Notícia extreta del Periodico.com
19 entidades de salud mental, derechos humanos y colectivos antirracistas reclaman su supresión inmediata
Alertan de que el uso de estas armas puede tener consecuencias graves en personas en crisis
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En 2026, la Guardia Urbana de Barcelona podría empezar a patrullar con pistolas táser. El Ayuntamiento defiende que estos dispositivos son una herramienta de “contención no letal” que ayudará a gestionar situaciones de peligro. No obstante, la decisión ha levantado un fuerte rechazo entre organizaciones especializadas, que denuncian la falta de garantías sobre su uso y el impacto que puede tener en colectivos vulnerables.
Un rechazo frontal
El comunicado, firmado por Salut Mental Catalunya, Irídia, SOS Racisme Catalunya, el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya y la Federació VEUS, entre otras, se pone el foco en la falta de garantías para evitar que este dispositivo se utilice de manera desproporcionada contra personas en situación de vulnerabilidad. “Las entidades de salud mental han advertido en reiteradas ocasiones que las pistolas táser suponen un riesgo altísimo para las personas psiquiatrizadas. Muchas de estas personas toman medicación o tienen condiciones médicas que pueden empeorar con una descarga”, alerta el documento.
“Con la táser, se refuerza la idea de que una crisis de salud mental es un problema de seguridad y no sanitaria”
Iván Cano — Responsable de Derechos e Incidencia de Salut Mental Catalunya
Iván Cano, responsable de Derechos e Incidencia de Salut Mental Catalunya, subraya que el uso de la táser en personas en crisis no es solo una cuestión de riesgos físicos, sino de un enfoque erróneo en la respuesta pública: “Con la táser, se refuerza la idea de que una crisis de salud mental es un problema de seguridad y no una cuestión sanitaria. Esto agrava el estigma y perpetúa una dinámica en la que la atención recae en la policía en lugar de en servicios especializados”.
Una de las principales críticas de las entidades firmantes es que la medida se ha tomado sin ningún estudio independiente que avale su necesidad ni su eficacia. Irene Durango, responsable de comunicación de Irídia, también denuncia que “el periodo de consulta pública que el Ayuntamiento abrió se hizo sin una difusión adecuada y muchas organizaciones clave en el ámbito de los derechos humanos y la salud mental fueron excluidas del debate”.
El precedente de los Mossos
El uso de las táser por parte de los Mossos d’Esquadra desde 2018 ya ha generado polémica. Según Irídia, ha habido casos documentados de uso problemático de estas armas, incluyendo la muerte de un hombre en Tarragona en 2021 tras recibir varias descargas. La organización denuncia que “los protocolos de supervisión son insuficientes y que la implantación de la táser en la Guardia Urbana podría repetir los mismos errores”.
“Esta arma se suma a un modelo policial que ya trata de manera diferente a determinados perfiles.”
Paula Rossi — Coordinadora de SOS Racisme Catalunya
“Este tipo de armamento se vende como una herramienta de control segura, pero la realidad es que no hay un mecanismo independiente que investigue su uso real. Los pocos datos disponibles indican que su aplicación a menudo no se hace con la proporcionalidad que se promete”, alerta Mireia Salazar-Gabarró, abogada de Irídia.
El comunicado de las 19 entidades recuerda que, en 2009, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ya instó a España a replantearse el uso de estas armas en policías locales por “el impacto que pueden tener en el estado físico y mental de las personas afectadas”. También recoge las recomendaciones del fabricante de las táser, Axon, que desaconseja utilizarlas en personas que presenten alteraciones mentales o estados de agitación extrema.
¿Quién será más susceptible de recibir una descarga?
Las entidades firmantes también alertan del riesgo de que las táser se utilicen de manera desproporcionada contra ciertos colectivos. “Esta arma se suma a un modelo policial que ya trata de manera diferente a determinados perfiles”, afirma Paula Rossi, coordinadora de SOS Racisme Catalunya. “Los datos demuestran que las personas racializadas son detenidas e identificadas más a menudo sin motivo objetivo, y ahora se añade una herramienta que podría poner aún más en peligro su integridad”.
Según Rossi, el riesgo es doble para las personas racializadas con problemas de salud mental: “En muchos casos, cuando una persona blanca está desorientada, se la percibe como alguien que necesita ayuda. Cuando la persona es negra o de origen migrante, a menudo se la ve como una amenaza. Esto puede derivar en un uso de la táser como primera respuesta, en lugar de buscar una solución sanitaria”.
Un punto de inflexión
Para las entidades que han firmado el comunicado, la cuestión de fondo va más allá del arma en sí misma: representa un modelo de seguridad que refuerza la presencia policial en lugar de potenciar estrategias de prevención y atención comunitaria.
El documento señala que, en vez de invertir en recursos sanitarios, la ciudad está apostando por una herramienta de control que podría tener consecuencias graves para las personas en crisis. “El uso de la táser en situaciones de intentos de suicidio es un claro ejemplo de cómo se aborda la salud mental desde una óptica punitiva”, afirma Cano. “Debemos preguntarnos si esta es la ciudad que queremos: una ciudad donde la primera respuesta ante una crisis es una descarga eléctrica”.
Parar y estudiar
Las entidades firmantes exigen la suspensión inmediata de la compra de pistolas táser, un nuevo proceso público que justifique su introducción y valore su impacto real en los derechos fundamentales, un estudio independiente que analice los riesgos asociados al uso de las táser en colectivos vulnerabilizados y la puesta en marcha de un grupo de trabajo con organizaciones especializadas para garantizar que cualquier decisión se tome con la participación de expertos en salud mental y derechos humanos.
Por ahora, las entidades no han recibido ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento, que sigue adelante con su decisión. El comunicado, sin embargo, deja claro que la batalla no ha terminado. “Esto no es solo una cuestión técnica sobre una herramienta policial. Es una cuestión de derechos, de seguridad y de salud pública”, concluye Cano.
