El niño llega en patera. La Cruz Roja examina su estado de salud. La Policía le interroga. Verifica sus datos personales. Y es enviado a un centro de acogida. Es el prólogo burocrático al que se enfrenta cualquier menor de edad no acompañado que atraca en las costas españolas. Su destino es, a partir de entonces, una fórmula imperfecta de carisma, actitud y azar. Sobre todo azar. La proliferación de centros de menores en España, la ausencia de cifras oficiales –se calcula que miles de niños viven bajo la tutela de las CC AA– y la opacidad organizativa que opera a su alrededor impiden sacar conclusiones genéricas sobre estas instituciones. Pero hay irregularidades que se suceden de forma sistemática en todo el territorio nacional.
Organizaciones a favor de los derechos de la infancia coinciden al denunciar que este tipo de centros ocultan información a los menores para evitar su nacionalización a pesar de que la ley permite iniciar el proceso legal a las personas con dos años de residencia en España. "Sus propios tutores evitan que inicien los trámites y descartan así la posibilidad de que se conviertan en ciudadanos españoles", matiza José Palazón, presidente de la Asociación Prodein. Una conducta que compromete el futuro de estos niños inmigrantes.
Los jóvenes son obligados a abandonar la institución al cumplir la mayoría de edad en situación irregular. Son detenidos por la Policía y expulsados del país. Por ejemplo, el 85% de los jóvenes inmigrantes en Melilla son deportados una vez cumplidos los 18 años. El elemento xenófobo y la prevención de conflictos burocráticos entre los centros y las CC AA podrían ser los principales móviles de la indiferencia institucional.
Las consecuencias de esta actitud política multiplica los problemas sociales. Los inmigrantes se escapan de los centros antes de cumplir los 18 años para evitar ser expulsados. Y los jóvenes deportados son carne de bajos de camión. Las ONG denuncian la doble moral de las instituciones. "El Gobierno invierte dinero y recursos humanos en la manutención y formación de estos jóvenes para después abandonarlos a su suerte". El colectivo catalán Drari considera que el Estado debería de proteger a estas personas una vez cumplida la mayoría de edad aunque fuese "desde el punto de vista egoísta de la productividad".
Repatriación
Marruecos es el Talón de Aquiles del conflicto. Las cifras oficiales de niños procedentes del reino alauí acogidos en España son una incógnita. Pero según datos de Europa Press, sólo en Andalucía más de 800 niños continúan bajo la tutela de la Junta tres años después de que el Gobierno español firmase con Marruecos un acuerdo para agilizar las repatriaciones.
El tema es arduo y complejo. Las ONG aplauden que España exija a Marruecos garantías sociales antes de repatriar a los menores. Pero denuncian la inercia y la desprotección a la que se ven sometidos los niños. "Hay casos de familias desestructuradas que no podrían proteger a sus hijos. Pero hay niños que han viajado voluntariamente sin el permiso paterno que necesitan a sus padres y sus padres les necesitan. Y, 1.000 días después, siguen a 500 kilómetros de distancia", matizan desde Drari.
Las ONG denuncian que los niños son el último filón de negocio político entre ambos países. Marruecos está 'saturado' de niños de la calle. Así que renuncia a su protección por ser "entes molestos" y porque económicamente –envían remesas a sus familias y el dinero entra en el circuito financiero marroquí– son rentables. Al otro lado del Estrecho, se hace la vista gorda. Y así, las relaciones diplomáticas no se resienten.
La primera patera infantil
El 15 de septiembre del año pasado llegó a las costas españolas, en concreto a Tarifa (Cádiz), la primera patera infantil, tripulada sólo por menores. En ella viajaban seis niños, todos varones y de origen magrebí. La embarcación era una balsa hinchable de juguete. Al parecer, cada vez vienen más menores porque saben que en España no se les devuelve a sus países de origen.
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