y la simbología racista en el espacio público, qué efectos tienen sobre las personas y los espacios que los reciben y qué herramientas existen para hacerles frente reparando el daño, disputando los significados atribuidos a los espacios y recuperando el espacio público como un lugar verdaderamente compartido.

La aparición de simbología discriminatoria, como las esvásticas, en el espacio público ha constituido una práctica utilizada para reivindicar la blanquitud del barrio, disputar la ocupación y el uso del espacio y marcar los límites de pertenencia de las personas no blancas.

En el año 2019 se denunció ante el Servei d’Atenció i Denúncia de SOS Racisme una pintada realizada en la pared de una vivienda particular que daba a la vía pública. La pintada ocupaba varios metros de pared y su contenido constituía un mensaje claro de rechazo a la presencia de menores extranjeros no acompañados en el municipio En ese municipio se había producido recientemente una polémica a raíz de la apertura de un centro para menores extranjeros, lo que había generado una división entre el vecindario.

Sin embargo, en estos últimos tres años se ha producido un fenómeno en el que son los partidos políticos o movimientos políticos organizados los que lanzan mensajes de odio en el espacio público.

Tomando como referencia la definición recogida en la Recomendación n.º 15 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa (2015), entendemos como discurso de odio racista todas aquellas conductas o formas de expresión a través de las cuales se defiende, promueve, incita o difunde el odio, la humillación, el desprecio o la violencia hacia personas o grupos de personas seleccionados por su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia a grupos sociales caracterizados, entre otros aspectos, por su raza, origen nacional, condición de extranjero, cultura o religión.

Cuando estos discursos se producen en el espacio público, también pueden adoptar múltiples formas, como discursos, actos, carteles, pintadas, propaganda, entre otras.

 El 30 de octubre de 2023, un movimiento político con objetivos claramente antimigratorios encarteló el barrio de Ca n’Anglada de Terrassa con posters con mensajes xenófobos, islamófobos, criminalizadores y aporofóbicos. La elección del barrio no fue casual, ya que es un barrio con alta presencia de personas extranjeras, y especialmente de origen árabe.

El día 15 de octubre de 2024, una regidora de Terrassa ultraderechista luce una camiseta donde pone “Más muros menos moros” y se pasea por la ciudad, tomándose una foto en el barrio de Ca n’Anglada para colgarla en redes sociales. De nuevo, el discurso de odio se centra en el mismo barrio, y se explicita como parte del diálogo para mostrar el rechazo a esta comunidad.

El 31 de octubre de 2024, personas afiliadas a un partido político de extrema derecha se encuentran repartiendo panfletos electorales en el distrito de Nou Barris de Barcelona, donde también hay una alta presencia de personas migradas y/o racializadas como no blancas, criminalizando a las personas en situación administrativa irregular y proponiendo medidas discriminatorias y desproporcionadas.

En diciembre de 2024, el mismo movimiento político de primer ejemplo vuelve a encartelar zonas de Ca n’Anglada con mensajes discriminatorios y estigmatizadores.

El impacto del discurso de odio en el espacio público puede analizarse en tres dimensiones interrelacionadas: individual, comunitaria y social. Aunque sus efectos pueden manifestarse de formas diferentes, todas ellas contribuyen a limitar la posibilidad de que determinados grupos puedan habitar, participar y sentirse parte del espacio público en condiciones de igualdad.

A nivel individual, el discurso de odio supone una forma de violencia que transmite a las personas y a los colectivos a los que pertenecen un mensaje de rechazo, exclusión o criminalización. La exposición a estos mensajes puede generar miedo, inseguridad y una sensación de no pertenencia, y traducirse en cambios de rutinas, aislamiento social o una menor utilización de determinados espacios. De este modo, el impacto no se limita a la dignidad de las personas afectadas, sino que puede condicionar su derecho efectivo a habitar y disfrutar del espacio público en igualdad de condiciones. En algunos casos, estas experiencias pueden generar consecuencias psicológicas duraderas, como una disminución de la autoestima, sentimientos de marginación o miedo ante la posibilidad de sufrir nuevas agresiones. Sus efectos, además, pueden trascender el propio espacio en el que se producen: las personas afectadas pueden llegar a cuestionar su lugar y su papel dentro de la comunidad y de la sociedad.

En el ámbito comunitario, las expresiones de odio también transforman la manera en que se perciben y se utilizan los espacios compartidos. Por ejemplo, la utilización de simbología racista para señalar o estigmatizar un barrio puede contribuir a construir determinados territorios como espacios “problemáticos”, “peligrosos” o vinculados a una determinada población racializada como no blanca. Del mismo modo, que ocurre a nivel individual, los discursos de odio y las manifestaciones públicas de rechazo o escarnio pueden generar un efecto de intimidación que limite la participación, el acceso y el uso del espacio público por parte de los colectivos organizados del barrio afectado.

A nivel social, el discurso de odio contribuye a reproducir y consolidar imaginarios racistas y xenófobos basados en prejuicios, estereotipos y afirmaciones falsas. Al establecer una división entre un “nosotros” y un “ellos”, estos discursos presentan a determinados grupos como ajenos a la comunidad y favorecen su marginalización y exclusión. Esto puede alimentar la polarización, deteriorar los vínculos sociales y aumentar el malestar y la desconfianza entre distintos grupos de población. Además, la normalización de este tipo de mensajes puede contribuir a generar un clima que favorezca otras formas de discriminación y violencia, incluidos los delitos de odio. En este sentido, uno de los principales riesgos es que la reiteración y normalización de los discursos de odio favorezca procesos de radicalización y legitime, directa o indirectamente, nuevas expresiones de violencia contra los grupos señalados.

