Entre barro, astilla y plásticos cientos de casas se levantan desafiando al barranco, a la sombra de los almacenes donde decenas de operarias con redes en el pelo apuran el rato de descanso mientras los imponentes camiones de carga hacen un ruido metálico al pasar transportando cajas. Quienes viven aquí lo hacen  sin acceso al tendido eléctrico, ni a agua corriente, ni a recogida de basuras, ni a un suelo que no te hunda cuando llega un temporal.  Más de cinco mil personas en toda la provincia se enfrentan a las borrascas “sin techo, sin derechos y sin protección”, como exponen desde la Apdha. La organización insiste: “Cada episodio de temporal convierte una situación ya de por sí indigna en una emergencia humanitaria evitable”. 

En estos asentamientos que llevan en la provincia desde hace más de 20 años vive el escalafón más vulnerabilizado de la industria millonaria de la fresa y el fruto rojo en la provincia que en la temporada anterior, 2024/2025, facturó 699 millones de euros en exportaciones, según Freshuelva. Un sector que supone el 11% de todo el PIB de la provincia de Huelva. Uno de cada nueve euros que se generan en el territorio onubense procede de la explotación de 12.388 hectáreas de tierra y de miles de personas, en su mayoría migrantes.

Las personas que viven aquí son migrantes en situación irregular que buscan trabajo, en muchas ocasiones hasta tienen que pagar para poder conseguirlo, “los empresarios les venden los contratos, o los empadronamientos, algunos hasta les dicen que trabajan tres años gratis y que luego les ayudan a regularlos y después ni lo hacen”, explica Ana Pinto de Jornaleras de Huelva en Lucha. Unos contratos por los que llegan a pagar miles de euros. Los empresarios evitan hablar sobre esta realidad, alegando en muchas ocasiones que nada tiene que ver con el sector. “Pregunta en los asentamientos, trabajan todos, la gente no está aquí por gusto, tienen trabajo lo que no tienen es casa”.

Un chico anda por el asentamiento, apenas habla español, viene desde Almería apenas lleva dos meses en la provincia y está esperando que los días de tormenta cesen para que haya más trabajo, “aún no tengo chabola, tengo que hacérmela”, explica. A pesar de tratarse de unas infraviviendas las personas que viven aquí invierten miles de euros en construirse estas casas basadas en pallets, plástico y cartón. “A veces son los propios empresarios los que les venden estos pallets”, sostiene la portavoz de JHL.

En diversas ocasiones organizaciones internacionales han denunciado la situación de vulneración de Derechos Humanos que lleva más de dos décadas sucediendo en la provincia. En 2022 el Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (Greta) denunciaba a través de un informe su preocupación por “ la inacción de las autoridades ante esta situación humanitaria que se prolonga desde hace varios años y genera mayores riesgos de trata de personas”. Dos años antes el relato especial de la ONU para la pobreza extrema, Philip Alston también señaló que las Administraciones “hacen la vista gorda” sobre esta situación.

A pesar del señalamiento internacional, la realidad ha cambiado poco. En 2024 la Junta de Andalucía pusó en marcha el Plan Integral para la Erradicación del Chabolismo, que busca que estos asentamientos desaparezcan para el año 2030, un objetivo que también persigue el Plan Doñana aprobado por el Gobierno andaluz y el Gobierno central. Unos acuerdos que organizaciones humanitarias como Apdha consideran “papel mojado”.

Más de 20.000 contratadas en origen

La industria de los frutos rojos en Huelva se basa en la contratación de miles de mujeres migrantes para la campaña. En 2026 se augura que llegarán a Huelva al menos 21.500 personas contratadas en origen, 4.500 más que el año pasado, la mayoría mujeres procedentes de Marruecos. En los últimos años la procedencia de estas trabajadoras se ha diversificado a países como Guatemala y Honduras.

