Europa cierra sus fronteras, y legitima a partir de sus directivas y otros acuerdos, un retroceso en el cumplimiento de los derechos Humanos haciéndose eco de las políticas más xenófobas. El gobierno del estado español, encuentra en esta tendencia un clima perfecto para proponer cambios legales que atentan directamente contra la dignidad de las personas inmigradas y focaliza los miedos colectivos ante la crisis económica hacia la inmigración. En un ambiente de crisis económica los ciudadanos de origen extranjero son tomados como chivos expiatorios del peligro que corre el actual Estado de Bienestar español pesar de que ello suponga una legitimación de la xenofobia. Las medidas propuestas por el Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, son el ejemplo claro de cómo se busca legitimar a través de la ley, estas políticas públicas de carácter discriminatorio y apostar por un endurecimiento de la ley de extranjería incluso cuando estas medidas transgreden los derechos humanos.
- El gobierno español vuelve a realizar una política social de empleo que segrega a los ciudadanos extranjeros que trabajan en nuestro país y que cotizan a la Seguridad Social “invitándoles” a capitalizar las prestaciones por desempleo condicionado a su retorno a su país de origen. Las políticas públicas en materia de empleo ante un periodo de crisis deben dirigirse a todos los ciudadanos que trabajan sea cual sea su nacionalidad. NO es aceptable que se excluya a parte de los trabajadores de las políticas públicas que busquen luchar contra este crisis. Y es un engaño al resto de la opinión pública presentar estas medidas como aquellas que resolverán el problema del paro. En definitiva son propuestas irrealistas que no tienen en cuenta la concepción humana de la inmigración sino solo se contemplan como fuerza de trabajo y son propuestas xenófobas porque abren la brecha entre los trabajadores por cuestión de origen y/o nacionalidad.
- La vulneración al derecho a vivir en familia que representa restringir el reagrupamiento a los ascendientes. Esa visión que se tienen de los inmigrantes como trabajadores temporales, va muy de la mano con esta propuesta que pretende romper con los vínculos y estabilidad que proporciona la familia, sobre todo cuando existen obligaciones y dependen económicamente de sus hijos que se encuentran viviendo en este país. De esta forma se está dando a entender que se considera que los ciudadanos extranjeros que no trabajan son una carga para la sociedad y que son los que ponen, han puesto y pondrán en peligro el Estado de bienestar en lugar de reconocer que son los déficits y la poca apuesta por las políticas sociales la que crean la precariedad en el sistema. Los trabajadores inmigrados aportan a las arcas de la seguridad social como el resto y por tanto deben tener los mismos derechos y prestaciones.
- El establecimiento de períodos en los cuales se permita la entrada de menores que son reagrupados para facilitar su incorporación en las escuelas, está velando solo por los intereses de las administraciones y en ningún caso por el interés superior del niño, que es un compromiso a nivel internacional de España que contrajo al ratificar la Convención de los Derechos del niño.
El giro descarado hacia los planteamientos políticos más conservadores en materia de extranjería e inmigración del gobierno del Estado Español merecen una respuesta civil, asociativa y de la oposición política progresista contundente. Ni Europa, ni la crisis económica pueden ser excusa para hacer retroceder de esta forma los derechos humanos y gobernar bajo la bandera del miedo y la xenofobia.
16 de junio del 2008
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español
