La firma de la Declaración sobre Seguridad Interior legitima el racismo institucional.

• vulnera a partir de las restricciones a la reagrupación familiar el derecho a vivir en familia
• Como una vez más la política de inmigración se incluye y mezcla con la lucha contra el terrorismo y la delincuencia. El mismo título del documento ya implica contemplar la inmigración como problema y como amenaza a la seguridad nacional. Hablar de inmigración a la vez que de narcotraficantes y terroristas implica criminalizar la inmigración.
• La propuesta de coordinar la detención de personas inmigradas en situación irregular significa legitimar la persecución y cacería de personas inmigrantes indocumentadas. Órdenes institucionales como las que se descubrieron en las comisarías de Madrid, no solo han quedado en total impunidad sino que ahora se plasman en un documento oficial sin ningún tipo de rubor. Las detenciones colectivas, e indiscriminadas de personas inocentes son una fragante vulneración de los Derechos Humanos e impropias de un estado democrático.
• La materialización que este acuerdo implica de situaciones que ya desde hace tiempo se están llevando a la práctica y que implican muertes y vulneraciones de Derechos Humanos como es la política de externalización de fronteras y los vuelos de repatriaciones colectivos. El Gobierno Español no sólo apoya la “Directiva de la Vergüenza” sino que se pone a la cabeza en concretar y coordinar aquellas prácticas que consolidan una política de repatriaciones, expulsiones y campos de internamiento acorde con la Europa más xenófoba y con postulados de la extrema derecha.
• La llamada “lucha contra la inmigración ilegal” supone en el fondo siempre mayor control policial en lugar de planteamientos que amplíen y creen mecanismos regulares de entrada. Decir que se lucha contra las supuestas mafias manteniendo el blindaje de fronteras y su externalización es una pura falacia.

Esta iniciativa política es una nueva muestra del racismo institucional impulsado por el PSOE esta legislatura. Una muestra más, que se suma a los discursos institucionales vinculando inmigración a la crisis económica, al apoyo socialista a la Directiva Europea de Retorno y a la nueva reforma de la Ley de Extranjería que endurece aún más la actual. Un gobierno progresista se mide por sus hechos y no por sus siglas o discursos en campaña electoral; el PSOE hace tiempo que dejó claro que en política de inmigración no hay derecha que le haga sombra.
27 de abril del 2009
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español