Estos impactos adquieren una dimensión específica cuando el discurso es escuchado o visto por población infantojuvenil, ya que se encuentran en una etapa fundamental para la construcción de su identidad, su autoestima y su sentido de pertenencia. Entonces cuando el discurso de odio se manifiesta en los espacios que niñes habitan cotidianamente —como el barrio, la escuela, las plazas o las instalaciones comunitarias—, no solo condiciona su experiencia inmediata de esos lugares, también puede transmitirles la idea de que no pertenecen plenamente a ellos y cuestionar su derecho a ocuparlos, participar en ellos y sentirse parte de la comunidad.

Más allá de las acciones legales disponibles, la respuesta al discurso de odio en el espacio público requiere otras medidas orientadas a reparar sus efectos a nivel individual, comunitario y social. No se trata únicamente de eliminar el mensaje o sancionar a quien lo ha producido, sino también de recuperar el espacio afectado, acompañar a las personas y colectivos que han sufrido el daño y generar respuestas que cuestionen y transformen los imaginarios que lo han hecho posible.

En este sentido, proponemos una serie de acciones que pueden desarrollarse de manera paralela a las acciones formales:

• Mostrar públicamente el rechazo. Convocar concentraciones, encuentros o actos comunitarios que permitan expresar el rechazo y el desacuerdo con los mensajes de odio. Estas acciones hacen visible que el mensaje no representa al conjunto de la comunidad y permiten que las personas afectadas no tengan que afrontar el daño de manera aislada.
• Hacer pública la denuncia y el relato. La difusión de lo ocurrido puede contribuir a visibilizar tanto la historia como el sufrimiento de las personas afectadas. Como señalan Rossi y Bazzaco (2021, p. 24), esta visibilización puede tener un propósito transformador al poner de manifiesto el carácter estructural de la acción y del daño, evitando que el episodio quede reducido a un hecho aislado.
• Crear espacios de memoria, resignificación y resistencia. Generar espacios que permitan recordar y reconocer las experiencias de discriminación y racismo contribuye a evitar el borrado de las consecuencias coloniales y racistas del discurso emitido. Estos espacios pueden ser nuevos, o bien resignificar aquellos lugares en los que se han producido las expresiones de odio, para convertirlos en lugares de memoria y resistencia.
• Recurrir a intervenciones artísticas. El arte puede convertirse en una herramienta para abordar y transformar el conflicto. Rossi y Bazzaco (2021, p. 24) plantean las intervenciones artísticas como espacios de creación y gestión del conflicto en los que pueden participar las personas afectadas, la comunidad y las entidades que quieran acompañarlas. Tanto el proceso como el resultado pueden posteriormente exponerse, difundirse y compartirse como una forma de deslegitimar y expresar el rechazo al discurso de odio y actuar como contra narrativa al racismo.
• Construir narrativas positivas sobre el espacio público. Es necesario generar relatos que reivindiquen el derecho de todas las personas a acceder, utilizar y disfrutar del espacio público. Esto implica reforzar la idea de que la pertenencia a un barrio o a una comunidad no puede quedar condicionada por criterios raciales, percepciones o preferencias vinculadas a la blanquitud. El espacio público debe entenderse como un espacio compartido y abierto a todas las personas.
• Eliminar de manera rápida y coordinada las expresiones de odio. Los servicios públicos pueden establecer protocolos de actuación que permitan retirar con rapidez pintadas, carteles u otros mensajes discriminatorios. Esta respuesta debería coordinar, por ejemplo, los servicios de limpieza con los cuerpos policiales: documentar y recoger las evidencias necesarias antes de eliminar una pintada y trasladar la información a la autoridad competente.
• Impulsar contranarrativas desde las instituciones públicas. Las instituciones tienen también la responsabilidad de intervenir en aquellos espacios que hayan sido instrumentalizados para difundir mensajes de odio. La creación de contranarrativas y de intervenciones que modifiquen el imaginario asociado al lugar puede contribuir a recuperar el espacio y fomentar usos diversos y compartidos. Estas actuaciones deberían partir de las necesidades de la comunidad y tener en cuenta la realidad y las experiencias del grupo que ha sido victimizado.
• Crear círculos comunitarios. Rossi y Bazzaco (2021, p. 23) proponen los círculos como procesos comunitarios orientados a abordar el conflicto en un espacio seguro y explícitamente comunitario. En este caso, no es necesaria la participación de la persona autora de la agresión, sino que se trabaja con la comunidad afectada. Estos espacios permiten fortalecer los vínculos comunitarios, integrar el conflicto en las relaciones existentes y construir compromisos y posibles soluciones. La propuesta parte de una idea expresada con anterioridad: cuando un discurso de odio irrumpe en un espacio compartido, el daño no afecta únicamente a quien recibe directamente el mensaje, sino que alcanza al conjunto de la comunidad.

Rossi, Paula y Bazzaco, Edoardo (2021). Guía para la incorporación de los enfoques psicosocial y restaurativo en los servicios de acompañamiento a víctimas de incidentes y delitos de odio y discriminación. SOS Racisme Catalunya, Barcelona.

Dumont Copero, Malembe (2026). Sesión “Planificación e injusticia racial: (In)equidades urbanas y contra-estrategias para la justicia en la ciudad”, en el marco del curso Decolonizar el urbanismo: hacia una agenda urbana antirracista, de MADÁfrica.