Unas contrataciones que se realizan a través de la Orden Gecco, creada en el año 2000 y que se actualizan cada nueva campaña. En la Orden se establece un “compromiso de retorno” que obliga a estas mujeres a volver al territorio una vez acabe el trabajo. A pesar de que las empresas están obligada en ofrecer un alojamiento adecuado a las empleadas en muchas ocasiones estos mismos no tienen las condiciones mínimas de habitabilidad. Barracones paralelos a los campos atestados de invernaderos su mayoría, “nos han llegado casas sin ventana, alojamientos en mal estado y mujeres que tiene  que dormir en el suelo”, sostiene Ana Pinto.

En 2018 la organización de empresas del sector Interfresa puso en marcha el Plan de Responsabilidad Ético, Laboral, Social y de Igualdad (Prelsi) a raíz de las denuncias de agresiones sexuales por parte de los empresarios en 2018. El Prelsi tiene como objetivo para “dar respuesta a la necesidad de entendimiento, asistencia y fomento de las buenas prácticas para impulsar el bienestar sociolaboral de todos los agentes que participan en la campaña de los frutos rojos”.

Entre sus acciones se encuentran la de revisión de los alojamientos , la mediación sanitaria y la asistencia social. “Es un organismo de la patronal, y algunas trabajadoras nos cuentan que las amenazan para que no hablen con nosotras ni denuncien”.

En 2018 salieron a la luz diversos casos de agresiones sexuales de empresarios del sector a trabajadoras migrantes. Este enero la Policía Nacional detenía a un encargado agrícola por la explotación laboral y sexual a varias mujeres migrantes.

El día a día trabajando bajo los plásticos está plagado de vulneración de los derechos laborales. En 2024 la Inspección registró al menos mil infracciones en el sector, e impuso sanciones por el valor de seis millones de euros a diversos empresarios del sector.

En la mayor parte de los tajos el sueldo no cumple el salario mínimo, ni se pagan las horas extras, ni otras cuestiones recogidas en el convenio del sector como el pago del kilometraje de desplazamientos. “El agronegocio se basa en la máxima productividad para aumentar las ganancias lo que lleva a la explotación de las personas”, sostiene Ana Pinto. La líder sindical es clara acerca del sistema que vertebra estos frutos “beneficia a las empresas desde la más pequeña a la más grande” y también “los sindicatos mayoritarios y a todos los Gobiernos”.

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D’altra banda, les reivindicacions de col·lectius antiracistes per a la regularització de les aproximadament 600.000 persones que viuen a l’estat espanyol en situació administrativa irregularitzada, com a mesura de protecció i garantia de l’accés als drets bàsics de totes les persones, van ser descartades rotundament per l’actual govern espanyol.

Durant aquest temps, des del nostre Servei d’Atenció i Denúncia, hem seguim detectant múltiples casos de racisme que vulneren drets tan bàsics com el dret a la salut, el dret a l’habitatge, el dret a l’empadronament, el dret a un tracte policial just i sense violència, el dret a tenir un treball digne, el dret a poder realitzar els tràmits d’estrangeria sense interminables esperes, el dret a professar l’espiritualitat que s’escull i finalment el dret a escollir el lloc que cadascú crea per realitzar el seu projecte vital.

I no obstant això, en aquesta “segona onada” de la pandèmia, veiem com s’inverteixen més recursos en reforçar el control fronterer i securitari, es reobren els CIE i sense les condicions necessàries per a garantir la salut dels interns, s’expulsa a persones, els temporers segueixen sense tenir un lloc en condicions on viure, es desnonen famílies migrades, els menors i joves migrants segueixen sent criminalitzats i sense opció a renovar o obtenir els seus permisos de residència, les treballadores de la llar i de la cura segueixen sense dret a l’atur o ajudes mentre treballen en condicions extenuants, i un llarg etcètera. En resum, el racisme i l’exclusió semblen agreujar-se.

Tot i l’extraordinària situació en què ens trobem, tot i les restriccions sanitàries, de mobilitat, de reunió i laborals, no oblidem que els drets de les persones s’han de col·locar sempre al centre de totes les mesures adoptades per frenar els rebrots, i que és deure de l’administració vetllar pel compliment efectiu de tots ells.

