La red de asociaciones de Europa y África Migreurop ha pedido que se garantice legalmente y sin restricciones el derecho de acceso de la sociedad civil a los centros de internamiento de extranjeros (CIE) y transparencia sobre su funcionamiento.
Esta red, que agrupa a 32 asociaciones, ha lanzado una campaña para demandar a los gobiernos europeos que garanticen el ejercicio de un control regular sobre la situación de las personas migrantes en estos lugares de internamiento por parte de entidades independientes.
Además, exigen el respeto a los derechos de las personas internadas en estos centros mientras se tramitan sus procedimientos administrativos y demandan una mayor dotación material y personal de los CIE, ya que denuncian diversas deficiencias, como el exceso de ocupación o en la asistencia médica. Se oponen a la ampliación planteada por el Gobierno del plazo máximo de internamiento de 40 a 60 días en la reforma de la ley de Extranjería, porque opinan que se multiplicarán dichos incumplimientos.
Desde la Plataforma de Derechos Humanos de Andalucía, Brigit Espuche ha alertado de "un aumento del encierro de inmigrantes y la situación carcelaria a la que son sometidos en los centros". Gabriela Morales, de SOS Racismo ha lamentado "las violaciones de derechos humanos diluidas que se producen, porque no se tiene acceso a los centros y los que las sufren no pueden denunciarlas, sobretodo los que son deportados". José Miguel Morales, de Andalucía Acoge, insiste en la importancia de que las organizaciones sociales "puedan acceder de manera regular para supervisar que la actuación policial y administrativa es la que la ley marca".
