Una família d’immigrants provinent del Sudan va ser internada el passat 2 de febrer al CIE Capuchinos de Málaga a l’espera d’una resolució judicial. Sharon, Joseph, i el seu fill de 13 mesos O. van arribar a Motril en una patera desde les costes marroquines el 30 de febrer i van ser internats 2 dies després.
Els advocats de Málaga Acoge, Andalucía Acoge i la fiscalia van recórrer l’ordre d’internament de la familia per les irregularitats de la resolució i per qüestions humanitàries (la retenció d’un nadó de poc més d’un any en un espai sense condicions mínimes i amb característiques pròpies d’una presó).L’alliberació de la familia per motius estrictament humanitaris va ser igualment reivindicada per el defensor del poble, Enrique Mújica.
José Luis Rodríguez Candela, l’advocat de la organització, denuncia que aquesta ordre d’internament a més de violar tots els requisits legals al retenir a un menor, presenta anomalies en la decisió judicial. Relatiu a l’internament del menor, no s’ha demanat l’informe favorable del Ministeri Fiscal que es requereix prèviament, ni existeix en el centre un mòdul per a la familia que garanteixi unes condicions adecuades per a l’estància de nens petits. S’han identificat també una sèrie d’irregularitats en el procediment, com l’ús d’articles de la Llei d’Estrangeria que ja han sigut derogats.
El dia 18 de febrer, la Conselleria de Benestar Social de la Junta d’Andalusia, per ordre del Jutjat d’Instrucció número 1 de Motril (Granada), va executar la separació del nadó de la seva familia, que segueix al Centre d’Internament, i el va posar sota la tutela del Servei de Protecció al Menor de la Junta. El mateix dia, la ONG es va dirigir al subdelegat del govern a Granada, Antonio Cruz, i va declarar en un comunicat que “és el govern qui té la paraula i la capacitat per a acabar amb aquest malson”, ja que el jutge només pot decretar l’alliberació de la familia a través d’una sol·licitut del Ministeri de l’Interior. La comissaria de Motril va declinar l’alliberació conjunta de la famíilia.
L'ONG tém que la familia sigui repatriada sense el menor quan arribi l’ordre d’expulsió.
A continuació us adjuntem el manifest de l’ADPHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) llegit a la concentració davant del CIE Capuchinos.
Manifiesto
21 febrero 2009
Sharon y Joseph arribaron desde Marruecos a las costas de Motril el pasado 30 de enero a bordo de una patera que compartían con varias decenas de personas. A pesar de los peligros y lo incierto del viaje, Sharon y Joseph decidieron embarcarse con su hijo, D., de poco más de un año. Cómo tantos otros llegaron buscando un futuro más prometedor.
La pareja y su hijo fueron puestos a disposición del juez que dos días después de su llegada los encerró en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Capuchinos, un lugar que carece de las condiciones para albergar a un bebé. A pesar de ello y de no poder estar juntos todo el tiempo, la familia permaneció a la espera de una resolución judicial determinara si permanecían en España o eran expulsados.
El equipo jurídico de Málaga Acoge y Andalucía Acoge y la Fiscalía, recurrieron la orden de internamiento de la familia, por las irregularidades que presentaba y por “humanidad”, algo que así entendió también el Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica, que pidió que la familia fuera liberada.
La respuesta del juez de instrucción de Motril a estos requerimientos fue ordenar la separación del menor de sus padres, un hecho contra el que venimos varios días levantando la voz, intentando dar una salida justa y lógica a la situación y aportando, para ello, desde las entidades sociales, esfuerzo y recursos para que esta familia tenga un lugar donde vivir cuando salga.
Desgraciadamente, el niño ha sido retirado esta mañana del lado de una madre, que no entiende qué clase de justicia es la que primero decide que el CIE es un lugar adecuado para encerrar a su hijo y dos semanas después aparta cruelmente al niño del lado de sus progenitores.
Mientras tanto, la subdelegación del Gobierno en Granada y el Ministerio del Interior, tienen ahora la palabra y la capacidad para acabar con esta pesadilla. La policía de Motril ha declinado hoy mismo pedir que la familia saliera en libertad, como le pidió el Defensor del Pueblo. Es el Gobierno quien ahora tiene la palabra y la responsabilidad.
Hoy desde la Plataforma de Solidaridad con los/las inmigrantes, junto a la Coordinadora de Inmigrantes, hemos querido convocaros aquí para, una vez más, denunciar en la calle, gritar a la sociedad, un nuevo drama humano provocado en un centro que arrastra un funesto historial que no para de engordar ante la impasibilidad de las Autoridades, como ocurre en el resto de los Centros de Internamiento de Extranjeros, para vergüenza de este país y de quiénes en él vivimos.
Vamos a seguir luchando para que Sharon, Joseph y D. vuelvan a estar juntos y en libertad; vamos a seguir levantando la voz para denunciar las fábricas de sufrimiento de personas inocentes en las que se han convertido los CIE, para que el Estado les de cerrojazo de una vez por todas y así empiece a respetar y garantizar, aquí, en este país, los derechos que asisten a todo ser humano.
PEDIMOS:
– Que el Subdelegado del Gobierno en Granada y el Ministerio del Interior pongan en libertad a esta familia.
– El cierre inmediato de todos los Centros de Internamiento que existen en el Esatado Español.
Mientras esto ocurre: EXIGIMOS QUE LAS AUTORIDADES PERMITAN EL ACCESO A TODAS LAS ENTIDADES SOCIALES A LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS PARA ASISTIR A LAS PERSONAS ALLI PRIVADAS DE LIBERTAD Y PARA AYUDAR A GARANTIZAR SUS DERECHOS HUMANOS