A dia d’avui, tots i totes sabem que s’estan produint canvis profunds a la nostra societat, mai tornarà a ser igual i tampoc voldríem que fos així. El racisme i la deshumanització segueixen negant a les persones migrants i racialitzades com a no blanques ser subjectes de dret i tenir poder polític per defensar-los. El dia d’avui lamentem veure una mostra més de les conseqüències del racisme institucional i les repetides vulneracions i negacions de drets més bàsics que han ocasionat la mort de vides humanes. L’incendi de la nau a Badalona no ha estat un simple accident, sinó el resultat de les polítiques racistes que ataquen la dignitat humana de la població migrada. Aquestes polítiques tenen responsables directes. Avui, denunciem un cop més la posició i actuació de l’alcalde de Badalona, ​​Xavier Garcia Albiol, que no només promou la criminalització de les persones migrades, sinó que es mostra com a defensor extrem del racisme institucional.

És per això, que no deixarem de treballar i lluitar amb altres col·lectius perquè els drets deixin de ser un privilegi només a l’abast d’una part de la població.

CAST

Hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, derechos que frente a la realidad institucional del racismo son constantemente vulnerados. El estado de alarma provocó que dichas vulneraciones de derechos se dispararan de manera exponencial, especialmente hacia aquellas personas históricamente oprimidas y discriminadas como son las personas migrantes y racializadas no blancas. Recordemos toda la violencia dirigida a personas asiáticas y asiáticodescendientes, la intensificación del antigitanismo, la discriminación e instrumentalización de las personas que se dedican al sector de los cuidados y de lxs trabajadores temporeros, el aumento de la impunidad de la violencia policial, la paralización de los trámites de extranjería, etc.

Por otro lado, las reivindicaciones de colectivos antirracistas para la regularización de las aproximadamente 600.000 personas que viven en el estado español en una situación administrativa irregularizada, como medida de protección y garantía del acceso a los derechos básicos de todas las personas, fueron descartadas rotundamente por el actual gobierno español.

Durante este tiempo, desde nuestro Servicio de Atención y Denuncia, hemos seguimos detectando múltiples casos de racismo que vulneran derechos tan básicos como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al empadronamiento, el derecho a un trato policial justo y sin violencia, el derecho a tener un trabajo digno, el derecho a poder realizar los trámites de extranjería sin interminables esperas, el derecho a profesar la espiritualidad que se escoge y finalmente el derecho a escoger el lugar que cada unx crea para realizar su proyecto vital.

Y sin embargo, en esta “segunda ola” de la pandemia, vemos cómo se invierten más recursos en reforzar el control fronterizo y securitario, se reabren los CIE y sin las condiciones necesarias para garantizar la salud de los internos, se expulsa a personas, los temporeros siguen sin tener un lugar en condiciones donde vivir, se desahucian familias migradas, los menores y jóvenes migrantes siguen siendo criminalizados y sin opción a renovar o obtener sus permisos de residencia, las trabajadoras del hogar y del cuidado siguen sin derecho al paro o a ayudas mientras trabajan en condiciones extenuantes, y un largo etcétera. En resumen, el racismo y la exclusión parecen agravarse.

Pese a la extraordinaria situación en la que nos encontramos, pese a las restricciones sanitarias, de movilidad, de reunión y laborales, no olvidemos que los derechos de las personas deben colocarse siempre en el centro de todas las medidas adoptadas para frenar los rebrotes, y que es deber de la administración velar por el cumplimiento efectivo de todos ellos.

A día de hoy, todxs sabemos que se están produciendo cambios profundos en nuestra sociedad, nunca volverá a ser igual y tampoco desearíamos que fuese así. El racismo y la deshumanización siguen negando a las personas migrantes y racializadas no blancas ser sujetos de derecho y tener el poder político para defenderlos. El día de hoy lamentamos ver una muestra más de las consecuencias del racismo institucional y las repetidas vulneraciones y negaciones de derechos más básicos que han ocasionado la muerte de vidas humanas. El incendio de la nave en Badalona no ha sido un simple accidente, sino el resultado de las políticas racistas que atacan a la dignidad humana de la población migrada. Dichas políticas tienen responsables directos. Hoy, denunciamos una vez más la posición y actuación del alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, que no solo promueve la criminalización de las personas migradas, sino que se muestra como defensor extremo del racismo institucional.

