Parece que nos remontamos a épocas del gobierno popular, en las que se aprobaban leyes como la “Ley de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros”. En aquel momento ya denunciábamos que vincular la integración social de las personas extranjeras con la seguridad ciudadana y la violencia doméstica era una maniobra para criminalizar a la población inmigrante y fomentar la cultura del miedo, que permitía recortar cada vez con mayor impunidad derechos y libertades. Ahora el Gobierno socialista hace una identificación directa entre inmigración y delincuencia y subraya la peligrosidad de las bandas organizadas, el terrorismo y la violencia de género, vinculándola explícitamente a la población extranjera.
Así pues, desde SOS Racismo denunciamos:
- Que la creación de esta Brigada lejos de lo que se argumenta, no da un mensaje de tranquilidad sino que fomenta la alarma social y la xenofobia, situando a las personas de origen extranjero en el punto de mira de la criminalidad.
- Que se difunde cada vez más un discurso demagógico y muy peligroso, que culpabiliza a las personas de otros orígenes de problemas propios de nuestra sociedad (delincuencia, inseguridad ciudadana, paro, machismo, violencia sexista, terrorismo, crisis, inseguridad laboral,…) cuyas causas y soluciones son complejas, y evidentemente ajenas al tema de la inmigración. Se usa al inmigrante para echar balones fuera y crear cortinas de humo ante problemas que nuestros políticos no saben cómo afrontar.
- Que esta medida consolida la situación de apartheid jurídico que vivimos en el Estado español. Una situación que si bien afecta en primera persona a las y los que son de origen extranjero, nos afecta a todos y todas, ya que es la muestra explícita de los problemas de salud de nuestra democracia.
- Que aumenta la discrecionalidad de la aplicación de la ley para las personas inmigradas, ya que no queda claro en qué situaciones se podrá cumplir la pena en el país o ser expulsados.
- Que se vulnera un principio penal fundamental, que es que nadie puede ser castigado dos veces por los mismos hechos. Y en este caso a la discrecionalidad de aplicación de la ley, hay que sumarle que aquellos que sean expulsados no podrán volver a entrar en el país durante el tiempo que se dictamine.
- Que medidas como éstas alimentan el racismo social y el rechazo a la población extranjera, poniendo en peligro la convivencia en nuestros barrios y ciudades.
Y exigimos:
- Recuperar el principio de que todas y todos somos iguales ante la ley y restablecer el estado de derecho. Independientemente del origen es importante que el Estado reconozca a sus ciudadanos y ciudadanas como sujetos de derechos. No hacerlo es el primer paso para alimentar la xenofobia y el racismo social, en otras palabras, para generar fractura social.
- Responsabilidad política. Especialmente en tiempos de crisis, no vale utilizar a la población inmigrante otra vez como chivo expiatorio y vender la idea de que a base de expulsiones haremos frente a todos los problemas de nuestra sociedad. Es una muestra de la falta de valentía política existente. En vez de ir a la raíz de los problemas y ofrecer soluciones para el conjunto de de la ciudadanía, se opta por crear cortinas de humo.
Estamos en un momento social y económico delicado en el que criminalizar a la población inmigrante y proponer más y más expulsiones como solución a todos los problemas, no es ninguna solución a nada y puede ser muy perjudicial y peligroso. Y es que aunque algunos se empeñen en negarlo, hay muchas personas de origen inmigrado que tienen aquí su proyecto de vida y que forman parte innegable de nuestra sociedad. Ciudadanos y ciudadanas por tanto, que han de ser reconocidos como tales. Caer en la tentación de criminalizarlos y culparlos sólo generará fractura social. Caer en criminalizar y culpabilizar, buscando chivos expiatorios, promoviendo los prejuicios, la sospecha y el rechazo, sólo generará fractura social.
26 de septiembre del 2008
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español