La mentira de la vivienda y el chivo expiatorio del racismo frente a la especulación

Noticia e imagen extraídas de Pikara Magazine

El problema de la vivienda no se soluciona poniendo fronteras sino regulando el mercado para parar la especulación. Partidos como Vox utilizan el chovinismo del bienestar: bajo la narrativa de los recursos finitos, construyen el mito de que el Estado es un pastel limitado donde la población nativa queda desatendida.

La crisis del acceso a la vivienda en España se ha convertido en el síntoma más sangrante de una quiebra estructural del sistema social. Encontrar un lugar donde vivir a un precio asumible es hoy una odisea que asfixia a amplias capas de la sociedad. Pero en el debate público y político con formaciones como Vox a la cabeza de la ofensiva retórica se ha asentado un relato perverso donde la culpa del encarecimiento y la escasez del techo no recae en la especulación, sino en las espaldas de la población migrante y racializada. Este achaque es una operación calculada de desplazamiento de culpa que utiliza el racismo para blindar los intereses del gran capital mientras estigmatiza a las comunidades más vulnerables.

¿Quién tensiona realmente la vivienda?

Los factores determinantes que han convertido la vivienda en un activo financiero inaccesible responden a dinámicas de especulación a gran escala. Tras el estallido de la crisis inmobiliaria, grandes fondos de inversión internacionales desembarcaron en España para adquirir miles de viviendas a precios de saldo, convirtiendo barrios enteros en carteras de activos orientadas a maximizar rentabilidades mediante subidas desmedidas del alquiler y desahucios masivos.

A esto se suma la proliferación descontrolada de pisos turísticos y la llegada masiva de perfiles extranjeros de alto poder adquisitivo como nómadas digitales, rentistas internacionales o ejecutivos comunitarios que han desplazado a la población local, tensionando salvajemente los precios del mercado residencial tradicional al sustituir inquilinos de larga duración por estancias breves a precios de oro. La compra masiva por parte de pequeños y medianos rentistas para trocear pisos y alquilarlos por habitaciones a precios abusivos representa una explotación sistemática de la necesidad básica de cobijo, expulsando a quienes por razones de salud, ingresos o diversidad funcional no encajan en las exigencias de un mercado voraz.

El sesgo racial del imaginario colectivo

En el debate público, la palabra migrante jamás se aplica de forma simétrica. Existe una frontera racial y de clase cuidadosamente trazada en el imaginario colectivo donde el ciudadano europeo, norteamericano o de alto patrimonio procedente de cualquier latitud que se instala en Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga jamás recibe la etiqueta de migrante. Se le nombra con eufemismos de prestigio como expat, inversor o nómada digital y su presencia, que tensiona el mercado y dispara los precios del suelo, es aplaudida por las instituciones como atracción de talento y capital.

Existe una frontera racial y de clase cuidadosamente trazada en el imaginario colectivo

Por el contrario, la etiqueta de migrante se reserva de forma punitiva y racializada para las personas procedentes del Sur Global, África, Latinoamérica o Asia que ocupan los puestos de trabajo más precarizados. A pesar de que sus rentas les impiden competir en el mercado de compra o incidir en los precios de los alquileres de renta alta, se les señala de forma recurrente como los responsables de la escasez.

Chovinismo del bienestar y señalamiento al vulnerable

El discurso de la extrema derecha desplaza intencionadamente el conflicto social y en lugar de señalar la falta de vivienda pública, las exenciones fiscales al rentismo o la especulación de los fondos de inversión, formaciones como Vox activan lo que sociológicamente se conoce como chovinismo del bienestar. Bajo la narrativa de los recursos finitos, construyen el mito de que el Estado es un pastel limitado donde la población nativa queda desatendida porque las personas migrantes se llevan las ayudas o saturan los servicios, ofreciendo esta estrategia una persona culpable rápido, visible y desarmada institucionalmente, la persona migrante empobrecida y racializada, evitando así cualquier confrontación con los verdaderos poderes económicos que controlan el parque inmobiliario.

La prueba más evidente de la falsedad de este relato reside en el trato dispensado a la blanquitud empobrecida ya que las familias blancas que sufren desahucios, que malviven en habitaciones realquiladas o que no pueden acceder a un alquiler debido a la precariedad laboral no son señaladas por la extrema derecha como la causa del colapso habitacional. Su pobreza genera, en el mejor de los paternalismos institucionales, compasión o silencio, pero nunca una campaña de odio organizada, protegiendo así el sistema el privilegio de la pertenencia al asumir que se puede ser pobre en España siempre y cuando se sea blanco. Mientras, lo inadmisible para el relato reaccionario es que existan sujetos racializados con derechos, necesidades o pretensiones de ciudadanía.

El racismo no desaparece con el dinero

Una de las premisas más equivocadas y extendidas en el análisis político, compartida a menudo por figuras de la izquierda parlamentaria como Gabriel Rufián o por el propio “sentido común” de la hegemonía blanca, es reducir la cuestión racial a un mero problema de clase o de aporofobia. Al sostener públicamente la tesis de que la extrema derecha solo rechaza al migrante pobre o al enmarcar el racismo como una mera consecuencia de la precariedad económica, gran parte del progresismo elude abordar el antirracismo real y evita señalar cómo el prejuicio racial opera de forma autónoma. Esta mirada cómoda permite a la blanquitud no cuestionar sus propios privilegios, encasillando cualquier violencia estructural bajo la etiqueta genérica de la xenofobia sin llegar a nombrar el racismo.

La crisis de la vivienda no se resuelve con fronteras sino regulando el mercado

Múltiples estudios y denuncias en el mercado del alquiler demuestran cómo personas racializadas con solvencia económica acreditada, salarios elevados o contratos de trabajo estables sufren el rechazo sistemático de propietarios y agencias inmobiliarias en cuanto se detecta su origen o su apellido. El dinero atenúa la vulnerabilidad, pero no neutraliza el prejuicio racial. A esto se añade que el rechazo que articulan estos discursos no es únicamente utilitarista o económico, sino profundamente identitario y cultural. La extrema derecha tolera temporalmente al extranjero adinerado en calidad de agente económico útil (o muestra rechazo si este procede de entornos culturales árabes o islámicos debido a su matriz identitaria e islamófoba), pero su base ideológica persigue la homogeneidad cultural y racial, manteniendo el estigma sobre la alteridad listo para activarse cuando el sujeto racializado abandona su rol de mero consumidor y reclama pertenencia o derechos de ciudadanía.

La narrativa que culpa a la población migrante de la inaccesibilidad de la vivienda en España es una cortina de humo tan falsa como efectiva. Atacar a la persona migrante empobrecida permite a las élites políticas y a los grandes propietarios continuar lucrándose con un bien de primera necesidad sin asumir costes políticos. Desmontar este discurso es exigir poner en el centro la experiencia de la población racializada como el colectivo que sufre la doble violencia de la exclusión habitacional y la estigmatización mediática. La crisis de la vivienda no se resolverá cerrando fronteras ni levantando muros, sino regulando el mercado, persiguiendo la especulación y garantizando que el derecho a un hogar esté por encima de la acumulación de capital y del racismo estructural.