Es por esto, que no dejaremos de trabajar y luchar con otros colectivos para que los derechos dejen de ser un privilegio solo al alcance de una parte de la población.

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Y el problema central está en el hecho de que si en la “normalidad” de todos los días, la llamada ley mordaza es fuente de frecuentes abusos policiales por el amplio margen de discrecionalidad que se ha dado a los cuerpos de seguridad para determinar el incumplimiento de una norma y al mismo tiempo para establecer la sanción; en una situación en la que la observancia ciudadana se hace desde casa, en el que los supuestos que dan origen a la sanción han ido cambiando semana con semana y son poco claros, sumado a los de por sí ineficaces mecanismos de control interno, todo está servido para que se imponga la “ley del más fuerte”.

Pero no sólo eso, se ha visto a partir de las denuncias ciudadanas que un número importante de abusos policiales se han dirigido a personas no blancas, con apariencia de “origen no español” y con alguna discapacidad. Lo cual no es casual, sino que en gran medida son personas a quienes el “quédate en casa” no les resulta fácil de cumplir. No porque no quieran, sino porque muchas de éstas no pueden darse el privilegio que hoy significa el poder quedarse en casa.
¿Por qué? Porque por las desigualdades, no tienen casa, no tienen las condiciones para poder estar en casa, deben salir de casa para sobrevivir, deben salir de casa porque no tienen otra alternativa. Pero también, porque aunque algunos apenas se están dando cuenta (incluidos muchos agentes de policía), esas personas no blancas, desempeñan muchos de los servicios esenciales, muchos de esos trabajos que se califican como no cualificados pero que son los que mueven parte importante de la economía, el abasto y el suministro de bienes y servicios.

Así, tenemos, por un lado, a cuerpos de seguridad con un amplio poder sancionador, trabajando bajo estrés y en muchos casos poco equipados frente a la emergencia sanitaria y, por otra, a personas con pocas herramientas para la defensa de sus derechos, en muchos que no todos los casos, porque históricamente no han podido ejercer todos sus derechos de manera plena y sin discriminación.

Si a eso se suma, por una parte, que los mensajes del gobierno y normas aprobadas se dirigen sólo a “españoles y españolas”, quien no cumple al menos en apariencia con esa característica, ya tiene una carga adicional que superar. Por otra parte, que en el decreto de estado de alarma y normas derivadas de éste no se prevea un mecanismo eficaz de control y vigilancia de las actuaciones policiales. Los Criterios de actuación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el estado alarma han sido lo más cercano a ello, sin embargo, lo único que se preveía era informar diariamente del número de personas identificadas y sancionadas. Con una Circular del Ministerio del Interior emitida un mes después del inicio del estado de alarma se ha buscado dar uniformidad a las sanciones aplicables, pero la alta discrecionalidad se mantiene. Con esto, parece evidente que el espacio para la arbitrariedad y el abuso está abierto para que aquellos agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad con tendencia a actuar mal y sin profesionalismo, cometan violaciones de los derechos humanos.
En todo caso, también debe quedar en claro que, al no haber suspensión de derechos en el estado de alarma, las sanciones y actuaciones policiales tienen los mismos límites que fuera del estado de alarma, por lo que el respeto de la libertad personal, integridad personal, libertad de expresión, inviolabilidad del domicilio, legalidad o tutela judicial, todos sin discriminación y sólo por mencionar algunos, deben operar como si no existiera estado de alarma.
En circunstancias como las actuales es importante recordar que las autoridades no pueden ir más allá de lo que les faculta la ley, mientras que la ciudadanía puede hacer todo aquello que no le esté prohibido. Pero, además, que en todo caso autoridades y ciudadanía debemos actuar siempre sin discriminar.
No hay duda, “este virus lo paramos unidos”. Pero el virus que está hoy en las calles no sólo es el Covid-19, sino también una cepa del virus de la arbitrariedad y la discriminación. Si recuperarnos del coronavirus podría ser una labor difícil, recuperarnos de eso con nuevas regresiones en el goce y ejercicio de los derechos humanos lo será aún más.
 
