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#NOTÍCIA: L’Estat espanyol no fa cas d’Europa i les vulneracions de drets continuen a CIES i fronteres

SOS Racisme — Thu, 09 Apr 2015 10:43:36 +0000

Ahir, el Comitè Europeu per la prevenció de la tortura (CPT) va emetre un informe basat en les visites que una delegació va realitzar durant l’estiu del 2014 als CIES de Madrid, Barcelona, el CETI de Melilla i l’aeroport de Barajas.
En aquest document, recrimina a l’Estat no haver fet cap canvi respecte les recomanacions que ja van fer al darrer informe, el 2011. I denuncia que es donen casos de vulneració de drets tant als CIES com a les fronteres.

Malauradament, les vulneracions de drets que van observar els relators i que recullen a l’informe, coincideixen amb les denúncies que fa anys que fem des de les organitzacions de drets humans i societat civil: tracte denigrant a les persones retingudes al CIE amb insults o comentaris vexatoris o racistes; l’aparença de presó de les instal·lacions; la privació d’accés als lavabos durant més de 7 hores, donat que no hi ha instal·lacions a les cel·les; sobreocupació, falta d’higiene i, fins i tot, passivitat dels agents de la policia davant episodis de violència o conflictes entre persones internes.
En aquest informe, el CIE de Barcelona destaca per les seves males condicions o vexacions observades pels relators.
Com a punt positiu, volem destacar que algunes de les vulneracions que recull l’informe hem observat que ja no es donen al CIE de Barcelona, no pas per l’acció del Govern sinó per la pressió de la mobilització ciutadana. Que té entre les seves fites la desaparició de les mampares durant les visites, o que els policies es dirigeixin pel nom dels interns i no pel seu número. Sense oblidar el servei d’orientació jurídica (SOJ) del que disposen les persones internes.
Per tant, davant aquest informe, des de SOS Racisme reivindiquem la necessitat de continuar lluitant contra els CIES, mostra flagrant de vulneració de drets. L’objectiu és el seu tancament, i mentre aquest no es realitzi, aconseguir que es respectin els drets de les persones que hi estiguin retingudes.
Més informació:

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#NOTÍCIA: Les devolucions en frontera, aplicables des d’avui

SOS Racisme — Wed, 01 Apr 2015 14:28:03 +0000

“Esta Ley orgánica entrará en vigor el 1 de julio de 2015, salvo la disposición final primera, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»”, és el que recull el text de la Llei de Seguretat Ciutadana, més coneguda com a “Llei mordassa”.
La disposició final primera, que menciona, és la que modifica la Llei d’Estrangeria per legalitzar la devolució al Marroc de les persones immigrades interceptades a les valles de Ceuta i Melilla, sota una nova forma jurídica que el Govern anomena “rebuig en frontera”. Aquesta llei es va aprobar la setmana passada en solitari pel PP, i va ser publicada ahir al BOE. El que vol dir que des d’avui, 1 d’abril, es poden efectuar aquestes devolucions. Molt abans que la resta de disposicions, que es començaran a aplicar d’aquí 3 mesos.
Recollim noticia de eldiario.es amb més informació: “La reforma sobre las devoluciones en frontera entran en vigor antes que la ley”

La disposición que trata de amparar las devoluciones en caliente está vigente desde el 1 de abril, mientras el resto de la Ley de Seguridad Ciudadana lo hará a partir del 1 de julio
La reforma de la Ley de Extranjería pretende legalizar expulsiones sumarias en las fronteras de Ceuta y Melilla, algo que según los expertos consultados no tiene cabida en el marco jurídico
La norma echa a andar este miércoles sin que exista todavía un protocolo de actuación de las fuerzas de la Guardia Civil en las vallas de las ciudades autónomas

La Ley de Seguridad Ciudadana, denominada ‘Ley Mordaza’ por varios colectivos sociales, fue aprobada por el Gobierno en solitario la semana pasada y este martes ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma, que bajo el paraguas de la “seguridad ciudadana” incluye diferentes , entrará en vigor el próximo 1 de julio, excepto un artículo: la disposición final primera, que regula las devoluciones de inmigrantes en Ceuta y Melilla, que lo hará hoy, cuatro meses antes que el resto de la norma.

