En el Boletín Oficial del Estado del día 12 de diciembre de 2009 se publicaba la Ley Orgánica 2/2009 de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Y aunque sea una costumbre que el Gobierno incumpla los plazos que se marca, es obligado comenzar este artículo de valoración denunciando el retraso de más de seis meses que lleva la promulgación del reglamento de desarrollo de esta ley.
Traspasar cuatro directivas y reponer por mandato constitucional determinados derechos a las personas extranjeras irregulares que nunca debieron ser anulados., no justifica que se modifiquen más de sesenta artículos de los 71 que contiene la Ley; todo lo cual hace que tengamos que hablar no de una reforma sino de una nueva ley de extranjería. Sin embargo es una ley nueva en la forma pero no en el contenido. Y en aquellos aspectos novedosos el resultado tras un año de vigencia es cuestionable. En todo caso, que la anterior norma (Ley Orgánica 7/1985 de 1 de julio ), estuviera quince años sin modificar y que la actual Ley 4/2000 vaya camino de su cuarta reforma en nueve años desde su entrada en vigor en febrero del año 2000 es ya un dato que invita a la reflexión y que tiene que ver con el empeño del gobierno en querer regular la inmigración a través de la extranjería.
Un país con el 69,74% de la población extranjera, (la suma de permisos permanentes y comunitarios) disfrutando de una estabilidad en su situación administrativa y con un aumento creciente de solicitudes de reagrupación familiar lo que necesita es un buen plan de integración que establezca unos mínimos comunes entre las políticas de integración de las diferentes comunidades autónomas que en algunos casos son divergentes. Tenemos una inmigración con nacionalidades diversas desigualmente repartida territorialmente; en definitiva, inmigrantes que vienen a quedarse. Y tenemos una Ley que nos habla del “esfuerzo de integración” como resultado final de un proceso que no se regula y carente de recursos que hagan posible esa integración. Hace no muchos años el esfuerzo de la población inmigrante había contribuido a aumentar el PIB del país, aseguraba el relevo generacional y las cotizaciones a la Seguridad Social. Ahora el esfuerzo se mide en clave de integración coercitiva con riesgo de perder la regularidad si no se supera la prueba.
En definitiva, esta ley, lejos de ofrecer estabilidad alargando la duración de los permisos ha introducido nuevos obstáculos que a falta de desarrollo reglamentario ahonda las diferencias entre la población inmigrante y la autóctona en el plano de los derechos. Esta ley es una mala herencia para los hijos de los padres que hoy se ven sometidos a seguir demostrando que son “esforzados” trabajadores que se deben mostrar ante la sociedad como ejemplo del “buen inmigrante” (Javier de Lucas).
Las crisis económicas tienen unos ciclos diferentes a los que se precisan para evaluar el grado de integración de una población inmigrante que en los últimos años ha crecido de manera exponencial. Una política de inmigración realista debe tener una perspectiva temporal de largo alcance y con el panorama migratorio español debería aproximarse a ámbitos como el de la nacionalidad o el de los derechos políticos. Sin embargo, se apuesta por la extranjería en términos de temporalidad, control de flujos y retorno.
La crisis económica pasará pero los hijos de los inmigrantes a quienes se les aplica esta ley anacrónica se quedarán. Gestionar el temor a lo diferente en un contexto de escasez de recursos “metiendo miedo” al electorado puede traer consecuencias incalculables. Y aquí nos vamos a encontrar con uno de los problemas que el discurso populista y xenófobo está incubando. Las leyes, (aunque sean de extranjería), deben transmitir a las próximas generaciones que existen unas fronteras éticas y de dignidad humana que no pueden traspasarse. Si alguien se cree que tiene algún permiso especial para traspasar este límite que luego no se lamente cuando descubra que la paciencia también es limitada.
Lorenzo Cachón recupera una frase de Coetzee referida a los nativos de Sudáfrica: “Son hombres sin mujeres, sin niños, que llegan de ninguna parte y a los que se puede hacer regresar a ninguna parte”. La realidad migratoria española predominante no es esta fotografía, es la familia Alcántara en diferentes lenguas y colores. La Ley de Extranjería se ha centrado en la primera de las fotografías y nace ya vieja; el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración ha finalizado su vigencia sin que otro plan tome el relevo; los presupuestos generales para el 2011 reducen en más de un 50% los fondos destinados a políticas de integración y España sigue siendo uno de los pocos países que no ofrece datos sobre los llamados “delitos de odio”, a pesar de que ya se ha constituido el Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación. Hay muchas cosas por hacer en estos “tiempos de silencio” para la sensatez y la cordura.
