El pasado miércoles 3 de septiembre, tras una reunión con patronal y sindicatos, el ministro de Trabajo Celestino Corbacho comentaba al final de su intervención ante los medios que la contratación en origen de los inmigrantes “se aproximará a cero el año 2009” . La polvareda que estas declaraciones han levantado y la posterior rectificación del Gobierno por boca de su vicepresidenta son cuestiones conocidas por todas. {mospagebreak}
La contracción en origen es de dos tipos, el llamado régimen general y el contingente. El primero es la contratación nominal de una persona extranjera que está en su país a quien se le ofrece una oferta para trabajar en un empleo no demandado por la población autóctona. Si esta oferta es aprobada la persona extranjera solicita un visado en el consulado español de su país y viene a trabajar y residir un año.
El segundo de los sistemas es el contingente que consiste en un acuerdo del Consejo de Ministros donde se fijan los puestos de trabajo en cada provincia que pueden ser ocupados por personas extranjeras. Desde el año 1993 hasta el año 2000 se puede decir que el contingente o cupo funcionó como un mecanismo de regularización para inmigrantes que se encontraban aquí. Desde la reforma de la Ley de Extranjería, (Ley 8/2000) sólo podían acceder al contingente las personas que se encontraran en sus países de origen. El desarrollo de este mecanismo es desigual; así por ejemplo, el contingente del 2003 solo fue cubierto en un 33% y por el contrario la demanda de trabajos de temporada superó ampliamente la oferta. En general, el contingente cubre una parte pequeña de la contratación total de inmigrantes: (el contingente para el 2008 es de 15.731 puesto de trabajo mientras que en el año 2007 el número de ocupados extranjeros tiene un crecimiento de 285.200 respecto al cuarto trimestre de 2006), es utilizado por grandes empresas que se desplazan a los países de procedencia a preseleccionar a sus trabajadores. Estos países que han firmado acuerdos de cooperación en materia de regulación de flujos migratorios son Colombia, Ecuador, Marruecos, República Dominicana, Rumania y Bulgaria, (estos dos últimos desactivados por su incorporación a la UE ). Otro bloque de países con acuerdos que se han dado en llamar de segunda generación son Mauritania, Argelia, Nigeria, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Gambia y Cabo Verde, estando en fase de negociación acuerdos con Senegal, Malí, Ghana, Camerún, Liberia, Níger y Sierra Leona.
Estos sistemas de contratación en origen no son eficaces. . A parte de los requisitos de temporalidad de la oferta, (un año) absolutamente alejados de la dinámica laboral del mercado de trabajo de este país, el sistema general tiene otras dificultades añadidas como son el tiempo que se tarda en resolver la solicitud o la caótica situación de algunos consulados, (Marruecos, Colombia, Pakistán, etc) que pueden alargar este proceso hasta más de medio año. Y sobre todo destaca el hecho de que en la práctica diaria lo que ocurre es que en la mayoría de casos las personas que vienen desde su país de origen con un permiso han estado previamente de manera irregular hasta que la relación laboral se asienta y se dispone del dinero suficiente para realizar los trámites en el país de origen; la realidad es que muy pocas personas estarían dispuestas a contratar una empleada de hogar para cuidar a sus padres si previamente no se establece una mínima relación de confianza. En consecuencia, la Ley de Extranjería crea una ficción jurídica, (el régimen general) que no se corresponde con la realidad. Resulta sorprendente que ninguna de las encuestas y estudios sobre flujos migratorios se hayan ocupado de preguntar al inmigrante que viene de su país con un permiso si previamente estuvo aquí de manera irregular.
Y ahora el ministro de Trabajo, lejos de afrontar con realismo la ineficacia de los mecanismos de contratación en origen propone su limitación. Al respecto recordar que ya con la aprobación del contingente para el año 2002 se cerró el régimen general y tras diferentes sentencias de Juzgados de lo Contencioso, el Tribunal Supremo (sentencia de 6 de abril de 2004) dictaminó la ilegalidad de esta actuación. La experiencia confirma que si se restringe la contratación en origen la consecuencia inmediata es desalentar a quienes pueden viajar a sus países a “arreglar los papeles” y avocarlos a la irregularidad durante, al menos tres años en un perverso juego del gato y el ratón con la Brigada de Extranjería. Y si finalmente consiguen llegar a los tres años de estancia irregular y contar con un precontrato de un año de duración, podrá solicitar un permiso a través del llamado arraigo social, un mecanismo que exime volver al país de origen a solicitar el permiso. Si la contracción en origen debe ser la regla general y el sistema de arraigo la medida excepcional la pretensión del gobierno supone la Ley de Extranjería al revés y el incumplimiento de uno de los pilares en as que dice descansar la política del gobierno, el de la pretendida migración ordenada.
Pero insistimos en que la migración ordenada es un deseo que no se corresponde con la realidad. Y por otro lado ocurre que las medidas legislativas en materia de extranjería suelen ser consecuencia de acontecimientos que desbordan al gobierno. Si los 37.647 inmigrantes llegados a las costas españolas en el 2006 fueron el detonante para acelerar la firma de tratados de colaboración con diverso países africanos, ahora la excusa que motiva las últimas propuestas vienen de la mano de la crisis económica; en definitiva, que la extranjería, (junto con la responsabilidad del menor y la violencia de género) se legisla a golpe de telediario. Pero relacionar la crisis con el fenómeno migratorio puede tener determinados peligros. Buena prueba de ello son las declaraciones del ministro de Industria Miguel Sebastián (que siendo asesor económico de la Moncloa publicó un Informe contando las virtudes de la inmigración en el crecimiento económico del país) y que ahora apoya a su homólogo de Trabajo señalando que el objetivo debe ser dirigir los contratos hacia "los recursos disponibles de trabajo en España". Estas declaraciones de trazo grueso pueden deslizarse hacia otro tipo de discusiones en los que se termina debatiendo si entre un parado extranjero y uno español debe darse prioridad &l
dquo;al de aquí”, una idea que se resume muy bien con el slogan del Frente Nacional de Jean Marie Le Pen: “los franceses primero”.
En la comparecencia del Sr. Corbacho ante la Comisión Parlamentaria de Trabajo del pasado 22 de julio, además de señalar que la contratación en origen era uno de los ejes de la política del gobierno, anunciaba que en septiembre iba a viajar a los principales países de origen y tránsito de la inmigración. Tal vez vaya a explicar a las autoridades de estos países sus propuestas sobre el retorno de inmigrantes, las limitaciones en la reagrupación y otro tipo de medidas que ha ido anunciando en los últimos meses. Y tal vez a alguien, le venga a la memoria la canción de Carlos Puebla: “se acabó la diversión, llegó Corbacho y mandó a parar”.
SOS RACISMO GUIPÚZCOA