“Esta Ley orgánica entrará en vigor el 1 de julio de 2015, salvo la disposición final primera, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»”, recoge el texto de la ley. La disposición final primera enmienda la Ley de Extranjería para intentar amparar la devolución sumaria a Marruecos de los migrantes interceptados en el salto de las vallas de Ceuta y Melilla bajo la nueva figura jurídica que el Gobierno denomina del ‘rechazo en frontera’.

Ante las críticas de la oposición en el debate en el Congreso previo a la aprobación de la norma, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz apuntó que la entrada en vigor de la norma demostraría que la ley se adecúa al marco jurídico nacional e internacional. Para las devoluciones en frontera la fecha de partida es este miércoles: a partir de ahora, las actuaciones de las fuerzas del orden en las alambradas de las ciudades autónomas deberán regirse por la nueva legislación.

La reforma establece que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

La disposición añade una coletilla incluida por el Partido Popular en el Senado: “En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”. La previsión en materia de derechos humanos surge de la oposición a la redacción inicial de la norma de varios coletivos sociales y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que veían peligrar entre otros el derecho de toda persona a solicitar protección internacional.

Las expulsiones inmediatas en las que un inmigrante es devuelto al otro lado de la valla sin preguntarle su nombre y sin ser identificado y sin ofrecerle asistencia letrada, impiden que estas personas expresen cualquier cuestión, entre ellas, la posibilidad de pedir protección internacional si su vida corre peligro. Este derecho está amaparado por la Convención de Ginebra, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Europea de Derechos Humanos y la Directiva de Asilo, entre otras normativas.

El Ejecutivo se negó a dar marcha atrás en la aprobación del “rechazo en frontera”, pero anadió el matiz del respeto a los derechos humanos y las normas internacionales, un punto que según los expertos consultados se vulnerará si continúan las devoluciones de inmigrantes que se efectúan en la actualidad.

Las expulsiones actuales vulneran la nueva ley

Estas expulsiones en las fronteras de Ceuta y Melilla se remontan al menos a 2005, como ha admitido el ministro del Interior. El 6 de febrero de 2014, 15 personas murieron en un intento de entrada en España frenado por las fuerzas de antidisturbios de la Guardia Civil. Las imágenes de ese día, que el Ministerio del Interior hizo públicas a raíz de la presión de la prensa por conocer lo sucedido, hacían público también otro número: las 23 personas que consiguieron entrar en España y que fueron devueltas en caliente a Marruecos.

Jorge Fernández Díaz no negó la actuación policial, pero sí que se tratase de una operación ilegal. Aseguró que las expulsiones sumarias se realizaban desde 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que se basaban en un concepto “operativo” de frontera: los inmigrantes no entran en España hasta que han superado la totalidad del entramado fronterizo, que incluye el propio cordón policial. Si no superas a la Guardia Civil, no estás en España, según esta teoría.

Sin embargo, su Gobierno ha intentado legalizarlas. “Tenemos 25 guardias civiles imputados en Ceuta y Melilla y es obligación del Gobierno dotarles de la adecuada seguridad jurídica”, añadió Fernández Díaz en referencia a los agentes imputados por las muertes de Ceuta, por un lado, y a los que participaron en la devolución de un inmigrante después de haber sido golpeado y haber quedado aparentemente inconsciente; y al coronel que firmó una orden interna sobre expulsiones en caliente.

Según Margarita Martínez, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense, “al día siguiente de su publicación en el BOE, la Guardia Civil no podrá actuar como lo viene haciendo”, apuntó a eldiario.es. Para que cualquier entrega de ciudadanos extranjeros a fuerzas de otro país sea conforme con el ordenamiento jurídico es necesario, asegura, un procedimiento en que se respeten los derechos de audiencia del interesado y a la asistencia letrada y de un intérprete, que deberá ser gratuita en caso de carecer de medios económicos.

La norma echa a andar este miércoles sin que exista todavía un protocolo de actuación las fuerzas de la Guardia Civil —en el que el Ejecutivo está trabajando—en las vallas, una de las críticas más repetidas (después de la vulneración de los tratados internacionales) por parte de la oposición en el Congreso de los Diputados. “Dejan a la Guardia Civil a los pies de los caballos”, denunció en la Cámara el diputado del PSOE, José Ignacio López Amor.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ya ha expresado su falta de confianza en que las actuaciones policiales cambien y, repiten, si se mantienen como hasta la fecha seguirán vulnerando la ley. Pero a partir de este miércoles, vulnerán una nueva ley.