21 de diciembre del 2010
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español
Traspasar cuatro directivas y reponer por mandato constitucional determinados derechos a las personas extranjeras irregulares que nunca debieron ser anulados., no justifica que se modifiquen más de sesenta artículos de los 71 que contiene la Ley; todo lo cual hace que tengamos que hablar no de una reforma sino de una nueva ley de extranjería. Sin embargo es una ley nueva en la forma pero no en el contenido. Y en aquellos aspectos novedosos el resultado tras un año de vigencia es cuestionable. En todo caso, que la anterior norma (Ley Orgánica 7/1985 de 1 de julio ), estuviera quince años sin modificar y que la actual Ley 4/2000 vaya camino de su cuarta reforma en nueve años desde su entrada en vigor en febrero del año 2000 es ya un dato que invita a la reflexión y que tiene que ver con el empeño del gobierno en querer regular la inmigración a través de la extranjería.
Un país con el 69,74% de la población extranjera, (la suma de permisos permanentes y comunitarios) disfrutando de una estabilidad en su situación administrativa y con un aumento creciente de solicitudes de reagrupación familiar lo que necesita es un buen plan de integración que establezca unos mínimos comunes entre las políticas de integración de las diferentes comunidades autónomas que en algunos casos son divergentes. Tenemos una inmigración con nacionalidades diversas desigualmente repartida territorialmente; en definitiva, inmigrantes que vienen a quedarse. Y tenemos una Ley que nos habla del “esfuerzo de integración” como resultado final de un proceso que no se regula y carente de recursos que hagan posible esa integración. Hace no muchos años el esfuerzo de la población inmigrante había contribuido a aumentar el PIB del país, aseguraba el relevo generacional y las cotizaciones a la Seguridad Social. Ahora el esfuerzo se mide en clave de integración coercitiva con riesgo de perder la regularidad si no se supera la prueba.
En definitiva, esta ley, lejos de ofrecer estabilidad alargando la duración de los permisos ha introducido nuevos obstáculos que a falta de desarrollo reglamentario ahonda las diferencias entre la población inmigrante y la autóctona en el plano de los derechos. Esta ley es una mala herencia para los hijos de los padres que hoy se ven sometidos a seguir demostrando que son “esforzados” trabajadores que se deben mostrar ante la sociedad como ejemplo del “buen inmigrante” (Javier de Lucas).
Las crisis económicas tienen unos ciclos diferentes a los que se precisan para evaluar el grado de integración de una población inmigrante que en los últimos años ha crecido de manera exponencial. Una política de inmigración realista debe tener una perspectiva temporal de largo alcance y con el panorama migratorio español debería aproximarse a ámbitos como el de la nacionalidad o el de los derechos políticos. Sin embargo, se apuesta por la extranjería en términos de temporalidad, control de flujos y retorno.
La crisis económica pasará pero los hijos de los inmigrantes a quienes se les aplica esta ley anacrónica se quedarán. Gestionar el temor a lo diferente en un contexto de escasez de recursos “metiendo miedo” al electorado puede traer consecuencias incalculables. Y aquí nos vamos a encontrar con uno de los problemas que el discurso populista y xenófobo está incubando. Las leyes, (aunque sean de extranjería), deben transmitir a las próximas generaciones que existen unas fronteras éticas y de dignidad humana que no pueden traspasarse. Si alguien se cree que tiene algún permiso especial para traspasar este límite que luego no se lamente cuando descubra que la paciencia también es limitada.
Lorenzo Cachón recupera una frase de Coetzee referida a los nativos de Sudáfrica: “Son hombres sin mujeres, sin niños, que llegan de ninguna parte y a los que se puede hacer regresar a ninguna parte”. La realidad migratoria española predominante no es esta fotografía, es la familia Alcántara en diferentes lenguas y colores. La Ley de Extranjería se ha centrado en la primera de las fotografías y nace ya vieja; el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración ha finalizado su vigencia sin que otro plan tome el relevo; los presupuestos generales para el 2011 reducen en más de un 50% los fondos destinados a políticas de integración y España sigue siendo uno de los pocos países que no ofrece datos sobre los llamados “delitos de odio”, a pesar de que ya se ha constituido el Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación. Hay muchas cosas por hacer en estos “tiempos de silencio” para la sensatez y la cordura.
21 de diciembre del 2010
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español