*Aquest article fou escrit per Karlos Castila, doctor en dret, investigador de l’Institut de Drets Humans de Catalunya i mebre del Consell de SOS Racisme, i publicat originalment al Diari Ara el 21/04/2020

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El II Pla de Drets Humans del govern espanyol podria començar per tancar els CIEs

No se li escapa a ningú que la sola idea de privar una persona de la llibertat de moviments sense que hagi comès cap delicte és una vulneració dels drets humans, com ha denunciat el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble i moltes associacions, ONG i col·lectius com ara Tanquem els CIEs o SOS Racisme, entre d’altres. A més, en aquests centres les condicions materials i personals no són les idònies. Als CIE hi trobem personal no format en matèria penitenciària, els centres no disposen dels protocols d’actuació pertinents ni dels mecanismes per a la protecció dels drets humans, hi manquen protocols sanitaris, no s’hi garanteix el dret a la comunicació entre les persones retingudes i les seves famílies (com es garanteix a les presons), i hi falten mecanismes de transparència que trenquin la total opacitat (són reiterades les denegacions de visita a les ONG i a càrrecs públics que puguin fer un seguiment dels casos i de la situació). És a dir, són una presó sense ser-ho. Més ben dit, en una presó les condicions materials de vida de les persones serien millors, cosa que encara és més greu. No cal anar-se’n tan lluny per veure que aquí tenim el nostre propi Guantánamo.
Fa uns dies la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, deia que Pedro Sánchez aprovaria el II Pla de Drets Humans (el primer el va aprovar Zapatero). Farien bé de començar per tancar els CIE, que són una vulneració flagrant i sistemàtica dels drets humans. O potser podrien començar per explicar per quin motiu van denegar el visat al germà de l’Idrissa, de tal manera que no va poder venir a Barcelona a l’estrena del documental ‘Idrissa. Crònica d’una mort qualsevol’, que Metromuster ha estrenat aquest any sobre el seu germà, mort la nit de Reis al CIE de la Zona Franca l’any 2012. Perquè d’això se’n diu violència racista institucional, i és intolerable que un estat que es diu democràtic i que és membre del Consell de Seguretat de l’ONU actuï així. És per això que tancarem els CIE, per l’Idrissa, la Samba Martine i tantes altres víctimes de les polítiques racistes de l’estat espanyol i l’Europa fortalesa.

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A continuación, presentaré una aproximación contextual en base a los casos trabajados por el Servicio de Atención y Denuncia (SAiD) de delitos de odio y discriminación racista de SOS Racisme Catalunya durante el año 2017.

El objetivo del Servicio es la restitución de derechos y acompañar a las personas denunciantes, además de diagnosticar, visibilizar y desde esta manera y su perspectiva política incidir en la transformación social.

En los 25 años del SAiD se han atendido 9500 casos y durante el año 2017 cerca de 500. A partir de estos casos y el trabajo diario se identificaron determinadas constantes que explican que más allá de las barreras físicas y burocráticas concretas que se les presentan a las personas, estas “vallas” no sólo van mucho más allá, sino que son la puerta a discriminaciones mayores.

Una de ellas son las identificaciones policiales por perfil étnico, muestra del racismo institucional más básico y cotidiano. Porque:

• Vincula la apariencia con el delito
• Refuerza la estigmatización y/o criminalización de las personas
• Refuerza el prejuicio del inmigrante-delincuente
• Y niega la diversidad real de la sociedad

Además, son el principio de una cadena de vulneraciones a los siguientes derechos:

• El de no discriminación e igualdad
• A la libertad de movimiento
• A la dignidad
• A la libertad y seguridad personal
• Al respeto por la vida privada y familiar
• Y a la libertad religiosa, entre otros

Mientras el 45% de las personas no leídas como caucásicas han sido alguna vez identificadas por la policía, el porcentaje se reduce sólo al 6% para las que sí.