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#COMUNICAT: Contra el estado de excepción de los derechos humanos en Ceuta y Melilla

SOS Racisme — Wed, 01 Apr 2015 10:00:01 +0000

Ha sido aprobada, en el Congreso de los Diputados, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana tras pasar el trámite de aprobación de la misma en el Senado. Esta Ley, que contempla recortes en los derechos y libertades del conjunto de la ciudadanía, mantiene la Disposición Transitoria Única que introduce una Adicional Décima en la Ley de Extranjería ya introducida en el anterior trámite parlamentario y que no viene sino a tratar de dar amparo a las devoluciones ilegales en las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla que vienen siendo practicadas cada vez más abiertamente por el Ministerio del Interior.
La gran mayoría de entidades que trabajamos por los derechos humanos y los derechos de las personas migrantes apelamos hace unos meses al humanitarismo de los miembros del Grupo Popular en el Congreso y en el Senado. Pero nuestra petición parece haber caído en saco roto, al igual que las múltiples manifestaciones que han realizado organismos nacionales e internacionales, juristas y el resto de formaciones políticas con representación parlamentaria que apuntaban a que la enmienda es contraria a diversos tratados internacionales, la normativa comunitaria, la constitución y principios básicos de nuestro estado de derecho.
Se ha consumado ya el uso retorcido de la actividad legislativa que pretende colocar una decisión política y una actuación administrativa por encima de la propia Constitución, la normativa Comunitaria y de los derechos humanos. En definitiva, si la práctica de las devoluciones ilegales que acontecen en Ceuta y en Melilla es alejada a la Ley, acerquemos la Ley a esta práctica.
La enmienda ha sufrido determinadas modificaciones que han terminado resultando más de contenido estético que ético. Se introduce una referencia a que dicha práctica ilegal que se pretende legalizar, el rechazo “a fin de impedir su entrada ilegal en España” de quienes han saltado la valla, sin procedimiento administrativo alguno, ni derecho a la defensa, se realizará respetando la normativa internacional de los derechos humanos y protección internacional, para indicar posteriormente que las solicitudes de protección internacional “se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos”.
¿Se permitirá con ello que a los que intenta acceder a España por otras vías distintas a los pasos fronterizos como la valla o las embarcaciones, solicitar asilo en España?, ¿Se permitirá el acceso a estos puntos fronterizos españoles por parte de la policía marroquí de potenciales demandantes de asilo?.¿Estas personas serán rechazadas sin ningún tipo de desarrollo normativo de este procedimiento?, ¿sin que tengan derecho a un Juez , a la defensa y a la asistencia de letrado?, ¿sin poder acogerse a determinadas figuras de protección que la Ley les reconoce?
Algunas de estas preguntas parecen haber sido ya respondidas por el Ministro del Interior, el Sr. Fernández Díaz, excluyendo del derecho de asilo al conjunto de la población subsahariana que intenta acceder a nuestro país de manera irregular, como si se tratara de un área geográfica donde no existiesen conflictos bélicos y los regímenes democráticos floreciesen. O como si el derecho de asilo se adquiriese por la forma de entrada en nuestro país.
Las 150 entidades sociales firmantes hemos mirado muchas, muchísimas veces a los ojos de estos migrantes, sus heridas, sus traumas, sus persecuciones. Por ello no vamos a mirar hacia otro lado dejando que la vergüenza por esta práctica ilegal con la que oscurecen nuestro nombre nos desanime. No vamos a permitir que en nuestro país existan zonas de excepción a los derechos humanos por mucho que se empeñen en legalizarlas.
Listado entidades firmantes

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D'una mala llei no pot sortir un bon reglament

SOS Racisme — Fri, 28 Jan 2005 16:54:56 +0000

El reglament és un instrument jurídic per concretar aspectes de la llei d’estrangeria, precisar qüestions que aquesta enuncia de forma general i regular aspectes que de forma expressa la llei diu que es faran al reglament. Per tant, no es pot esperar que el reglament serveixi per modificar o contradir el que diu la llei: ni la seva lletra ni el seu enfocament o esperit. Per tot això no es poden esperar miracles d’un reglament que té com a base una llei injusta, i pendent de recursos d’inconstitucionalitat.
El Govern central tenia l’oportunitat d’abordar el fet migratori des d’una òptica dels drets humans i en canvi la realitat és que no canvia l’anàlisi de fons practicat fins ara:

Tracta parcialment el tema amb un reglament que a més no ha sigut redactat des de criteris basats en l’intent de recuperar al màxim permès jurídicament la garantia de respecte als drets humans i fonamentals, sinó que manté o endureix encara més aspectes del reglament anterior. Les úniques millores que considera van enfocades a l’agilització dels tràmits administratius, però no a qüestions de base.
Manté i reafirma una visió economista i laboral del fet migratori deixant de banda aspectes socials i de ciutadania.
Desplaça exclusivament les causes de la irregularitat a l’existència de l’economia submergida i a l’oferta del treball irregular, i no admet que els mecanismes que creen i cronifiquen la irregularitat estan en la pròpia política d’immigració.

