La Federación de Asociaciones de SOS Racismo en el Estado Español quiere expresar su indignación con la suerte de las aproximadamente 300 personas desembarcadas en Mauritania, procedentes del barco Marine I con personas que han salido de sus países para mejorar sus expectativas de vida o para salvar sus vidas por motivos de la Convención de Ginebra de 1951.
Desde el inicio de esta crisis, parece que la única preocupación del Gobierno Español ha sido, primero, despreocuparse, y luego negar su responsabilidad sobre estas personas, pero trasladando sus Fuerzas de seguridad a Mauritania para realizar, fuera del Estado de derecho, su deportación, supuestamente al país de origen. No importa si sobre los países de los que se pretende que acojan a estas personas pesan graves acusaciones de vulneración de los Derechos Humanos, ni la degradación de su situación tras tanto tiempo en Nouadibhou, retenidos por las Policías mauritana y española. Lo único que se intenta es no asumir ni su auxilio ni su protección, y menos que con ellos se cumplan las formalidades exigidas por la legislación española de extranjería e internacional de derechos humanos, ratificada por el Estado español.
Estamos ante una muestra más de lo que puede suponer para los derechos humanos la política europea, en este caso española, de externalización de fronteras, cuando vemos como el Gobierno español traslada más de 100 policías a otro país, identifica y retiene a estas personas sin control judicial alguno, y sin que se les aplique ningún tipo de procedimiento administrativo de retorno o repatriación, con todas las garantías exigidas por la Ley en este caso. Incluso, viola la normativa internacional de asilo con las únicas personas que ha dejado trasladar a Canarias, permitiendo que las autoridades consulares de los países de origen contacten con estas personas y les saquen hasta fotos, a pesar de que van a solicitar asilo y está prohibido el contacto con sus autoridades. Ha llevado también un grupo de personas a Cabo Verde, sin que sepamos su suerte, en un país donde no existe legislación ni autoridades de asilo, abandonándolos a su suerte.
Por todas vulneraciones de derechos, y por el precedente que se puede sentar, permitiendo que la Policía española pueda trasladarse a otro país, sin control alguno, y expulsar colectivamente a quien pretende migrar o solicitar asilo en nuestro territorio, desde la Federación de Asociaciones de SOS Racismo exigimos al Gobierno Español:
- Que reconozca que estas personas están bajo su custodia y jurisdicción, y les aplique todas las garantías propias del Estado de derecho.
- Que en consecuencia se protejan sus derechos más fundamentales como son el derecho a la vida y a la integridad física, a solicitar asilo y a la libertad y a la tutela judicial efectiva, privados en estos momentos que deberían prevalecer sobre cualquier política de extranjería.
- Que realice un cambio radical en las políticas de extranjería y en las políticas de asilo y refugio, rectificando esta política de subcontratación de fronteras, que haga que jugarse la vida y la suerte en duros y peligrosos viajes no sea la única alternativa que les queda a quienes se ven obligados a escapar de sus países.
De no hacerse así, el Gobierno Español será responsable de la suerte de estas personas y de la de miles y miles de muertes que se producen como consecuencia directa de sus políticas de inmigración y asilo.
Federación de Asociaciones de SOS Racismo en el Estado Español
15 febrero 2007