Las identificaciones policiales por perfil étnico son una práctica persistente, generalizada y sistemática por parte de las instituciones incluyendo cuerpos policiales. Pero, sobretodo, es una práctica ilegal.

Antes de los datos concretos, creemos necesario presentar tres constantes identificadas a lo largo de los años que dan cuenta de esto:

1. El aumento en la cantidad de casos en los que las personas prefieren no denunciar, a causa de la sensación de indefensión y falta de herramientas a nivel institucional. Más específicamente debido a la falta de soporte institucional, el excesivo tiempo que demanda el proceso y la revictimización constante. Más de la mitad de las personas que han recibido actos de racismo, concretamente el 57%, eligen no llevar la denuncia a lo institucional por estos motivos.
2. El ocultamiento y negación de la motivación racista por parte de las instituciones: en las causas no se reconoce su importancia, no existe, no queda recogida como un ataque a la dignidad e integridad de la persona.
3. La falta de compromiso y valentía política para el antirracismo: en forma de desmontar el modelo institucional y social, perpetuando el propio sistema de dominación, o a través de la inacción ante las malas prácticas e irregularidades.

Todo esto no sólo alimenta estereotipos y prejuicios, sino que normaliza el racismo y por tanto lo legitima.

Datos:

Durante el año 2017 se han atendido 486 personas, de las cuales, 249 se ha identificado que han sufrido una situación de racismo.

De tipología “agresiones y abusos de cuerpos de seguridad pública”, que es la que trataremos para explicar racismo institucional, los casos han sido 92. Es decir, cerca del 30% de los casos gestionados por el SAiD el año pasado han sido de racismo institucional, siendo también la tipología más importante durante los últimos 8 años.

En cuanto a la subtipología, se categorizan según los actores intervinientes, lugares y circunstancias en:

• Identificación por perfil étnico 8%

Dentro de este 8% se encuentran aquellos casos en los que sólo se ha dado eso y es motivo único de denuncia. En la práctica y como mencionamos anteriormente, la perfilación étnica representa la puerta de entrada a las vulneraciones siguientes, al punto de que aproximadamente el 90% se inician de esta manera.

• Agresión policial 8%
• Racismo dentro de los CIEs 13%
• Trato discriminatorio 13%
• Abuso policial 26%

Es necesario destacar que la diferencia entre estas dos subtipologías es que en el abuso se da que al acto discriminatorio se suma la denuncia cruzada a la víctima, ya sea por atentado, lesiones u otros; denuncias falsas para justificar la actuación policial desmedida. Esto se da en el doble de los casos que sólo trato discriminatorio.

• Venta ambulante no autorizada 32%

En este punto, destacar que:

• la motivación de perfil étnico queda desdibujada ya que al estar penada la venta en sí misma, es muy difícil de probar.
• llegados los casos a vía penal, también estamos trabajando con la anomalía de tener que ser defensa en lugar de acusación en 26 de los 30 casos gestionados.

Un punto importante es que desde el año 2015 la venta ambulante ha pasado de constituirse como una falta, a ser un delito y de por sí una condena a la irregularidad y lo que conlleva. Además de otras posibles consecuencias muy graves como multas elevadas, prisión, antecedentes penales y otras acusaciones y efectos importantísimos sobre la salud física y psíquica.

En este sentido, destacar que ésta es una ley:

• Paradójica: porque no deja salida
• Perversa: porque a pesar de conocer sus implicaciones ignora sus consecuencias y no las tiene en cuenta
• Y capitalista: porque prioriza la propiedad industrial a los derechos humanos

En cuanto a las penas, me gustaría hacer mención a la desproporcionalidad: según las que se aplican, vender en la calle es peor delito que el robo con violencia, la corrupción, la evasión tributaria y las lesiones.