S’ha de diferenciar entre el nou reglament i el procés de “normalització”, que no deixa de ser una mesura de caràcter extraordinari limitada en el temps i exigències. Davant del procés de “normalització” opinem el següent:

És una mesura positiva i necessària demanada des de fa molt temps pel moviment associatiu per poder buidar la bossa de persones en situació irregular, però la interpretació feta pel Govern central ha sigut molt restrictiva quan es tractava de donar una solució a un milió de persones i d’una mesura extraordinària. Es presenta un procés de regularització amb criteris tancats pel fet d’admetre solament la possibilitat de regularització a través d’una oferta de treball que deixa en mans de la voluntat empresarial la possibilitat de regularitzar.
A més, si aquest procés no va acompanyat de vies permanents de regularització i vies reals d’entrada al territori espanyol, la bossa d’irregulars tornarà a augmentar en els propers anys, perquè és la mateixa política la causa de la irregularitat.

Davant del projecte de reglament, denunciem que marca una política continuista per part del PSOE en matèria d’immigració:

Es restringeixen els conceptes d’arrelament més enllà del laboral retallant l’arrelament social i per causes humanitàries.
Es continuen vulnerant drets fonamentals.
Se segueix apostant exclusivament pel contingent i la contractació en origen i per la política de visats, i es reafirma el cercle viciós de permís de residència i treball lligant-lo ara a la necessitat d’alta a la seguretat social. En la pràctica es manté tancat el règim general i la inadmissió a tràmit de sol·licituds fetes per les persones immigrades que ja es troben al territori.
Es continua centrant tots els esforços a ser més eficaços en el control de fronteres i la gestió dels fluxos i es manté tot el règim d’expulsions. I en canvi no s’avança en polítiques d’integració ni en el respecte als drets humans i la universalització de la ciutadania.

Davant d’això, les entitats sotasignades demanem un gir en les polítiques migratòries que tingui en compte:

El restabliment dels drets fonamentals anul·lats per la llei 8/2000 (reunió, sindicació, associació i vaga) sense esperar la sentència del Tribunal Constitucional.
La derogació de la llei d’estrangeria 14/2003.
La revocació de la possibilitat d’accés policial a les dades del padró per part del Ministerio de Interior.
La revocació de la potestat de les companyies de transport en el control de fronteres.
La protecció dels drets de les persones en situació irregular.
La revocació de les normatives discriminatòries que es troben incloses en altres normatives diferents a la llei d’estrangeria: Codi Penal, llei de mesures en matèria de violència domèstica, inseguretat ciutadana i integració social, llei de procediment administratiu.
L’aturada de l’assetjament policial a tota persona susceptible d’estar en situació administrativa irregular.
El desenvolupament de polítiques socials que combatin el racisme social.
El desenvolupament de polítiques reals d’integració que avancin cap a l’accés a la ciutadania.
L’eliminació de la discrecionalitat i del caos administratiu, dotant de recursos econòmics, tecnològics i humans les administracions competents en estrangeria.
La facilitació de la contractació legal i de l’accés a la residència regular estable.
La ratificació per part de l’Estat espanyol del Conveni de l’OIT i l’ONU per als Treballadors Immigrants i les seves famílies.
El respecte estricte del dret d’asil.
El reconeixement del dret al vot per a les persones immigrades a partir d’un mínim de residència al territori.

Les entitats sotasignades, en definitiva, demanem un redreçament del rumb de les polítiques migratòries cap a una política justa i amb visió de futur que recuperi l’estat de dret i que vagi cap a un estat que reconegui tothom com a ciutadà de ple dret.
28 de gener 2005

Entitats Promotores

Assemblea per la Regularització sense Condicions, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), ,Grup de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers (GRAMC), Justicia i Pau SOS Racisme Catalunya.

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