Nuevamente, destacar que hoy en el SAiD de SOS Racisme estamos defendiendo a las personas del sistema y los propios perpetradores del racismo, y no acusándolos como debería ser el papel natural de un defensor de los DDHH.

Se defiende a las personas que llegan a denunciar un acto racista que han sufrido, de las denuncias falsas que la policía les realiza como manera de justificar su actuación, amparados por la presunción de veracidad: la ley contempla que la policía no miente, y se entiende que es porque no tiene “necesidad” de hacerlo.

Durante el año 2017 se obtuvo la condena de 1 policía, y por un caso del año 2011.

Entonces, cuando hablamos de “seguridad”: ¿seguridad para quién? ¿espacio público de quién?

Estamos ante una ley autoinmune, que se protege a sí misma, e invalida las herramientas disponibles propiciando la impunidad. Una ley dura para los ciudadanos, pero laxa para amparar el sistema de poder y sus abusos.

No sólo representa una zona de no-derecho, sino que ya representa una zona de no-ser. Jerarquiza y dice quién tiene permiso para vivir y cómo, y quién no. Y eso, es racismo.

Conclusión

Como conclusión, decir que el Racismo Institucional se sirve de la combinación del Código Penal, la Ley de Extranjería y la de Seguridad Ciudadana para mantener este sistema de dominación y privación de derechos basado en el racismo. Lo normaliza con sus prácticas, aún cuando son ilegales, como la perfilación étnica por parte de la policía. Pretende anular la autonomía de las personas con las consecuencias que esto trae.

Porque ¿cuál es el delito? ¿La venta? ¿Sobre el producto protegido, las mercancías? ¿O en las personas que se dedican a esto?

Las fronteras invisibles son invisibles para aquellos a los que no se las han impuesto en su piel, en su fenotipo, su ropa, tamaño de su mochila, categoría de su coche o móvil, su lengua familiar o la velocidad con la que camina o corre. [Todas estas motivaciones que ha dado la policía, inválidas y recogidas a partir de los casos que llegan a SOS Racismo]

Y se erigen como vallas y muros ante la garantía de los derechos, recursos y oportunidades de las personas, pero a la vez son pases directos a vulneraciones gravísimas de los mismos.

Muchas gracias.

La entrada Racisme institucional i perfilació ètnica, al Tribunal Permanent dels Pobles (PPT) se publicó primero en SOS Racisme.

Article 1: Tots els èssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres. // @casanostracasavostra #volemacollir


Article 2: Tota persona té els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.

Art 3: Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat // #refugeeswelcome #tancaremelCIE #DirectivaVergonya @stopmaremortum


 
Article 4: Ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud: l’esclavitud i el tràfic d’esclaus són prohibits en totes llurs formes // #colonialisme #AntonioLópez #12O #resacelebrar

Article 9: Ningú no serà detingut, pres o desterrat arbitràriament // #volsdelavergonya #expulsióexprés #perfilètnic #CIEsNO


Art 10: Tota persona té dret a ser escoltada públicament i amb justícia per un tribunal independent i imparcial //  #racismeInstitucional #principideveracitat #ServeiAtencióiDenúncia #restituciódeDrets
Article reflexió Josep Granados:” Quan la justicia mira cap a una altra banda“

 
Art 12: Ningú no serà objecte d’intromissions arbitràries en la seva vida privada, (…) ni d’atacs al seu honor i reputació // #pareudepararme #perfilètnic

Art 13: Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència. Tota persona té dret a sortir de qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi // #FRONTEX #CIE #stopmaremortum #fronteraSud #ViesSegures

Art 16: La família és l’element natural i fonamental de la societat i té dret a la protecció de la societat i de l’Estat // #reagrupament
Art 18: Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió // #StopIslamofòbia #Stopjudeofòbia #feixismeMaiMés


Art 21: Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement elegits // #dretavot #novotisracisme


Art. 25: Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar, especialment quan a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i als seveis socials necessaris. // #apartheidsanitari #discriminacióVivenda #discriminacióAccésaDrets @PasuCAT

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La entrada #NOTÍCIA: “Si defensem els drets humans, els CIE no haurien d’existir” Entrevista a Beatriu Guarro se publicó primero en SOS Racisme.

La entrada #ACTIVITAT: Comença la campanya #JoAcuso se publicó primero en SOS Racisme.

• La inadmissible política migratòria impulsada per la Unió Europea i executada pels seus estats membres. Perquè lluny de garantir els Drets Humans provoca la mort i el patiment de milers de persones.
• La dramàtica situació que es viu a la frontera sud, a Ceuta i Melilla, on l’Estat espanyol consolida un estat d’excepció de drets, legalitzant per exemple les expulsions en calent, que són contràries als estàndards mínims internacionals de protecció dels Drets humans i a la pròpia normativa europea.
• Les batudes per perfil ètnic que es donen als carrers de pobles i ciutats. Situacions fora del marc legal, que evidencien la col·laboració entre cossos policials i l’assumpció per part d’alguns de competències que no són pròpies.
• El Centres d’Internament per a persones estrangeres, un veritable “forat negre“, inacceptable per un Estat de dret, on es vulneren de forma sistemàtica els drets de les persones detingudes.
• I les deportacions express, el darrer pas d’aquesta maquinària de persecució, retenció i expulsió de persones; que fan minvar els fonaments d’un Estat de dret, vulnerant, entre altres, el dret de tutela judicial efectiva.

Un estat que no garanteix i protegeix els drets humans mai no serà un estat de dret ni democràtic.
Una societat que no s’organitza per reivindicar els drets de totes les persones mai no serà una societat justa.
Per això instem a la societat civil a sumar-se a la lluita antiracista i de defensa dels Drets Humans, perquè és la nostra responsabilitat exigir i construir un món més just.
 
Comunicat “Dia Drets Humans 2015”  en pdf

La entrada #COMUNICAT: En el Dia dels Drets Humans volem dir que… se publicó primero en SOS Racisme.

Des de la lluita pel tancament definitiu dels CIE, aquest tancament per obres pot ser una oportunitat per aconseguir que el CIE tanqui les seves portes per no obrir-les mai més.

Cap intervenció ni cap millora de les instal·lacions del centre justificaran la seva existència: la privació de llibertat de persones per no tenir permís de residencia, per haver-lo perdut o no poder-lo renovar, és una vulneració de drets flagrant. Com hem denunciat moltes vegades, els CIE són una violació dels drets humans en si mateixos: són part d’una maquinària racista, injusta i repressora, que són les polítiques migratòries, amb la que hem d’acabar.

No podem oblidar la situació de les persones ara retingudes al CIE de Barcelona: o s’accelerarà la seva expulsió o se les traslladarà a centres d’altres llocs de l’Estat espanyol amb greus conseqüències: allunyar-les de la seva xarxa social, potser del seu representant legal i increment de la incertesa de la seva situació. Sigui com sigui, un empitjorament més a la seva situació vulnerable i injusta.

Tenim 3 mesos, fins el febrer del 2016 com a data prevista per la reobertura, perquè de nou la ciutadania exigim el tancament immediat del CIE de Barcelona. Per Vergonya, per Justícia, per Dignitat, perquè no volem ser còmplices.

És per això que cal sumar les forces dels ciutadans i ciutadanes i del teixit associatiu, així com també pressionar a les institucions, sobretot aquelles que s’han compromès en la lluita contra els CIES, com és el cas de Ajuntament de Barcelona i Parlament de Catalunya: ara és el moment de complir amb els compromisos i fer servir les eines al seu abast per exercir tot la pressió política possible.

Des de SOS Racisme Catalunya entomem aquest tancament «provisional» com una oportunitat per reforçar la lluita pel seu tancament definitiu. Sent aquesta fita un pas més en el llarg camí contra les polítiques racistes, que inclou la derogació de la Llei d’Estrangeria, l’assoliment de la lliure circulació de les persones, entre altres.

La entrada #COMUNICAT: Que el CIE de Barcelona tanqui les seves portes per no obrir-les mai més se publicó primero en SOS Racisme.